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Oaxaca: 112 Mujeres Muertas por Homicidio en el Último Año

Oaxaca, Oax., 5 junio 2007 (CIMAC).- En los últimos ocho años se han cometido en Oaxaca 487 asesinatos contra mujeres y niñas, es decir en promedio 4.8 murieron asesinadas cada mes y 60.8 cada año, sostiene el Informe Ciudadano sobre la Injusticia contra Mujeres realizado por el Colectivo Huaxyacac y la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas "1 de agosto" (Como).

Los organismos de la sociedad civil que presentaron el informe detallan que entre mayo de 2006 y marzo de 2007 fueron asesinadas 47 oaxaqueñas, además otras 19 murieron atropelladas en las calles y carreteras de la zona conurbada a esta capital, datos que son resultado de un minucioso recuento hemerográfico, explicaron.

Otras 19 más murieron a consecuencia de volcaduras, el más dramático caso sucedió en enero pasado en Huautla de Jiménez, cuando un viejo autobús de transporte se volcó y cobró la vida de 11 mujeres. Otras siete fallecieron en choques y 10 más perdieron la vida en accidentes dentro de la casa, el trabajo o en zonas cercanas a sus viviendas.

El recuento hemerográfico estableció que 10 mujeres se quitaron la vida entre mayo de 2006 y marzo de este año. A diferencia de los hombres, las mujeres habrían tomado esa determinación por problemas relacionados con la violencia que ejercían contra ellas sus parejas o padres. En la mayoría de los casos las mujeres se envenenaron, en cuatro se ahorcaron y sólo una se dio un disparo de arma de fuego.

En suma, en el último año, 112 mujeres murieron en homicidios dolosos y culposos en Oaxaca. El recuento del Informe Ciudadano comprende los meses de mayo a mayo últimos, mes en que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer cumplió dos años de inoperancia ante los graves fenómenos de la violencia feminicida y el feminicidio en la entidad.

LAS ARMAS ASESINAS

De este recuento, el Informe Ciudadano indica que con relación a los crímenes cometidos contra las mujeres destaca que fueron sacrificadas con pistolas calibre 22, 38 y hasta en una ocasión una AK-47, además de cuchillos, picahielos y machetes, así como los golpes y la asfixia con las manos.

En 10 de los casos fue su pareja quien las mató. Aunque también en un importante número de casos estuvieron involucrados otros familiares varones, como sobrinos o primos políticos. Otras fueron asesinadas por sus vecinos, así como personas que se presume no eran conocidas por la víctima.

El documento establece que en la región de los Valles Centrales se concentra el mayor número de delitos contra las mujeres. Seguido de la región del Istmo, la Sierra Sur, Papalopan y la Mixteca.

El otro grave problema de violencia feminicida que reportan los diarios es la violencia sexual. El Colectivo Huaxyacac y la Como sostienen que en Oaxaca los diarios locales reportaron al menos un caso de violencia sexual cada tercer día. Los victimarios son padres, padrastros, hermanos mayores, vecinos, tíos, primos e hijos, esposos y ex novios; también hay empleadores, prestadores de servicios como médicos y taxistas, así como policías, maestros, marinos y militares.

Incluso, el informe cita un boletín de prensa de los Servicios de Salud de Oaxaca, del 10 de mayo pasado, donde señala que el promedio anual de atención a casos de agresiones en general contra las mujeres es de mil 300 casos. La misma dependencia apunta que se contabilizaron en 2004 "alrededor de 700 abusos sexuales, mientras que en 2006 la cifra ascendió a 950 y en lo que va de este año ya se tienen detectados mil 300".

Sobre las mujeres y niñas desaparecidas, en el mismo periodo, los diarios locales El Imparcial y Noticias reportaron 43. "Son además de interés algunos casos, como el de Verónica Alfaro López, de 19 años, quien desapareció el 13 de agosto cuando iba a denunciar a su esposo por violencia, según información proporcionada por su mamá.

En siete, la desaparición estaría relacionada con su trabajo, como sucede con el caso de Eloína Zárate Ventura, quien desapareció en julio pasado cuando realizaba su trabajo para la empresa Coppel. Tres mujeres se comunicaron con sus respectivas familias por teléfono para informarles que habían encontrado trabajo fuera de la ciudad, dos irían a Puebla y una al municipio de Juquila, pero nunca más retornaron.

