Propone senadora Corichi bloquear sitios de pornografía infantil

-- Por convenio entre SCT y PGR con operadores de Internet

México DF, 30 abril 2009 (CIMAC).- Claudia S. Corichi García, senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso un punto de acuerdo para que la Cámara Alta exhorte al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, a realizar un convenio con los operadores de Internet para bloquear sitios de pornografía infantil.

La propuesta surge a raíz de la detención de siete integrantes de una red nacional, con ligas internacionales, dedicada a la distribución y venta de pornografía infantil en Internet. Entre los detenidos se encuentran un empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), que incluso ocupaba el equipo de cómputo de la Cancillería para realizar sus actividades ilícitas, y un sacerdote católico.

En su exposición, la legisladora señala que el tema es urgente, máxime cuando la organización internacional End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) indica, en el informe global de monitoreo de las acciones en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes realizado en la Ciudad de México, que nuestro país es considerado el segundo en el mundo con mayor producción de pornografía infantil.

Asimismo, advierte, la pornografía infantil es un problema de dimensión internacional, que ha transformado las pautas de producción y difusión de este tipo de material. La irrupción de medios tecnológicos de escaso coste al alcance de la población ha amplificado el problema; el video casero e Internet han convertido la pornografía infantil en una "sofisticada industria casera" al alcance de muchos.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia (UNCRC), ratificada por la mayoría de los Estados, califica la pornografía infantil como una violación de los derechos de las niñas y niños y exige a las naciones que participen en la convención internacional y adopten medidas para prevenir la explotación infantil en materiales pornográficos.

MÉXICO DEBE IMITAR ESFUERZOS INTERNACIONALES

El 20 de abril, representantes de los países europeos y varias organizaciones aprobaron la Declaración de Praga para reforzar la cooperación internacional sobre la seguridad en Internet.

La declaración simboliza una nueva actitud para combatir las actividades ilegales en Internet y la propagación de pornografía infantil. La declaración fue rubricada por representantes de la Interpol y la Europol, así como por proveedores de Internet, operadores de telefonía móvil y organizaciones no gubernamentales; además de los estados miembros de la Unión Europea, Noruega y Suiza también apoyaron la declaración.

El pasado 17 de abril de 2009, la Oficina Federal de Policía Criminal de la República Alemana, firmó acuerdos con los cinco proveedores de servicio de Internet más importantes de Alemania para impedir que sus clientes tengan acceso a páginas con pornografía infantil.

En concreto, se quiere comprometer a los proveedores alemanes de conexión a Internet a que obstaculicen el acceso a páginas de pornografía infantil.

Asimismo se planea crear una oficina de información y quejas a la que serían desviados automáticamente quienes intenten ingresar en una página pornográfica en la red.

México no puede quedar al margen de estos esfuerzos, señaló la senadora Corichi, es necesario que la SCT y la PGR firmen acuerdos con los principales proveedores de Internet en nuestro país, para bloquear las páginas web con contenidos de pornografía infantil, y desviar a quienes consulten esas páginas a un sitio policial para su investigación.

Pero además, agregó, el acto de bloquear una página virtual no es oneroso y técnicamente hablando no supone problema alguno para las compañías proveedoras.

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Madres de víctimas de feminicidio testimoniaron ante la CoIDH

-- El fallo, hasta noviembre

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Nancy Betán).- Con los testimonios de las madres de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, asesinadas en Ciudad, Chihuahua, y cuyos restos aparecieron en un terreno conocido como Campo Algodonero en noviembre de 2001, se desarrolló en Santiago de Chile ayer y hoy el primer juicio contra el Estado mexicano por los crímenes contra mujeres en la entidad, que suman ya más de 400 casos.

Este que es el primer caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoID) sobre feminicidio y es también la primera vez que las autoridades del Estado mexicano se ven obligadas a responder por su actuación judicial ante el fenómeno del feminicidio que ha hecho tristemente célebre a Chihuahua.

El caso llegó a la Corte luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandara a México ante esta instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), por su "responsabilidad internacional por la presunta falta de medidas de protección a las víctimas" y por su "falta de prevención de los delitos".

En las oficinas del ex Congreso chileno, lugar donde sesiona estos días la CoIDH, rindieron su testimonio las señoras Irma Monreal Jaime, madre de Esmeralda; Josefina González Rodríguez, madre de Claudia Ivette, y Benita Monárrez, madre de Laura Berenice, mientras afuera del recinto había decenas de personas que pretendían asistir a la histórica sesión.

Monárrez, al rendir su testimonio, acusó (ante medios nacionales e internacionales) a funcionarios de ejecutar esos crímenes y al Estado mexicano de encubrir a los culpables. Pensamos, dijo que los responsables de estos hechos son “personas que están dentro del Gobierno", que sobornan a las autoridades para que los encubran. a cambio de que estas encubran sus hechos.

Por su parte, Josefina González dijo: “Este juicio nos debe dar la razón. El Estado nunca se ha acercado, siempre ha actuado con mucha hipocresía y no ha cambiado nada. Creo que nunca va a cambiar nada si la Corte no nos ayuda en nombre de todas las mujeres de México".

RAZONES DEL ESTADO

Por parte del Estado mexicano, la fiscal Patricia González refutó cada uno de los cargos y declaró a los medios que se iba de la Corte “con una decisión de satisfacción por haber representado al Estado mexicano y su incansable trabajo por cambiar la lógica sobre los temas de género y asesinato de mujeres en mi país".
Aseguró también que estaban dispuestos a resarcir el daño a los familiares de las mujeres asesinadas y negó lo dicho por ellas de que no se les dio ayuda y apoyo.

Se escuchó también la voz de Rodrigo Caballero Rodríguez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Investigación de Homicidios de Chihuahua, y de la especialista en genética forense Silvia Sepúlveda, de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esa entidad. Y asistió también como invitada del Estado mexicano la magistrada Rosa Jurado Contreras, del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.

Caballero Rodríguez aseguró a la Corte alegó desde 2005 las investigaciones se diferenciaron de las realizadas en años anteriores, pero reconoció que todavía no se dictan acciones penales contra presuntos responsables y mencionó a dos hombres que seguramente están involucrados en estos casos de feminicidio.

De acuerdo con algunas agencias, la exposición del funcionario mexicano “fue débil y cayó en continuas inconsistencias y contradicciones”, mientras que Sepúlveda se limitó a aspectos “estrictamente metodológicos y no entró en el fondo del asunto”.

Por su parte, de acuerdo con Notimex, la agencia del Estado mexicano, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Negrín, negó hoy aquí que exista impunidad en el caso del asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, ocurrido en 2001.

"Desde la posición del Estado lo más importante es mostrar que no existe impunidad en este caso", subrayó el funcionario. "El Estado presentó en la audiencia todos las medidas institucionales, de políticas públicas, y legislativas que viene realizando para prevenir la violencia contra la mujer", dijo.

Sin embargo, para el abogado Ariel Dulitzky, quien asesora a la defensa de las víctimas, los argumentos del Estado son inválidos. “El Estado mexicano volvió a entregar palabras y promesas vacías", dijo. Y afirmó, como lo han denunciado las madres de las víctimas, que "el gobierno mexicano ha estado tras las constantes amenazas a las valientes madres de estas víctimas".

Agregó que esperan que la Corte aproveche esta "oportunidad histórica" para reparar el daño moral y material que se ha causado a las víctimas y "siente un precedente de cómo debe tratarse la violencia contra las mujeres en Latinoamérica".

Por su parte, Sonia Torres, portavoz del equipo de abogados que defiende a los familiares de las víctimas, dijo a EFE que el testimonio de las madres "es parte de la reparación, porque en México no han tenido la oportunidad de expresarse ante un tribunal".

