Propone senadora Corichi bloquear sitios de pornografía infantil

-- Por convenio entre SCT y PGR con operadores de Internet

México DF, 30 abril 2009 (CIMAC).- Claudia S. Corichi García, senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso un punto de acuerdo para que la Cámara Alta exhorte al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, a realizar un convenio con los operadores de Internet para bloquear sitios de pornografía infantil.

La propuesta surge a raíz de la detención de siete integrantes de una red nacional, con ligas internacionales, dedicada a la distribución y venta de pornografía infantil en Internet. Entre los detenidos se encuentran un empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), que incluso ocupaba el equipo de cómputo de la Cancillería para realizar sus actividades ilícitas, y un sacerdote católico.

En su exposición, la legisladora señala que el tema es urgente, máxime cuando la organización internacional End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) indica, en el informe global de monitoreo de las acciones en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes realizado en la Ciudad de México, que nuestro país es considerado el segundo en el mundo con mayor producción de pornografía infantil.

Asimismo, advierte, la pornografía infantil es un problema de dimensión internacional, que ha transformado las pautas de producción y difusión de este tipo de material. La irrupción de medios tecnológicos de escaso coste al alcance de la población ha amplificado el problema; el video casero e Internet han convertido la pornografía infantil en una "sofisticada industria casera" al alcance de muchos.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia (UNCRC), ratificada por la mayoría de los Estados, califica la pornografía infantil como una violación de los derechos de las niñas y niños y exige a las naciones que participen en la convención internacional y adopten medidas para prevenir la explotación infantil en materiales pornográficos.

MÉXICO DEBE IMITAR ESFUERZOS INTERNACIONALES

El 20 de abril, representantes de los países europeos y varias organizaciones aprobaron la Declaración de Praga para reforzar la cooperación internacional sobre la seguridad en Internet.

La declaración simboliza una nueva actitud para combatir las actividades ilegales en Internet y la propagación de pornografía infantil. La declaración fue rubricada por representantes de la Interpol y la Europol, así como por proveedores de Internet, operadores de telefonía móvil y organizaciones no gubernamentales; además de los estados miembros de la Unión Europea, Noruega y Suiza también apoyaron la declaración.

El pasado 17 de abril de 2009, la Oficina Federal de Policía Criminal de la República Alemana, firmó acuerdos con los cinco proveedores de servicio de Internet más importantes de Alemania para impedir que sus clientes tengan acceso a páginas con pornografía infantil.

En concreto, se quiere comprometer a los proveedores alemanes de conexión a Internet a que obstaculicen el acceso a páginas de pornografía infantil.

Asimismo se planea crear una oficina de información y quejas a la que serían desviados automáticamente quienes intenten ingresar en una página pornográfica en la red.

México no puede quedar al margen de estos esfuerzos, señaló la senadora Corichi, es necesario que la SCT y la PGR firmen acuerdos con los principales proveedores de Internet en nuestro país, para bloquear las páginas web con contenidos de pornografía infantil, y desviar a quienes consulten esas páginas a un sitio policial para su investigación.

Pero además, agregó, el acto de bloquear una página virtual no es oneroso y técnicamente hablando no supone problema alguno para las compañías proveedoras.

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Con desnutrición crónica 1.2 millones de menores de 5 años en México

-- A 20 años de la Convención sobre Derechos de la Infancia

México DF, 30 abril 2009 (CIMAC).- En este año se conmemora el XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo cual el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) invitó, en el marco del Día del Niño, a recapitular sobre los progresos alcanzados y los retos aún pendientes en el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Desde que la Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por México el año siguiente, señala un comunicado del organismo, México ha logrado importantes progresos en materia de condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, pero está aún pendiente sacar de la pobreza alimentaria a aproximadamente 10 millones de niños en el país (25 por ciento del total).

Asimismo, atender a 1.2 millones de niños menores de 5 años que padecen de desnutricion crónica (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006), con particular énfasis en los niños indígenas.

Y asegurar no solamente el acceso a la escuela sino a una educación de calidad en todos los niveles del sector educativo; y ofrecer otras opciones de vida e inclusión educativa a 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007).

Entre las mejoras para la infancia en el país, 19 años después de que se convirtió en signatario de la Convención sobre Derechos de la Infancia, están: la reducción en los últimos 25 años de la mortalidad de menores de 5 años de 64 a 18.4 por cada mil nacidos vivos. El descenso, entre 2000 y 2006, del
número de niños y niñas menores de 18 años viviendo en situación de pobreza alimentaria de 32.6 por ciento a 19 por ciento; y el logro del acceso casi universal de los niños y niñas a la escuela.

Para responder a los desafíos que implican los rezagos que padece aún la infancia mexicana, UNICEF reitera su compromiso de apoyar todos los esfuerzos orientados a proteger y garantizar los derechos de la niñez en México, tanto en circunstancias normales como en tiempos difíciles, concluye el comunicado.

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Obama reitera su apoyo al derecho a decidir y reforma migratoria

-- “No quiero dañar a México”, señaló a 100 días de su mandato

Nueva York, EU, 30 abril 2009 (CIMAC, Leticia Puente Beresford/corresponsal).- Al cumplir 100 días al frente de este país, Barack Obama, presidente estadounidense afroamericano, reiteró su posición “en favor del derecho a decidir”, tal y como lo hizo durante su campaña presidencial, su decisión de sacar adelante la reforma migratoria y anunció que no cerrará la frontera con México en esta contingencia sanitaria.

"Se recordarán en la historia las bases fundamentales de cambio que hoy emprendemos”, indicó en conferencia de prensa, ayer, donde mostró conocimiento de problemas nacionales y globales y ofreció al mundo soluciones futuras, que serán “fundamentales para el cambio de un mundo histórico inmediato”.

Al hablar sobre el aborto, reiteró su posición “a favor por el derecho a decidir”, tal y como lo hizo durante su campaña presidencial. Fue más que elocuente: “Cuando la mujer lo decide, no lo hace casualmente, pasa por estragos”.

Indicó que existe en este momento un equipo de trabajo formado por personas que están a favor por el derecho a decidir y otras que no están de acuerdo con la interrupción legal del embarazo, con el propósito de encontrar consensos para actuar de manera contundente a la baja de las tendencias de mujeres --principalmente adolescentes – que resultan con embarazos no deseados.

De ahí que la propuesta legislativa que se encuentra en el Congreso de ‘Free Action’ requiera de caminos adecuados. El equipo trabaja a fin de contener ‘ese enojo’, señaló

MIGRACIÓN

El mandatario afroamericano también fue cuestionado sobre la reforma migratoria. Al respecto, indicó que no puede continuar con un sistema migratorio "roto" que no beneficia a nadie.

Dijo que es un problema crítico y para solucionarlo ya se están dando los primeros pasos para contar con un marco apropiado que de confianza a estadounidenses.

Primero, tiene que ver con la seguridad de la frontera, acción que Jannet Napolitano está inmersa. Todo esto, a fin de no crear “caos” entre la opinión pública.

El mandatario dijo que retomará la propuesta de su ex contrincante John McCain, a quien le reconoció liderazgo en la materia. Y al mismo tiempo mostró su apertura para que todas las partes interesadas participen.

En su conferencia expresó: “no quiero dañar a México” y habló del respeto a la vida de las y los mexicanos que se exponen al cruzar la frontera, de terminar con la explotación laboral de las y los indocumentadas. Y dijo que hará todo lo posible para “sacarlos de las sombras”.

No dio fechas, porque “no controlo la agenda legislativa”, pero sí afirmó que hay trabajo sobre la reforma migratoria y dejó entrever con sus respuestas optimistas y seguras que podrían sentarse las bases para un futuro mejor.

INFLUENZA DE NORTEAMÉRICA

Al tocar el tema del momento, señaló el mandatario que esta nación, actuará de manera “inteligente y científica” ante la preocupación, aunque no debe ser motivo de pánico la presencia del nuevo y extraño virus porcino, y admitió que este país no “cerrará su frontera con México”. Estados Unidos echará mano de la infraestructura formada por demócratas y republicanos que confrontaron el virus que contraatacaron en el 2005, señaló.

Recomendó tomar todas las medidas fundamentales de higiene y de sentido común como lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, quedarse en casa si se está enfermo y no utilizar servicios públicos para evitar el contagio. Y sobre todo, resaltó los mil 500 millones de dólares que se destinarán a la investigación científica y rápida.

Estados Unidos está preparado y está en comunicación interlocal, interestatal y a nivel nacional. Todas las secretarías involucradas están actuando. ‘Tenemos vigilancia. Y estamos dando la respuesta apropiada, dijo.

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Trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia deben ser excusadas de sus empleos ante epidemia de influenza

México DF.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que, de conformidad con los artículos 166 y 167 de la Ley Federal del Trabajo, las mujeres trabajadoras en periodo de gestación o de lactancia deben ser excusadas de prestar sus servicios en empresas o establecimientos en donde se encuentren altamente expuestas a contagiarse del virus de la influenza porcina, sin que sufra perjuicio su salario, prestaciones y derechos.

De acuerdo a La Ley Federal del Trabajo, las trabajadoras tienen el derecho de que su trabajo no se utilice en labores insalubres o peligrosas, como aquellas que, por la naturaleza del trabajo, por condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, puedan influir en la vida, el desarrollo y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación o del producto.

Además, el artículo Sexto del “Decreto por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2009, conmina a los patrones a brindar los apoyos y facilidades que establecen las disposiciones jurídicas en materia de salubridad general.

Por ello, la STPS exhorta a todos los patrones a cumplir cabalmente estas disposiciones legales, pues de lo contrario se harán acreedores a las sanciones correspondientes previstas en la Ley Federal del Trabajo. Para cualquier información, queja o denuncia, la STPS pone a disposición de las trabajadoras embarazadas, de las madres en periodo de lactancia y, en general, de todos los trabajadores del país, el teléfono 01 800 911 78 77 de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, al cual se podrá llamar sin costo desde cualquier punto del país entre las 8:00 y las 20:00 horas, en relación con la contingencia sanitaria por la influenza porcina

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Madres de víctimas de feminicidio testimoniaron ante la CoIDH

-- El fallo, hasta noviembre

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Nancy Betán).- Con los testimonios de las madres de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, asesinadas en Ciudad, Chihuahua, y cuyos restos aparecieron en un terreno conocido como Campo Algodonero en noviembre de 2001, se desarrolló en Santiago de Chile ayer y hoy el primer juicio contra el Estado mexicano por los crímenes contra mujeres en la entidad, que suman ya más de 400 casos.

Este que es el primer caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoID) sobre feminicidio y es también la primera vez que las autoridades del Estado mexicano se ven obligadas a responder por su actuación judicial ante el fenómeno del feminicidio que ha hecho tristemente célebre a Chihuahua.

