Ni un solo militar castigado por abuso contra mujeres en México

-- Informe de HRW Uso indebido de la justicia militar

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Ante un sistema de justicia militar roto y disfuncional en México, los militares que cometen graves violaciones a los derechos humanos y agreden sexualmente a niñas y mujeres, los hacen una y otra vez, debido a que no reciben castigo y viven en la impunidad.

Es la consideración contundente del informe presentado el día de hoy en la Ciudad de México por Human Rights Watch (HRW), “Impunidad Uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, que documenta 17 casos de crímenes atroces cometidos por militares contra más de 70 víctimas.

El documento considera que existe un patrón en común en cada uno de los casos: la impunidad. Y es que ninguna investigación militar presentada en el informe ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, porque en México se tolera que los militares se investiguen a sí mismos a través de un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas para asegurar su independencia e imparcialidad.

En enero de 2009, indica el informe, Human Rights Watch tuvo una entrevista con funcionarios de alto rango de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) entre los que se encontraban el General Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos, y el general José Luis Chávez, procurador general de Justicia Militar, quienes aseguraban que había muchos casos de militares juzgados y condenados por violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, solo pudieron recordar un solo caso en el año de 1998.

CASOS

El 4 de junio de 1994, en el municipio de Altamirano, Chiapas, aproximadamente 10 miembros de las fuerzas armadas detuvieron en forma arbitraria a Ana, Beatriz y Celia Pérez, quienes en ese momento tenían 20,18 y 16 años, respectivamente, las tres hermanas tzeltales fueron violadas en reiteradas veces.

Las hermanas denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia (PGR), pero ésta argumento no tenía competencia y remitió la investigación a los agentes del Ministerio Público Militar. Un año más tarde las autoridades cerraron el caso, que fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien determinó que México era responsable por la detención arbitraria, tortura y violación de las hermanas, y de no realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de los hechos.

Catorce años después de las violaciones parece que el caso podrá ser investigado por autoridades civiles, ya que en 2008 funcionarios del gobierno y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, representante de las víctimas, firmaron un acuerdo ante la CIDH mediante el cual hay un compromiso con el fin de remitir el caso a los agentes del Ministerio Público Civil.

El 22 de marzo de 2002, 11 soldados entraron a la vivienda de a Inés, indígena me´phaa de Guerrero, la cual fue atacada sexualmente por un elemento, dos días después Inés presentó la denuncia ante el Ministerio Público local en Ayutla de los Libres, Guerrero, el cual determinó que no era de su competencia investigar los hechos porque las personas que realizaron el acto delictuoso pertenecían al Ejército.

Actualmente el caso de Inés está en trámite ante la CIDH , que emitió un informe de fondo en noviembre de 2008 y esté podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro caso en Guerrero es el de Valentina, de la comunidad indígena de Caxitepec, quien el 16 de febrero de 2002, a los16 años de edad, se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su vivienda, cuando 8 soldados aparecieron y dos de ellos la atacaron sexualmente.

El 8 de marzo, Valentina presentó su denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común en Ayutla de los Libres y dos meses después el ministerio local remitió el caso a los agentes del Ministerio Público militar, argumentando su incompetencia.

En octubre de 2007, después de una audiencia pública ante la CIDH , Valentina se enteró que las autoridades militares habían cerrado la investigación de su caso hacía más de tres años, en marzo de 2004, argumentando que no habían encontrado pruebas de que hubiera sido violada por militares.

Sin embargo, el Centro de Derechos de la Montaña , Tlachinollan, quien representa a Valentina ante la CIDH , dijo a Human Rights Watch, que creían que la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público local en 2008, que se reabrió después de varios años, se centra en determinar la posible responsabilidad de civiles en la violación y no están investigando seriamente a los soldados. Actualmente el caso está en trámite ante la CIDH.

GUERRA SUCIA

Las fuerzas armadas mexicanas son responsables de la gran mayoría de los abusos cometidos durante la llamada “guerra sucia” ocurrida en México en las décadas del 60 y 70, incluida tortura y la desaparición forzada de cientos de civiles, pero hasta hoy ningún militar ha sido condenado por estos delitos.

Uno de los casos incluido en el informe, es el de Rosendo Radilla, detenido por elementos militares el 25 de agosto de 1974, y visto por última vez en las instalaciones militares de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974. Indica el documento que de acuerdo con testigos, los soldados le vendaron los ojos, le ataron las manos, lo torturaron y lo amenazaron con que lo “arrojarían al agua como comida para los pescados”.

Actualmente el caso de Radilla está en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual tiene la facultad de emitir una decisión vinculante sobre la responsabilidad internacional de México por la detención, tortura y posterior desaparición de radilla, así como sobre la falta de juzgamiento de los culpables por el Estado.

Los casos anteriores son un precedente de la falta de justicia por las autoridades nacionales, por lo que se ha tenido que recurrir a instancias internacionales para que estos casos no queden en la impunidad.

OPERATIVOS RECIENTES Y ABUSO

El informe, posterior a estos casos, hace un recorrido por abusos recientes cometido durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, como la detención ilegal y abuso de 36 civiles y violación de cuatro jóvenes en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en el estado de Michoacán, quienes cometieron decenas de abusos, incluidas golpizas, torturas, violaciones sexuales e ingresos a varias viviendas.

Asimismo, el asesinato de dos mujeres y tres niños, y lesiones contra otros tres civiles el 1 de junio de 2007, en el municipio Sinaloa de Leyva en el estado de Sinaloa, entre otros.

Ante el estado de impunidad que se otorga a los elementos militares, el informe de 2007 del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, notó su preocupación ante la subsistencia del fuero militar para el delito de tortura cometido por elementos militares durante el ejercicio de función pública en contra de civiles.

Más recientemente, luego de su visita realizada en 2008 a México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos también recomendó que los tribunales civiles tengan jurisdicción sobre los actos del personal militar que “desarrolla funciones para hacer cumplir la ley”.

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Caso Atenco: tres años de impunidad con las mujeres torturadas

-- En 35 países se ha reiterado el reclamo de justicia

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC).- Pese a que las medidas contra la epidemia de influenza puedan cambiar actividades programadas para el tercer aniversario de los hechos violentos de Atenco, no debe olvidarse que un grupo de mujeres ha denunciado en forma reiterada la tortura a la cual fueron sometidas los días 3 y 4 de mayo de 2006 en esa localidad del Estado de México durante un operativo policíaco, sin que haya hecho justicia.

Así lo señalan en un comunicado conjunto Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes recuerdan asimismo que el operativo policíaco de mayo de 2006 en Atenco dejó un saldo grave de violaciones a derechos humanos, lo cual ha sido dado también a conocer por organizaciones de la sociedad civil, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en febrero de 2009.

Sin embargo, señalan, ni en el Estado de México, ni en el ámbito federal se ha hecho justicia. Las autoridades a quienes corresponde actuar para procesar a los responsables han resultado ineficientes, ante el reclamo de la sociedad.

Frente a la inacción del gobierno mexicano que se ha negado en todo momento a cumplir sus obligaciones constitucionales y las disposiciones internacionales para brindar justicia en este caso, continúa el comunicado, las mujeres denunciantes han realizado múltiples actividades a fin de exigir justicia, al mismo tiempo que reconstruyen sus vidas después de haber sido sometidas a una experiencia tan traumática.

Con el apoyo de organizaciones internacionales y activistas, las mujeres de Atenco han hecho oír su voz ante representantes del Parlamento alemán, representantes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, en la radio austriaca, la televisión nacional hispánica estadounidense y con activistas de Chicago, San Louis Missouri, Washington, Munich y Viena, entre muchos otros. La solidaridad internacional es obvia en este caso, afirma el comunicado.

Personas de 35 países, principalmente de Italia y España, han mostrado su solidaridad con las mujeres y tienen la mirada puesta sobre el Gobierno mexicano a fin de solicitar que se acabe con la impunidad que prevalece en el caso. En el marco del Examen Periódico Universal, realizado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU , en febrero de este año, recuerdan las organizaciones, México fue cuestionado por países miembros del Consejo.

Por eso, de las 91 recomendaciones emitidas al Gobierno mexicano por los representantes de otros países, una gran parte se dedicó a los temas de violencia contra las mujeres y tortura, dos problemas especialmente graves, tanto por su intensidad como por la impunidad en que se mantienen estos casos.

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Ante conflictos armados, feminismo aporta denuncia y acción

México DF, 19 marzo 09 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- La lógica de la seguridad en América Latina y el Caribe va en el sentido de la militarización, tendencia que lleva implícito el control físico y social sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, declaró Ana Milena González, de la organización colombiana Ruta Pacifica de Mujeres.

En el marco del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se realiza en la Ciudad de México del 16 al 20 de marzo, con la participación de mil 600 mujeres, la feminista aseguró que en Colombia este control social lo han vivido en particular las mujeres jóvenes de poblaciones rurales, quienes han padecido violencia sexual, tanto de la guerrilla como de los militares.

La ponente expuso que, de igual manera, un sector de la población colombiana ha pasado a la confinación, es decir viven en un territorio cercado por la guerrilla, los paramilitares o el Ejército, y son ellos quienes controlan la alimentación, los servicios de salud y otros, con miras a mantener el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

Durante el Panel: "Resistencias feministas frente a los impactos de los conflictos armados en la vida de las mujeres", Milena González precisó que el movimiento feminista ha buscado la solución del conflicto desde diferentes canales, desde la
movilización social para denunciar, pero también para generar acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas.

Hasta el momento, precisó la especialista, uno de los grandes logros del movimiento feminista en materia de conflictos armados es la articulación y movilización de redes sociales, que han visibilizado esta situación, al señalar la violencia sexual que hay en contra de las mujeres en Colombia.

Incluso, añadió, hay una frase que visibiliza el alcance de este fenómeno y que apareció en un graffiti: "Guarden sus perras que el perro está suelto". Frase muy fuerte que refleja las prácticas del Ejército contra las mujeres, una práctica que se ha extendido porque muchas de ellas son violadas por sus propios vecinos que se
enrolaron en el Ejército y siendo militares ejercen su poder para violentarlas.