Las organizaciones no gubernamentales pidieron por ello la destitución de la Fiscal, Aída Gómez Piñón, y del procurador, Evencio Nicolás Martínez, y cuestionaron la actuación de instancias como el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el Congreso local, que nada hacen contra el grave problema de la violencia de género. (Soledad Jarquín Edgar/corresponsal, Cimac)

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En Memoria de Víctimas de Sida, Marcha del Silencio

México, DF., 4 de junio 2007 (Notiese).- Según la Secretaría de Salud, son más de 60 mil personas las que han fallecido de SIDA desde que comenzó la epidemia en México, a mediados de la década de los años 80. Por eso el 2 de junio se realizó la XX Marcha del silencio en memoria de las personas que murieron por esta causa. Con velas, mantas y lectura de los nombres de estas personas que durante el último año perdieron la vida, las y los manifestantes recorrieron las calles de Juárez e Hidalgo para después encaminarse hasta el Zócalo.

Los manifestantes consideraron de suma importancia que se dé continuidad a campañas contra el estigma y la discriminación hacia quienes viven con VIH/SIDA, así como aquellas campañas en contra de la homofobia, tanto al interior de las instituciones públicas como en la sociedad en general.

Asistieron el actor y cantante Pedro Kominic, algunos funcionarios y funcionarias de diversas instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del DF, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida).

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Débiles y Forzados, Argumentos de CNDH y PGR: Expertos

México DF, 4 junio 2007 (CIMAC).- La concepción de género del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está muy rezagada, no tiene una visión de equidad e igualdad, por el contrario sus argumentos son muy agresivos en contra de la mujer, en el fondo lo que subyace es una misoginia y desprecio por las mujeres, aseguró el diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo.

Es muy delicado, subrayó, que el encargado de defender los derechos humanos señale en la acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de las reformas al Código Penal sobre la interrupción del embarazo, que no encuentran en qué manera la reforma fortalece o reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Díaz Cuervo declaró a Cimacnoticias, al término de la reunión que sostuvieron legisladores con abogados encargados de contestar la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH y la PGR, que Soberanes Fernández no entiende nada sobre el tema que está impugnando ante el máximo tribunal de la nación.

"Querer poner en el mismo nivel los derechos a la paternidad de los hombres, con el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, es muestra de un profundo desconocimiento de las leyes".

El legislador de Alternativa explicó que Soberanes está diciendo que "si un hombre quiere ser padre, aunque la mujer no quiera, se amuela la mujer y se aguanta, eso es insultante".

Los hombres tenemos formas de cuidarnos sobre la paternidad, declaró Jorge Carlos Díaz., pero "me parece que ningún hombre por más ganas que tengan de ser padre, tiene derecho a obligar a una mujer a que tenga su hijo. Si una mujer no quiere tener a su hijo, nadie puede ni debe obligarla".

Luego, los abogados coincidieron en señalar que los argumentos presentados por la CNDH y la PGR son débiles y forzados, no interpretan la ley, sino que la manipulan al tratar de sostener que las reformas que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) son inconstitucionales.

Comentaron que en la demanda hay una notoria supresión de los derechos de las mujeres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República confunden el bien tutelar con el de las personas.

DEFENSA, EJES

En su momento, el doctor Raúl Carrancá y Rivas informó que la defensa girará en torno a tres ejes: uno, demostrar que la ALDF tiene facultades para legislar en las materias penal y de salud; dos, que el jefe de Gobierno tiene autoridad para publicar lo acordado por la Asamblea Legislativa y; tres, que la reforma no contradice a la Constitución, debido a que en ningún artículo ha encontrado nada alusivo a la vida intrauterina.

El constitucionalista destacó que la CNDH pretende tender un puente de acción entre los tratados internacionales y la Constitución, mas le recordó que los tratados internacionales no pueden estar por encima de nuestra Constitución, sino en un segundo lugar.

A su vez, el abogado Pedro Salazar informó que "hemos convenido en llevar el litigio con responsabilidad y basar la defensa en lo jurídico y no en lo político". Agregó que durante la reunión, los representantes legales de la ALDF acordaron no cobrar honorarios, toda vez que el servicio responde a sus convicciones, a nuestra tradición ideológica y a nuestra calidad de estudios del derecho.