El caso llegó a la Corte luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandara a México ante esta instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), por su "responsabilidad internacional por la presunta falta de medidas de protección a las víctimas" y por su "falta de prevención de los delitos".

En las oficinas del ex Congreso chileno, lugar donde sesiona estos días la CoIDH, rindieron su testimonio las señoras Irma Monreal Jaime, madre de Esmeralda; Josefina González Rodríguez, madre de Claudia Ivette, y Benita Monárrez, madre de Laura Berenice, mientras afuera del recinto había decenas de personas que pretendían asistir a la histórica sesión.

Monárrez, al rendir su testimonio, acusó (ante medios nacionales e internacionales) a funcionarios de ejecutar esos crímenes y al Estado mexicano de encubrir a los culpables. Pensamos, dijo que los responsables de estos hechos son “personas que están dentro del Gobierno", que sobornan a las autoridades para que los encubran. a cambio de que estas encubran sus hechos.

Por su parte, Josefina González dijo: “Este juicio nos debe dar la razón. El Estado nunca se ha acercado, siempre ha actuado con mucha hipocresía y no ha cambiado nada. Creo que nunca va a cambiar nada si la Corte no nos ayuda en nombre de todas las mujeres de México".

RAZONES DEL ESTADO

Por parte del Estado mexicano, la fiscal Patricia González refutó cada uno de los cargos y declaró a los medios que se iba de la Corte “con una decisión de satisfacción por haber representado al Estado mexicano y su incansable trabajo por cambiar la lógica sobre los temas de género y asesinato de mujeres en mi país".
Aseguró también que estaban dispuestos a resarcir el daño a los familiares de las mujeres asesinadas y negó lo dicho por ellas de que no se les dio ayuda y apoyo.

Se escuchó también la voz de Rodrigo Caballero Rodríguez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Investigación de Homicidios de Chihuahua, y de la especialista en genética forense Silvia Sepúlveda, de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esa entidad. Y asistió también como invitada del Estado mexicano la magistrada Rosa Jurado Contreras, del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.

Caballero Rodríguez aseguró a la Corte alegó desde 2005 las investigaciones se diferenciaron de las realizadas en años anteriores, pero reconoció que todavía no se dictan acciones penales contra presuntos responsables y mencionó a dos hombres que seguramente están involucrados en estos casos de feminicidio.

De acuerdo con algunas agencias, la exposición del funcionario mexicano “fue débil y cayó en continuas inconsistencias y contradicciones”, mientras que Sepúlveda se limitó a aspectos “estrictamente metodológicos y no entró en el fondo del asunto”.

Por su parte, de acuerdo con Notimex, la agencia del Estado mexicano, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Negrín, negó hoy aquí que exista impunidad en el caso del asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, ocurrido en 2001.

"Desde la posición del Estado lo más importante es mostrar que no existe impunidad en este caso", subrayó el funcionario. "El Estado presentó en la audiencia todos las medidas institucionales, de políticas públicas, y legislativas que viene realizando para prevenir la violencia contra la mujer", dijo.

Sin embargo, para el abogado Ariel Dulitzky, quien asesora a la defensa de las víctimas, los argumentos del Estado son inválidos. “El Estado mexicano volvió a entregar palabras y promesas vacías", dijo. Y afirmó, como lo han denunciado las madres de las víctimas, que "el gobierno mexicano ha estado tras las constantes amenazas a las valientes madres de estas víctimas".

Agregó que esperan que la Corte aproveche esta "oportunidad histórica" para reparar el daño moral y material que se ha causado a las víctimas y "siente un precedente de cómo debe tratarse la violencia contra las mujeres en Latinoamérica".

Por su parte, Sonia Torres, portavoz del equipo de abogados que defiende a los familiares de las víctimas, dijo a EFE que el testimonio de las madres "es parte de la reparación, porque en México no han tenido la oportunidad de expresarse ante un tribunal".

Según la agencia Apro, la señora Monárrez afirmó al término de la audiencia que nada ha cambiado en los últimos tiempos en relación con establecer la verdad y la justicia respecto de lo sucedido con su hija. "Sigue siendo lo mismo, siguen perdiéndose jóvenes… forman grupos de trabajo que dicen que trabajan pero no hacen nada".

La CoIDH abrirá un plazo de 20 días para que las partes presenten nuevos alegatos y posteriormente emitirá su sentencia final en noviembre próximo.

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Ni un solo militar castigado por abuso contra mujeres en México

-- Informe de HRW Uso indebido de la justicia militar

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Ante un sistema de justicia militar roto y disfuncional en México, los militares que cometen graves violaciones a los derechos humanos y agreden sexualmente a niñas y mujeres, los hacen una y otra vez, debido a que no reciben castigo y viven en la impunidad.

Es la consideración contundente del informe presentado el día de hoy en la Ciudad de México por Human Rights Watch (HRW), “Impunidad Uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, que documenta 17 casos de crímenes atroces cometidos por militares contra más de 70 víctimas.

El documento considera que existe un patrón en común en cada uno de los casos: la impunidad. Y es que ninguna investigación militar presentada en el informe ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, porque en México se tolera que los militares se investiguen a sí mismos a través de un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas para asegurar su independencia e imparcialidad.

En enero de 2009, indica el informe, Human Rights Watch tuvo una entrevista con funcionarios de alto rango de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) entre los que se encontraban el General Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos, y el general José Luis Chávez, procurador general de Justicia Militar, quienes aseguraban que había muchos casos de militares juzgados y condenados por violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, solo pudieron recordar un solo caso en el año de 1998.

CASOS

El 4 de junio de 1994, en el municipio de Altamirano, Chiapas, aproximadamente 10 miembros de las fuerzas armadas detuvieron en forma arbitraria a Ana, Beatriz y Celia Pérez, quienes en ese momento tenían 20,18 y 16 años, respectivamente, las tres hermanas tzeltales fueron violadas en reiteradas veces.

Las hermanas denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia (PGR), pero ésta argumento no tenía competencia y remitió la investigación a los agentes del Ministerio Público Militar. Un año más tarde las autoridades cerraron el caso, que fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien determinó que México era responsable por la detención arbitraria, tortura y violación de las hermanas, y de no realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de los hechos.

Catorce años después de las violaciones parece que el caso podrá ser investigado por autoridades civiles, ya que en 2008 funcionarios del gobierno y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, representante de las víctimas, firmaron un acuerdo ante la CIDH mediante el cual hay un compromiso con el fin de remitir el caso a los agentes del Ministerio Público Civil.

El 22 de marzo de 2002, 11 soldados entraron a la vivienda de a Inés, indígena me´phaa de Guerrero, la cual fue atacada sexualmente por un elemento, dos días después Inés presentó la denuncia ante el Ministerio Público local en Ayutla de los Libres, Guerrero, el cual determinó que no era de su competencia investigar los hechos porque las personas que realizaron el acto delictuoso pertenecían al Ejército.

Actualmente el caso de Inés está en trámite ante la CIDH , que emitió un informe de fondo en noviembre de 2008 y esté podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro caso en Guerrero es el de Valentina, de la comunidad indígena de Caxitepec, quien el 16 de febrero de 2002, a los16 años de edad, se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su vivienda, cuando 8 soldados aparecieron y dos de ellos la atacaron sexualmente.

El 8 de marzo, Valentina presentó su denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común en Ayutla de los Libres y dos meses después el ministerio local remitió el caso a los agentes del Ministerio Público militar, argumentando su incompetencia.

En octubre de 2007, después de una audiencia pública ante la CIDH , Valentina se enteró que las autoridades militares habían cerrado la investigación de su caso hacía más de tres años, en marzo de 2004, argumentando que no habían encontrado pruebas de que hubiera sido violada por militares.

Sin embargo, el Centro de Derechos de la Montaña , Tlachinollan, quien representa a Valentina ante la CIDH , dijo a Human Rights Watch, que creían que la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público local en 2008, que se reabrió después de varios años, se centra en determinar la posible responsabilidad de civiles en la violación y no están investigando seriamente a los soldados. Actualmente el caso está en trámite ante la CIDH.

GUERRA SUCIA

Las fuerzas armadas mexicanas son responsables de la gran mayoría de los abusos cometidos durante la llamada “guerra sucia” ocurrida en México en las décadas del 60 y 70, incluida tortura y la desaparición forzada de cientos de civiles, pero hasta hoy ningún militar ha sido condenado por estos delitos.

Uno de los casos incluido en el informe, es el de Rosendo Radilla, detenido por elementos militares el 25 de agosto de 1974, y visto por última vez en las instalaciones militares de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974. Indica el documento que de acuerdo con testigos, los soldados le vendaron los ojos, le ataron las manos, lo torturaron y lo amenazaron con que lo “arrojarían al agua como comida para los pescados”.

Actualmente el caso de Radilla está en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual tiene la facultad de emitir una decisión vinculante sobre la responsabilidad internacional de México por la detención, tortura y posterior desaparición de radilla, así como sobre la falta de juzgamiento de los culpables por el Estado.

Los casos anteriores son un precedente de la falta de justicia por las autoridades nacionales, por lo que se ha tenido que recurrir a instancias internacionales para que estos casos no queden en la impunidad.

OPERATIVOS RECIENTES Y ABUSO

El informe, posterior a estos casos, hace un recorrido por abusos recientes cometido durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, como la detención ilegal y abuso de 36 civiles y violación de cuatro jóvenes en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en el estado de Michoacán, quienes cometieron decenas de abusos, incluidas golpizas, torturas, violaciones sexuales e ingresos a varias viviendas.

Asimismo, el asesinato de dos mujeres y tres niños, y lesiones contra otros tres civiles el 1 de junio de 2007, en el municipio Sinaloa de Leyva en el estado de Sinaloa, entre otros.

Ante el estado de impunidad que se otorga a los elementos militares, el informe de 2007 del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, notó su preocupación ante la subsistencia del fuero militar para el delito de tortura cometido por elementos militares durante el ejercicio de función pública en contra de civiles.

Más recientemente, luego de su visita realizada en 2008 a México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos también recomendó que los tribunales civiles tengan jurisdicción sobre los actos del personal militar que “desarrolla funciones para hacer cumplir la ley”.

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Informe oficial de feminicidio en Chihuahua, erróneo e impreciso

-- Equipo Argentino de Antropología Forense

México DF, 28 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- El informe de gobierno emitido por el estado de Chihuahua y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, desprende imprecisiones y errores, afirmó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que trabajó con los restos mortales.

El pasado 8 de marzo de 2009, la Procuraduría General de Justicia del Estado y Gobierno del Estado de Chihuahua publicaron un documento intitulado “Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez. Se hace Justicia combatiendo la impunidad” en el cual, por primera vez, se informa oficialmente sobre el número de mujeres asesinadas en este estado.

Este informe da también identidad de los asesinos, los móviles, casos resueltos, sentencias condenatorias dictadas por los jueces y nombres de los prófugos de la justicia.