De igual manera detalla que muchas de estas mujeres se acercan a los hombres que tienen "la armas, es decir el poder", que pueden pertenecer a cualquier bando, para sentirse seguras de no ser violentadas, sin embargo esta forma tampoco las excluye de ser usadas como simples objetos sexuales.

Al finalizar su intervención, la especialista lanzó un llamado para que durante los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe hable del tema de feminicidio, un hecho real y preocupante en México y en muchos otros países de la región. Creo, dijo, que más que los fundamentalismos, nos convocarían los feminicidios.

Por su parte, la feminista Liduvina Méndez, de la organización Actoras de Cambio de Guatemala, señaló que si queremos politizar o repolitizar el feminismo es necesario trabajar el tema de la violencia sexual en contextos de conflictos armados, sin separarnos de las víctimas, ya que en la vida de muchas de nosotras la violencia
sexual es una realidad. "No esperemos que lo hagan las otras, hagámoslo nosotras mismas", convocó.

El feminismo es la ciencia que nos ha aportado más a las mujeres y al mundo entero para la liberación, para la emancipación, "usémosla, no estemos esperando otra cosa", puntualizó la guatemalteca.

IMPUNIDAD FAVORECE LÓGICA DEL PATRIARCADO

Katerina Anfosi sostiene que la guerra continúa, a pesar de los esfuerzos de paz, que desde diferentes escenarios de los movimientos sociales se plantean y de la praxis feminista de las mujeres en contextos de conflictos armados, ya sea por vivirlos directamente, o por generar acciones de solidaridad y denuncia en otras latitudes, la guerra continúa.

La Directora de Radio Internacional Feminista aseguró que con las guerras civiles o conflictos armados las mujeres son víctimas de la presencia de grupos armados, con el común de la impunidad que favorece la lógica del patriarcado, lo que ha logrado que la presencia de los actores armados en puestos de poder impida la denuncia de las víctimas.

Por eso no hay que esperar a que el conflicto termine para poder hablar, peor si hay que buscar las condiciones adecuadas para poder hacerlo, y para que las mujeres se sientan en confianza con nosotras para expresar su dolor.

Radio Feminista señala que en durante el siglo XX cerca de 200 millones de personas perdieron la vida en conflictos armados y guerras, una de cada cuatro víctimas era mujer.

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Estado, sin compromiso para hacer justicia a mujeres de Atenco

México DF, 7 marzo 2009 (CIMAC).- El Estado mexicano no tienen ningún compromiso real para que las mujeres denunciantes de tortura sexual en el caso Atenco accedan a la justicia, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Diversas voces han señalado, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, la persistencia de la exclusión, la discriminación y las agresiones contra las mujeres, señala el Prodh en un comunicado.

Sumamos nuestra voz a esas denuncias, señala el comunicado, al mismo tiempo que señalamos una vez más la falta de compromiso del Estado mexicano para hacer efectivos los derechos de las mujeres denunciantes de tortura sexual cometida en el Operativo Atenco los días tres y cuatro de mayo de 2006.

Después de haber sido agredidas física, sexual y psicológicamente por los elementos policiales que participaron en los operativos de 2006, las víctimas no han obtenido justicia integral a pesar de haber transcurrido casi tres años de los hechos.

A la fecha, pese a que la tortura ha sido debidamente documentada y probada, la situación jurídica de las mujeres denunciantes se caracteriza por el hecho de que no se ha procesado a los responsables por el delito de tortura. Únicamente se consignó a 21 policías por el delito de abuso de autoridad, de los cuales solamente 6 continúan enfrentado proceso en primera instancia, ya que el resto fue exonerado.

Asimismo, sólo un policía fue condenado por el delito de actos libidinosos, no obstante a la fecha la sentencia no ha quedado firme.

Los nulos resultados alcanzados en el Estado de México muestran que en esa entidad federativa las instancias de procuración y administración de justicia carecen de imparcialidad e independencia pues permanecen bajo el ámbito de control del Poder Ejecutivo.

En el ámbito federal, la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) inició una serie de investigaciones que hasta hoy han resultado inadecuadas e ineficaces pues aún no se consigna a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas, entre otras, contra Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

JUSTICIA INTERNACIONAL

En abril de 2008, ante el incumplimiento del Estado mexicano, el Centro Prodh, que ha representado activamente a 11 mujeres denunciantes de tortura sexual, presentó junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de encontrar justicia y reparación para las sobrevivientes de tortura.

Igualmente, detalla el Prodh, considerando que el Estado mexicano no ha asumido su responsabilidad, continuamos los procesos iniciados ante las instancias internacionales.

En este sentido, actualmente Claudia Hernández Martínez, en representación de las 11 mujeres que continúan la denuncia, realiza una gira en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, por invitación de Amnistía Internacional con el fin de que las y los activistas de esa región conozcan el caso y se unan al llamado de justicia por las mujeres de Atenco en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer

Por lo tanto, señala el Prodh, reiteramos nuestras denuncias y exigimos al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Mantenemos claras nuestras exigencias: la realización de una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura sexual, incluyendo los altos mandos y garantizar medidas de no repetición.

Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su resolución sobre el caso Atenco, no señaló responsabilidades directas, su fallo no constituye una exoneración plena, por lo que la Fevimtra sigue obligada a investigar los hechos y consignar a los responsables.

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Ernestina Ascensio Rosario: dos años de impunidad

México DF, 25 febrero 2009 (CIMAC, Sanjuana Martínez*).- "¡Pinome Xoxoke Nopan Omotlatlamotlake! Soldados vestidos de verde se me echaron encima".

¿Recuerda a la anciana indígena violada tumultuariamente en la Sierra de Zongolica de Veracruz? En el segundo aniversario del crimen de Ernestina Ascensio Rosario, de 72 años, el esclarecimiento de ese hecho sigue siendo una asignatura pendiente de la Secretaría de la Defensa y el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, la información se abre camino a pesar de la omertá. Hace unos meses recibí el voluminoso expediente oficial de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz sobre el llamado "Caso Zongolica". Se trata de decenas de páginas tachadas con marcador negro. Las autoridades estatales fundamentan su decisión de censura en
el artículo "17.1 y II de la L.T.A.I.P.E.".

En el expediente están eliminados párrafos sustanciales de lo que realmente le sucedió a Doña Ernestina. También fueron borrados los nombres de todos los funcionarios, médicos, peritos, psicólogos y demás personal que atendió a la anciana indígena en vida y después de muerta. Además el expediente entregado es la "versión pública" según señala en la primera página.

¿Qué pretenden las autoridades judiciales y el gobierno de Fidel Herrera en Veracruz? Evidentemente seguir ocultando las verdaderas razones de la muerte de Doña Ernestina y por supuesto, dar carpetazo total a un asunto que indebidamente desapareció de la mayoría de los medios de comunicación y que el Gobierno federal
pretendió cerrar falsamente sacrificando la certidumbre sobre las causas y los responsables, frente a los mexicanos.

Pero echemos un vistazo al expediente mal tachoneado, porque dejan partes reveladoras sin censurar. Aquel 25 de febrero de 2007 como a las cuatro y media de la tarde Ernestina era localizada gravemente herida al lado del Destacamento militar de Tetlatzinga en el municipio de Soledad Atzompa.

Martha Inés cuenta en el número 27 del documento: "la empezaron a subir a la camioneta y llegando a la loma la acostaron y la sentaron para darle un poco de agua, porque con señas les decía que quería tomar agua, que como se compuso un poquito porque habló, Francisco le preguntó qué era lo que había pasado, y ella le contestó que los soldados la habían amarrado y la habían golpeado"…. lo que sigue esta tachado con marcador negro.

En el número 32 otra persona cuyo nombre es borrado señala: "que la subieron a la camioneta y una vez que ya le habían dado agua y de ahí ella les dijo cuatro palabras y les manifestó: que fueron los soldados, que se le aventaron encima, que traían clavos y la estaban ahogando, tapándole la boca, que después de que subieron a su mamá a la camioneta se fueron a Acultzinapa, a buscar a una enfermera que se llama…" (las siguientes líneas están tachoneadas.

El expediente incluye algunos pequeños detalles de las supuestas investigaciones realizadas en la averiguación previa 26/ZN04/2007 por la Secretaría de la Defensa a sus soldados realizada por el Ministerio Público de Justicia Militar cuyo nombre se omite en base a la investigación ministerial 140/07/AE.

Se trataba del Comando de Operaciones "García", integrado por 89 personas quienes en su totalidad fueron supuestamente investigadas. La Sedena no encontró responsabilidad alguna en su personal a quienes incluso les tomaron muestras de semen.

En el número 45 del expediente judicial se señala que la trabajadora social del Hospital Civil de Río Blanco, Veracruz, cuyo nombre se omite dijo: "que como a las diez cuarenta y cinco de la noche u once, se encontraba en su oficina…cuando le
informaron que traían a una mujer que había sido violada por los soldados, que esto se lo dijo una persona del sexo masculino, tipo campesino…que la llevaron al consultorio de ginecología que preguntó que le había pasado a la paciente, que
le comentó que un grupo de personas indígenas le dije que al parecer había sido violada por un grupo de soldados y que ya había recibido la primera atención médica en una clínica particular de Ciudad Mendoza, que ya venía canalizada porque le pusieron suero…".

Es interesante ver el diagnóstico de la perito en genética forense de la Dirección General de Servicios Periciales de Veracruz que analizó la ropa que Ernestina usaba aquel fatídico 25 de febrero del 2007: "en este caso particular este perfil mezcla se observa la contribución material biológico del sexo masculino…Nota: perfil mezcla, se entiende como la combinación de fluidos corporales de más de un individuo. Se sugiere se realice estudio genético de cromosoma Y".