Aludió que la Asamblea Legislativa aprobó con fundamento jurídico (por mayoría) las reformas al Código Penal y las adiciones a la Ley de Salud del Distrito Federal con relación a la interrupción del aborto, por lo que consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontrará argumentos suficientes para aceptarlas y dictaminar a favor de ese órgano legislativo.

"Vemos por un lado que las reformas realizadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal responden a una gran parte de las garantías individuales de las mujeres del país", resaltó Pedro Salazar al conminar a la ciudadanía a no escandalizarse por las acciones de inconstitucionalidad de la PGR y de la CNDH, toda vez que ese mismo fenómeno sucede en todos los países donde se ha aprobado la despenalización del aborto.

Para el doctor Pedro Morales en las acciones de inconstitucionalidad, interpuestas por la CNDH y la PGR, no existen los derechos de las mujeres, y únicamente se les concibe como instrumentos reproductivos, pese a que sus derechos están reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.

Por último, el coordinador de la coalición Socialdemócrata, Jorge Díaz Cuervo, se pronunció porque los funcionarios públicos no atiendan problemas políticos, sino privilegiar los derechos de las y los mexicanos, en el entendido que legalizar el aborto evitará cientos de miles de muerte de mujeres.

Cabe mencionar que a la reunión de trabajo asistieron los abogados, Pedro Salazar, Lorenzo Córdova, Pedro Morales, Alejandro Madrazo Lajous, Eduardo Andrade, Raúl Carrancá y Rivas, Juan Antonio Parcero; así como los diputados Víctor Hugo Círigo, Tonatiuh González Case y Jorge C. Díaz Cuervo, siendo los grandes ausentes Jorge Carpizo y Diego Valadés. (María de la Luz Tesoro, Cimac)


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Legisladores Presentan Recurso contra el IMSS por negar Interrupción Legal del Embarazo

México DF, 1 junio 2007 (CIMAC).- Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Alternativa
presentaron un recurso administrativo contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por negarse a practicar a derechohabientes interrupciones del embarazo voluntario hasta las 12 semanas de gestación.

También porque es la única institución federal que emitió un oficio circular del director jurídico, en el que prohíbe a los médicos la práctica del aborto.

"No existe ningún impedimento jurídico para que en el IMSS practiquen abortos; una cosa es que el Seguro Social no quiera prestar ese servicio a sus mujeres derechohabientes y, otra que no puedan. Cobardemente encubren sus verdaderas intenciones (bloquear y boicotear) la reforma sobre la interrupción del embarazo, aseguraron los diputados.

Luego de entregar el recurso administrativo al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Tonatiuh González Case y Jorge C. Díaz Cuervo, informaron que en un plazo de tres a cuatro meses esperan que el tribunal dé una resolución favorable a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), para que las mujeres derechohabientes puedan ejercer su derecho que la ley les reconoce, y que ninguna autoridad administrativa tiene facultad para coartarlo.

Los legisladores capitalinos sostuvieron que el director general jurídico del Seguro Social no tiene facultades para instruir al personal médico a negar el servicio de la interrupción del embarazo, porque va en contra de la Constitución, de la Ley de Salud y de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

"Un médico no pude negarse a prestar ese servicio, salvo por la objeción de conciencia, pero no porque se lo ordenen un funcionario administrativo. En el Distrito Federal a ningún doctor se le puede consignar, enjuiciar o meter a la cárcel por practicar abortos, sean estos privados o servidor público federal o local", subrayaron los diputados de la Asamblea Legislativa.


Círigo Vásquez, Díaz Cuervo y González Case enfatizaron que con dicho recurso esperan dar marcha atrás a una decisión administrativa incorrecta, injusta, que viola y desconoce el derecho que ya la Asamblea Legislativa ha reconocido a las mujeres de la Ciudad de México.

Los representantes de las fracciones parlamentarias del PRD, PRI y Alternativa coincidieron en informar que el director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, actúa bajo instrucción del Ejecutivo federal, quien está desconociendo al Estado laico. Aseguraron que nadie en el Distrito Federal está impedido a practicar un aborto, ningún médico sea servidor público federal o privado.