Según la agencia Apro, la señora Monárrez afirmó al término de la audiencia que nada ha cambiado en los últimos tiempos en relación con establecer la verdad y la justicia respecto de lo sucedido con su hija. "Sigue siendo lo mismo, siguen perdiéndose jóvenes… forman grupos de trabajo que dicen que trabajan pero no hacen nada".

La CoIDH abrirá un plazo de 20 días para que las partes presenten nuevos alegatos y posteriormente emitirá su sentencia final en noviembre próximo.

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Iniciativa contra ILE en Campeche, sólo para ganar votos

-- ¿Qué compromisos tenían?, pregunta diputada del PRD

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC).- La diputada María del Carmen Pérez López, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció que en Campeche los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (PRI-PAN) aprobaron la semana pasada la iniciativa para otorgar derechos jurídicos al producto desde la concepción, criminalizando con ello la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con el único objetivo de beneficiarse del voto ciudadano, con mira a las elecciones del 5 de julio.

Información de la corresponsal de Cimacnoticias Argentina Casanova precisa que el 23 de abril, día en que el Congreso del estado aprobó por amplia mayoría, con sólo dos votos en contra (del PRD), el dictamen que reforma el Artículo Sexto de la Constitución Política del estado de Campeche, y promovido por el Poder Ejecutivo del Estado la perredista María del Carmen Pérez López, fue la única que lo interpeló.

La reforma establece: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida; este derecho estará protegido por la ley desde el momento de la fecundación o concepción hasta su muerte natural, con las salvedades ya previstas en la legislación ordinaria”.

María del Carmen Pérez López, sentenció desde la tribuna: “En el PRD estamos en desacuerdo que se haya aprobado en “fast track”, esta iniciativa. ¿Por qué adicionar y hacer una iniciativa tan precipitada?, cuando las y los legisladores no debemos de actuar de manera irresponsable. Tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, y mucho menos actuar bajo presión”.

Me parece que si bien este tema es tan controvertido, este Congreso tendría que haber realizado foros para debatirlo antes de su aprobación, y no nada más ratificarlo de esta manera, ya que estamos en pleno proceso electoral, agregó la legisladora.

“Estamos en plenas campañas y esto será utilizado por el PRI y el PAN, para salir beneficiados con el voto ciudadano; ¿o qué compromisos tenían para que el 7 de abril se presentara la iniciativa de Ley?, con su actuar vemos claramente cómo se agrupan, ¿para qué?, pues para beneficiarse del voto ciudadano y eso no es correcto”, concluyó.

El Congreso campechano se encuentra conformado por una mayoría de legisladoras y legisladores del Revolucionario Institucional con 16 curules, le sigue el PAN, con 13; el Partido de la Revolución Democrática con 3 legisladores (PRD), el Partido Convergencia con 2 y finalmente el Partido Nueva Alianza con un sólo legislador.

Así, al momento del debate, al interior del Congreso campechano únicamente alzaron la voz a favor de los derechos humanos de las mujeres y su derecho a decidir María del Carmen Pérez López y Luis Eduardo Vera Vera, del PRD, demandando que tal propuesta requería la realización de foros y debates para considerar la protección a todas las mujeres que en un momento dado se vea en la necesidad de realizarse un aborto antes de las 12 semanas de gestación.

En tanto, la defensa a ultranza de la iniciativa la encabezó la diputada panista Gloria Aguilar de Ita: “Vengo a esta tribuna como madre, abuela, pero sobre todo como mujer para congratularme por esta importante reforma que aprobamos, la protección del niño y la mujer desde antes de nacer, y con esto quedará claro que nadie está por encima de la vida”.

LA INICIATIVA APROBADA

La iniciativa del Poder Ejecutivo del Estado fue entregada al Congreso local el pasado 7 de abril. Menciona que debido a que la Constitución Política del Estado señala que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere desde el nacimiento y se pierde con la muerte, se consideraba solicitar la adición de un párrafo a la ley que planteara la garantía de que un individuo entre bajo la protección de la Ley desde el momento de la fecundación.

Otro de los planteamientos de la iniciativa establece que “al dar protección jurídica desde la fecundación se asegura el goce de las garantías individuales y sociales a las que tienen derecho todos los campechanos”.

La reforma aprobada considera que el Gobierno del Estado y los municipios velarán por ese derecho fundamental, especialmente en circunstancias que impliquen riesgo para la integridad física del individuo.

Luego de su aprobación el presidente de la Mesa Directiva, Humberto Javier Castro Buenfil, instruyó a la primera Secretaria, la Diputada Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos, para que esta modificación la haga del conocimiento de los Ayuntamientos del estado, a fin de que como integrantes del Poder Revisor de la Constitución local externen su decisión sobre dicha reforma.

Con esta reforma Campeche se sumó a los 10 estados donde está totalmente prohibida o condicionada la ILE, como: Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit y Quintana Roo, estados donde existen también iniciativas para aprobar la ILE antes de las 12 semanas de gestación, como sucedió en el Distrito Federal en abril de 2007.

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SOS: minan en Latinoamérica derechos sexuales y reproductivos

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC/Artemisa, Sandra Chaher).- Una durísima avanzada fundamentalista se expande sobre América Latina, especialmente América Central, desde hace tres años. Nicaragua, México y República Dominicana son los primeros países en los que los sectores conservadores están logrando minar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

La semana pasada el Parlamento de República Dominicana aprobó, en el marco de un proceso de reforma de la Constitución, un artículo que consagra que ''el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte''.

Más de 170 diputados y diputadas le dieron el visto bueno a la propuesta del Poder Ejecutivo, y sólo 30 se opusieron, pero existe aún la posibilidad de que este voto minoritario por el momento se expanda si, en una segunda lectura del proyecto, se logra el apoyo de la mitad del Congreso.

Apostando a que en la segunda instancia la medida pueda ser revertida, se conformó la Coordinación Nacional de Asistencia al Retroceso, que reúne a numerosos sectores de la sociedad civil que en estos días están intentando que sus voces trasciendan las fronteras y así lograr un apoyo que presione sobre el Poder Ejecutivo.

Si bien el aborto está prohibido en todos los casos en República Dominicana –al igual que en El Salvador, Honduras, Chile y Nicaragua--, la consagración del derecho a la vida desde la concepción en la Constitución Nacional sería un antecedente que dificultaría enormemente cualquier intento de apertura en la legislación.

MÉXICO Y NICARAGUA

México también se encuentra en estado de alerta: desde octubre del 2008, 11 estados aprobaron leyes que dan estatus jurídico al embrión al ''proteger la vida desde el momento de la fecundación o la concepción hasta su muerte natural''. Los proyectos fueron presentados por parlamentarios del Partido de Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes ya presentaron iniciativas similares en otros siete estados que serán tratadas en los próximos meses.

Esta fue la articulada y enérgica respuesta de la derecha política ante la aprobación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal de México hace exactamente 2 años (el 24 de abril del 2007).

En Nicaragua, donde el aborto terapéutico estaba permitido desde 1893, la prohibición llegó arropada con el traje del Frente Sandinista de Liberación Nacional que hizo campaña para las elecciones nacionales del 2006 incluyendo como una de sus banderas la penalización total del aborto, hasta lograr la reforma del Código Penal en junio de ese año.

Una vez en el poder, Daniel Ortega amplió su ofensiva a todas las personas y organizaciones que se opusieran a su gestión, iniciando una persecución que sigue hasta le fecha y que incluye a muchas feministas y organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.

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Jóvenes del DF tendrán anticonceptivos gratuitos e información

-- Ley garantizará su acceso

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) estableció que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) deberá garantizar para la juventud del DF la adquisición gratuita de métodos anticonceptivos efectivos, así como proporcionarles la información correspondiente, con el objetivo de que disfruten y ejerzan plenamente su sexualidad, y decidan de manera consciente y plenamente informada el momento y número de hijas e hijos que deseen tener.

El embarazo en la adolescencia es considerado un problema, ya que implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de educación y, en ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño y mortalidad infantil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como embarazo adolescente o temprano aquel que ocurre entre los 15 y los 19 años de edad.