El documento oficial afirma que “de enero del 1993 a diciembre del 2008, en Ciudad Juárez fueron registrados 447 homicidios de mujeres, agrupados en 418 expedientes, “del total de los homicidios, 292, 65.3 por ciento fueron esclarecidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chihuahua”.

Del total de casos, continúa el texto, cuatro fueron remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR) por ser parte de una indagatoria de delito federal y los restantes 155, 34.6 por ciento, se encuentran en trámite ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres de la PGJE.

De los 292 homicidios resueltos, 201 con sentencia, 51 con responsable vinculado a proceso, 20 archivados por tratarse de homicidio/suicidio, 17 turnados a Tribunal para Menores con respectivos detenidos y 4 Remitidos a la PGR.

Los 155 asesinatos no resueltos y que se encuentran en trámite ante la Fiscalía , afirma el documento oficial, son 111, es decir el 71.6 por ciento, corresponden a casos criminales de las pasadas administraciones estatales.

LA VERSIÓN FORENSE

Ante esos datos, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) consideró pertinente destacar los errores que contiene el informe del Gobierno de Chihuahua “Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez. Se hace justicia combatiendo la impunidad”, debido a la incertidumbre en la que se encuentran los familiares de mujeres y niñas desaparecidas.

El informe del gobierno, en la parte relativa a casos resueltos de mujeres desaparecidas --indica el EAAF-- sólo ha identificado a 14 mujeres que se encontraban en calidad de desaparecidas de alto riesgo, “lo cual es incorrecto, porque este equipo, aclara, ha identificado a 31 mujeres y niñas de las cuales 25 corresponden a Ciudad Juárez y 6 a la ciudad de Chihuahua, y del total 8 corresponden a revisión de identificaciones oficiales.

El EAAF considera casos muy específicos como el de Micaela Ríos Saldivar y María Guadalupe del Río Vázquez, quienes según el informe del gobierno fueron identificadas y está pendiente la entrega del dictamen, lo cual es incorrecto puesto que ambos dictámenes fueron entregados en 2007 y 2008.

Otro caso es el Estela Gardea Chávez quien, de acuerdo con la información oficial contenida en el informe del gobierno, fue localizada con vida. Sin embargo, el EAAF tomó muestra de sus familiares para su comparación genética con los restos de mujeres y niñas, indicando que el dictamen de exclusión correspondiente fue entregado por dicho equipo el 6 de mayo del 2008.

Del caso de Irma Elizabeth Vargas, el informe gubernamental señala que está pendiente recabar muestras biológicas por parte del EAAF, pero éste señala que recabó muestras el 10 de octubre del 2007 y entregó dos dictámenes de identificación positiva en el año 2008.

Por otro lado, con respecto a casos vigentes de ausencia, extravío o desaparición, de 1993 a diciembre del 2008, se señala que en 20 de estos casos, la “probable fecha de entrega del dictamen del EAAF fue en marzo o abril 2009”. Eso, dice el equipo forense, también es incorrecto, ya que en 13 de estos casos el EAAF ya entregó exámenes de identificación excluyente de genética forense que fueron resultado de la comparación de la información genética de los familiares de dichas 13 víctimas con la correspondiente a 51 restos femeninos.

Y manifiestan que los informes excluyentes fueron entregados en noviembre de 2007 y mayo de 2008 y también se enviaron informes de exclusión sobre estos 13 casos a la PGJE el 1 de noviembre del 2006 como parte de un informe de avance por vía electrónica.

En 2 de los 7 casos restantes, los nombramientos del EAAF como peritos se encuentran extraviados por el Ministerio Publico y hasta que se solucione dicho problemas, dice el grupo forense, “no podemos emitir los respectivos dictámenes de exclusión”.

En los cinco casos restantes, los nombramientos corresponden a años posteriores (2007 en adelante) al procesamiento del primer gran grupo de casos incluidos hasta mayo del 2006. Se habrán de dictar, dice el equipo, los nombramientos que fueron posteriores a mayo de 2006.

Por otro lado, en mayo de 2008 el EAAF entregó en el despacho de la Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua, otros 14 Dictámenes excluyentes de Genética Forense, como resultado de la comparación de 51 muestras de restos femeninos con las muestras de las familias de 14 mujeres desaparecidas en otros municipios del estado.

De ellos, 7, desaparecidas de Chihuahua, 4, desaparecidas de Cuauhtémoc, 2, desaparecidas de Delicias, 1, desaparecida de Ojinaga.

Finalmente, el EAAF puntualiza que si bien existen resultados pendientes de entrega, estos corresponden a una segunda comparación de perfiles biológicos de restos femeninos localizados con posterioridad a mayo de 2006.

El documento indica también que existe un cierto número de casos de muestras óseas de las cuales aún no se han podido extraer suficiente material genético para su comparación con los perfiles genéticos de familiares de mujeres desparecidas, por lo que el laboratorio de genética se encuentra realizando el reprocesamiento con nuevas metodologías.

Además, durante el curso de este año, el EAAF entregará una nueva ronda actualizada de informes de exclusión identificatoria.

EL EAAF

El Equipo Argentino de Antropología Forense comenzó a trabajar como perito consultor para la PGJE en materia de antropología forense en julio del 2005.

Hasta la fecha el EAAF ha analizado un mínimo de 83 restos femeninos no identificados o de identificación dudosa, y sobre estos 83 restos el EAAF ha identificado hasta la actualidad a 31 de ellos, quedando 52 restos sin identificar.

El EAAF ha entrevistado y tomado muestras para análisis genéticos 75 familias de mujeres y niñas desaparecidas o que tenían dudas sobre la identificación oficial entregada por la PGJE , un gran numero de las cuales fueron ubicadas a partir de investigaciones del EAAF.

En acuerdo con la Procuraduría , el EAAF ha dado prioridad a realizar informes donde existe una identificación positiva entre restos femeninos y alguna mujer o niña desaparecida. Esto debido a que se considera relevante que en los casos identificados, las familias puedan tener la información lo antes posible y la Procuraduría cuente con mayores elementos para la debida investigación.

Sin embargo, también ha informado sobre exclusiones identificatorias por vía genética y a pedido de la PGJE y de familiares de víctimas, desde julio de 2005 y hasta la fecha el EAAF ha incorporado a su base de datos antropológica y genética nuevos restos femeninos que fueron recuperados durante estos años, así como también información sobre nuevas mujeres desaparecidas.

Por lo tanto, periódicamente, el EAAF hace entrega de informes de exclusión a la PGJE.

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Iniciativa contra ILE en Campeche, sólo para ganar votos

-- ¿Qué compromisos tenían?, pregunta diputada del PRD

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC).- La diputada María del Carmen Pérez López, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció que en Campeche los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (PRI-PAN) aprobaron la semana pasada la iniciativa para otorgar derechos jurídicos al producto desde la concepción, criminalizando con ello la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con el único objetivo de beneficiarse del voto ciudadano, con mira a las elecciones del 5 de julio.

Información de la corresponsal de Cimacnoticias Argentina Casanova precisa que el 23 de abril, día en que el Congreso del estado aprobó por amplia mayoría, con sólo dos votos en contra (del PRD), el dictamen que reforma el Artículo Sexto de la Constitución Política del estado de Campeche, y promovido por el Poder Ejecutivo del Estado la perredista María del Carmen Pérez López, fue la única que lo interpeló.

La reforma establece: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida; este derecho estará protegido por la ley desde el momento de la fecundación o concepción hasta su muerte natural, con las salvedades ya previstas en la legislación ordinaria”.

María del Carmen Pérez López, sentenció desde la tribuna: “En el PRD estamos en desacuerdo que se haya aprobado en “fast track”, esta iniciativa. ¿Por qué adicionar y hacer una iniciativa tan precipitada?, cuando las y los legisladores no debemos de actuar de manera irresponsable. Tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, y mucho menos actuar bajo presión”.

Me parece que si bien este tema es tan controvertido, este Congreso tendría que haber realizado foros para debatirlo antes de su aprobación, y no nada más ratificarlo de esta manera, ya que estamos en pleno proceso electoral, agregó la legisladora.

“Estamos en plenas campañas y esto será utilizado por el PRI y el PAN, para salir beneficiados con el voto ciudadano; ¿o qué compromisos tenían para que el 7 de abril se presentara la iniciativa de Ley?, con su actuar vemos claramente cómo se agrupan, ¿para qué?, pues para beneficiarse del voto ciudadano y eso no es correcto”, concluyó.

El Congreso campechano se encuentra conformado por una mayoría de legisladoras y legisladores del Revolucionario Institucional con 16 curules, le sigue el PAN, con 13; el Partido de la Revolución Democrática con 3 legisladores (PRD), el Partido Convergencia con 2 y finalmente el Partido Nueva Alianza con un sólo legislador.

Así, al momento del debate, al interior del Congreso campechano únicamente alzaron la voz a favor de los derechos humanos de las mujeres y su derecho a decidir María del Carmen Pérez López y Luis Eduardo Vera Vera, del PRD, demandando que tal propuesta requería la realización de foros y debates para considerar la protección a todas las mujeres que en un momento dado se vea en la necesidad de realizarse un aborto antes de las 12 semanas de gestación.

En tanto, la defensa a ultranza de la iniciativa la encabezó la diputada panista Gloria Aguilar de Ita: “Vengo a esta tribuna como madre, abuela, pero sobre todo como mujer para congratularme por esta importante reforma que aprobamos, la protección del niño y la mujer desde antes de nacer, y con esto quedará claro que nadie está por encima de la vida”.

LA INICIATIVA APROBADA

La iniciativa del Poder Ejecutivo del Estado fue entregada al Congreso local el pasado 7 de abril. Menciona que debido a que la Constitución Política del Estado señala que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere desde el nacimiento y se pierde con la muerte, se consideraba solicitar la adición de un párrafo a la ley que planteara la garantía de que un individuo entre bajo la protección de la Ley desde el momento de la fecundación.

Otro de los planteamientos de la iniciativa establece que “al dar protección jurídica desde la fecundación se asegura el goce de las garantías individuales y sociales a las que tienen derecho todos los campechanos”.

La reforma aprobada considera que el Gobierno del Estado y los municipios velarán por ese derecho fundamental, especialmente en circunstancias que impliquen riesgo para la integridad física del individuo.

Luego de su aprobación el presidente de la Mesa Directiva, Humberto Javier Castro Buenfil, instruyó a la primera Secretaria, la Diputada Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos, para que esta modificación la haga del conocimiento de los Ayuntamientos del estado, a fin de que como integrantes del Poder Revisor de la Constitución local externen su decisión sobre dicha reforma.

Con esta reforma Campeche se sumó a los 10 estados donde está totalmente prohibida o condicionada la ILE, como: Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit y Quintana Roo, estados donde existen también iniciativas para aprobar la ILE antes de las 12 semanas de gestación, como sucedió en el Distrito Federal en abril de 2007.