Además asentaron que cualquier mujer derechohabiente del IMSS a quien le sea negado el servicio puede demandar a la dependencia, puede recurrir a la vía del amparo o entablar un juicio contencioso administrativo contra el Seguro Social.

Para concluir, Jorge C. Díaz Cuervo declaró que la normatividad del IMSS y del ISSSTE es muy clara para los asambleístas, como también lo es el que dichas dependencias de salud federales no pueden actuar al margen de las leyes: del Código Penal del Distrito Federal, la Ley de Salud, la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. (María de la Luz Tesoro, Cimac)


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Muere Asesinada una Mujer en Oaxaca, cada Seis Días

Oaxaca, Oax. 31 mayo 2007 (CIMAC).- En Oaxaca una mujer es asesinada cada seis días, una más muere a la semana por causas relacionadas a la maternidad y otras mil han sido violentadas sexualmente cada año, señalan las cifras del Informe Ciudadano sobre la Injusticia contra las Mujeres, cuyos resultados serán presentados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En rueda de prensa, ocho mujeres del movimiento pro derechos de las oaxaqueñas presentaron el informe, con los resultados de todas las formas de violencia que se ejercen en Oaxaca, las cuales tienen un alto costo social en cientos de muertes, fenómeno al que llamaron un crimen de estado.

La rueda de prensa inició con un recuento que ejemplifica los dramáticos casos de violencia feminicida y feminicidio contra mujeres oaxaqueñas, como el asesinato de María Luisa en 2004, la violación de una joven con capacidades diferentes y la negación a su derecho al aborto en ese mismo año, la violación de una niña de 10 años en 2006 y que ahora está embarazada.

El feminicidio es un crimen de Estado y en Oaxaca hay feminicidio, denunció Ana María Hernández Cárdenas, representante en Oaxaca de Consorcio para el Diálogo Parlamentario; en tanto que Yéssica Sánchez Maya, presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), llamó a no votar por el PRI en los próximos comicios.

Un ejemplo de una realidad social, donde la falta de políticas públicas con perspectiva de género se refleja dramáticamente en la vida de las mujeres. La violencia misógina se ejerce "contra las mujeres por ser mujeres ubicadas en relaciones de desigualdad de género: opresión, exclusión, subordinación, discriminación, explotación y marginación", señala el Informe sobre Violencia Feminicida en Oaxaca.

Las mujeres carecen de valor social dentro de la familia, la comunidad y las instituciones responsables de su atención, sostiene el informe, donde se plantea que "no descansarán hasta obtener una respuesta a las demandas justas de no más violencia feminicida en Oaxaca, no más asesinatos de mujeres, desapariciones, represión, violencia sexual, no más muertes por causas de salud evitables".

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS

En un largo recuento el informe documenta casos como la detención ilegal de Isabel Almaráz en 2002, por su no comprobada vinculación con el EPR; el asesinato de Guadalupe Salinas, la candidata perredista y la impunidad para su asesino el ex alcalde priista de San José Estancia Grande, Cándido Palacios…

Habla de otras mujeres cuya vida cambió a raíz de la represión contra activistas como Aline Castellanos, a quien se acusa de un delito que no cometió, o las presas Romualda Lourdes San Juan, Aurora Ruiz García, Edith Coca Soriana, con otras 35 mujeres, que fueron privadas ilegalmente de su libertad el 25 de noviembre de 2006 por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Se trata -dijeron- de la violencia institucional de la omisión, de la negligencia, de la discriminación y del ejercicio corrupto e injusto del poder; de la violencia que ejercen sus parejas, algún integrante de su familia, sin que las instituciones den respuestas eficaces a este grave problema social.

QUE RENUNCIEN

Por ello, exigieron la destitución de la titular de la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Mujer, creada el 25 de mayo del 2005, Aída Gómez Piñón, por su ineficiencia y falta de formación, por su poca sensibilidad y magros resultados en la lucha contra la violencia que viven las mujeres oaxaqueñas, así como del procurador de Justicia, Evencio Nicolás Martínez.

El Colectivo Huaxyacac y la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (Como) denunció la colusión del Instituto de la Mujer Oaxaqueña por permitir la impunidad y la falta de atención del problema, simulando políticas públicas y presupuestos inexistentes en la práctica, gastando cuantiosos recursos en campañas ampliamente criticadas y en supuestas capacitaciones a funcionarios que continúan con su ineficiencia.