Por ello, según información de la ALDF, la Comisión de la Juventud aprobó el pasado 24 de abril reformas a la Ley de las y los Jóvenes del DF, las cuales mandatan al Instituto de la Juventud la creación de la “Tarjeta Joven”, la cual, a través de convenios, permitirá a este sector de la población acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a espacios de entretenimiento, deportivos y a descuentos en el transporte público.

El Gobierno capitalino deberá también celebrar en la segunda semana de agosto de cada año el Festival Internacional de las Juventudes de la Ciudad de México, en que se expresarán las manifestaciones artísticas, musicales, literarias, científicas, tecnológicas, producciones cinematográficas y en general cualquier expresión cultural, en el marco de las celebración del Día Internacional de la Juventud.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) afirma que el inicio de la actividad sexual constituye una transición crucial en la vida de las mujeres jóvenes, quienes no siguen la secuencia tradicional de tener relaciones hasta después del matrimonio o unión. Los patrones del curso de vida se encuentran profundamente vinculados al lugar que ocupan las mujeres en la estructura social.

El dictamen, nacido de las iniciativas del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Jorge Romero Herrera y Miguel Ángel Errasti, del Partido Acción Nacional (PAN), busca también ofrecer condiciones para que las y los jóvenes puedan tener acceso al empleo y créditos de vivienda.

En este punto, el Instituto de Vivienda del DF promoverá sus programas entre este sector de la población, dando una correcta asesoría sobre los requerimientos técnicos para facilitar la adquisición de créditos a las y los jóvenes que cumplan con los requisitos salariales y residan en la capital.

La Ley el Congreso de Jóvenes del DF, establece que se abrirá en la ALDF un espacio para que las y los jóvenes especialistas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones de asistencia privada intervengan en el diseño y evaluación de la política de juventud; mientras que el Parlamento de la Juventud, con sede en el Recinto Legislativo, será un órgano colegiado, plural e incluyente, que se celebrará cada año durante el mes de agosto.

El dictamen, aprobado por el grupo de trabajo que preside el diputado Jorge Romero Herrera, señala que para contribuir al combate de la deserción académica, el Instituto de la Juventud celebrará los convenios necesarios para obtener descuentos en el transporte público a jóvenes que cuenten con la “Tarjeta Joven”.

Además, se deberán celebrar convenios para la obtención de precios preferenciales para centros de entretenimiento, tales como cines, museos, exposiciones, galerías, conciertos, performances y obras teatrales, así como a gimnasios y centros deportivos.

La Ley también establece que las y los beneficiarios de la “Tarjeta Joven” estarán obligados a retribuir a la sociedad los beneficios de la misma, a través de su participación en las jornadas comunitarias, acciones ecológicas u observatorios ciudadanos contra la delincuencia, siempre que desee obtener mayores beneficios a través de esa tarjeta.

Asimismo, se establece que las instituciones, dependencias y órganos desconcentrados del DF darán, en los términos de ingreso al Servicio Público de Carreras, preferencia en el reclutamiento para ocupar las plazas vacantes a las y los jóvenes que hayan presentado su servicio social o sus pasantías en ellas.

La Ley plantea como plazo para publicar el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la Juventud del DF, el primer lunes de agosto del primer año de administración, en tanto que en las últimas dos administraciones no han elaborado este documento y a la fecha no se ha presentado dicho plan.

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Inició CoIDH audiencia del juicio contra Estado mexicano por feminicidio

-- OSC demandan a la Corte pronunciamiento contundente

México DF, 28 abril 2009 (CIMAC).- Hoy inició en Santiago, Chile, la audiencia pública del juicio que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado Mexicano por la desaparición, tortura y homicidio de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice, en el estado de Chihuahua, cuyos restos fueron encontrados en el sitio conocido como Campo Algodonero, de Ciudad Juárez.

Por ello, Organizaciones civiles nacionales e internacionales exhortaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), a través de un manifiesto público, para que se pronuncie de forma contundente sobre las graves y continuadas violaciones a derechos humanos de las mujeres en las que ha incurrido el Estado mexicano y a que señale medidas claras para la reparación del daño infligido a las familias de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice.

Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez aparecieron sin vida arrojadas junto a cinco cuerpos de mujeres, en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Dos de ellas eran adolescentes.

A ocho años, estos crímenes han permanecido en la impunidad, señalan las organizaciones, durante los cuales las madres de Irma, Josefina y Claudia, así como sus defensoras, han sido objeto de hostigamiento, amenazas y descalificaciones por parte de agentes del Estado mexicano.

Finalmente, durante la audiencia pública, las madres de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice serán escuchadas por un tribunal imparcial, hoy y mañana, en la capital chilena.

La Corte Interamericana, señala el pronunciamiento de las organizaciones, afronta el reto de escuchar este caso, que representa una grave y continuada violación a los derechos de las mujeres por parte del Estado mexicano.

“La Corte podrá sentar las bases de la responsabilidad estatal sobre la violencia contra las mujeres, la cual está sustentada en históricas relaciones de desigualdad entre las mujeres y los hombres, y afecta siempre a un conjunto amplio de mujeres y a todas en tanto género”, dice el comunicado.

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DH

Las organizaciones civiles de la fronteriza Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, han registrado y denunciado, desde 1993, desapariciones y homicidios de mujeres ante los cuales las autoridades locales, estatales y federales han actuado de manera discriminatoria, omisa y negligente. Y la demanda de justicia se ha extendido más allá de las fronteras de Ciudad Juárez.

Es requisito indispensable para la reconstrucción social en Ciudad Juárez acceder a la verdad y a la justicia en estos casos, puntualizan las organizaciones. “Mientras ser mujer represente un peligro de muerte, ninguna podrá ejercer cabalmente nuestras libertades y nuestros derechos”.

“Manifestamos nuestra preocupación por la integridad de las defensoras de derechos humanos que han visto amenazada su integridad y la de sus familias, y que temen que se incremente el riesgo en tanto el caso avanza, como consecuencias de sus denuncias ante medios de comunicación, la presentación y defensa de los casos ante instancias de justicia y derechos humanos nacionales, regionales e internacionales, su exigencia de acciones estatales y políticas públicas reales, contundentes y efectivas para detener la violencia en Ciudad Juárez”.

Firman el comunicado, entre otras organizaciones: Asociación Sinaloense de Universitarias, AC; Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe; Católicas por el Derecho a Decidir–Chile; Consejo Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil; Centro de Derechos de Mujeres; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y decenas más.

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Ley General de Salud, siguiente blanco de PRI-PAN contra ILE

-- Luego pretenderán cambiar la Constitución federal

México, 27 de abril 2009 (Cimac, Gladis Torres Ruiz y Sandra Torres Pastrana).- Los congresos de Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo y Campeche aprobaron iniciativas presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con apoyo de otros, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, para modificar la Constitución, bajo el argumento de “proteger la vida desde el momento de la fecundación o la concepción hasta su muerte natural (sic)”.

Estos cambios han ocurrido en los últimos seis meses y hay iniciativas similares en Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí. Los cambios constitucionales, señalan especialistas, se dieron en respuesta a la aprobación de la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, que no criminaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación, como ocurre en países como España, Italia, Francia y Alemania.

En esas naciones, explica el abogado Pedro Morales Aché, no se privilegió el derecho del embrión sobre el de la mujer, se dio un equilibrio entre ambos, tomando en cuenta la evidencia científica.

En México, según el estudio de 2005 de Human Rights Watch Víctimas por partida doble. Obstrucciones al aborto legal por violación en México, hay un millón de abortos clandestinos en el país. Ipas señala que seis de cada 10 mujeres declararon haber sido violadas alguna vez en su vida.