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SOS: minan en Latinoamérica derechos sexuales y reproductivos

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC/Artemisa, Sandra Chaher).- Una durísima avanzada fundamentalista se expande sobre América Latina, especialmente América Central, desde hace tres años. Nicaragua, México y República Dominicana son los primeros países en los que los sectores conservadores están logrando minar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

La semana pasada el Parlamento de República Dominicana aprobó, en el marco de un proceso de reforma de la Constitución, un artículo que consagra que ''el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte''.

Más de 170 diputados y diputadas le dieron el visto bueno a la propuesta del Poder Ejecutivo, y sólo 30 se opusieron, pero existe aún la posibilidad de que este voto minoritario por el momento se expanda si, en una segunda lectura del proyecto, se logra el apoyo de la mitad del Congreso.

Apostando a que en la segunda instancia la medida pueda ser revertida, se conformó la Coordinación Nacional de Asistencia al Retroceso, que reúne a numerosos sectores de la sociedad civil que en estos días están intentando que sus voces trasciendan las fronteras y así lograr un apoyo que presione sobre el Poder Ejecutivo.

Si bien el aborto está prohibido en todos los casos en República Dominicana –al igual que en El Salvador, Honduras, Chile y Nicaragua--, la consagración del derecho a la vida desde la concepción en la Constitución Nacional sería un antecedente que dificultaría enormemente cualquier intento de apertura en la legislación.

MÉXICO Y NICARAGUA

México también se encuentra en estado de alerta: desde octubre del 2008, 11 estados aprobaron leyes que dan estatus jurídico al embrión al ''proteger la vida desde el momento de la fecundación o la concepción hasta su muerte natural''. Los proyectos fueron presentados por parlamentarios del Partido de Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes ya presentaron iniciativas similares en otros siete estados que serán tratadas en los próximos meses.

Esta fue la articulada y enérgica respuesta de la derecha política ante la aprobación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal de México hace exactamente 2 años (el 24 de abril del 2007).

En Nicaragua, donde el aborto terapéutico estaba permitido desde 1893, la prohibición llegó arropada con el traje del Frente Sandinista de Liberación Nacional que hizo campaña para las elecciones nacionales del 2006 incluyendo como una de sus banderas la penalización total del aborto, hasta lograr la reforma del Código Penal en junio de ese año.

Una vez en el poder, Daniel Ortega amplió su ofensiva a todas las personas y organizaciones que se opusieran a su gestión, iniciando una persecución que sigue hasta le fecha y que incluye a muchas feministas y organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.

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Jóvenes del DF tendrán anticonceptivos gratuitos e información

-- Ley garantizará su acceso

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) estableció que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) deberá garantizar para la juventud del DF la adquisición gratuita de métodos anticonceptivos efectivos, así como proporcionarles la información correspondiente, con el objetivo de que disfruten y ejerzan plenamente su sexualidad, y decidan de manera consciente y plenamente informada el momento y número de hijas e hijos que deseen tener.

El embarazo en la adolescencia es considerado un problema, ya que implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de educación y, en ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño y mortalidad infantil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como embarazo adolescente o temprano aquel que ocurre entre los 15 y los 19 años de edad.

Por ello, según información de la ALDF, la Comisión de la Juventud aprobó el pasado 24 de abril reformas a la Ley de las y los Jóvenes del DF, las cuales mandatan al Instituto de la Juventud la creación de la “Tarjeta Joven”, la cual, a través de convenios, permitirá a este sector de la población acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a espacios de entretenimiento, deportivos y a descuentos en el transporte público.

El Gobierno capitalino deberá también celebrar en la segunda semana de agosto de cada año el Festival Internacional de las Juventudes de la Ciudad de México, en que se expresarán las manifestaciones artísticas, musicales, literarias, científicas, tecnológicas, producciones cinematográficas y en general cualquier expresión cultural, en el marco de las celebración del Día Internacional de la Juventud.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) afirma que el inicio de la actividad sexual constituye una transición crucial en la vida de las mujeres jóvenes, quienes no siguen la secuencia tradicional de tener relaciones hasta después del matrimonio o unión. Los patrones del curso de vida se encuentran profundamente vinculados al lugar que ocupan las mujeres en la estructura social.

El dictamen, nacido de las iniciativas del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Jorge Romero Herrera y Miguel Ángel Errasti, del Partido Acción Nacional (PAN), busca también ofrecer condiciones para que las y los jóvenes puedan tener acceso al empleo y créditos de vivienda.

En este punto, el Instituto de Vivienda del DF promoverá sus programas entre este sector de la población, dando una correcta asesoría sobre los requerimientos técnicos para facilitar la adquisición de créditos a las y los jóvenes que cumplan con los requisitos salariales y residan en la capital.

La Ley el Congreso de Jóvenes del DF, establece que se abrirá en la ALDF un espacio para que las y los jóvenes especialistas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones de asistencia privada intervengan en el diseño y evaluación de la política de juventud; mientras que el Parlamento de la Juventud, con sede en el Recinto Legislativo, será un órgano colegiado, plural e incluyente, que se celebrará cada año durante el mes de agosto.

El dictamen, aprobado por el grupo de trabajo que preside el diputado Jorge Romero Herrera, señala que para contribuir al combate de la deserción académica, el Instituto de la Juventud celebrará los convenios necesarios para obtener descuentos en el transporte público a jóvenes que cuenten con la “Tarjeta Joven”.

Además, se deberán celebrar convenios para la obtención de precios preferenciales para centros de entretenimiento, tales como cines, museos, exposiciones, galerías, conciertos, performances y obras teatrales, así como a gimnasios y centros deportivos.

La Ley también establece que las y los beneficiarios de la “Tarjeta Joven” estarán obligados a retribuir a la sociedad los beneficios de la misma, a través de su participación en las jornadas comunitarias, acciones ecológicas u observatorios ciudadanos contra la delincuencia, siempre que desee obtener mayores beneficios a través de esa tarjeta.

Asimismo, se establece que las instituciones, dependencias y órganos desconcentrados del DF darán, en los términos de ingreso al Servicio Público de Carreras, preferencia en el reclutamiento para ocupar las plazas vacantes a las y los jóvenes que hayan presentado su servicio social o sus pasantías en ellas.

La Ley plantea como plazo para publicar el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la Juventud del DF, el primer lunes de agosto del primer año de administración, en tanto que en las últimas dos administraciones no han elaborado este documento y a la fecha no se ha presentado dicho plan.

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Caso Atenco: tres años de impunidad con las mujeres torturadas

-- En 35 países se ha reiterado el reclamo de justicia

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC).- Pese a que las medidas contra la epidemia de influenza puedan cambiar actividades programadas para el tercer aniversario de los hechos violentos de Atenco, no debe olvidarse que un grupo de mujeres ha denunciado en forma reiterada la tortura a la cual fueron sometidas los días 3 y 4 de mayo de 2006 en esa localidad del Estado de México durante un operativo policíaco, sin que haya hecho justicia.

Así lo señalan en un comunicado conjunto Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes recuerdan asimismo que el operativo policíaco de mayo de 2006 en Atenco dejó un saldo grave de violaciones a derechos humanos, lo cual ha sido dado también a conocer por organizaciones de la sociedad civil, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en febrero de 2009.

Sin embargo, señalan, ni en el Estado de México, ni en el ámbito federal se ha hecho justicia. Las autoridades a quienes corresponde actuar para procesar a los responsables han resultado ineficientes, ante el reclamo de la sociedad.

Frente a la inacción del gobierno mexicano que se ha negado en todo momento a cumplir sus obligaciones constitucionales y las disposiciones internacionales para brindar justicia en este caso, continúa el comunicado, las mujeres denunciantes han realizado múltiples actividades a fin de exigir justicia, al mismo tiempo que reconstruyen sus vidas después de haber sido sometidas a una experiencia tan traumática.

Con el apoyo de organizaciones internacionales y activistas, las mujeres de Atenco han hecho oír su voz ante representantes del Parlamento alemán, representantes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, en la radio austriaca, la televisión nacional hispánica estadounidense y con activistas de Chicago, San Louis Missouri, Washington, Munich y Viena, entre muchos otros. La solidaridad internacional es obvia en este caso, afirma el comunicado.

Personas de 35 países, principalmente de Italia y España, han mostrado su solidaridad con las mujeres y tienen la mirada puesta sobre el Gobierno mexicano a fin de solicitar que se acabe con la impunidad que prevalece en el caso. En el marco del Examen Periódico Universal, realizado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU , en febrero de este año, recuerdan las organizaciones, México fue cuestionado por países miembros del Consejo.

Por eso, de las 91 recomendaciones emitidas al Gobierno mexicano por los representantes de otros países, una gran parte se dedicó a los temas de violencia contra las mujeres y tortura, dos problemas especialmente graves, tanto por su intensidad como por la impunidad en que se mantienen estos casos.

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Inició CoIDH audiencia del juicio contra Estado mexicano por feminicidio

-- OSC demandan a la Corte pronunciamiento contundente

México DF, 28 abril 2009 (CIMAC).- Hoy inició en Santiago, Chile, la audiencia pública del juicio que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado Mexicano por la desaparición, tortura y homicidio de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice, en el estado de Chihuahua, cuyos restos fueron encontrados en el sitio conocido como Campo Algodonero, de Ciudad Juárez.

Por ello, Organizaciones civiles nacionales e internacionales exhortaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), a través de un manifiesto público, para que se pronuncie de forma contundente sobre las graves y continuadas violaciones a derechos humanos de las mujeres en las que ha incurrido el Estado mexicano y a que señale medidas claras para la reparación del daño infligido a las familias de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice.

Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez aparecieron sin vida arrojadas junto a cinco cuerpos de mujeres, en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Dos de ellas eran adolescentes.

A ocho años, estos crímenes han permanecido en la impunidad, señalan las organizaciones, durante los cuales las madres de Irma, Josefina y Claudia, así como sus defensoras, han sido objeto de hostigamiento, amenazas y descalificaciones por parte de agentes del Estado mexicano.

Finalmente, durante la audiencia pública, las madres de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice serán escuchadas por un tribunal imparcial, hoy y mañana, en la capital chilena.

La Corte Interamericana, señala el pronunciamiento de las organizaciones, afronta el reto de escuchar este caso, que representa una grave y continuada violación a los derechos de las mujeres por parte del Estado mexicano.

“La Corte podrá sentar las bases de la responsabilidad estatal sobre la violencia contra las mujeres, la cual está sustentada en históricas relaciones de desigualdad entre las mujeres y los hombres, y afecta siempre a un conjunto amplio de mujeres y a todas en tanto género”, dice el comunicado.