Fue el médico forense Ignacio Gutiérrez Vásquez, autor de la segunda necrocirugía practicada a la anciana de la Sierra de Zongolica, quien en entrevista me dijo que había hecho un nuevo descubrimiento: encontró el cromosoma Y en las ropas de Ernestina Ascensio, un elemento, según dijo, que confirmaba la agresión masculina contra la indígena náhuatl.

El doctor Gutiérrez Vásquez encontró en la blusa de Ernestina el cromosoma "Y", que daría el perfil o los perfiles genéticos masculinos de sus perpetradores, siempre y cuando la Secretaría de la Defensa hubiera colaborado en ello. Los militares no están sujetos a las leyes civiles, tienen el privilegio del fuero militar, por tanto
se convierten en una casta de ciudadanos de primera clase por encima al resto de los mexicanos.

No es el único elemento que demuestra la agresión masculina contra la anciana indígena. A diferencia del expediente censurado de la Procuraduría General de Veracruz. En la investigación ministerial 140/07/AE, concretamente en el punto 36, se detalla que en el cadáver de Ernestina Ascensio Rosario se encontraron muestras de líquido seminal que resultaron positivas a fosfatasa ácida y proteína P30, un elemento presente únicamente en la próstata y no en la vagina, como algunos
periodistas gobiernistas se atrevieron a afirmar en aquel entonces.

Más aún, las pruebas del doctor Gutiérrez Vásquez fueron contundentes y objetivas porque ordenó filmar toda la neurocirugía y tomar cuidadosamente fotografías de la vagina y el ano de Ernestina Asensio; por eso, confirmó luego del crimen, las laceraciones vaginales encontradas en el cuerpo de Ernestina Asencio e incluso los
cuatro desgarros anales, lo cual demuestra que a la anciana se le introdujo un objeto "duro y romo" que puede ser un pene, u otro elemento.

En un acto inmoral, las autoridades gubernamentales de Veracruz no solo persiguieron
al doctor Gutiérrez Vásquez, sino al médico forense de la primera necrocirugía, el doctor Juan Pablo Mendizábal Pérez. Ambos fueron perseguidos y encausados por haber hecho simplemente su trabajo y negarse a cambiar los hechos contundentes que encontraron en el cuerpo de la anciana indígena de Zongolica.

El doctor Mendizábal Pérez cuenta con una secuencia de 51 fotografías de todo el cuerpo de Ernestina Ascencio desde el principio de su necrocirugía hasta la revisión de cada una de las cavidades vaginales y anales.

Con más de 20 años de experiencia y una carrera brillante en la medicina forense, el doctor siguió los procedimientos protocolarios y ginecológicos que permitieron tomar las muestras del líquido seminal "en abundancia" hallado en el cuerpo de la anciana indígena, encontrar las lesiones en glándula mamaria derecha cuadrante externo, en brazos, excoriaciones dermoepidemicas en ambas rodillas, eritrosis y eritemas en región púbica con desgarros recientes y salida de liquido hematico abundante por recto con cuatro desgarros.

Las supuestas contradicciones entre las dos necropsias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pretendió exponer son inexistentes, según señala el médico forense Ignacio Gutiérrez Vásquez, responsable de la segunda neurocirugía.

El doctor asegura que en un cuerpo en estado de putrefacción como el que analizó de Ernestina, una semana después de su muerte, las muestras de la violencia normalmente cambian. A la fractura craneoencefálica descrita en la primera necroscopia, se le llama en la segunda "equimosis por contusión".

Además de las pruebas documentales, fotográficas y en video, la versión de la violación de Ernestina Asenscio a manos de militares fue sostenida por la propia anciana antes de morir, por el testimonio de 17 personas y por las declaraciones públicas de sus hijos.

A dos años de distancia, podemos apreciar como el crimen de Ernestina Asencio Rosario se ha convertido en un asunto de Estado. La lamentable actuación oficialista de José Luis Soberanes en este caso forma parte de la historia de la ignominia de México.

El fantasma de Doña Ernestina ---mujer indígena, pobre y analfabeta, elementos discriminatorios en México--- perseguirá al doctor Soberanes, quien negó su homicidio presuntamente a cambio de la promesa de un mejor puesto en la maltrecha
Suprema Corte de Justicia. Promesa que nunca llegó.

Mientras tanto, Felipe Calderón pasará a la historia como el presidente que defendió el honor de sus soldados en base a un disparatado diagnóstico médico: gastritis crónica… ¡Por decreto presidencial!

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Legisladoras y legisladores viajarán a Ecuador por caso Morett

México DF, 20 febrero 2009 (CIMAC, Gustavo González López).- La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aleida Alavez Ruiz, junto con sus
compañeros de bancada, José Antonio Almazan González, José Armando Barreiro Pérez y
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez; así como el legislador del Partido de Convergencia (PC)
Cuauhtémoc Velasco Oliva viajarán a Ecuador con el fin de entrevistarse con altos funcionarios del Gobierno y ministros de esa nación, pues "no permitirán como legisladores que haya una violación flagrante a los derechos de una joven universitaria: Lucía Moret".

Ella es la única sobreviviente de un ataque perpetrado el 1 de marzo del año pasado por el Ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), instalado en Sucumbíos, Ecuador, durante
el cual murieron Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Juan González de Castillo, estudiantes de la UNAM, así como Zoren Ulises, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez aseguró que la delegación legislativa tiene por objetivo
entrevistarse con las autoridades del Gobierno del Ecuador, a fin de recabar información ya que un juez local de Sucumbíos solicitó a la Corte Nacional Constitucional de ese país la petición de extradición de Lucia Moret, pero "esta corte va a fallar en contra de la misma, por lo que también vamos para agradecerle a las altas autoridades del Ecuador que no se dé curso a ninguna iniciativa en este sentido".

Además también vamos a Ecuador para "demostrar que este ataque artero del Ejército Colombiano en territorio ecuatoriano murieron cuatro estudiantes mexicanos, y que milagrosamente sobrevivió Lucía, por lo que ella no es culpable de los hechos que se le imputan".

Fue el diputado de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien aclaró que en este viaje, en el marco de la diplomacia parlamentaria, "tenemos un claro propósito: conocer de viva voz las acusaciones infundadas en contra de Lucia Moret y enterarnos de su estado procesal para estar en mejores condiciones de defender sus derechos humanos".

En un comunicado conjunto, leído por el diputado del sol azteca Almazán González, se asegura que "Lucía Moret fue testigo de un hecho grave a la violación del derecho internacional y a la soberanía del Estado ecuatoriano.

Pero más allá de eso, señala, es víctima de ataque artero en el que resultaron asesinados, entre otros, cuatro estudiantes mexicanos que, como la propia Lucia, realizaban actividades de investigación vinculados a proyectos de elaboración de tesis, cuyo objeto de estudio son precisamente el análisis científico de movimientos sociales latinoamericanos.

En consecuencia, señala el comunicado, Lucia no cometió ninguna de las conductas ilícitas que se le imputan; por el contrario, es victima de un intento de asesinato perpetrado y admitido por el Gobierno colombiano, el cual por ese hecho se ha visto beneficiado por una oprobiosa impunidad que, desde luego, contraviene el orden jurídico internacional.

"Este panorama legal se ve agravado por el hecho de que la acusación, por la cual se dictó la orden de llamamiento a juicio por un juez local de Sucumbíos, es claramente de carácter político, pues el Tratado Internacional en materia de extradición celebrado entre México y la propia República de Ecuador, establece que la misma
extradición será improcedente cuando el requerimiento es fundado, precisamente, en un delito político".

Ante el hecho de que la compatriota Lucía Moret es víctima de una persecución política que busca criminalizar cualquier expresión de la solidaridad internacionalista, que distingue a los movimientos y manifestaciones pacíficas de la
izquierda latinoamericana, la legisladora perredista Aleida Alaves Ruiz aseguró antes de presentar un punto de acuerdo en la Permanente: "este grupo de diputados nos dimos a la tarea de armar todo un plan de acción en defensa de los derechos humano y de la garantías de Lucia Moret y de los demás que fueron victimados en Sucumbíos".

Por lo anterior, añadió a la vez Ruiz, solicitamos información a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Subprocuraduría de Información e Inteligencia contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), para que todo lo recabado se presente -los días 24 y 25 de febrero-- ante el presidente constitucional de Ecuador; ante el
presidente de la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana, así como a los ministros de ese país, con el fin de solicitarles se apeguen "al marco jurídico internacional y velar por el respeto a los derechos humanos de cualquier persona en esta nuestra región latinoamericana, y en este caso específico, de Lucía Moret".

Ya para concluir, Lucia Moret, presente en el recinto, agradeció el apoyo de la legisladora y los diputados por asumir "una posición muy digna al tomar, como una de sus causas, mi defensa frente a una serie de injusticias que se han cometido en mi contra. Además, estoy profundamente agradecida con el gobierno ecuatoriano porque me rescató de la selva, donde me encontraba muy herida y me abandonaron los soldados colombianos; también agradezco al gobierno nicaragüense porque me ayudo cuando lo necesité".

"Estoy confiada en que la justicia debe prevalecer por encima de cualquier cosa, ya que solo soy una víctima de todo lo que ahí ocurrió y tengo temor de la persecución política en mi contra, y sé que me asiste la verdad", apuntó Moret.

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El Estado, en deuda con las mujeres violentadas en Atenco

México DF, 12 febrero 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- A pesar de que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a las autoridades que ordenaron el violento operativo policíaco en Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, el hecho de que se haya señalado que existieron violaciones graves a las garantías individuales, como tortura y violación sexual contra mujeres, abre una brecha para erradicar la impunidad.

Así lo señaló a Cimacnoticias Vanesa Coria Castilla, representante para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) --organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos y ante Naciones Unidas-- quien explicó que "en Cejil hemos llevado ante la justicia internacional, es decir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los casos de 11 de las 31 mujeres violadas por policías durante los operativos policíacos de Atenco.

Con los señalamientos hechos por la SCJN, consideró Coria, ya hay una responsabilidad clara de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos. "Es contundente la afirmación de violaciones graves de garantías individuales".