También denunciaron al Congreso local, que durante toda su gestión no ha realizado una revisión seria del marco legal, ni las reformas necesarias para tener una legislación adecuada, incumpliendo con el mandato ciudadano que tiene cada diputada y diputado.

Por servir, expresaron, más a sus intereses personales, partidistas y del gobernador priista en turno, que a la seguridad de las oaxaqueñas. "Lo que sí hicieron fue convocar a fuerzas federales para reprimir, criminalizar la protesta social y acallar las voces de una demanda justa y legítima, lo que trajo como resultado las graves violaciones a los derechos humanos que impactó a un número significativo de mujeres".

AUDIENCIA EN LA CIDH

A los medios de comunicación, las organizaciones que integran el Huaxyacac y la Como pidieron que la información relacionada con la violencia feminicida sea colocada en la sección política, sacada de la sección policíaca y deje de tener un enfoque amarillista, que denigra la dignidad de las mujeres y la propia ética profesional de informadores y medios.

También demandaron "la urgencia de establecer un observatorio ciudadano e independiente", que tenga como tarea dar seguimiento al actuar del Estado frente a la violencia contra las mujeres y a la aplicación de la ley estatal y federal, así como de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belem do Pará, que obligados a cumplir los poderes del Estado.

Tras anunciar que pedirán una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar la realidad de las mujeres oaxaqueñas, hicieron un llamado a ejercer un voto de castigo contra el PRI y de sus candidatas y candidatos.

Especialmente nos manifestamos, dijeron, en contra de Jorge Franco, Lizbeth Caña Cadeza, Lino Celaya Luría, directos responsables de la impunidad de la violencia contra las mujeres, sin autoridad moral para llegar al Congreso del estado. (Soledad Jarquín Edgar/corresponsal, Cimac)


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Presenta PRD demanda Administrativa contra Soberanes

México DF, 30 de mayo 2007 (CIMAC).- La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados presentó, ante los órganos internos de vigilancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR), una demanda administrativa por el mal desempeño de las funciones de sus titulares.

En el caso del Ombudsman pide la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debido a que violó los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que rigen la función pública.

La diputadas federales del PRD, Alliet Bautista Bravo y Aleida Alavéz Ruiz, sostuvieron que de proceder la demanda administrativa en contra del Ombudsman nacional se haría acreedor a una amonestación privada o pública; a la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor a tres días, ni mayor a un año; así como a la destitución del puesto; sanción económica o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

En la presentación de hechos, las legisladoras señalan que a partir de que inició el conflicto social en el estado de Oaxaca, en mayo de 2006, la CNDH ha recibido 1343 quejas por violaciones a los derechos de libertad de expresión, de información, a la integridad física y psicológica, a la propiedad, la legalidad y seguridad jurídica, la seguridad pública, la vida y a la educación.

Continúan que el pasado 26 de abril el periódico Excélsior publicó un reportaje en el que señala que el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, adelantó a la Secretaría de Gobernación el Informe Especial sobre Oaxaca para que lo conociera y le hiciera llegar sus comentarios, nueve días antes de presentarlo ante legisladores y medios de comunicación.

Asimismo, comentan que en la nota se señala que el titular de la CNDH proporcionó información que en ese momento era confidencial, a efecto de que los titulares de las Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública hicieran las observaciones pertinentes, pese a que el Artículo 102, Apartado b de la Constitución señala que dicho organismo cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios.

También indica que la CNDH tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que amparan el orden jurídico mexicano.

Las legisladoras Alavéz Ruiz y Alliet Bautista consideraron que la conducta
descrita por el presidente de la CNDH es constitutiva de responsabilidad administrativa, que el órgano interno de control de la misma deberá determinar y sancionar.

ADMISIÓN DEL RECURSO

Por otra parte, tras de considerar que existe identidad de las normas generales impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, y con fundamento a lo dispuesto por el Artículo 69, primer párrafo de la Ley reglamentaria en la materia, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano dio entrada al recurso de controversia.