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DH

Las organizaciones civiles de la fronteriza Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, han registrado y denunciado, desde 1993, desapariciones y homicidios de mujeres ante los cuales las autoridades locales, estatales y federales han actuado de manera discriminatoria, omisa y negligente. Y la demanda de justicia se ha extendido más allá de las fronteras de Ciudad Juárez.

Es requisito indispensable para la reconstrucción social en Ciudad Juárez acceder a la verdad y a la justicia en estos casos, puntualizan las organizaciones. “Mientras ser mujer represente un peligro de muerte, ninguna podrá ejercer cabalmente nuestras libertades y nuestros derechos”.

“Manifestamos nuestra preocupación por la integridad de las defensoras de derechos humanos que han visto amenazada su integridad y la de sus familias, y que temen que se incremente el riesgo en tanto el caso avanza, como consecuencias de sus denuncias ante medios de comunicación, la presentación y defensa de los casos ante instancias de justicia y derechos humanos nacionales, regionales e internacionales, su exigencia de acciones estatales y políticas públicas reales, contundentes y efectivas para detener la violencia en Ciudad Juárez”.

Firman el comunicado, entre otras organizaciones: Asociación Sinaloense de Universitarias, AC; Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe; Católicas por el Derecho a Decidir–Chile; Consejo Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil; Centro de Derechos de Mujeres; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y decenas más.

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Salud de las y los trabajadores no es prioridad para el gobierno

-- Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

México DF, 28 abril 2009 (CIMAC).- Hoy, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se recuerda que miles de trabajadoras y trabajadores viven expuestos a enfermedades y accidentes laborales, incluidos los riesgos que corren ante una epidemia quienes se emplean en servicios de salud.

Por enfermedades y accidentes laborales, señala el Centro de Información Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), mueren diariamente miles de trabajadoras y trabajadores. El dato más reciente indica que en 2006 fallecieron mil 300 personas por esas causas, por lo que es preciso poner énfasis en los diversos factores que afectan a las y los trabajadores mexicanos, sin perder de vista la importancia de atender la emergencia, advierte CILAS en comunicado de prensa.

En 2004 fallecieron en el mundo por accidentes y enfermedades laborales 2 millones de trabajadoras y trabajadores, de los que 32 por ciento eran mujeres y 68 por ciento varones, es decir, seis mil muertes al día, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta cifra supera los decesos por guerra o por enfermedades transmisibles.

Una tercera parte de estos decesos tiene su origen en cánceres ocupacionales, una quinta parte por lesiones de trabajo y un porcentaje igual por enfermedades respiratorias. La OIT señala también que existen más de 350 químicos carcinógenos ocupacionales, entre ellos están benceno, cromo, nitrosaminas, asbesto, y aflatoxinas.

Existe, además, un grave problema de trabajo infantil, estimado en 250 millones de niñas y niños entre 5 y 14 años de edad en los países en desarrollo donde casi 70 por ciento de esta población labora en condiciones de riesgo.

La suma de estos factores tienen graves implicaciones económicas para los países de América Latina (AL), pues se calcula que el gasto en este rubro se eleva a cifras de 9 a 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir más del doble del observado en los países desarrollados.

POCOS RECURSOS, ESCASAS MEDIDAS

En México, dice CILAS, el presupuesto asignado al sector salud fue apenas de 6 por ciento del PIB, por debajo del promedio de América Latina y de la recomendación internacional.

Además de la insuficiencia en materia de seguridad social, las y los trabajadores laboran en condiciones de riesgo ya que la inspección en los centros de trabajo es deficiente por lo que las medidas de seguridad e higiene pocas veces se cumplen, afirma.

En el año 2007, solo se reconocieron dos mil 500 enfermedades de trabajo, lo que significa una baja en un 40 por ciento con respecto a años anteriores, sin que ello tenga que ver con mejoras en las condiciones de trabajo sino con “el rechazo sistemático de los servicios de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.

El otro 70 por ciento de la PEA que se atiende en el sector salud a través del Seguro Popular no contempla el seguro de riesgo de trabajo y tampoco se identifica si los accidentes atendidos en los servicios de urgencias sucedieron en el trabajo.

Por último CILAS afirma en su comunicado que la salud de las y los trabajadores en el país no es una prioridad para el gobierno mexicano, especialmente para las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), a quienes consideran: “administradores al servicio de los empresarios, (…) no les importa poner en riesgo la salud de aquellos para obtener mano de obra barata”.

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Candidatas del PRD vamos en segundo lugar en listas electorales

-- Difícil militancia, dice Dina Rocío Navarro

México DF, 28 abril 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- La posición para las mujeres en las candidaturas plurinominales es por lo regular la segunda y se sigue con pares: 2, 4, 6, porque en la mayoría de las ocasiones los hombres encabezan las listas, disparidad de origen que nos ubica en desventaja, ya que con aun cuando la cuota de género del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es 50/50, vamos de entrada en un segundo lugar.

Así lo dijo a Cimacnoticias Dina Rocío Navarro González, candidata plurinominal a una diputación federal por el estado de Jalisco, en la primera circunscripción del PRD, quien reconoció que su trabajo como mujer al interior de su partido ha sido duro, porque ha implicado enfrentamientos con integrantes fundadores del partido que tienen corrientes establecidas y cotos de poder en los diferentes estados del país.

La militante del PRD, quien lleva una década en las filas del partido del sol azteca, agrega que su candidatura ha sido muy difícil, pues no se identifica con ninguna de las corrientes de ese instituto político. Cuando llega una expresión nueva o una persona no conocida al Partido, relata la candidata, se enfrenta a la descalificación o simplemente no es reconocida ni apoyada.

Al referirse a las experiencias que vivió el PRD para elegir el nuevo presidente del instituto político, Navarro González, quien participó como candidata en ese proceso, afirma: “los hombres no lo pueden asimilar, esto se puede ver en la contienda pasada que fue inequitativa, fueron cinco hombres y yo fui la única mujer que participó”, desde ahí se vieron las parcialidades.

Agrega: a pesar de que yo representaba a la tercera fuerza del partido, no me dejaron ninguna secretaría o consejería a nivel nacional; es más, ni siquiera formo parte del Comité Político, pese a que en éste deben estar representadas todas las fuerzas.

“Ni si quiera me propusieron para estar ahí. Es un asunto de fuerzas y misoginia. Los hombres son muy misóginos, en primer lugar no creen en tu proyecto, en la fuerza que como mujer puedas concebir hacia todo el partido, te tratan de minimizar, de obstaculizar, ha sido “una lucha muy difícil”.

En la política, como mujer tienes que desarrollar más habilidades que los hombres, considera la candidata, quien es también arquitecta de profesión. Asegura que en el PRD es importante lo que dice una mujer, “ya que a menudo somos nosotras las que tenemos la imagen de certidumbre, seguridad, honestidad, situación que nos obliga a nosotras a manejar también la imparcialidad”.

Es una cuestión muy complicada para las mujeres en el partido, dice, ya que los compañeros traen sus líneas muy claras, son muy radicales o muy paternalistas. Es muy difícil manejarse como mujer en un entorno adverso y mantener un equilibrio en tu trayectoria, tu formación y los ideales que estas persiguiendo, comenta.

Dice también que “para poder participar en una contienda de este tipo, tienes que tener cierto perfil y capital político” y señala que en este momento el principal obstáculo que enfrenta tiene que ver con el apoyo de las corrientes, ya que no se encuentra ubicada en ninguna.

La candidata estima que hoy lo único que políticamente la sostiene para la candidatura es haber sido parte de la tercera fuerza a nivel nacional. Ojalá que el PRD pueda vislumbrar este hecho, afirma.

Aunque en sus estatutos el PRD promueve la paridad de género y la propia Ley Electoral obliga a los partidos políticos a incluir una cuota mínima de mujeres en su lista de aspirantes a un cargo de elección popular, en los hechos el número de inscritas en la contienda interna, que se realizó el 15 de marzo, fue menor a lo estipulado y siguieron predominando las candidaturas encabezadas por hombres.

PRD ENTREGA LISTA AL IFE

Hasta 14 de marzo pasado, en la lista de candidaturas del PRD a diputaciones federales por principio de representación proporcional, Dina Rocío Navarro González se encontraba en el lugar número dos de las listas.

Pero es hoy cuando Jesús Ortega, presidente nacional del partido, y Rafael Hernández, representante del partido ante el IFE, acuden a entregar al Instituto Federal Electoral (IFE) sus listas definitivas de candidatas y candidatos para ocupar una curul en San Lázaro.

Registrarán las listas con 500 aspirantes de representación proporcional y de mayoría relativa. En la lista de 200 candidatas y candidatos plurinominales, destacan la feminista Teresa Inchaustegui; por la diversidad sexual Enoé Uranga; Claudia Anaya, de Foro Nuevo Sol (FNS); María Elena Torres, de Nueva Izquierda; Zalma Dalia Guzmán Daher, esposa del petista Marcos Cruz.

Mientras que en la lista de 300 aspirantes a diputados federales de mayoría relativa destaca la candidatura de la escritora Guadalupe Loaeza, quien va por el Distrito 10 de Miguel Hidalgo.

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Anticoncepción en Filipinas: una inversión que salva vidas

México DF, 28 abril 2009 (CIMAC, Sharon L. Camp y Josefina V. Cabigon*).- La oposición a la anticoncepción está hiriendo a las Filipinas. Cada año, más de la mitad de los 3.4 millones de embarazos que ocurren en el país no son planeados, lo cual resulta en altos costos para las mujeres, sus familias y el sistema de salud nacional. Además, esta altísima tasa de embarazos no planeados obstaculiza el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo de las Filipinas.

Sin embargo, esta no es una epidemia para la cual no hay una solución conocida. Los embarazos no planeados son altamente evitables si las mujeres tienen acceso a información y servicios voluntarios de planificación familiar, en especial a métodos de anticoncepción modernos.

Estudios llevados a cabo a nivel mundial han demostrado que invertir en anticoncepción mejora significativamente la salud pública, mientras que ahorra dinero y refuerza las economías nacionales. Para calcular cuan grande sería el retorno de esta inversión en las Filipinas, el Instituto de Población de la Universidad de las Filipinas junto con el Guttmacher Institute con sede en Nueva York realizaron recientemente un análisis de costo-beneficio.

Los hallazgos fueron espectaculares y apoyaron los argumentos que promueven un aumento en el gasto en anticoncepción a nivel nacional. Según los investigadores, expandir el acceso a métodos modernos de anticoncepción y planificación familiar natural resultaría en 800 mil embarazos no planeados menos, 500 mil abortos inducidos menos y 200 mil pérdidas de embarazos menos cada año. Asimismo, se prevendría la muerte de 2 mil 100 mujeres, casi la mitad de todas las muertes causadas por problemas relacionados al embarazo, y la pérdida acumulativa de 120 mil años de vida saludables de las mujeres, actualmente acortados o afectados como resultado de los embarazos no planeados.