El dictamen de la SCJN permite que estos casos sean tomados en cuenta por las autoridades responsables para que se erradique la impunidad y el Estado deba reparar el daño ocasionado por la grave violación de derechos humanos y realizar una investigación sería, precisó Vanesa Coria Castilla.

La reparación del daño puede girar en varios sentidos: en garantizar la no repetición de los hechos, el reconocimiento público de responsabilidad, pedir perdón, reformas legislativas, (si son necesarias), indemnización económica, entre otras, como establecer parámetros o protocolos de límite del uso de la fuerza de parte de las policías, establecer un protocolo y señalar hasta dónde llega el límite y la actuación de las mismas en el caso de manifestaciones públicas.

"La medida de la SCJN no es más que una medida política, ya que no tiene como propósito sancionar y enjuiciar. No se trata de una determinación que resulte vinculante para ninguna institución, cada órgano puede asumir de acuerdo a sus propias consecuencias y posibilidades, por lo que el Estado está en deuda con las mujeres", subrayó la representante para México de Cejil.

Ahora el Estado no pude argumentar que no se violaron derechos y es su deber "esclarecer enjuiciar y sancionar a los responsables", entre ello Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y Eduardo Medina Mora, quien era entonces
secretario de Seguridad Pública federal.

"Para nosotros, dijo Coria, que se haya formado una comisión de investigación es un avance sustancial, porque este mecanismo nos permite establecer que las autoridades de alto nivel buscan la verdad histórica de los hechos".

No se señaló con nombre y apellido a los responsables directos, explicó Coria, pero
claramente se señala que existieron violaciones a los derechos de las mujeres en diversas formas, lo cual deja en evidencia la fatal estructura del sistema, ya que el "Caso Atenco" es paradigmático, pues muestra cómo se utiliza el poder para reprimir movimientos sociales, como sucedió también en Oaxaca, puntualizó Coria Castilla.

LA DISCUSIÓN DE LA SCJN

Los primeros dos días de discusión en la SCJN sobre el Caso Atenco se centraron en si se cometieron violaciones graves a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, llegando la mayoría de los ministros, salvo Sergio Salvador Aguirre Anguiano, al resolutivo de que en aquel municipio los cuerpos policíacos
abusaron y cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Durante la tercera sesión en esta semana, la SCJN mencionó a 10 altos funcionarios que ordenaron, planearon y supervisaron los operativos policíacos. Entre ellos se encuentran el secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; Wilfrido Robledo, ex director de la Agencia de Seguridad del Estado de México, y el ex delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la entidad, Ramón Pequeño.

Sin embargo, tal como se había previsto ayer, en la sesión de este jueves ministras y ministros exoneraron al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, por la violación grave de garantías individuales, tales como tortura y violación sexual, durante el
operativo policíaco ocurrido en mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

Con tres votos en contra, las y los ministros deslindaron de responsabilidad por la represión policíaca a las autoridades federales y estatales reunidas el 3 de mayo, pese a que éstas autorizaron el operativo y también liberaron de responsabilidad a los altos mandos policíacos que planearon el operativo, es decir Wilfrido Robledo
Madrid y Ardelio Vargas Fosado, quien fungía como coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo.

Por tanto, la atribución de responsabilidades por las violaciones de derechos humanos recaerá exclusivamente en los policías que cometieron los abusos y, en su caso, en los mandos inmediatos que lo permitieron.

El ministro José Ramón Cossío consideró pertinente recomendar una ampliación de la
indagatoria para conocer con precisión qué fue lo que se determinó en la reunión del 3 de mayo y solo así deslindar responsabilidades.

JUSTICIA, DEMANDA UNIVERSAL

A tres años de los hechos, varios los organismos internacionales que se han pronunciado para que reciban castigo quienes ejercieron la tortura sexual contra las 26 mujeres detenidas en el operativo y para que se repare el daño a las víctimas.

Cinco meses después de ocurridos los operativos de 2006, el Comité Contra la Tortura (CAT) reconoció que durante éstos sí existió la tortura y señaló al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su "obligación" reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias.

Los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), realizados en junio de 2006, señalaron contundentemente la existencia de tortura durante los operativos, al tiempo que hicieron una serie de recomendaciones.

El Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Amnistía Internacional (AI), la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales de derechos humanos han pedido al Estado mexicano castigo a los responsables y justicia para las mujeres.

Las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al Gobierno mexicano otorgar a la Fiscalía Especializada para Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevim) la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco.

A dos años de los hechos, de las 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente por los cuerpos policíacos, comandados por el ahora Procurador General de la República, 14 decidieron denunciar ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim).

De éstas, tres desistieron del proceso y hoy, a casi tres años de los hechos, 11 mujeres continúan en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables, ahora a través de la vía internacional.

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Atenco: confirma SCJN graves violaciones a DH de las mujeres

México, DF a 4 febrero 2009 (CIMAC).- El dictamen elaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y publicado hoy en la página de Internet de dicha institución sobre los operativos policíacos en Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, confirma graves violaciones a derechos humanos, como tortura y violación sexual cometidos por policías de los tres órdenes de gobierno contra mujeres y contra pobladores de la localidad.

Entre estas violaciones están el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, al debido proceso, el derecho al trato digno de las y los detenidos y el derecho a la justicia.

El dictamen contiene el punto de vista del ministro dictaminador José de Jesús Gudiño Pelayo sobre esos hechos, pero podría contribuir para que durante el análisis del caso, que iniciará la Corte a partir del 9 de febrero, se den avances para revertir la impunidad, señaló el Centro en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha dado acompañamiento a algunas de las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual.

No obstante, señala el Prodh, es necesario que las autoridades competentes consignen a la totalidad de los responsables de las graves violaciones señaladas.

De acuerdo con los términos del mandato que dio el Tribunal Pleno a la Comisión Investigadora de los hechos, conformada para ejercer la facultad de investigación prevista en el Artículo 97 de la Constitución Federal, la investigación responde a un doble objetivo: el primero, investigar "¿por qué se dieron esas violaciones?, ¿alguien las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?".

El segundo, establecer criterios sobre el uso de la fuerza pública y procurar la identificación del "cargo y nombre de las personas que hubieren participado en tales hechos, calificados como violaciones graves de garantías individuales".

En el dictamen del ministro Gudiño Pelayo son retomadas las conclusiones entregadas al Pleno en marzo de 2008, en las que se establece que existen datos que permiten establecer que elementos y mandos policiales torturaron física y moralmente a las personas detenidas, incumpliendo con los principios que deben regir el uso de la fuerza pública. Con motivo de tales abusos en los hechos hubo violaciones graves de garantías.

Se señala también que con las violaciones de garantías individuales consideradas graves están relacionados diversos servidores públicos que ejecutaron funciones operativas y de mando.

Entre los servidores públicos relacionados con los hechos, cuyos actos u omisiones habrían configurado las violaciones apuntadas, el documento identifica a Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel Yunes García, Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo, funcionarios de diversas dependencias del Estado de México, del Instituto Nacional de Migración, del Gobierno municipal de Texcoco y elementos de corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno.

A partir de los elementos revisados, en el documento se concluye que los hechos resultan violatorios del derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, al debido proceso, el derecho al trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia.

Para el Centro Prodh, las graves violaciones resaltan las deficiencias que en materia de seguridad pública y policía propician condiciones de vulnerabilidad de las ciudadanas y ciudadanos.

Las violaciones son también graves porque dan cuenta de un estado de injusticia "que es altamente nocivo para el respeto a los derechos humanos".

Aun cuando el dictamen se limita a los términos de su mandato y se trata de una vía no vinculante, sus planteamientos reiteran las denuncias efectuadas por diversas organizaciones de derechos humanos, dice el Centro Prodh.

PRINCIPALES DENUNCIAS

De estas denuncias, resaltan, dice el comunicado, que lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del Estado.

La afectación grave a los derechos humanos de las mujeres quienes fueron además torturadas y violentadas en su libertad sexual. Lo que ha sido demostrado durante el proceso de acompañamiento que el Centro Prodh ha dado a un grupo de mujeres denunciantes de actos de tortura sexual.

La falta de una investigación real y efectiva que conduzca a sancionar a todos los responsables de los abusos cometidos durante los hechos. Una situación que ha acontecido tanto en las instancias del gobierno del Estado de México, como del gobierno federal.

La falta de límites en la actuación del Estado, cuyo poder es ejercido irresponsable y arbitrariamente por la policía, inhibe la expresión de la protesta, legítima y necesaria.

Dicha situación ha sido reforzada por el rigor y desproporcionalidad en las sentencias dadas a los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recluidos en el penal del Altiplano y en el penal Molino de Flores, entre quienes se encuentra Ignacio del Valle.

A partir de estos elementos, el Centro Prodh considera que el pleno de la SCJN tiene la oportunidad de contribuir a un avance sustantivo para combatir la impunidad que ha prevalecido en el caso Atenco.

Sin embargo, como ha quedado demostrado en múltiples casos paradigmáticos de violaciones a derechos humanos en México, no habrá justicia verdadera para las víctimas mientras el caso no adquiera la prioridad que el tema debe tener en un Estado democrático de derecho.

Las instancias nacionales, sin excepción, han demostrado su inefectividad para las víctimas que demandan justicia integral, dice el comunicado.

No obstante, señala, "consideramos que una señal de que esta situación puede revertirse tendría que comenzar con la actuación de las autoridades ministeriales competentes para consignar a los responsables de las agresiones de tortura sexual
denunciadas en múltiples ocasiones por las mujeres a quienes este Centro ha acompañado".

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No son números, es vida interrumpida de la infancia palestina: UNICEF

Nueva York, EU, 15 enero 2009 (CIMAC, Leticia Puente Beresford/ corresponsal).- El impacto de las armas letales será mayor entre las niñas y los niños palestinos con las fuerzas israelíes avanzando en las áreas urbanas densamente pobladas, expresó con preocupación el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al dar a conocer que 300 niñas y niños han muerto en los ataques y 500 han sido heridos, mientras Egipto y Hamas negocian un cese al fuego por diez días y el secretario de Naciones Unidas Ban Ki- Moon visita países que rodean a la zona de conflicto pidiendo terminar la violencia.