Por todo ello, señalan feministas y organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y Católicas por el Derecho a Decidir, integrantes de la Red Nacional que agrupa a 280 organizaciones, los derechos de las mujeres en México van en retroceso, gracias a la complicidad del PRI.

Afirman que el tricolor desconoce su propia historia al alejarse de la tradición laica del Estado y emprender una política contraria a los derechos de las mexicanas.

Las acciones de protesta en varias entidades iniciaron ya. En Sonora, las ciudadanas se ampararon porque el ombudsman local, Jorge Sáenz Félix, no respondió a su petición para solicitar una acción de inconstitucionalidad ante la reforma aprobada en octubre. En Michoacán, donde esta semana se presentó la iniciativa contra la interrupción legal del embarazo, las organizaciones de mujeres solicitaron el apoyo de feministas dentro y fuera del país. Todas coinciden en que la respuesta ante el avance conservador se dará en las elecciones del 5 de julio.

Hay inconformidad incluso dentro del PRI: en Quintana Roo, la diputada María Hadad votó contra la iniciativa de su partido para criminalizar la práctica y reveló que esas iniciativas son contrarias a los estatutos de su partido.

Las OSC reclaman al PRI: “Se dice socialdemócrata y lo único que hace es incrementar las injusticias y discriminación hacia las mujeres, sin respetar las diversidades sociales. Se dice defensor de las libertades, pero si nos prohíben a las mujeres decidir sobre lo único que nos pertenece, que es nuestro cuerpo, entonces la libertad queda coartada”.

Cuestionada por este medio, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, respondió que ella siempre “ha sido respetuosa de lo que definen los legisladores locales” y evadió más preguntas, aunque el pasado 12 de marzo declaró en Nicaragua a El Nuevo Diario que los derechos de las mujeres, entre ellos el aborto “no deben ser manipulados políticamente, lo importante es el debate democrático racional”, dijo sobre la penalización del aborto terapéutico en este país.

LA ESTRATEGIA

Leticia Quezada, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, y el especialista en derechos sexuales y reproducción Pedro Morales Aché, coincidieron en la probabilidad de que quienes han modificado las constituciones estatales pretendan hacerlo con la Ley General de Salud, pues resulta más sencillo que modificar la Constitución.

Eso, dijo Morales Aché, implica contar con la mayoría del Congreso. “La Constitución no puede reformarse automáticamente con el avance de las reformas que protege la vida desde la concepción en 17 estados. Se requiere el apoyo de las dos terceras partes y mayoría del local para que suceda, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución”.

Leticia Bonifaz, titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del DF, declaró que el artículo 4 de la Constitución, escrito en los años 70, establece que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos”.

Por ello, aunque las reformas aprobadas en 11 estados del país protegen la vida desde el momento de la concepción y dan derechos al no nacido para todos los efectos hasta la muerte natural, o aunque en Baja California se prohíba el aborto en cualquiera de sus modalidades y lo castiguen como homicidio calificado, hay que tomar en cuenta y respetar el Artículo 4 constitucional.

En éste se señala que el número y espaciamiento de hijas o hijos que tenga una mujer es un derecho o garantía constitucional, y fue un argumento clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar la interrupción legal del embarazo en el DF, dice Bonifaz.

Y advierte: “si con estas 10 reformas aprobadas lo pasan por alto, van a tener problemas en el momento en que se pongan en conflicto los derechos establecidos con esta garantía individual”.

Mujeres clausuraron en Morelos la sede del PRI y se preguntan: “¿Qué negocia el PRI con el PAN  y la jerarquía católica? ¿Qué es tan importante, como para usar como moneda los derechos de las mujeres?”

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ILE en la Ciudad de México resistió embate conservador

-- No viola la Constitución, determinó la SCJN

México DF, 24 abril 2009 (CIMAC, Alejandra González Méndez).- Un día después de la aprobación de las reformas al Código Penal del Distrito Federal y a la Ley de Salud, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, en abril del 2007, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, comenzó una estrategia en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La estrategia, que tiene como fin cancelar en el ámbito federal la ILE, tuvo como una de sus principales acciones una demanda de inconstitucionalidad contra la modificación a la Ley de Salud del Distrito Federal y al Código Penal, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. El argumento: las modificaciones a la Ley de Salud y al Código Penal violaban el derecho a la vida de todos los seres humanos, establecido en el Artículo Primero Constitucional.

Por su parte, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), defendía que el Artículo Primero Constitucional se refiere a la persona, y establece todas las garantías individuales para ésta, pero para ser considerado persona se necesita tener personalidad jurídica, por lo que un cigoto o embrión carece de todos los atributos como para atribuirle derechos, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad.

Por su parte, el PAN lanzó un spot televisivo en donde mostraba a un individuo con una toga como las que utilizan los jueces, de pie frente a una mujer, y diciendo "debido a interferir en los planes futuros, tanto personales como
profesionales de la señorita, el acusado es declarado culpable y la sentencia es la pena de aborto".

Ante esto, la SCJN manifestó su inconformidad ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal Electoral (IFE), argumentando que este spot era lesivo para la imagen de los impartidotes de justicia y distorsionaba la realidad.

Las demandas emitidas por la CNDH y la PGR fueron admitidas por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el 29 de mayo del 2007, sin embargo estas acciones no fueron analizadas hasta el primer trimestre del 2008, lo que permitió a los 11 ministros el obtener información suficiente acerca del aborto, tanto en materia legislativa como en materia de salud.

Así, entre abril y junio del mismo año, en el Máximo Tribunal de Justicia se llevaron a cabo seis audiencias públicas, tres a favor y tres en contra, que fueron transmitidas por el canal de la Suprema Corte, y en su página de Internet.

Durante las audiencias, la CNDH, la PGR, la ALDF, y Organizaciones de la Sociedad Civil, tanto a favor como en contra, presentaron sus argumentos ante los 11 ministros.

Después de amplias discusiones, el 27 de agosto del año pasado 8 ministros de la SCJN, determinaron que las reformas realizadas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas eran constitucionales, siendo éste un hecho histórico para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En la actualidad, 11 estados de la República Mexicana han modificado sus Constituciones para brindar de personalidad jurídica al embrión, una posición contraria a lo que ya se había determinado por la SCJN.
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Aguascalientes: sin acceso a ILE, niña de 8 años dio a luz

-- Abuso sexual se ocultó y no se denunció; hay 2 casos más

México DF, 24 abril 2009 (CIMAC, Nancy Betán Santana).- Una niña de ocho años dio a luz en el Hospital de la Mujer de Aguascalientes en marzo pasado, sin que ninguna autoridad de salud se pronunciara sobre el caso, aunque el director de dicho hospital, Arturo Guerra Lugo, atribuyó el fenómeno a "la falta de educación sexual".

Guerra Lugo, quien calificó como "aislado" este hecho, posteriormente señaló que en lo iba de este 2009 se trataba del tercer alumbramiento de una niña menor de 12 años atendido en el Hospital.Al enterarse del parto de la menor de ocho años a través de un periódico local, la abogada, especialista en delitos y derechos sexuales y reproductivos, Marcela Martínez Roaro, quien radica en esa entidad, decidió levantar una denuncia por violación contra quienes resulten responsables, ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes.

Martínez Roaro señaló a Cimacnoticias que para que la niña se embarazara, el abuso sexual debió consumarse cuando ella contaba con tan sólo siete años, prueba contundente de que la niña fue violada, quizás por algún miembro de la familia. Eso, detalla Martínez Roaro, explica también el silencio de la familia y el nacimiento del producto, el cual pudo haberse evitado, sobre todo por el peligro de muerte que corría la niña y por las consecuencias psicológicas del abuso.

EMBARAZO EN NIÑAS

Por su fisiología (pelvis y canal de parto inmaduros), esta menor de ocho años debió haber sufrido alguna de las múltiples complicaciones que se presentan en embarazos y partos de niñas, como un alumbramiento prematuro con labor prolongada o cesárea, ambos con riesgo de hemorragia severa, apunta el médico gineco-obstetra e investigador argentino Juan Ramón Issler, en su artículo "Embarazo en la adolescencia".