Responder a la demanda de anticonceptivos beneficiaría en particular a las mujeres pobres, quienes representan el mayor segmento de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción. El 35 por ciento de las mujeres filipinas de entre 15 y 49 años de edad que son pobres representan más de la mitad (53 por ciento) de la necesidad insatisfecha de anticoncepción.

Proveer servicios de anticoncepción modernos a todas las mujeres en riesgo de embarazo no planeado aumentaría los costos anuales de planificación familiar desde los 1 mil 900 millones de pesos filipinos actuales hasta 4 mil millones de pesos.

Sin embargo, los costos médicos asociados al embarazo no planeado, incluyendo el tratamiento de las consecuencias del aborto inseguro, disminuirían drásticamente, de 3 mil 500 millones de pesos a 600 millones, resultando en una disminución de 2 mil 900 millones en dichos costos y en un ahorro total de 800 millones, según el estudio. El dinero ahorrado podría ser utilizado para mejorar y expandir una variedad de servicios de salud y sociales, posibilitando que las Filipinas alcance sus objetivos de desarrollo.

En última instancia, la cuestión a decidir es si confiamos en las mujeres y sus parejas para decidir qué es lo mejor para ellos mismos y para sus familias. Los resultados claramente demuestran que invertir en anticoncepción salva vidas y ahorra dinero. Pero, sobre todo, la razón para invertir en planificación familiar voluntaria es permitir que las mujeres decidan cuándo quieren quedarse embarazadas y cuántos hijos quieren tener. Si tenemos éxito en este objetivo, la recompensa será importante para las mujeres filipinas, sus familias, sus comunidades y la sociedad en general.

Por esta razón, las organizaciones no gubernamentales, las y los profesionales de la salud y hacedores de políticas necesitan trabajar conjuntamente para abogar por el aumento de la inversión en anticoncepción. También necesitan asegurarse que los servicios e insumos sean distribuidos equitativamente a lo largo del país. Invertir en anticoncepción es invertir en familias más saludables y en un país más fuerte y más desarrollado.

* La doctora Sharon Camp es presidenta y directora ejecutiva del Guttmacher Institute, institución independiente de investigación y análisis de políticas en el campo de la salud sexual y reproductiva. La doctora Josefina Cabigon es profesora de la University of the Philippines Population Institute. Colaboración especial enviada por el Guttmacher Institute.

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Corresponsabilidad, clave para la educación sexual en la infancia

-- 1er. Congreso Mexicano de Educación Sexual Infantil

México DF, 27 abril 2009 (CIMAC, Maricarmen Gómez Quintana*).- El “Primer Congreso Mexicano de Educación Sexual Infantil. Corresponsabilidad Social”, se llevó a cabo en esta ciudad el 24 y 25 de abril pasados, organizado por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas-México (UNFPA) y de Population Council.

Participaron especialistas de México, España, Venezuela, Ecuador, Colombia y Cuba, así como de algunos estados de la República. Destaca también la participación de organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC (ADIVAC), la Federación Mexicana de Educación Sexual AC, la Red Democracia y Sexualidad AC, Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual (FDS) así como de centros educativos como la Escuela Atenea, SC y el Colegio Británico.

Este Congreso reviste importancia por ser el primero en su tipo, organizado específicamente para abordar la educación sexual infantil de niñas y niños de hasta doce años, ya que esta población no había recibido atención particular en el rubro de educación sexual.

Pero no sólo es importante por atender a esta población, sino por su interés en considerar la corresponsabilidad social, incluyendo a madres, padres, tutores, instituciones educativas, medios de comunicación, profesionales de la educación y la salud, ONG, es decir, todos los actores sociales que participan en el esfuerzo para hacer de los derechos y garantías de las niñas y niños una realidad en el ejercicio de la sexualidad.

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

Para ello, en el Congreso se suscribió el documento “Corresponsabilidad Social en la Educación Sexual Infantil”, que propone acciones y compromisos, acordes con la legislación mexicana e internacional vigente en la materia, asentadas previa discusión y consenso durante el Congreso.

A lo largo de dos días de intenso trabajo, las y los participantes discutieron sobre aspectos tan relevantes de la sexualidad humana como los biológicos, psicológicos, sociales, culturales y afectivos.

Entre las expertas estuvo la psicóloga Gema Ortiz, coordinadora del Congreso y Premio Mundial a la Excelencia e Innovación en Educación Sexual Infantil, autora y coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral para Instituciones Educativas (PESI); la psicóloga Ester Corona, pionera de la educación sexual en México y presidenta del Comité de Relaciones Internacionales de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) y coordinadora del Consenso; la psicóloga Rina Riesenfeld, co-fundadora del Centro de Educación Integral para la Salud Sexual y autora de varios libros sobre sexualidad y educación sexual; la doctora María de los Ángeles Núñez, presidenta Nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual (SESEX); la maestra Alma Aldana, educadora sexual y miembro fundador de Ave de México.

Y los expertos que asistieron fueron: el doctor Eusebio Rubio Aurioles, presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS); el psicólogo Félix López Sánchez, catedrático de la Universidad de Salamanca y autor de numerosos libros sobre abuso sexual infantil y educación sexual; el antropólogo Alfonso Sandoval Arriaga, representante Adjunto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México; el psicólogo Luis Perelman Davnozon, activista por los derechos sexuales y presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS), entre otros especialistas tanto de AMSSAC como de otras instituciones comprometidas con la educación sexual.

LOS TEMAS

Las y los especialistas aportaron información desde los diversos campos del quehacer humano, como la biología. En este sentido se abordó el aspecto genético que, contrariamente a la tendencia de la explicación sociologicista actual, sigue sin perder vigencia, ya que se trata de evidencias científicas en torno a los factores genéticos y neurológicos presentes en personas homosexuales.

Un tema muy controvertido pero con datos contundentes y actuales que vuelve a colocar el dedo sobre la multiplicidad de factores que intervienen en este fenómeno, sin que hasta la fecha se haya podido llegar a una causalidad concluyente.

CONDUCTA SOCIALMENTE AGRESIVA

En el aspecto social, se abordaron temas como el trastorno disocial y sus implicaciones en la conducta sexualmente agresiva, componente fundamental en el comportamiento de los agresores sexuales. La mayoría de ellos presenta este tipo de conducta desde la infancia y presenta un incremento muy importante en la adolescencia.

Sin embargo es hasta los 25 ó 30 años de edad cuando se les procesa y recluye en el mejor de los casos, no obstante que en México los crímenes sexuales ocupan el tercer lugar de prevalencia en el sistema penitenciario, sin considerar la alta incidencia de hechos no denunciados y la impunidad presente en el sistema judicial. De tal forma que se evidencia la necesidad de evitar las víctimas, tratando a los agresores, así como la falta de programas en este rubro a nivel penitenciario.

PREVENCIÓN DE ABUSO Y BULLYNG

También se trabajó ampliamente en la cuestión preventiva tanto del abuso sexual, como del acoso infantil (bullying), mediante talleres en los que participaron talleristas de ADIVAC como maestras de educación preescolar y primaria, quienes además de presentar el panorama actual, hicieron propuestas para abordar adecuadamente este fenómeno que se está incrementando a gran velocidad en nuestras escuelas.

Otro tema interesante fue el de la diversidad sexual manifestada y abordada en etapas tempranas, ya que regularmente es hasta la adolescencia donde, por obvias razones, se evidencian las conductas de género y se presentan los problemas de identidad y violencia sexual.

En este renglón es de mencionarse la aportación de testimonios de mujeres y hombres, miembros del grupo Madres y Padres por la Diversidad Sexual, quienes de manera vivencial hicieron partícipes a las y los congresistas de la distancia entre la teoría y la vivencia, aspecto esencial a considerar para el abordaje integral de la problemática actual.

EL DIVORCIO Y LA INFANCIA

Desde el aspecto afectivo, se abordaron temas relacionados con la familia, tales como la explicación a las y los niños del divorcio de los padres, la alfabetización emocional de la familia y la diversidad sexual en el contexto familiar. En este mismo punto se incluyeron temas de educación sexual y necesidades especiales tales como síndrome de Down, VIH y discapacidad.

Los temas didácticos y enfoques creativos para la educación sexual estuvieron también presentes como parte del programa del congreso. Se presentaron varios materiales educativos para la enseñanza de la sexualidad, así como el manejo de filosofías orientales como el feng-shui, como elementos para coadyuvar en una educación sexual tanto creativa como recreativa.

La amplia variedad de temas y enfoques permitió que tanto a nivel teórico como vivencial, los distintos participantes, madres de familia, docentes y profesionales de la salud sexual, se integraran en un intercambio enriquecedor que redundará en un mejor nivel de conciencia y participación en la educación y salud sexual.

* Psicoterapeuta especialista en infancia. Colaboración especial para CIMAC.

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Ley General de Salud, siguiente blanco de PRI-PAN contra ILE

-- Luego pretenderán cambiar la Constitución federal

México, 27 de abril 2009 (Cimac, Gladis Torres Ruiz y Sandra Torres Pastrana).- Los congresos de Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo y Campeche aprobaron iniciativas presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con apoyo de otros, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, para modificar la Constitución, bajo el argumento de “proteger la vida desde el momento de la fecundación o la concepción hasta su muerte natural (sic)”.

Estos cambios han ocurrido en los últimos seis meses y hay iniciativas similares en Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí. Los cambios constitucionales, señalan especialistas, se dieron en respuesta a la aprobación de la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, que no criminaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación, como ocurre en países como España, Italia, Francia y Alemania.

En esas naciones, explica el abogado Pedro Morales Aché, no se privilegió el derecho del embrión sobre el de la mujer, se dio un equilibrio entre ambos, tomando en cuenta la evidencia científica.

En México, según el estudio de 2005 de Human Rights Watch Víctimas por partida doble. Obstrucciones al aborto legal por violación en México, hay un millón de abortos clandestinos en el país. Ipas señala que seis de cada 10 mujeres declararon haber sido violadas alguna vez en su vida.

Por todo ello, señalan feministas y organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y Católicas por el Derecho a Decidir, integrantes de la Red Nacional que agrupa a 280 organizaciones, los derechos de las mujeres en México van en retroceso, gracias a la complicidad del PRI.

Afirman que el tricolor desconoce su propia historia al alejarse de la tradición laica del Estado y emprender una política contraria a los derechos de las mexicanas.

Las acciones de protesta en varias entidades iniciaron ya. En Sonora, las ciudadanas se ampararon porque el ombudsman local, Jorge Sáenz Félix, no respondió a su petición para solicitar una acción de inconstitucionalidad ante la reforma aprobada en octubre. En Michoacán, donde esta semana se presentó la iniciativa contra la interrupción legal del embarazo, las organizaciones de mujeres solicitaron el apoyo de feministas dentro y fuera del país. Todas coinciden en que la respuesta ante el avance conservador se dará en las elecciones del 5 de julio.