"Esto es una catástrofe", dijo una mujer palestina que caminó rápidamente, alejándose de la última de las zonas atacadas por los israelíes. Ella cargaba en sus brazos a un hijo y dos más la seguían, informó la agencia de noticias Reuters, quien reportó también que uno de los ataques dio en un edificio de las Naciones Unidas y una casa de periodistas extranjeros.

Las y los muertos, cuenta la agencia, son mil 67 y hay más de cinco mil heridos y heridas, de acuerdo a informes del Ministerio de Salud con que Hamas cuenta en Gaza.

En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó ayer que más de 300 niñas y niños palestinos han muerto y más de mil 500 se encuentran heridas y heridos como consecuencia de la invasión israelí a la Franja de Gaza.

En un comunicado de prensa difundido ayer se explica: "No se trata sólo de números. Estas cifras hablan de vidas de niñas y niños interrumpidas. Ningún ser humano puede ver esto sin conmoverse. Ningún padre o madre pueden presenciar esto sin pensar en sus propios hijos", apuntó Ann Veneman, directora ejecutiva del organismo.

"Es una situación trágica e inaceptable", agregó Veneman. Recordó que las niñas y niños conforman la mayor parte de la población de Gaza y cargan el peso de un conflicto que no es de ellas ni de ellos.

Advirtió que el impacto de las armas letales será mayor entre las menores y los menores de edad con las fuerzas israelíes avanzando en las áreas urbanas densamente pobladas, por lo que instó a las partes a tomar todas las medidas necesarias para proteger a las pequeñas y pequeños.

Veneman señaló que UNICEF hace todo lo posible por asistir a las niñas y niños con los bienes básicos más urgentes, pero advirtió que más allá de satisfacer estas necesidades inmediatas, las niñas y niños precisarán atención especializada para aliviar los profundos traumas derivados de la violencia que están viviendo.

"Sólo cuando cesen las hostilidades, las niñas y los niños podrán empezar el largo viaje de vuelta al más fundamental de sus derechos: el de vivir libres de violencia física y mental" puntualizó la titular del Fondo.

Por otra parte, los medios de comunicación manejan una posible tregua de diez días.

POR EL CESE AL FUEGO

La agencia de noticias AP informó por su parte que Egipto y Hamas acortaban distancias en la discusión de un posible acuerdo de cese de fuego por diez días entre Israel y el grupo miliciano en Gaza, dijeron el miércoles funcionarios
palestinos y egipcios, mientras la cifra de muertos en la guerra superaba el millar.

Entretanto, Aharon Abromovich, director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, viajó a Washington para analizar la posibilidad de una participación estadounidense en la verificación de la tregua. Yigal Palmor, portavoz de la cancillería israelí, dijo que los estadounidenses podrían proporcionar la
tecnología necesaria para vigilar la frontera de Gaza.

En cuanto a la posibilidad de una tregua entre Israel y Hamas, los funcionarios en El Cairo manifestaron confianza de lograr el acuerdo de Hamas para un cese temporal de la lucha, que sería presentado a Israel para su aprobación. Sin embargo quedaban interrogantes en cuanto a un acuerdo de mayor duración que permita la apertura de las fronteras de Gaza y el retiro de los soldados israelíes.

Las fuentes dieron detalles del acuerdo propuesto con la condición del anonimato, debido a lo delicado de las negociaciones. Pero los funcionarios egipcios también manifestaron público optimismo de que el acuerdo esté al alcance de la mano.

"Lo mantendremos en secreto hasta que alcancemos un acuerdo de cese de fuego que sea seguido por varios pasos en pos de un cese de fuego, la garantía del retiro (de los israelíes), la apertura del cruce y el retorno de los observadores", dijo el canciller egipcio Ahmed Aboul Gheit.

Un funcionario de Hamas, Ghazi Hamad, dijo a la BBC: "Creo que este tipo de acuerdo puede concretarse ahora, y creo que hay buenos progresos en Egipto. Esperamos que ahora Egipto tome contacto con Israel y hable sobre todas las cuestiones".

ENÉRGICAS PROTESTAS

La ofensiva en Gaza ha suscitado enérgicas protestas en diversas partes del mundo,
especialmente en países musulmanes. El miércoles, Osama bin Laden, líder de la red terrorista al-Qaida emitió una grabación llamando a la guerra santa contra el Estado judío.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, llegó el miércoles a la región y pidió el fin de la violencia. "Mi llamado es para que cese de inmediato la
violencia en Gaza", dijo Ban poco después de reunirse en El Cairo con el presidente egipcio Hosni Mubarak.

"Es inaceptable que los civiles carguen con el peso de este conflicto", expresó, agregando que "se necesitan intensificar las negociaciones para que existan las condiciones y las garantías a fin de sostener un cese de fuego y una paz perdurable". Ban debe llegar a Israel este jueves y visitará también Jordania, la Margen Occidental, Turquía, el Líbano, Siria y Kuwait. No hará una parada en Gaza debido a la violencia que existe allí.

SE PRONUNCIAN CONTRA ISRAEL

Israel no dio señales de disminuir su enérgica ofensiva de 19 días contra los gobernantes de Hamas en Gaza, con ataques a 60 blancos. Un ataque aéreo a un cementerio dispersó restos humanos en un amplio radio. El ejército dijo que atacó un arsenal oculto cerca de la necrópolis.

Guerrilleros desde el Líbano dispararon el miércoles cohetes al norte de Israel por segunda vez en una semana, amenazando abrir un segundo frente de batalla. Los israelíes respondieron con andanadas de artillería.

Los cohetes en el norte no causaron bajas, pero obligaron a los residentes a correr a los refugios antiaéreos. Nadie se atribuyó la responsabilidad y se conjetura que pueden ser obra de pequeños grupos palestinos. Jezbola, el grupo guerrillero respaldado por Irán que libró una guerra de un mes con Israel en el 2006, negó
toda participación en el ataque de la semana pasada.

El mundo musulmán manifestó indignación por la ofensiva israelí en Gaza y en una nueva expresión de condena el miércoles, el jefe de al-Qaida, Osama bin Laden, instó a los musulmanes a librar una guerra santa contra Israel.

El líder supremo iraní, ayatola Ali Jamenei, emitió una fetua o decreto religioso que prohíbe la compra de todo producto israelí o el comercio con compañías israelíes.

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Han muerto 219 niñas y niños y 89 mujeres palestinos en Gaza

México DF, 9 enero 2009 (CIMAC, Gladis Torres y Leticia Puente/corresponsal en NY).- Informes recabados por la organización internacional Visión Mundial han contabilizado más de 700 personas palestinas muertas, de los cuales 219 han sido niñas y niños y más de 89 mujeres. En tanto el Gobierno belga autorizó una operación, para que autoridades locales, hospitales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la Cruz Roja Internacional trasladen a las y los menores a otros hospitales fuera de Gaza.

De acuerdo con Visión Mundial las y los heridos palestinos ascienden a 3 mil 100, de los cuales 800 son niñas y niños y 380 mujeres. Por su parte, las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) informaron de 7 soldados muertos y 104 heridos desde el comienzo de la ofensiva hasta la fecha. La escalada de violencia en Gaza iniciada el 27 de diciembre no tiene precedentes en su alcance y destrucción, dice Visión Mundial.

La organización señala que después de semanas de un bloqueo debilitante en las fronteras de Gaza, el aumento de la violencia militar ha tenido un efecto sobre la población civil, especialmente en las niñas y niños, que sufren emocional y
físicamente como consecuencia de la violencia.

Por eso insta enérgicamente a todas las partes a un alto al fuego inmediato porque, dice, son la infancia y la población civil los más vulnerables, quienes más sufren en estas situaciones. Pide además que se ponga fin a los 18 meses de bloqueo de 1.5 millones de palestinos.

Visión Mundial y otros organismos internacionales, entre ellos el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) dan fe de la grave tensión psicológica y física que experimentan las y los niños, quienes constituyen más de la mitad de la población de Gaza, señala el comunicado.

LLAMADOS

En el ataque contra Gaza, decenas de niñas y niños han resultado muertos o heridos, los cuales se suman a los más de mil niñas y niños palestinos y más de 100 menores de edad israelíes que han muerto en el conflicto desde 2000. Además, un número incalculable en Gaza y al sur de Israel viven en el miedo como consecuencia del
enfrentamiento, indica Visión Mundial.

"Lamentamos todas las muertes y estamos profundamente preocupados por el impacto duradero de la violencia sobre las poblaciones afectadas. El bloqueo ha devastado la economía de Gaza, suspendido los servicios y el pueblo palestino que se ha convertido totalmente en dependiente de la asistencia humanitaria", señala.

Visión Mundial lanza un llamado al Cuarteto (integrado por la Unión Europea, el Secretario General de la ONU, los Estados Unidos y la Federación de Rusia) a participar con más fuerza en los esfuerzos para lograr un alto inmediato al fuego.

De igual manera, informa que ha estado en Jerusalén, Cisjordania y Gaza durante 30 años, apoyando a 23 mil niñas y niños, a través de 10 programas sectoriales en varios de los territorios palestinos. En Gaza, los programas benefician a miles de menores de edad.

"Es responsabilidad de todas las partes en este conflicto proteger los derechos de las niñas y niños", puntualiza la organización internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño estipula que los Estados Partes tienen la obligación, en virtud del derecho internacional humanitario, de proteger a las y los niños. E
Israel, como signatario de la Convención, debe tomar todas las medidas posibles para garantizar la protección y el cuidado de las y los niños que se ven afectados por un conflicto armado.

Agrega que los actores no estatales, como Hamas, están también obligados por las disposiciones de derecho internacional que defienden los derechos especiales de las y los niños a la protección y deben ser considerados responsables de actos que
sean contrarios a esos derechos.