En estos casos, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) debe presentarse como una opción, de acuerdo con Genaro Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero, dos de los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron a favor del ILE en el Distrito Federal en agosto del año pasado, pues, acentúan, las niñas tienen derecho a no ser madres porque fueron violadas.

De acuerdo con Juan Ramón Issler, la maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso resulta ser perturbador tanto física como psicológicamente.

Las niñas asumen responsabilidades que no son propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo social al que pertenecen, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad infantil, anota.

Este comportamiento se vuelve un círculo vicioso en el que tanto madre como hijo estarán atrapados de por vida, pues en México son contadas las instituciones auxiliares en estas situaciones, que cuenten con el personal y las instalaciones
adecuadas para proveer de ayuda a ese sector doblemente vulnerable, por ser infantes y ser mujeres, resaltan académicas y académicos.

Asimismo, el despertar sexual en las madres infantiles suele ser precoz y sumamente
importante en sus vidas, pues no conocen otro afecto que no esté ligado al ámbito sexual por haber sido violadas, sostiene.

En el caso de niñas en situación de calle, la vida sexual comienza desde los siete años. Un 90 por ciento de ellas es abusada sexualmente, por lo que antes de cumplir los 13 años ya habrán tenido al menos un embarazo o un aborto, indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Esto las coloca en una cuerda floja en la cual comienzan su vida sexual sin la debida protección porque así lo aprendieron cuando consecuencia de la violación, resultaron embarazadas, subraya.

Según la Organización Panamericana de la Salud, de las 300 mujeres que conciben sin desearlo, 200 resultan contagiadas de alguna Infección de Transmisión Sexual, incluyendo el VIH.A los posibles embarazos posteriores y las infecciones de transmisión sexual, se suman importantes depresiones de las que las niñas abusadas sexualmente son presa en su edad adulta, las cuales no les permiten llevar una vida
normal. Una niña abusada debe ser sometida a tratamiento psicológico para superar la violación de la que fue objeto, concluye Issler.

LA DENUNCIA

Cuando Marcela Martínez Roaro acudió a ratificar la denuncia el 13 de abril del presente, los funcionarios le hicieron saber que probablemente la archivarán. A este respecto, la también catedrática asegura que interpondrá una queja en contra del Procurador y tramitará un amparo.

Asevera que en nuestro país los mecanismos legales para fincar responsabilidades a los autores de estos delitos son muy débiles y no garantizan un debido proceso que implique protección a las víctimas. Todo esto, porque se carece de funcionarios e instancias comprometidas con los niños abusados, como demuestra el caso de Arturo Guerra Lugo.

"La cópula con menores es ya una acción cotidiana para las autoridades mexicanas. Lo asombroso para ellas es que una ciudadana ejerza su derecho de manifestarse e inicie un proceso legal para castigar a los culpables de delitos tan graves y que se persiguen de oficio como la violación", apunta Martínez Roaro. Con casi 5 mil casos de adolescentes embarazadas por año, Aguascalientes encierra entre esos miles de partos, los de menores de edad que son prueba irrefutable de los abusos sexuales infantiles que en esta entidad se cometen.

Pese a que en la mayoría de las legislaciones mexicanas la violación y abuso sexual están adecuadamente tipificados, la práctica exhibe diversas dificultades para demostrar la existencia de una violación cuando no existen huellas físicas de la misma.

No obstante, en 25 estados de la República Mexicana no procede la acción penal por abuso o violación sexual si se da el matrimonio entre el agresor y la víctima, lo que da pie a una continuación segura de los abusos. De esta forma, los intereses por y de la niña quedan sepultados por otros. En México, el abuso sexual es el tipo de maltrato infantil que menos se ha documentado en los ámbitos médicos, sociales y legales, a pesar de que la frecuencia de casos es cada vez mayor, señalan expertas y expertos.

Nuestro país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato a menores, después de Estados Unidos y Portugal, ha informado ya la Universidad Nacional Autónoma de México.

Según cifras oficiales, en México, el 40.1 por ciento de menores de edad agredidos tienen entre 6 y 12 años de edad, el 18.7 por ciento tienen de 0 a 3 años, el 12.1 por ciento son de 3 a 5 años.

Cabe resaltar, que en las zonas fronterizas, especialmente Tijuana y Ciudad Juárez, hay una elevada cantidad de casos de explotación sexual comercial infantil. El UNICEF arroja que muchas niñas y niños son víctimas de redes de pornografía infantil y pederastas cuando buscan cruzar la frontera.

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GDF respalda el derecho a la maternidad voluntaria

-- Mujeres deciden en condiciones de justicia: Mícher

México DF, 23 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- A dos años de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal(ALDF) aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 23 mil 233 han ejercido este derecho en esta ciudad que sigue siendo la única del país que cumple con los tratados internacionales que el Estado ha suscrito y firmado con organismos internacionales en materia de salud reproductiva, en tanto que grupos conservadores del Gobierno federal imponen una postura frente a una sociedad que reclama el derecho de ejercer la maternidad voluntaria en el interior del país.

En el marco del segundo aniversario de la ILE en la Ciudad de México, Martha Lucía Mícher, directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF), la funcionaria declaró que el GDF ha roto con las complicidades de un Estado patriarcal y no impone leyes y juicios que propician la discriminación;
ahora favorece el derecho pleno de las mujeres de tomar decisiones importantes en condiciones de equidad y de justicia.

Durante el foro: "Dos años de ejercer nuestros derechos: Interrupción Legal del Embarazo en el Distrito Federal", convocado a través de la Secretaría de Salud capitalina en coordinación con organizaciones de la sociedad civil (OSC), Mícher señaló que las mujeres de la Ciudad de México toman sus decisiones libres, informadas y responsables y además cuentan con tres opciones para decidir sobre sus cuerpos: la ILE, continuar con su embarazo o bien dar al bebé en adopción.

En este contexto, la directora general del Inmujeres DF lanzó un llamado para que en cada uno de los estados de la República donde se modificó y en los que está por modificarse la Constitución con el fin de dar personalidad jurídica al producto desde el momento de la concepción, Lucía Mícher pidió a los mexicanos recordar las palabras del magistrado Góngora Pimentel, de que no se puede obligar a que las
niñas y a las mujeres a que sean madres.

Por lo pronto, las mujeres de la Ciudad de México conmemoran esta fecha como un día importante, porque en un día como hoy de hace dos años se reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sexualidad y maternidad, al otorgarles la opción de interrumpir un embarazo hasta las doce semanas de gestación en condiciones de seguridad, de manera libre, responsable e informada.

PERFIL DE LAS MUJERES QUE RECURRIERON A LA ILE

Por otro lado, Armando Ahued Ortega, secretario de Salud de Gobierno del Distrito Federal, presentó los resultados estadísticos de la Interrupción Legal del Embarazo hasta abril de 2009.

El funcionario dio a conocer que 29 mil 421 mujeres solicitaron la ILE, pero 23 mil 233 mujeres se lo practicaron, esto quiere decir que casi 6 mil mujeres en consejería decidieron continuar con su embarazo, de estas el 78 por ciento son del Distrito Federal, 19 por ciento del Estado de México y el 3 por ciento de otros estados.

En cuanto al nivel educativo de las mujeres que recurren a la ILE es el siguiente: el 29.5 por ciento cuenta con secundaria, 30 por ciento, preparatoria, 20.3 por ciento, superior, 15.2 por ciento, primaria, 4.4 por ciento, nivel técnico.

El estado civil se distribuye de la siguiente manera: 55.7 por ciento son solteras, 25 por ciento vive en unión libre, 16.2 por ciento es casada, 2.9 por ciento divorciadas, y 0.2 por ciento son viudas.