Hay inconformidad incluso dentro del PRI: en Quintana Roo, la diputada María Hadad votó contra la iniciativa de su partido para criminalizar la práctica y reveló que esas iniciativas son contrarias a los estatutos de su partido.

Las OSC reclaman al PRI: “Se dice socialdemócrata y lo único que hace es incrementar las injusticias y discriminación hacia las mujeres, sin respetar las diversidades sociales. Se dice defensor de las libertades, pero si nos prohíben a las mujeres decidir sobre lo único que nos pertenece, que es nuestro cuerpo, entonces la libertad queda coartada”.

Cuestionada por este medio, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, respondió que ella siempre “ha sido respetuosa de lo que definen los legisladores locales” y evadió más preguntas, aunque el pasado 12 de marzo declaró en Nicaragua a El Nuevo Diario que los derechos de las mujeres, entre ellos el aborto “no deben ser manipulados políticamente, lo importante es el debate democrático racional”, dijo sobre la penalización del aborto terapéutico en este país.

LA ESTRATEGIA

Leticia Quezada, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, y el especialista en derechos sexuales y reproducción Pedro Morales Aché, coincidieron en la probabilidad de que quienes han modificado las constituciones estatales pretendan hacerlo con la Ley General de Salud, pues resulta más sencillo que modificar la Constitución.

Eso, dijo Morales Aché, implica contar con la mayoría del Congreso. “La Constitución no puede reformarse automáticamente con el avance de las reformas que protege la vida desde la concepción en 17 estados. Se requiere el apoyo de las dos terceras partes y mayoría del local para que suceda, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución”.

Leticia Bonifaz, titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del DF, declaró que el artículo 4 de la Constitución, escrito en los años 70, establece que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos”.

Por ello, aunque las reformas aprobadas en 11 estados del país protegen la vida desde el momento de la concepción y dan derechos al no nacido para todos los efectos hasta la muerte natural, o aunque en Baja California se prohíba el aborto en cualquiera de sus modalidades y lo castiguen como homicidio calificado, hay que tomar en cuenta y respetar el Artículo 4 constitucional.

En éste se señala que el número y espaciamiento de hijas o hijos que tenga una mujer es un derecho o garantía constitucional, y fue un argumento clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar la interrupción legal del embarazo en el DF, dice Bonifaz.

Y advierte: “si con estas 10 reformas aprobadas lo pasan por alto, van a tener problemas en el momento en que se pongan en conflicto los derechos establecidos con esta garantía individual”.

Mujeres clausuraron en Morelos la sede del PRI y se preguntan: “¿Qué negocia el PRI con el PAN  y la jerarquía católica? ¿Qué es tan importante, como para usar como moneda los derechos de las mujeres?”

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ILE en la Ciudad de México resistió embate conservador

-- No viola la Constitución, determinó la SCJN

México DF, 24 abril 2009 (CIMAC, Alejandra González Méndez).- Un día después de la aprobación de las reformas al Código Penal del Distrito Federal y a la Ley de Salud, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, en abril del 2007, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, comenzó una estrategia en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La estrategia, que tiene como fin cancelar en el ámbito federal la ILE, tuvo como una de sus principales acciones una demanda de inconstitucionalidad contra la modificación a la Ley de Salud del Distrito Federal y al Código Penal, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. El argumento: las modificaciones a la Ley de Salud y al Código Penal violaban el derecho a la vida de todos los seres humanos, establecido en el Artículo Primero Constitucional.

Por su parte, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), defendía que el Artículo Primero Constitucional se refiere a la persona, y establece todas las garantías individuales para ésta, pero para ser considerado persona se necesita tener personalidad jurídica, por lo que un cigoto o embrión carece de todos los atributos como para atribuirle derechos, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad.

Por su parte, el PAN lanzó un spot televisivo en donde mostraba a un individuo con una toga como las que utilizan los jueces, de pie frente a una mujer, y diciendo "debido a interferir en los planes futuros, tanto personales como
profesionales de la señorita, el acusado es declarado culpable y la sentencia es la pena de aborto".

Ante esto, la SCJN manifestó su inconformidad ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal Electoral (IFE), argumentando que este spot era lesivo para la imagen de los impartidotes de justicia y distorsionaba la realidad.

Las demandas emitidas por la CNDH y la PGR fueron admitidas por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el 29 de mayo del 2007, sin embargo estas acciones no fueron analizadas hasta el primer trimestre del 2008, lo que permitió a los 11 ministros el obtener información suficiente acerca del aborto, tanto en materia legislativa como en materia de salud.

Así, entre abril y junio del mismo año, en el Máximo Tribunal de Justicia se llevaron a cabo seis audiencias públicas, tres a favor y tres en contra, que fueron transmitidas por el canal de la Suprema Corte, y en su página de Internet.

Durante las audiencias, la CNDH, la PGR, la ALDF, y Organizaciones de la Sociedad Civil, tanto a favor como en contra, presentaron sus argumentos ante los 11 ministros.

Después de amplias discusiones, el 27 de agosto del año pasado 8 ministros de la SCJN, determinaron que las reformas realizadas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas eran constitucionales, siendo éste un hecho histórico para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En la actualidad, 11 estados de la República Mexicana han modificado sus Constituciones para brindar de personalidad jurídica al embrión, una posición contraria a lo que ya se había determinado por la SCJN.
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Aguascalientes: sin acceso a ILE, niña de 8 años dio a luz

-- Abuso sexual se ocultó y no se denunció; hay 2 casos más

México DF, 24 abril 2009 (CIMAC, Nancy Betán Santana).- Una niña de ocho años dio a luz en el Hospital de la Mujer de Aguascalientes en marzo pasado, sin que ninguna autoridad de salud se pronunciara sobre el caso, aunque el director de dicho hospital, Arturo Guerra Lugo, atribuyó el fenómeno a "la falta de educación sexual".

Guerra Lugo, quien calificó como "aislado" este hecho, posteriormente señaló que en lo iba de este 2009 se trataba del tercer alumbramiento de una niña menor de 12 años atendido en el Hospital.Al enterarse del parto de la menor de ocho años a través de un periódico local, la abogada, especialista en delitos y derechos sexuales y reproductivos, Marcela Martínez Roaro, quien radica en esa entidad, decidió levantar una denuncia por violación contra quienes resulten responsables, ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes.

Martínez Roaro señaló a Cimacnoticias que para que la niña se embarazara, el abuso sexual debió consumarse cuando ella contaba con tan sólo siete años, prueba contundente de que la niña fue violada, quizás por algún miembro de la familia. Eso, detalla Martínez Roaro, explica también el silencio de la familia y el nacimiento del producto, el cual pudo haberse evitado, sobre todo por el peligro de muerte que corría la niña y por las consecuencias psicológicas del abuso.

EMBARAZO EN NIÑAS

Por su fisiología (pelvis y canal de parto inmaduros), esta menor de ocho años debió haber sufrido alguna de las múltiples complicaciones que se presentan en embarazos y partos de niñas, como un alumbramiento prematuro con labor prolongada o cesárea, ambos con riesgo de hemorragia severa, apunta el médico gineco-obstetra e investigador argentino Juan Ramón Issler, en su artículo "Embarazo en la adolescencia".

En estos casos, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) debe presentarse como una opción, de acuerdo con Genaro Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero, dos de los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron a favor del ILE en el Distrito Federal en agosto del año pasado, pues, acentúan, las niñas tienen derecho a no ser madres porque fueron violadas.

De acuerdo con Juan Ramón Issler, la maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso resulta ser perturbador tanto física como psicológicamente.

Las niñas asumen responsabilidades que no son propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo social al que pertenecen, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad infantil, anota.

Este comportamiento se vuelve un círculo vicioso en el que tanto madre como hijo estarán atrapados de por vida, pues en México son contadas las instituciones auxiliares en estas situaciones, que cuenten con el personal y las instalaciones
adecuadas para proveer de ayuda a ese sector doblemente vulnerable, por ser infantes y ser mujeres, resaltan académicas y académicos.

Asimismo, el despertar sexual en las madres infantiles suele ser precoz y sumamente
importante en sus vidas, pues no conocen otro afecto que no esté ligado al ámbito sexual por haber sido violadas, sostiene.

En el caso de niñas en situación de calle, la vida sexual comienza desde los siete años. Un 90 por ciento de ellas es abusada sexualmente, por lo que antes de cumplir los 13 años ya habrán tenido al menos un embarazo o un aborto, indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Esto las coloca en una cuerda floja en la cual comienzan su vida sexual sin la debida protección porque así lo aprendieron cuando consecuencia de la violación, resultaron embarazadas, subraya.

Según la Organización Panamericana de la Salud, de las 300 mujeres que conciben sin desearlo, 200 resultan contagiadas de alguna Infección de Transmisión Sexual, incluyendo el VIH.A los posibles embarazos posteriores y las infecciones de transmisión sexual, se suman importantes depresiones de las que las niñas abusadas sexualmente son presa en su edad adulta, las cuales no les permiten llevar una vida
normal. Una niña abusada debe ser sometida a tratamiento psicológico para superar la violación de la que fue objeto, concluye Issler.

LA DENUNCIA

Cuando Marcela Martínez Roaro acudió a ratificar la denuncia el 13 de abril del presente, los funcionarios le hicieron saber que probablemente la archivarán. A este respecto, la también catedrática asegura que interpondrá una queja en contra del Procurador y tramitará un amparo.

Asevera que en nuestro país los mecanismos legales para fincar responsabilidades a los autores de estos delitos son muy débiles y no garantizan un debido proceso que implique protección a las víctimas. Todo esto, porque se carece de funcionarios e instancias comprometidas con los niños abusados, como demuestra el caso de Arturo Guerra Lugo.

"La cópula con menores es ya una acción cotidiana para las autoridades mexicanas. Lo asombroso para ellas es que una ciudadana ejerza su derecho de manifestarse e inicie un proceso legal para castigar a los culpables de delitos tan graves y que se persiguen de oficio como la violación", apunta Martínez Roaro. Con casi 5 mil casos de adolescentes embarazadas por año, Aguascalientes encierra entre esos miles de partos, los de menores de edad que son prueba irrefutable de los abusos sexuales infantiles que en esta entidad se cometen.

Pese a que en la mayoría de las legislaciones mexicanas la violación y abuso sexual están adecuadamente tipificados, la práctica exhibe diversas dificultades para demostrar la existencia de una violación cuando no existen huellas físicas de la misma.

No obstante, en 25 estados de la República Mexicana no procede la acción penal por abuso o violación sexual si se da el matrimonio entre el agresor y la víctima, lo que da pie a una continuación segura de los abusos. De esta forma, los intereses por y de la niña quedan sepultados por otros. En México, el abuso sexual es el tipo de maltrato infantil que menos se ha documentado en los ámbitos médicos, sociales y legales, a pesar de que la frecuencia de casos es cada vez mayor, señalan expertas y expertos.