Explica que en su acción de inconstitucionalidad, el presidente de la CNDH solicita la declaración de invalidez de: "Reforma a los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el Distrito Federal, la adición del tercer párrafo al artículo 16 Bis 6 y la adición del artículo 16 Bis 8, a la Ley de Salud para el Distrito Federal, realizadas mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de abril de 2007… la invalidez extensiva del artículo 148 del Código Penal para el Distrito Federal y del artículo 16 Bis 7 de la Ley de Salud para el Distrito Federal".

En cuanto a la acción de inconstitucionalita promovida por la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el viernes 25 presente mes, en contra del decreto de reformas y adiciones a diversos artículos del Código Penal y a la Ley de Salud, ambos del Distrito Federal, la presidencia del Alto Tribunal la turnó al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en virtud de que tiene "conexidad con la acción presentada por la CNDH, debido a que las dos demandas impugnan el mismo decreto". (María de la Luz Tesoro, Cimac)


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Un error, recurso de Soberanes contra Despenalización de Aborto

México, 28 de mayo 2007 (CIMAC).- El recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Ley que despenaliza el aborto es un error político y demuestra un menosprecio absoluto a los derechos de las mujeres de parte del Ombudsman, José Luis Soberanes, consideró hoy Marta Lamas, en el marco del Día Internacional por la Salud de las Mujeres.

Durante el reconocimiento que este día organizaciones civiles con trabajo en derechos sexuales y reproductivos y feministas hicieron al secretario de Salud del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb, la antropóloga y feminista señaló que este recurso de la CNDH es una arbitrariedad, ya que pasa por encima de lo ya planteado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Para Lamas, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), esta acción de la CNDH "sigue la política federal panista" y lamentó que José Luis Soberanes esté más interesado en las "grillas políticas" que en defender los derechos humanos de las mujeres.

"A mí me parece que es absolutamente improcedente y me parece que es una pena que en vez de tener un Ombudsman preocupado por los derechos de las mujeres tengamos a uno interesado en grillas políticas".

Aunque la feminista señaló que legalmente la CNDH puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, dijo que constituye una falta de tino y de respeto a la soberanía del Distrito Federal por parte de Soberanes Fernández.

INDIGNADAS, NO PREOCUPADAS

Marta Lamas enfatizó que el Comité por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal está indignado por esta acción de la CNDH, pero no preocupado y expresó su confianza en que los ministros de la SCJN deliberarán "con criterios modernos, informados" y respetando los tratados internacionales de derechos humanos signados en la materia.

"Me indigna que hayan metido este recurso, pero no estoy alarmada, o no estamos alarmadas las organizaciones que somos parte del Comité, porque ha habido muchos conflictos en torno a si es constitucional o no y casi siempre se han resuelto respetando los derechos de las mujeres".

Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud capitalina, Manuel Mondragón, advirtió que "sería una gran infortuna que se tuviera que rectificar esta posición" y dijo "confiar plenamente" en que la decisión de la SCJN sea a favor de los derechos de las mujeres.

"Pero mientras la decisión se toma, la operación que se ha iniciado seguirá tal cual, que no quede duda, no hay cambios, las mujeres que estén en esas condiciones (de solicitar una ILE) pueden recurrir a nosotros".

MOVILIZACIONES NO, ACCIONES

La feminista Marta Lamas anunció que en junio las organizaciones civiles iniciarán una campaña informativa sobre la nueva opción para las mujeres del Distrito Federal para interrumpir legalmente un embarazo.

La campaña consistirá en spots en radio, carteles en el servicio de transporte público y folletos informativos, donde se plantearán todos los pasos para la interrupción legal del embarazo.

"Esta será nuestra respuesta, más que movilizaciones necesitamos tener información y que las mujeres aprovechen ahora que la ley sigue vigente".

RECONOCIMIENTO

Manuel Mondragón y Kalb recibió hoy un reconocimiento por parte de organizaciones civiles y feministas por su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y su apoyo a la Ley que despenaliza el aborto las primeras 12 semanas de gestación, pese a la presión de grupos fundamentalistas para echar atrás la norma.