La ocupación de las mujeres que recurren a la ILE es el siguiente: el 39.1 por ciento se dedica al hogar, 26.6 por ciento son estudiantes, 20.4 por ciento, empleadas, 5.1 por ciento, otra, 4 por ciento, comerciantes, 2.4, trabajadora del hogar, 1.6 por ciento, profesionista y 0.7 por ciento obrera.

Las semanas de gestación en las que se concentra la mayor recurrencia a los Centros de Salud para acceder a la ILE se centra en la semana sexta, con un 14.17; la séptima, con un 17.3 por ciento; octava con 15.5 por ciento, hasta llegar a la
doceava semana con un 2.8 por ciento.

Asimismo, Ahued destacó que las mujeres que recurren a los Centros de Salud en la semana 0 de gestación son el 5.4 por ciento, a quienes se les proporciona la pastilla de emergencia, en cuanto al 80 por ciento restante, menor de 9 semanas, se les proporciona medicamento.

En cuanto al procedimiento empleado, dijo que el 49 por ciento es por Misoprostol, 39 por ciento Misoprostol más Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y el 12 por ciento Misoprostol más Legrado Uterino Instrumental (LUI).

Asimismo, puntualizó que el 100 por ciento de las mujeres que recurren a la ILE se les otorga un método anticonceptivo post- evento: 58.3 por ciento el Dispositivo Intrauterino (DIU); 12.7 por ciento condón; 6.7 por ciento pastillas; 7.6 por ciento Oclusión Tubaria Bilateral (OTB); 13.8 por ciento otro, y 0.9 por ciento inyectables.

CAMPAÑA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En relación con los logros de la campaña de Salud sexual y reproductiva realizada en el la Ciudad de México, se informó que de mayo de 2008 a abril de 2009 se distribuyeron 12.3 millones de condones, 8.7 millones de materiales educativos y
promocionales distribuidos, 3 millones de personas informadas, 3 mil 500 multiplicadores capacitados y 45 mil 419 personas capacitadas.

En opinión de la feminista Martha Lamas, la histórica lucha para la aprobación de la
Interrupción Legal del Embarazó (ILE) y que por fin se logró después de décadas, es un paso más que consolida al movimiento feminista.

Asimismo, recordó que son ocho los estados del país -Baja California, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Sonora, Puebla, y Quintana Roo-- que han reformado sus constituciones locales para proteger al óvulo fecundado, por encima de la vida de las mujeres, por lo que invitó a quienes viven en la Ciudad de México a contribuir a la consolidación de esta libertad, con su voto en las próximas elecciones.

"Para quienes piensan que la ILE es un derecho básico, sobre el cual las mujeres construyen su libertad, tenemos una razón de peso para expresar nuestra lealtad en cuanto al voto, si en éste va inmerso lo que las mujeres han ganado", sostuvo.

Las Inauguración del evento estuvo a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien estuvo acompañado de Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería jurídica y servicios legales del Distrito Federal, y la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, Leticia Quezada.

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Constitución dominicana penaliza la interrupción del embarazo

-- Decesos por aborto clandestino aumentaron en años recientes

México DF, 22 abril 2009 (CIMAC).- Ayer el Congreso de República Dominicana aprobó la prohibición constitucional de la interrupción legal del embarazo, mediante la modificación al Artículo 30 de su carta magna que establece la "inviolabilidad" de la vida desde la concepción hasta la muerte.

La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo hacia el Congreso Nacional y fue aprobada por 167 asambleístas contra 32 que no aceptaron aprobarla.

El Artículo fue aprobado mientras en los medios de comunicación se desató un intenso debate en donde se hizo evidente el apoyo del Iglesia católica a la iniciativa gubernamental. Votaron a favor asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), y una parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El artículo aprobado señala: "El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte".

La agencia católica Zenit reconoció que, antes de la votación, el arzobispo de Santo Domingo, cardenal Nicolás de Jesús López, señaló en una eucaristía el pasado domingo que tenía "confianza en que los legisladores de la República Dominicana no aprobarían el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en el país y que mantendrían el respeto a la vida desde la concepción".

"Confiamos y creemos en la gran mayoría de nuestros legisladores, quienes son personas respetables y opuestas a la despenalización del aborto, ya que muchos de ellos mismos han dicho que en su conciencia lo consideran un crimen", señaló.

ABORTO EN REPÚBLICA DOMINICANA

En Dominicana, de acuerdo con cifras de The Alan Guttmacher Institute, en el informe Aborto Clandestino una Realidad Latinoamericana, 1993, durante 1992 ocurrieron 82 mil 500 abortos clandestinos en el país.

Ese mismo año, fueron hospitalizadas 14 mil 650 mujeres como consecuencia de la práctica clandestina de la interrupción del embarazo.

Entre las causas señaladas por el Instituto para que una mujer decida recurrir al aborto clandestino, pues no están permitidas causales para un aborto legal en ese país, están: "La mujer no puede permitirse tener y criar un hijo porque ella o su compañero reciben un bajo salario, tienen trabajos inestables, están desempleados o son estudiantes.

La relación de la mujer con su compañero no es estable ni suficientemente sólida, como para que la pareja abrigue la posibilidad de tener y criar hijos juntos, o porque al enterarse del embarazo, el hombre deja de prestarle apoyo emocional y económico a la mujer.

La mujer o la pareja han tenido todos los hijos que desean, o desean tener un hijo pero más adelante. Las adolescentes o solteras embarazadas a menudo temen el rechazo de su familia y de la sociedad. Algunas solteras jóvenes desean alcanzar cierto grado de satisfacción personal antes de ser madres.

En algunos casos, el embarazo es el resultado de la violación o del incesto, o el feto es anormal. Datos más recientes, según el informe "Análisis de la Situación del Aborto Inseguro", de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, indica que la cifra de muerte materna en ese país se incrementó en los últimos años de 150 a 159por cada 100 mil nacidos vivos al año, de los cuales el 20 por corresponde a muertes por abortos inducidos, señala una nota de Yajaira Figari, en clavedigital.com.do |

Las complicaciones del aborto como causa de mortalidad materna para los años 2005, 2006 y 2007 representó el 9.3 por ciento 10.7 por ciento y 13 por ciento respectivamente del total de la mortalidad materna para esos años.

El embarazo no deseado provoca que mayor cantidad de mujeres opten por practicarse un aborto clandestino, señala en Informe. La falta de poder en la mujer para negociar prácticas sexuales seguras como el uso del condón y otros métodos anticonceptivos aumenta el número de embarazos no deseados y promueven la prevalencia de infecciones de transmisión sexual, y como consecuencia crece la tasa de aborto y muerte materna, señala el texto.

La vida de las mujeres con diagnóstico de aborto incompleto o con una enfermedad que le impide continuar con su embarazo pende de un hilo cada vez que asisten a los centros sanitarios en busca de asistencia.

"Existen abortos incompletos que son aquellos que la persona ha expulsado el producto de la concepción o se han provocado el aborto en la casa y llegan a los hospitales y hay que terminar ese aborto, lo que significa que hay que hacerle una limpieza intrauterina que como efecto secundario propio al procedimiento quirúrgico conlleva a que el útero se pueda perforar y haya que hacer una histerectomía y eso puede provocar la muerte", opina el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, Aldrian Almonte.

En algunas ocasiones, los médicos se resisten a ofrecer sus servicios en estos casos por temor a ser sometidos a la justicia, por los familiares de aquellas que mueren en su intento de abortar.

"Lo que ocurre es que el médico no quiere tocar a la paciente porque no quiere ir a la cárcel si la paciente se complica, porque él no provocó el aborto. Si la paciente se esta muriendo o tiene una enfermedad que le produce una complicación durante el embarazo y existe la necesidad para que se mantenga viva practicarle un aborto, no puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo por que la ley se lo prohíbe", explica el doctor Almonte.