Las escuelas en el área Marjeyoun con 2 mil 200 niñas y niños atendidas por Visión Mundial cerraron este jueves después de que cohetes fueron disparados desde el sur del Líbano hacia Israel y los militares israelíes respondieron bombardeando contra quienes suponían les habían disparado.

Los cohetes fueron disparados desde un lugar situado a unos 40 kilómetros al suroeste de la aldea de Dibbin, una de las aldeas en las que Visión Mundial trabaja. Además, la Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano y el Ejército libanés han intensificado las patrullas de la región fronteriza al sur del Líbano.

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El Ejército de Calderón, los desaparecidos y las mujeres

México DF, 8 enero 2008 (CIMAC, Sanjuana Martínez*).- En el segundo informe de labores, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anuncia una iniciativa que
merece toda la atención de la opinión pública mexicana. Se trata del "Programa de capacitación y sensibilización en cultura de paz y perspectiva de género", dirigido a los militares para promover y "difundir el respeto a los derechos fundamentales sobre la equidad de género".

Resulta paradigmático el título del programa y extraña la forma de unir "cultura de paz y perspectiva de género". Entre los "logros alcanzados" expuestos en el punto 6 del informe de la Sedena, se incluye la realización de 12 coloquios internacionales de cultura de paz y 12 jornadas de vinculación cívico-militar, "para que la sociedad conozca la preocupación que tienen las fuerzas armadas en reforzar" tanto la paz, como la cuestión de género.

Los coloquios y las jornadas son organizados en distintos estados de la República. El evento en Monterrey se realizó en el Campo Militar de la IV Región, ubicado en la Carretera Salinas Victoria y Carretera Nuevo Laredo. Fuimos invitadas 10 personas que representan a la sociedad civil para intercambiar percepciones sobreel "contexto político social del país".

Había diez militares sentados en una mesa en forma de óvalo para propiciar "el mejor
intercambio de opiniones". Un ponente expuso el "contexto político y social" del país y del mundo, pero sin mencionar nunca las criticas al Ejército relacionadas con el tema de los derechos humanos, la cuestión de género o la presunta relación con el narcotráfico.

Luego, cada uno de los presentes podía tomar la palabra para tratar libremente cualquier tema que involucrara a las Fuerzas Armadas. Se trataba pues, de una oportunidad única que debíamos aprovechar, según nos dijeron los organizadores. Dos o tres personas utilizaron su turno para "alabar" la buena imagen del benemérito Ejército, pero cuando llegó mi momento utilicé el tiempo para abordar las violaciones contra mujeres, perpetradas por militares: Castaños, Zongolica, Michoacán y el tema de los 570 desaparecidos que existen en México, atribuidos a las fuerzas policíacas y al Ejército.

Aparentemente ese era el objetivo, hablar sin restricciones sobre los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad mexicana a causa de la decisión del presidente Felipe Calderón de sacar al Ejército a las calles para realizar labores de seguridad.

"Es verdad que el Ejército" --les dije-- "tiene una buena imagen frente a las y los mexicanos, pero hay que decir que también tiene un lado oscuro: la impunidad en delitos como las agresiones a las mujeres y la desaparición forzada de personas ocurrida en México desde el sexenio de Luis Echeverría, hasta el sexenio de Felipe Calderón".

Uno de los generales presentes se indignó, señalando que el Ejército estaba pagando "un alto costo, con honor, por haber salido a las calles", particularmente por la muerte de militares en los operativos. Aseguró que su salida a las calles era "temporal", sin especificar la fecha. Pensé en esa frase famosa: "lo peligroso de sacar a la tropa de sus cuarteles es que saben cuando sale, pero no cuando vuelve a entrar".

¿MALOS ELEMENTOS?, ¿EQUIDAD?

Uno de los coroneles presentes se identificó como encargado del área de Derechos Humanos del Ejército creada en la década de los 90: "En México --dijo alzando la voz de mando y mirándome con un rictus de enfado-- actualmente no hay desaparecidos. Esos a los que se refiere la periodista son de hace 50 años".

Habló de las bondades de su departamento y entró en el tema de las violaciones a mujeres: "Son algunos malos elementos los que cometen eso. Además, yo les pediría que aquí habláramos de casos comprobados. El tema de Zongolica se demostró que no existió. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo su dictamen a favor del Ejército".

El General que presidía la mesa de diálogo abordó los avances del programa de "perspectiva de género" en el Ejército donde, dijo, ya hay mujeres ostentando altos mandos. "Nosotros somos igual que ustedes, tenemos los mismos problemas. A esos elementos malos que manchan el buen nombre del Ejército se les castiga. Los casos son aclarados. Lo que pasa, es que a veces, los periodistas son muy sensacionalistas".

Levanté la mano para pedir la palabra: "¿Iguales?, no es verdad, General, ustedes tienen privilegios como la justicia militar. No son juzgados por la ley civil cuando cometen actos deleznables que quedan impunes. El Ejército es una institución opaca donde no hay transparencia. ¿Por qué no hacen público el expediente de la Sedena sobre Ernestina Ascencio que se nos ha negado? Ese caso no quedo aclarado para nada,
General. Tal vez para ustedes, porque así les conviene. El Ejército, la CNDH y el Gobierno de Felipe Calderón sacrificaron la certidumbre frente a la sociedad mexicana. Muchos aún piensan que la señora fue violada de manera tumultuaria por militares que después protegieron".

Los ánimos se caldeaban. El organizador intentó calmar el ambiente diciendo que la reunión era inédita gracias a la buena apertura del Ejército. La diputada Marina Arvizu, que presidía la mesa, al lado del General recordó que después del caso de Ernestina Ascencio en el cual ella se involucró desde el Congreso, se había entrevistado con los altos mandos de la Sedena y de aquellas pláticas concluyeron en organizar estos coloquios y jornadas cívico-militares para trabajar el tema de la prevención en la cuestión de género y en los derechos humanos, con un presupuesto especialmente asignado para el tema.

PUESTA EN ESCENA

En ese momento descubrí que aquella reunión era un fraude. Que nada estaban haciendo sobre la impunidad de la cual gozan los militares que violan mujeres. Existen más de 200 casos denunciados. Que su supuesta voluntad de afrontar los problemas y dialogar con la sociedad civil era una puesta en escena. ¿De qué sirve que la diputada Arvizu trabajé con los militares la prevención, si no tienen intención de poner fin a la impunidad?

La mejor prevención es la punición. La administración de justicia disuade el delito, esa es la mejor prevención. Los desaparecidos de Calderón se incrementan, van más de 30 solo en Monterrey. Son crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

Pensé en el rostro de Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl en medio de un charco de sangre en la plancha del anfiteatro, una imagen que desde hace año y medio no olvido, y recapitulé la forma en que muchos se han beneficiado de su muerte: sus hijos recibieron casas prefabricadas a cambio de aceptar no interponer denuncia
alguna, el Ayuntamiento de Soledad Atzompa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recibió excavadoras, láminas, bicicletas y computadoras, entre otras cosas, para calmar sus ánimos de protesta; el gobernador priista Fidel Herrera obtuvo una partida de más de 300 millones de pesos de la Federación a cambio de su vergonzosa retractación; el señor José Luis Soberanes consiguió aumentar su multimillonario
presupuesto y la Sedena obtuvo una partida de más de 200 millones para su dudoso programa de "perspectiva de género".

Los militares son igual que nosotros solo en apariencia; en lo demás son una casta de privilegiados que, en algunos casos, viven por encima de la ley.

* Sanjuana Martínez es periodista de investigación freelance, autora de varios libros, el último: "Prueba de fe: la red de cardenales y obispos en la pederastia clerical".

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Mujeres israelíes piden fin a la danza de muerte y destrucción

México DF, 2 enero 2009 (CIMAC, Guadalupe Gómez Quintana).- La danza de la muerte y la destrucción debe terminar, afirmaron organizaciones de Mujeres israelíes, de diversas tendencias políticas, ante los ataques del Ejército de Israel contra la franja de Gaza, en Palestina, que ocasionó ya la muerte de más de 400 personas, muchas de ellas civiles, incluidas mujeres, niña y niños.

Está claro, dijeron las mujeres israelíes, que el mayor precio es pagado por las mujeres y otras personas de la periferia, geográfica, económica, étnica, social y cultura, que ahora, como siempre, están excluidas de la mirada pública y del discurso dominante.

"El tiempo de las mujeres es ahora. Pedimos que las palabras y las acciones se lleven a cabo en otro lenguaje", señala el comunicado, firmado por: Ahoti- For Women in Israel; Anuar- Jewish and Arab Women Leadership; Artemis- Economic Society for Women; Aswat- Palestinian Gay Women; Bat Shalom; Coalition of Women for Peace;
Economic Empowerment for Women; Feminancy: College for Women's Empowerment, así como
Feminist Activist Group-Jerusalem; Feminist Activist Group-Tel Aviv.

También lo signan: International Women's Commission: Israeli Branch; Isha L'Isha- Haifa Feminist Center; Itach: Women Lawyers for Social Justice; Kol Ha-Isha- Jerusalem Women's Center; Mahut Center- Information, Training, and Employment for Women; Shin Movement- Equal Representation for Women; Supportive Community- Women's Business Development Center; TANDI-Movement of Democratic Women for Israel; Tmura: The Israeli Antidiscrimination Legal Center; University against Harassment-Tel Aviv;
Women and their Bodies; Women's Parliament, y por Women's Spirit-Financial Independence for Women Victims of Violence.

Pedimos, señalan en su comunicado, que la guerra ya no sea una opción, ni la violencia una estrategia, ni el matar una alternativa, y piden el fin del bombardeo y de otros "instrumentos de muerte" para iniciar de inmediato deliberaciones, hablar de la paz y no hacer la guerra.

25 ACCIONES POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

Paralelamente, el Centro Palestino para el Acercamiento entre los Pueblos convocó a llevar a cabo en el mundo entero 25 acciones para lograr una paz con justicia en la región.