Nuestro país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato a menores, después de Estados Unidos y Portugal, ha informado ya la Universidad Nacional Autónoma de México.

Según cifras oficiales, en México, el 40.1 por ciento de menores de edad agredidos tienen entre 6 y 12 años de edad, el 18.7 por ciento tienen de 0 a 3 años, el 12.1 por ciento son de 3 a 5 años.

Cabe resaltar, que en las zonas fronterizas, especialmente Tijuana y Ciudad Juárez, hay una elevada cantidad de casos de explotación sexual comercial infantil. El UNICEF arroja que muchas niñas y niños son víctimas de redes de pornografía infantil y pederastas cuando buscan cruzar la frontera.

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Instalar el equilibrio, manual sobre igualdad de género en el periodismo

-- Publicado por UNESCO Y FIP

México DF, 24 abril 2009 (CIMAC, Lidia Ponce Carmona).- "Igualdad de género" no significa que mujeres y hombres periodistas tengan que convertirse en lo mismo,
sino que sus derechos, responsabilidades, y oportunidades no van a depender de que hayan nacido hombres o mujeres", cita el manual ''Instalar el equilibrio. Igualdad de género en el periodismo'', publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

En el mes de marzo, la UNESCO lanzó la campaña "Las mujeres hacen las noticias", una iniciativa que busca promover la equidad de género en los medios de comunicación a nivel global con el tema "Políticas de equidad en género en los medios de comunicación".

Como parte de esta campaña, la UNESCO y la FIP publicaron dicho manual para traducir los ideales de la UNESCO en la consecución de la igualdad de género.

El manual parte de la Declaración de Beijing y la Plataforma para la Acción adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (celebrada del 4 al 15 de Septiembre de 1995), que desde entonces reconoció la importancia de instalar el equilibrio en los medios de comunicación para contribuir al avance de las mujeres y de emprender acciones contra las desigualdades en su acceso a los medios de comunicación.

"Instalar el equilibrio" está dirigido a periodistas, organizaciones de medios de
comunicación, asociaciones y sindicatos de periodistas que tratan de contribuir a conseguir la igualdad de género.

La UNESCO apunta que el uso de este manual ayudará a quienes trabajan en los medios a evaluar los avances en la igualdad de género, identificar los retos y contribuir a los debates locales, regionales y globales, que propicien la formulación de políticas concretas para promover la igualdad de género y el avance de las mujeres en todo el mundo.

Además es una herramienta para la lucha contra la discriminación, contra las imágenes prejuiciosas existentes dentro de los medios que retratan a la mujer como la "sofisticada gatita sexy, la madre modelo, la bruja taimada, la inflexible ambiciosa en la empresa o la política", y que limitan su acceso al poder en la sociedad.

Hecho que, de continuar así, apunta el manual, derivará en 75 años más para conseguir la igualdad de género en los medios de comunicación.

Los medios de comunicación, siendo el reflejo de la sociedad, deben reflejar el hecho de que la igualdad de género es un derecho humano fundamental, el igual tratamiento de hombres y mujeres desde un igual salario por igual trabajo, igual acceso a los órganos de decisión, empleo, pensiones, asistencia sanitaria, ascensos y permisos de maternidad y paternidad.

Adentrado al periodismo, debe darse una imagen justa en las noticias, usarse un lenguaje neutro y no sexista, y no encasillar a las mujeres como informadoras de las páginas de "estilo de vida" o de noticias ligeras, por lo cual es fundamental que se dé su lugar a la mujer tanto en el medio laboral como en la imagen que difunden de ella.

La FIP, la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y otras agencias de las Naciones Unidas promueven estos principios porque, hasta ahora, no se ha logrado completamente la igualdad de sexos en ningún lugar del mundo.

Este manual pretende proveer de argumentos que faciliten esta igualdad aún no lograda desde tres grandes ejes, el primero "Mujeres periodistas en los medios de comunicación", que trata la situación actual de las mujeres profesionales en los medios de comunicación, el nivel y las áreas de desigualdad y las medidas para combatirlas.

"Estereotipos en los medios de comunicación", examina el comportamiento de los medios ante la incursión de las mujeres, los estereotipos existentes dentro de estos y los desafíos profesionales que tienen las periodistas en su medio de trabajo.

El tercer eje, "Mujeres en los sindicatos y asociaciones", analiza el papel de los sindicatos y las organizaciones profesionales ante la promoción de la igualdad, así como la correcta representación de las mujeres en sus órganos de decisión.

"En un mundo en el que las 'noticias serias' todavía las escriben y las presentan sobre todo hombres, los periodistas tienen que defender la igualdad de género. Esta igualdad no es solo un asunto de mujeres; todo el mundo se beneficia si se elimina la discriminación."

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GDF respalda el derecho a la maternidad voluntaria

-- Mujeres deciden en condiciones de justicia: Mícher

México DF, 23 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- A dos años de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal(ALDF) aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 23 mil 233 han ejercido este derecho en esta ciudad que sigue siendo la única del país que cumple con los tratados internacionales que el Estado ha suscrito y firmado con organismos internacionales en materia de salud reproductiva, en tanto que grupos conservadores del Gobierno federal imponen una postura frente a una sociedad que reclama el derecho de ejercer la maternidad voluntaria en el interior del país.

En el marco del segundo aniversario de la ILE en la Ciudad de México, Martha Lucía Mícher, directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF), la funcionaria declaró que el GDF ha roto con las complicidades de un Estado patriarcal y no impone leyes y juicios que propician la discriminación;
ahora favorece el derecho pleno de las mujeres de tomar decisiones importantes en condiciones de equidad y de justicia.

Durante el foro: "Dos años de ejercer nuestros derechos: Interrupción Legal del Embarazo en el Distrito Federal", convocado a través de la Secretaría de Salud capitalina en coordinación con organizaciones de la sociedad civil (OSC), Mícher señaló que las mujeres de la Ciudad de México toman sus decisiones libres, informadas y responsables y además cuentan con tres opciones para decidir sobre sus cuerpos: la ILE, continuar con su embarazo o bien dar al bebé en adopción.

En este contexto, la directora general del Inmujeres DF lanzó un llamado para que en cada uno de los estados de la República donde se modificó y en los que está por modificarse la Constitución con el fin de dar personalidad jurídica al producto desde el momento de la concepción, Lucía Mícher pidió a los mexicanos recordar las palabras del magistrado Góngora Pimentel, de que no se puede obligar a que las
niñas y a las mujeres a que sean madres.

Por lo pronto, las mujeres de la Ciudad de México conmemoran esta fecha como un día importante, porque en un día como hoy de hace dos años se reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sexualidad y maternidad, al otorgarles la opción de interrumpir un embarazo hasta las doce semanas de gestación en condiciones de seguridad, de manera libre, responsable e informada.

PERFIL DE LAS MUJERES QUE RECURRIERON A LA ILE

Por otro lado, Armando Ahued Ortega, secretario de Salud de Gobierno del Distrito Federal, presentó los resultados estadísticos de la Interrupción Legal del Embarazo hasta abril de 2009.

El funcionario dio a conocer que 29 mil 421 mujeres solicitaron la ILE, pero 23 mil 233 mujeres se lo practicaron, esto quiere decir que casi 6 mil mujeres en consejería decidieron continuar con su embarazo, de estas el 78 por ciento son del Distrito Federal, 19 por ciento del Estado de México y el 3 por ciento de otros estados.

En cuanto al nivel educativo de las mujeres que recurren a la ILE es el siguiente: el 29.5 por ciento cuenta con secundaria, 30 por ciento, preparatoria, 20.3 por ciento, superior, 15.2 por ciento, primaria, 4.4 por ciento, nivel técnico.

El estado civil se distribuye de la siguiente manera: 55.7 por ciento son solteras, 25 por ciento vive en unión libre, 16.2 por ciento es casada, 2.9 por ciento divorciadas, y 0.2 por ciento son viudas.

La ocupación de las mujeres que recurren a la ILE es el siguiente: el 39.1 por ciento se dedica al hogar, 26.6 por ciento son estudiantes, 20.4 por ciento, empleadas, 5.1 por ciento, otra, 4 por ciento, comerciantes, 2.4, trabajadora del hogar, 1.6 por ciento, profesionista y 0.7 por ciento obrera.

Las semanas de gestación en las que se concentra la mayor recurrencia a los Centros de Salud para acceder a la ILE se centra en la semana sexta, con un 14.17; la séptima, con un 17.3 por ciento; octava con 15.5 por ciento, hasta llegar a la
doceava semana con un 2.8 por ciento.

Asimismo, Ahued destacó que las mujeres que recurren a los Centros de Salud en la semana 0 de gestación son el 5.4 por ciento, a quienes se les proporciona la pastilla de emergencia, en cuanto al 80 por ciento restante, menor de 9 semanas, se les proporciona medicamento.

En cuanto al procedimiento empleado, dijo que el 49 por ciento es por Misoprostol, 39 por ciento Misoprostol más Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y el 12 por ciento Misoprostol más Legrado Uterino Instrumental (LUI).

Asimismo, puntualizó que el 100 por ciento de las mujeres que recurren a la ILE se les otorga un método anticonceptivo post- evento: 58.3 por ciento el Dispositivo Intrauterino (DIU); 12.7 por ciento condón; 6.7 por ciento pastillas; 7.6 por ciento Oclusión Tubaria Bilateral (OTB); 13.8 por ciento otro, y 0.9 por ciento inyectables.

CAMPAÑA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En relación con los logros de la campaña de Salud sexual y reproductiva realizada en el la Ciudad de México, se informó que de mayo de 2008 a abril de 2009 se distribuyeron 12.3 millones de condones, 8.7 millones de materiales educativos y
promocionales distribuidos, 3 millones de personas informadas, 3 mil 500 multiplicadores capacitados y 45 mil 419 personas capacitadas.

En opinión de la feminista Martha Lamas, la histórica lucha para la aprobación de la
Interrupción Legal del Embarazó (ILE) y que por fin se logró después de décadas, es un paso más que consolida al movimiento feminista.

Asimismo, recordó que son ocho los estados del país -Baja California, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Sonora, Puebla, y Quintana Roo-- que han reformado sus constituciones locales para proteger al óvulo fecundado, por encima de la vida de las mujeres, por lo que invitó a quienes viven en la Ciudad de México a contribuir a la consolidación de esta libertad, con su voto en las próximas elecciones.

"Para quienes piensan que la ILE es un derecho básico, sobre el cual las mujeres construyen su libertad, tenemos una razón de peso para expresar nuestra lealtad en cuanto al voto, si en éste va inmerso lo que las mujeres han ganado", sostuvo.

Las Inauguración del evento estuvo a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien estuvo acompañado de Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería jurídica y servicios legales del Distrito Federal, y la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, Leticia Quezada.

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