Considera que la incidencia de muertes maternas causadas por abortos clandestinos podría disminuir si se modifica el artículo 317 del Código Penal que impone una pena de hasta veinte años de trabajos públicos y reclusión a cualquiera que causare o cooperare directamente con la realización de un aborto.

"Significa que el último en ponerle la mano a esa paciente que fue el médico para tratar de salvarle la vida está sujeto a cumplir 20 años de cárcel por haberle puesto la mano y haberle concluido el aborto. Si a la paciente no se le extraen los restos de la placenta adheridos al endometrio se va a infectar y va a prolongar el sangrado que se convierte en hemorragia y eso la lleva a la muerte", añade.

De modificarse el artículo, en el caso de las mujeres embarazadas que presenten una enfermedad que comprometa su vida, considera que lo más recomendable es practicarle un aborto terapéutico antes de las 12 semanas de gestación, y que para realizarlo tiene que hacerse con la previa aprobación de un comité de médicos.

"No estamos de acuerdo con que se penalice el aborto de esa manera. Apoyamos el aborto terapéutico cuando éste comprometa la vida de la madre, cuando la muerte sea inminente. Esa es la única circunstancia por la que pedimos que se modifique ese artículo", sostiene.

Es por eso que la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia junto a la SESPAS, ProFamilia y otras organizaciones responsables han abogado para que sea aprobada una medida que despenalice el aborto para fines terapéuticos y proteja legalmente a los médicos, lo cual, con la modificación a la Constitución, ocurrida ayer, difícilmente se logrará.

El problema sobre el debate en el tema del aborto es complicado en ese país, pues según el Centro de Investigación Para la Acción Femenina (CIPAF), aunque República Dominicana es signatario de la Cumbre Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), "nuestro país ha puesto reservas sistemáticas a los términos "salud reproductiva", "maternidad sin riesgo", "derechos reproductivos" y "derechos sexuales".

Se plantea, dice el CIPAF, la salud reproductiva como parte de un terreno especializado, el de la salud, no como un problema de derecho, excluyéndolo así del contexto de ciudadanía".

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Aprueba gabinete alemán iniciativa contra pornografía infantil

-- Detrás de cada imagen, una niña o niño abusado

Nueva York, EU, 22 abril 2009 (CIMAC, Leticia Puente Beresford/corresponsal).- El gabinete Alemán encabezado por Angela Merkel aprobó una iniciativa de ley en contra de la pornografía infantil tras afirmar que "detrás de cada foto y película hay una niña o niño que ha sufrido abusos", así se obliga a la gran mayoría de proveedores de Internet del país a bloquear las páginas con esos contenidos. Sólo falta que el Parlamento la apruebe.

La agencia de noticias AP informa lo anterior, al recoger un comunicado de prensa alemana que habla de esa iniciativa de ley aprobada hoy miércoles.

La iniciativa busca obligar a los proveedores con más de 10 mil clientes --el 97 por ciento de los proveedores-- a bloquear las páginas de pornografía con menores de edad identificadas por la Oficina Criminal Federal.

Los usuarios que intenten ingresar a esas páginas se encontrarán con un cartel rojo y la leyenda "STOP!" (¡deténgase!).El objetivo es "eliminar en lo posible el mercado de pornografía infantil", dijo el ministro de Economía, Karl-Theodor zu Guttenberg.

Bajo la nueva ley, los proveedores pueden reunir datos personales para usar en juicios penales contra los usuarios. Esos datos no serán almacenados, dijo la ministra de Justicia Brigitte Zypries. Hecha la denuncia, los pesquisas sólo vigilarán a los que tratan de acceder a las páginas "en tiempo real", acotó.

"Detrás de cada foto y película hay una niña o un niño que ha sufrido abusos", dijo el gabinete en un comunicado sobre la ley. Las estadísticas policiales indican un aumento de 111 por ciento de los alemanes que consumen pornografía infantil --con imágenes de menores de hasta 13 años--, de dos mil 936 casos en 2006 a seis mil 206 en 2007, según la declaración.

La semana pasada, las autoridades del estado suroccidental de Baden-Wuerttemberg anunciaron que habían desbaratado una banda internacional dedicada a la pornografía infantil con 91 usuarios en Brasil, Canadá, Estados Unidos y otros países.Las autoridades confiscaron medio millar de computadoras en allanamientos en todo el país.

La ley aún requiere la aprobación parlamentaria, pero el gabinete espera que sea aprobada antes del receso para las elecciones de septiembre.

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Aprobaron en Quintana Roo iniciativa priista contra la ILE

-- En riesgo DIU y AEM, advierten médicos

México DF, 21 abril 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- Esta noche fue aprobada en el Congreso de Quintana Roo, por mayoría, la reforma priista que otorga derechos jurídicos al producto desde la concepción, y criminaliza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a pesar de los esfuerzos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), médicos, académicas y académicos que expusieron la gravedad de esta decisión y advirtieron que esta modificación impedirá a las y los médicos prescribir quitar la píldora del día siguiente o colocar un dispositivo intrauterino.

Pocos minutos antes de las 9 de la noche en el Congreso estatal, con una gran cantidad de personas convocadas como apoyo a la iniciativa del PRI y ante la presencia de OSC que buscaron hasta los últimos momentos inclinar a las y los legisladores para no votar a favor de la penalización del aborto, se aprobó la iniciativa de la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Fernández Piña.

La aprobación se dio luego de que esta mañana diversas OSC, grupos de mujeres legisladoras y ex legisladores, manifestaran su desacuerdo a la modificación del Artículo 13 de la Constitución local, misma que no fue aprobada la semana pasada por el pleno y fue regresada a Comisiones para su estudio.

La iniciativa --propuesta el pasado 8 de abril para proteger y garantizar el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción, en detrimento de los derechos constitucionales de las mujeres, fue aprobada en la Comisión de Puntos constitucionales, donde solo se le hizo una adición al final del Artículo 13 para señalar excepciones y quedar así:

"ARTÍCULO 13.- El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la
concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la ley."

Modificada la Ley, reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y es sujeto de derecho para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte, salvo excepciones que establezca la ley.

De tal forma que esta noche el tema fue colocado entre los que serían abordados por las y los diputados estatales, ocupando el número seis de la lista de la sesión que dio inicio a las 7 de la noche.

La iniciativa, en la entidad con el mayor número de embarazos adolescentes no deseados y con alarmantes casos de explotación sexual de niñas, desató gran controversia, ocasionando que hoy más de 280 OSC que conforma la Red Nacional, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en un acto
simbólico, clausuraran la Casa de Gobierno del estado de Quintana Roo en la Ciudad de México. Luego de pronunciarse en desacuerdo ante dicha modificación que vulnera los derechos de las mujeres.

INSTRUMENTO DE LOS LEGIONARIOS

Mientras que durante una mesa de debate que se realizó en la ciudad de Cancún, desde donde se trasmite el programa radial "Desde el Café", conducido por el periodista Jorge González Durán, en su intervención el ex legislador, Tulio Arroyo Marroquí, acusó a Laura Fernández de intentar dar un "albazo", en el Congreso estatal para que la modificación constitucional se dé en fast track.

Además de señalarla como "instrumento de los Legionarios de Cristo", afirmando que en este tema también el gobernador del estado, Félix González Canto, "recibió línea de la Iglesia católica para instruir al Congreso, vía los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para aprobar la reforma constitucional".

De igual manera por la tarde de este día representantes del Grupo de Información en
Reproducción Elegida, (GIRE), de la Red de Derechos Sexuales y reproductivos (Demisex), hicieron una intensa labor para convencer a las y los legisladores del error de su postura.

Asimismo, un grupo de médicos habló con la Diputada Fernández para exponerle la gravedad de su decisión, especialmente en lo que toca a su profesión, pues, le explicaron, que esta reforma les impediría restar la píldora del día siguiente o colocar un dispositivo intrauterino (DIU), a lo que la legisladora priista respondió "Yo misma personalmente me encargaré de que así no suceda".