Las y los civiles muertos en Gaza se cuentan ya por centenas, afirman en su exhorto: cinco hermanas de la misma familia, otros cuatro niños en otra casa, dos niños en un carro tirado por un burro. Universidades, centros educativos, escuelas, comisarías de policía, carreteras, bloques de pisos, todos ellos han sido blanco de las bombas.

Destaca el texto que el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Palestina ocupada emitió una declaración donde afirma que "los bombardeos aéreos israelíes sobre la franja de Gaza constituyen una vulneración grave y a gran escala del derecho internacional humanitario según lo definen las Convenciones de Ginebra, tanto en lo que concierne a las obligaciones del poder ocupante como en cuanto al cumplimiento de los términos de las leyes de guerra".

Las 25 acciones para lograr una paz con justicia son: Estar informadas e informados de los acontecimientos y difundir esa información. Puede consultarse:
http://www.btselem.org/english/Gaza_Strip
http://electronicintifada.net/v2/article4933.shtml
http://www.mepeace.org/forum/topics/the-true-story-behind-this-war
http://www.unitedforpeace.org/downloads/If%20Gaza%20falls.pdf
http://electronicintifada.net/v2/article10055.shtml

Contactar con los medios locales. Escribir cartas y tribunas de opinión a los periódicos locales. Escribir también a los organismos oficiales relacionados con la información tanto en formato impreso como audiovisual. Contactar con parlamentarios y líderes políticos pidiéndoles que presionen para poner fin a los ataques.

Organizar y participar en manifestaciones ante de las embajadas de Israel y Egipto, o, en su defecto, ante el parlamento, las sedes de los partidos o cualquier otro espacio con visibilidad pública (y procurar que los medios las cubran). Realizar seminarios, mesas redondas, exhibición de documentales, etcétera.

Distribuir folletos con datos y cifras sobre Palestina y Gaza (procurando señalar las implicaciones para la audiencia, por ejemplo: el aumento de la inestabilidad internacional y la incertidumbre económica, y, de modo directo, para los contribuyentes en Estados Unidos).

Poner una bandera palestina en la ventana. Llevar un pañuelo palestino (Koufiya).

Llevar tiras negras en el brazo (esto ayuda a iniciar conversaciones con la gente). Enviar ayuda directa a Gaza mediante la agencia de Naciones Unidas UNRWA: http://www.un.org/unrwa/

Llevar a cabo boicots, desinversiones y sanciones a todos los niveles, pedir expulsión de embajadores israelíes. Ver el llamamiento palestino: http://electronicintifada.net/v2/article10056.shtml

Emprender iniciativas para llevar a los líderes israelíes ante los tribunales de crímenes de guerra (las iniciativas de esta naturaleza ante los tribunales han impedido a los líderes israelíes viajar a ciertos países como Reino Unido, donde corren el riesgo de enfrentarse a cargos.

Hacer llamamientos a los israelíes para que se manifiesten ante su ministerio de guerra y a su gobierno de una manera más directa. Hacer trabajo de persuasión ante los vecinos y amigos de forma directa. Y vía Internet a muchos otros (se puede recibir y mandar información a varios listas.

Montar un grupo de activistas propio o sumarse a otros grupos locales. Emprender una campaña de sentadas ante los edificios gubernamentales o en otros lugares en que se reúnen los líderes influyentes. Hacer un día de ayuno grupal por la paz y llevarlo a cabo en un sitio público.
Visitar Palestina (por ejemplo con http://www.sirajcenter.org).

Apoyar a grupos de derechos humanos y otros grupos que trabajen sobre el terreno en
Palestina. Preparar carteles grandes y colocarlos en las esquinas de las calles y donde se reúne la gente.

Contactar con las iglesias, mezquitas y sinagogas locales, así como con otros centros de oración y pedirles que tomen posición y actúen. Pedir a la mezquita local que dedique este viernes a acciones en favor de Gaza.

Firmar llamamientos en favor de Gaza, por ejemplo:
http://www.avaaz.org/en/gaza_time_for_peace/98.php?cl_tf_sign=1
http://www.petitiononline.com/freegaza/petition.html

Escribir y llamar por teléfono a personas de Gaza. Trabajar con otros grupos que no comparten sus puntos de vista políticos. Dedicar un tiempo al activismo y a la paz cada día (1 hora) y pensar en otras posibles acciones distintas de estas 25.

Para apoyar a y contactar con la gente de Gaza o trabajar como voluntario, contactar con el Palestinian Center for Rapprochement Between People, en gaza@imemc.org, o llamar al 972 2277 2018, recomienda el Centro Palestino para el Acercamiento entre los Pueblos.

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Las presas palestinas denuncian torturas en las cárceles israelíes

Madrid, Esp., 30 diciembre 2008 (CIMAC/Amecopress, Teresa G. Espejo).- El Ejército israelí ha lanzado sobre Palestina el ataque más violento de los últimas décadas, el
más sangriento de los que se han realizado en periodos de guerra no declarada. Por cuarto día consecutivo, bombardea hoy Gaza en una operación que se que se produce a pocas semanas de las elecciones en Israel.

Mientras, la vida sigue en medio de un conflicto territorial que ha convertido las ciudades palestinas, cercadas físicamente por el muro levantado por Israel, en auténticas cárceles para la ciudadanía palestina, que necesita un permiso para salir y entrar.

En los conocidos como "check points", cruzar de un lado a otro depende, en muchas ocasiones, de la voluntad de las y los soldados israelíes que los custodian.

Además, en las cárceles israelíes permanecen presas por motivos políticos 74 mujeres
palestinas, que son sometidas a vejaciones y torturas de forma habitual, según un informe realizado por la Plataforma de Mujeres Artistas que estos días ha viajado a Palestina para pedir su liberación. Las detenciones se rigen por disposiciones militares que pueden modificarse de forma arbitraria desde la Comandancia Militar
israelí y una vez encarceladas, las mujeres son aisladas y sometidas a distintos abusos, que van desde cacheos, insultos, vejaciones, maltrato físico y psicológico.

"Es importante que expliquemos al mundo los procedimientos de encarcelamiento y las torturas que se producen en las cárceles israelíes", sostiene Sawson Dawod Abo Tonky, ex presa palestina, que ha decidido contar cómo ha sido su paso por la cárcel, es decir, hacer pública su "pequeña historia", como ella misma denomina su experiencia en prisión.

Tenía 14 años cuando fue detenida al huir de un soldado israelí que le había disparado y estuvo en la cárcel 14 meses. "Antes de retenerme me habían disparado. Mi reacción natural fue huir, pero me perseguían los soldados, que me cogieron
y me golpearon hasta hacerme heridas en varias partes del cuerpo. Recibí los insultos más groseros que se pueda imaginar", relata Sawson Dawod.

TORTURAS

En prisión fue tratada "peor que cualquier animal" y protestó con una huelga de hambre que le llevó a perder el conocimiento y tuvo que ser trasladada a la enfermería. Allí el personal sanitario "me golpeó, y yo me pregunto dónde está su juramento hipocrático".

Reducida mediante esposas y grilletes que le provocaron heridas, un grupo de soldados la interrogó durante tres horas bajo amenaza de recibir un golpe por cada pregunta que no contestara de forma inmediata. Después, la mantuvieron aislada durante 20 días en los que no pudo ver a nadie ni le permitieron comunicarse con una abogada o abogado.

Sawson Dawod fue a la cárcel por una detención administrativa, es decir, acusada de suponer una amenaza para la seguridad del Estado pero sin cargos judiciales. Este también fue el motivo de encarcelamiento de Nura Jaber, detenida en Hebrón en 2006.

Después de pasar por distintos centros de detención, de ser interrogada duramente, se le impuso una detención administrativa de seis meses que las autoridades israelíes fueron ampliando periódicamente. Nura pidió ser liberada poniéndose en huelga de hambre durante 27 días y fue castigada a una celda de aislamiento.

La violencia física hacia las presas es utilizada como castigo personal y colectivo. Les causan daños o sufrimientos en el cuerpo, son amenazadas, sufren acoso sexual y las prácticas vejatorias forman parte de la rutina. A veces no les dejan dormir; para ello, son encadenadas a sillas en posiciones dolorosas, con las esposas apretadas, y en ocasiones las golpean. Además, denuncian la exposición continua y prolongada a la luz artificial, a temperaturas extremas, y el lanzamiento de gases lacrimógenos dentro de las celdas.

Al respecto, Samira Janazreh, detenida a los 24 años por planear un atentado suicida, asegura que le impidieron dormir, fue golpeada y "atada de pies y manos durante muchas horas". Ahora tiene 30 años y lo que más lamenta de su época de presa
es que sólo pudo ver a sus hijos dos o tres veces al año y a través de un cristal. Janazreh recuerda que estuvo aislada durante 20 días después de la detención. No le dejaron hablar con nadie, recibió palizas y "también intentaron quemarme".

HACINADAS EN LAS CELDAS

Respecto a las condiciones dentro de la cárcel, Sawson sostiene que estaban hacinadas en celdas, sin comida suficiente y sufriendo distintos procedimientos de tortura. "A menudo estábamos atadas y otras veces encerradas de tal forma que nadie podía oír nuestros gritos", continúa Sawson.

Sus declaraciones coinciden con los datos del estudio de la Plataforma de Mujeres Artistas, según el cual las presas carecen de prendas de vestir adecuadas, ya que a sus familiares sólo se les permite proporcionarles ropa una vez cada tres meses. Tampoco tienen los elementos necesarios para la higiene personal y el tratamiento médico es escaso y faltan medicamentos a pesar de que muchas enferman por el estado en el que viven.

Según la Serie de hojas informativas "Detrás de los barrotes: mujeres palestinas en cárceles israelíes" que contiene opiniones de distintas organizaciones de derechos humanos, cuatro mujeres dieron a luz en prisión entre 2003 y 2008 en circunstancias extremas. Las mujeres están solas, sin familiares cerca, en el momento del parto. Siempre vigiladas por el personal militar, son trasladadas al hospital y atadas a sus camas; sólo las liberan en el paritorio pero, después de dar a luz, las madres vuelven a ser encadenadas a sus camas.