El reconocimiento fue otorgado en la Casa Lamm por la feminista Marta
Lamas, de GIRE, y por Sandra García, del Population Council. (Lourdes Godínez Leal, Cimac)


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Castaños: Pretende Juez otro Peritaje Psicológico a Víctimas

Monclova, Coah., 28 de mayo 2007 (CIMAC).- La representación legal de las mujeres violadas por militares en el municipio de Castaños rechazó la solicitud del juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, de efectuar un cuarto peritaje psicológico a las afectadas, por considerar que viola sus garantías individuales, por lo que hoy o mañana interpondrá el recurso de amparo.

La decisión del juez Huerta, a solicitud de la defensa de los ocho soldados detenidos en el penal de Monclova, fue calificada como violatoria a las garantías individuales de las mujeres, señalaron en entrevista las abogadas Sandra de Luna y Martha Castillón, quienes afirmaron que se pone en riesgo la salud emocional de las mujeres.

De Luna, coadyuvante del caso, junto con la abogada María Elena Castillo, explicó que hay inconformidad entre las afectadas, "incluso la noticia les ha provocado detrimento emocional", porque el juez ha ordenado que se aplique un nuevo examen psicológico con un perito nombrado por la defensa de los ocho soldados acusados de haber cometido la violación sexual el pasado 11 de julio en la zona de tolerancia de Castaños.

La abogada, también presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Familiar (Coprovi), dijo que ya existen tres dictámenes psicológicos practicados a las mujeres: uno efectuado por el Ministerio Público, un segundo del propio Coprovi y un tercero que ordenó realizar el juez Huerta, "todos coincidentes del daño emocional severo que sufrieron estas mujeres como resultado de la agresión sexual".

De acuerdo con lo ordenado por el juez, las pruebas psicológicas a las denunciantes tendrían que iniciar el próximo 30 de mayo pero, aun cuando el amparo no se nos concediera, no vamos a permitir que esto se repita y sí presentaremos una queja contra el juez por violar las garantías de las afectadas.

De antemano sabemos que al pagar los abogados defensores, "el peritaje no saldría a favor de ellas. Lo que quieren argumentar es que ellas están mintiendo o no están bien de sus facultades mentales, cosas que nosotras no vamos a permitir".

La audiencia final del juicio contra los ocho soldados detenidos inició este lunes y se prevé que concluirá en 10 días más, de acuerdo con las fechas que fijó el juez para desahogar las pruebas pendientes, como la declaración de una de las víctimas, quien dio a luz recientemente a una niña producto de la violación, por lo que sus declaraciones quedaron pendientes de realizar en los anteriores procesos.

Durante la audiencia final, se entregarán al juez documentos firmados "de puño y letra" de las dos víctimas que se retractaron en marzo pasado, entre los que se encuentra un documento presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitando su intervención. Así como la declaración testimonial de la persona que realizó curaciones a otra de las víctimas de violación y quien aseguró en marzo pasado que ella no había sido atacada por militares la madrugada del 11 de julio.

CONFÍAN EN LA JUSTICIA

Sandra de los Santos apuntó que la sentencia podría conocerse en los últimos días de junio próximo y "aún cuando el 11 de julio fue un día negro en la vida de las mujeres afectadas, esperan convertir esa fecha en una fiesta nacional, porque por primera vez en el país serían castigados un grupo de militares acusados de cometer una violación sexual contra mujeres".

Por otra parte, la abogada Martha Castillón aseguró que si las víctimas de violación sexual fueran de nueva cuenta intimidadas o amenazadas en la etapa final de juicio contra los soldados, se interpondrán las denuncias correspondientes cuántas veces sean necesarias.

Lo anterior, añadió, pese a que han pasado por distintos tipo de presión desde que inició el proceso, como la compra de su silencio por parte de familiares de los soldados, ofreciéndoles dinero y ante su negativa las amenazaron en varias ocasiones, incluso en sus propios domicilios.

Otra de las tácticas usadas fue la de enviar personas a los salones El Pérsico y Las Playas, como si fueran clientes, para tratar de intimidarlas. También, algunas otras fueron seguidas por vehículos que se estacionaban por largo rato frente a sus casas.

Indicó que 11 mujeres mantienen en pie sus dichos en contra de los ocho soldados del 14 Regimiento Motorizado destacamentado en Múzquiz y confían en que el juez dará una sentencia condenatoria y que haya justicia para ellas. (Soledad Jarquín Edgar/enviada, Cimac)

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