Según Sawson Dawod, "esto es sólo es una pequeña parte de lo que han sufrido" en prisión y lanza un mensaje a Israel: "No estamos en contra vuestro por ser israelíes sino por ser personas que cometen asesinatos. Esta es la tierra de las 3 religiones y queremos la paz porque creemos en ella".

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Destaca Ingrid Betancourt su admiración a las mujeres de la guerrilla

México DF, 19 diciembre 2008 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Las mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son campesinas en miseria con dos opciones en la vida: ser guerrilleras o dedicarse a la prostitución, realizan actividades y tienen entrenamiento al igual que los hombres, pero se enfrentan al machismo, violencia y presión para mantener relaciones sexuales con sus compañeros.

Así lo declaró Ingrid Betancourt en conferencia de prensa realizada el día de hoy en la casa del embajador de Francia en México, Daniel Parfait, donde sostuvo que en esas zonas aisladas de Colombia no hay muchas opciones para las mujeres.

Betancourt terminó en México hoy una gira por varios países de América Latina, buscando acciones conjuntas a favor de sus compañeros que aún están en poder de la guerrilla colombiana.

Hoy en conferencia de prensa, dijo, que no se postulará por el momento a ningún cargo público en Colombia, por la tranquilidad de su familia, además porque la política de su país le parece “francamente repugnante”.

Para Betancourt hacer política conlleva una carga de emociones como el amor, solidaridad, tolerancia y compasión. Hoy su vida esta a favor de los que sufren, anunció que desde hoy, se reunirá con su familia y estará en un retiró espiritual, un año, donde sólo se hará presente en actividades en pro de sus compañeros y secuestrados en el mundo.

Este año de retiro le ayudará a reflexionar sobre los temas que vivió en sus años de secuestro y para reconstruirse personalmente, su vida, su familia y sus relaciones.

La ex candidata presidencial, de 46 años, estuvo secuestrada por 6 años en la selva colombiana y fue liberada por la operación Jaque, el pasado 2 de julio de este año, a 75 kilómetros de San José del Guaviare.

Junto con ella fueron liberados también tres ciudadanos estadounidenses, contratistas del departamento de defensa de Estados Unidos, así como 11 efectivos de las fuerzas armadas colombianas.

Entre sus primeras palabras en la base militar de Catam, a donde llegó, Betancourt dijo que su liberación, realizada mediante una “impecable operación”, era señal de que la paz en su país es posible.

LAS MUJERES DE LAS FARC

En la conferencia Betancourt destacó su admiración a las mujeres en la guerrilla porque tienen un recorrer del día muy difícil: “Cuando ingresan a la guerrilla se les dice que ellas van a entrar a una organización donde no hay machismo y va ha estar a la par con el hombre, esto sólo es la apariencia”.

La mujer en las FARC, dijo Betancourt, es entrenada militarmente como el hombre, y de hecho puntualizó, “es una gran guerrera, hacen labores gruesas que conllevan un fuerte trabajo físico y a veces las hace mucho mejor que el hombre”.

A la mujer se le pide un trabajo adicional el trabajo sexual, detalló Betancourt, a la mujer de la guerrilla se le dice que ella puede decidir con quien tener relaciones y eso esta bien”, destaca, en la realidad no es así, “ella vive en tensión por rendir trabajo sexual, independiente de sus sentimientos”.

Para Betancourt, de alguna manera hay todo un sistema para condicionarla a que sea asequible a la demanda de los hombres.

Me tocó ver, indicó, que “la reunión que hacía las FARC los miércoles y domingos, donde se reúne toda la tropa y el comandante esta presente, los muchachos hacen sus planteamientos, piden compartir la caleta (tener relaciones sexuales) con cierta mujer, ella se puede negar pero a la siguiente reunión lo pide de nuevo y ella se vuelve a negar”.

Esto implica una reacción por el grupo, detalló, por lo que le dicen “tú eres revolucionaria debes tener espíritu de compartir con tus compañeros para que rindan bien con sus funciones de revolucionario, por lo que las mujeres terminan cediendo ante las demandas de los hombres”.

Betancourt explicó que al hablar con los muchachos de la guerrilla, ellos manejan una diferencia entre lo que es su compañera o socia en la guerrilla y su mujer la que esta fuera y tiene hijos con él.

Vio mucha violencia hacía las mujeres, destacó, muchas de ellas golpeadas por la tropa o los comandantes y que el castigo que se le da a un hombre de la tropa que golpea a una mujer es dar una charla al día siguiente.

Cuando una mujer “le pone los cachos” o “emparrilla” a un hombre (engañarlo con otro), a la muchacha la sacan del campamento, la cambian de grupo o las ponen a hacer trabajos pesados, como el “ranchar” (limpiar la cocina) que es sumamente pesado, porque ahí comen más de 70 personas y en la selva y sus condiciones es terrible, comentó.

En las FARC no hay mujeres comandantes, advirtió Betancourt, viven atrapadas en un sistema, donde son las separan del hombre que aman, si quedan embarazadas las obligan a abortar, no tienen derecho de ver a sus familias, si tienen hijas o hijos es porque les permitieron tenerlo, se los quitan a los seis meses y los envían a un grupo de milicianos que los educan para las FARC, es la nueva generación de reclutamiento, a los 12 ó 13 años ingresan a la tropa.

EL CASO MORET

Refiriéndose al caso de Lucía Moret y a muchos jóvenes mexicanos que comulgan con las FARC, Betancourt señaló que para estos jóvenes las FARC puede representar una guerrilla romántica como las de los años 60 ó 70, con un toque de melancolía por el Che Guevara.

Pero destacó, que estos jóvenes que son de izquierda y que tienen esa sensibilidad ante la justicia social deben de mirar que gobiernos de izquierda han llegado al poder por la vía democrática, mencionando a gobiernos como el de Evo Morales, Hugo Chávez, Tabaré y Lula.

Destacó que las FARC deberían aprovechar el momento histórico donde América del Sur tiene gobiernos mayoritariamente de izquierda, la guerrilla ya perdió todo, por lo que se dijo convencida que o las FARC se trasforma o desaparece.

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Crean delegación internacional por la liberación de 76 mujeres palestinas

Madrid, España, 18 diciembre 2008 (CIMAC/AmecoPress, Teresa G. Espejo).- Una delegación de casi 200 personas se desplazará la semana próxima a Palestina en un viaje organizado por la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género con el objetivo de pedir la paz en Oriente Medio y exigir la liberación de las 76 mujeres palestinas que están encarceladas en Israel en condiciones infrahumanas, según los datos del informe sobre su situación que ha elaborado esta asociación.

La presidenta de la Plataforma, Cristina del Valle, presentó hoy en rueda de prensa los detalles del que será el segundo viaje a Palestina que realicen. En el acto han estado presentes responsables de entidades, asociaciones e instituciones que apoyan este proyecto, como Rosa Peris, directora del Instituto de la Mujer, y Soraya Rodríguez Ramos, secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

Mercedes Hernández, miembro de la Plataforma, presentó el resumen del informe que trasladarán a las autoridades israelíes en los próximos días. De la situación de las mujeres palestinas encarceladas, ha destacado que carecen de asistencia médica y "paren atadas de pies y manos", como subraya un spot publicitario elaborado con la colaboración de diferentes artistas para pedir la paz en la zona y que se está emitiendo en las televisiones de estos países.

"En medio de los fuegos, siempre ellas", "Al lado del que llora", "las madres, las hermanas, las hijas, las invisibles...la violencia contra las mujeres se llama ocupación". Estos son algunos de los mensajes que incluye este anuncio al que ponen voz personajes famosos de la cultura, como el actor Imanol Arias y las actrices Verónica Forqué, Silvia Marsó y Paca Gabaldón, entre otras.

REIVINDICACIÓN CON VISIÓN DE GÉNERO

La rueda de prensa se convirtió en un emotivo acto con distintas actuaciones, como la de la violinista Judith Mateo, lectura de poemas, música y canciones reivindicativas como la "Milonga de la Mora judía", que cambia así el femenino por el masculino en la letra del tema de Jorge Drexler.

En la presentación también intervinieron Fátima Aburto, diputada del Partido PSOE en el Congreso, Paca Sauquillo, presidenta de la ONG Movimientos por la Paz (MPDL), Luis Cobos, presidente de la Asociación Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE), y representantes del sindicato Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.

La presidenta de la Plataforma, Cristina del Valle, agradeció el respaldo de todas estas entidades y el apoyo del Gobierno, tanto del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, como el de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, con quien se reunieron ayer.

La directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris, señaló que "las mujeres sabemos mucho de poner la palabra y la razón en la constitución de la paz", y subrayó que sin democracia no se puede avanzar en igualdad. "Todos los hombres le han fallado a Palestina, que dejen que lo intenten las mujeres", agregó parafraseando a la presidenta de Liberia, Ellen Jonson-Sirleaf.

Por su parte, la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, recordó el
compromiso del Gobierno con la paz en Oriente Medio y el fin del conflicto palestino-israelí. En este sentido, mencionó el Programa de asistencia a mujeres palestinas presas, que hasta ahora han desarrollado en Cisjordania pero que van a ampliar también a Gaza.

ROMPER EL SILENCIO

Asimismo, Rodríguez destacó que el viaje coincide con la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, y dijo que la Plataforma va a Palestina a "romper el silencio" que ha callado la ausencia de derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.

En el mismo sentido se pronunció la presidenta del MPDL, Paca Sauquillo, al subrayar que la Declaración de DDHH cumple 60 años coincidiendo con la celebración del aniversario de la constitución del Estado de Israel. En su opinión, "la movilización de la Plataforma es muy importante allí", tanto para el pueblo palestino como para el israelí.

La Plataforma defiende el fin de la violencia en Oriente Medio lucha por una paz con perspectiva de género, porque entiende que es el único camino para alcanzar la auténtica reconciliación. La delegación que viajará a Palestina entre los días 21 y 28 de diciembre, está formada por casi 200 personas, entre artistas, personas expertas en educación para la paz, feministas y periodistas.

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