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"Clausuran" el PRI por asumir agenda conservadora contra ILE

-- Exigen que Beatriz Paredes fije posición

México DF, 20 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Que ninguna mujer vote por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque ha hecho suya la agenda moral legislativa del Partido Acción Nacional (PAN), al votar e impulsar reformas de
ley que reconoce sólo el derecho a la vida desde el momento de la concepción, limitando los derechos constitucionales de las mujeres mexicanas.

Fue el llamado que lanzaron hoy Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, feministas y legisladoras, al clausurar en un acto simbólico la sede del PRI en la Ciudad de México.

En su pronunciamiento exigieron que la dirigencia Nacional del PRI, encabezada por Beatriz Paredes, declare su posición sobre el tema.

Para las OSC y feministas, el PRI está atentando contra los derechos de las mujeres al desconocer su propia historia y alejarse de la tradición laica del Estado Mexicano, al impulsar y votar las recientes reformas que reconocen la vida desde la concepción en Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Puebla, Colima, Durango y
Nayarit, los últimos cuatro estados aprobadas con mayoría priista.

Estas reformas, dijeron, han sido pactadas con la jerarquía católica y en complicidad con Acción Nacional, en ocasiones, con el apoyo de otros partidos políticos han proscrito los derechos de las mujeres a decidir.

El Pronunciamiento realizado por las OSC y feministas señala que el reconocimiento
constitucional a la vida desde el momento de la concepción, contraviene a la legislación nacional e internacional en derechos humanos y agudiza la discriminación contra las mujeres, contraviene el Artículo cuarto Constitucional y significa un grave retroceso para los derechos de las mujeres.

Asimismo, indica el documento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya discutió el tema de la protección a la vida desde la concepción y señaló: "que si bien el legislador debe de proteger la vida en gestación no puede afectar desproporcionadamente los derechos de la mujer".

También indica: "no es constitucionalmente admisible que el legislador con la finalidad de proteger la vida en gestación, sacrifique en forma absoluta los derechos fundamentales de la mujer embarazada considerándola entonces como un mero instrumento de la vida en gestación".

Hasta hoy son ocho estados: Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Puebla, Colima, Durango y Nayarit que han proscrito el derecho a decidir, y los estados pendientes hasta ahora, con iniciativa son: Quintana Roo, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí.

Un caso particular es el de Durango, donde el Artículo primero de la Constitución local reconoce, protege y garantiza los derechos a la vida de todo ser humano, desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural, salvo con las excepciones ya existentes.

Por otro lado, los estados pendientes de iniciativas como la del Distrito Federal que
despenaliza el aborto, hasta las doce semanas son Tamaulipas y Veracruz.

Las OSC y feministas denunciaron que se mantendrán alertas el día de mañana para que el PRI no vote en Quintana Roo a favor de esta reforma que atenta contra los derechos de las mujeres y, si así lo hicieran, realizarán una campaña para que las mujeres mexicanas no voten por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las próximas elecciones.

En entrevista para Cimacnoticias, la feminista y legisladora federal del grupo parlamentario Alternativa, Elsa Conde quien estuvo en el acto de clausura, indicó que estas reforma no habrían sido aprobadas si el PRI no hubiera apoyado a Acción Nacional, ya que esta fracción no tiene mayoría en ningún congreso de la República.

Para Conde, es claro y evidente el pacto que mantienen la jerarquía católica y la derecha de país, pero se refirió como lamentable que el PRI se convierta en cómplice del PAN, al estar dando su voto e impulsando reformas que van en contra de los derechos de las mujeres, debido a la dimensión que puede tomar este pacto.

Para la Legisladora federal del grupo parlamentario Alternativa, esta manifestación de hoy es una respuesta un poco tardía del movimiento feminista a las acciones que se vienen impulsando desde el año pasado en contra de los derechos de las mujeres.

Conde considera que el PRI no solo tiene que dar una respuesta y detener esta ola de iniciativas que se están dando en el país, sino cómo van a reparar el daño en cada estado donde la ley está aprobada, qué van a hacer para que las mujeres puedan reapropiarse de sus derechos y de sus garantías constitucionales, que les han quitado.

Para la legisladora de Alternativa, es sorprendente que las mujeres feministas del PRI que han luchado por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se mantengan calladas y se encuentren en una postura de solapar estos cambios.

La legisladora dio a conocer que en ocho estados del país donde se ha aprobado la iniciativa, también se realizaron actos de clausura en instalaciones del PRI, dijo, "estas acciones no van a parar de aquí y por lo menos hasta las elecciones, vamos hacer una campaña para que ninguna mujer permita se le resten derechos.

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Leyes contra ILE buscan que mujeres conserven solo derechos de segunda

-- Pedro Morales Aché

México DF, 17 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- La derecha mexicana impulsa leyes estatales que dan personalidad jurídica desde la concepción con el fin de que los avances en torno a los derechos de las mujeres tengan un retroceso y que ellas solo preserven derechos de segunda.

Así explica el abogado Pedro Morales Aché, especialista en salud sexual y reproductiva, las modificaciones que han impulsado el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), principalmente, a las constituciones de Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora, para "garantizar la vida desde la concepción" e impedir o condicionar la interrupción legal del embarazo (ILE).

Para Morales Aché, abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), es claro que detrás de la redacción de estas leyes que han sido aprobadas en estos estados está un grupo reestructurado de abogados de la ultra derecha mexicana, pues no son ni los abogados de Provida, ni de la religión, sino gente que conoce a fondo el tema y su aplicación.

Explica Morales que en todas las iniciativas de ley y las leyes ya aprobadas en ese sentido, hay cierta afinidad argumentativa, y tienen que ver con la posición de los ministros conservadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Pareciera ser que hay ciertas estrategias para dar a entender que las mujeres pueden decidir interrumpir el embarazo o abortar, siempre y cuando se considere que es un delito, lo que deja claro que hay una falta de compromiso por entender que las mujeres pueden decidir interrumpir su embarazo porque así lo quieren", detalla el experto.

Al respecto, Morales puntualizó que lo que promueven estas reformas es que las mujeres podrían --en forma excepcional-- interrumpir sus embarazos o abortar, siempre y cuando se consideré es un delito y que a aquella que así lo decida se le pueda tratar como a un delincuente, a la cual solo se le perdona la pena.

"Esto implica la negación de la existencia de un derecho como el que existe en la Ciudad de México (con la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación), lo que se traduce en la imposibilidad de que las mujeres puedan exigir al Estado la aplicación de sus derechos, sostuvo.

Todas estas reformas, insistió, pareciera que sostienen "la mujer que quiera abortar que lo haga, pero con sus propios recursos y bajo la amenaza, siempre, de colgarle la etiqueta de delincuente".

Por ejemplo, dijo, "en Morelos se reformó la Constitución y el Código Penal, donde inclusive se sustituye la penalidad para la mujer a cambio de un tratamiento psicológico. Esto dice mucho, porque se está tratando a la mujer como si fuera una enferma mental".

Además, agrega el experto, el hecho de que se utilice la frase "protección de la vida desde la concepción", tiene una evidente e intencional carga emocional y religiosa.

En suma, dice el abogado esta oleada de iniciativas es algo bastante pensado y,
evidentemente, el tema va más allá de proteger la vida, que es el contenido, lo que les interesa es hacer anular los derechos de las mujeres o darles a las mujeres un estatus de segunda clase. Eso es lo que hace realmente toda esta serie de cambios:
no reconocer la autonomía de las mujeres.

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

-- ¿El avance de estas reformas podrían repercutir en la Constitución de la República?

-- No, la reforma a la Constitución está regulada en el Artículo 135 de la misma Carta Magna. Se requiere de las dos terceras partes de los integrantes de legislatura federal y mayoría de la legislatura local.

"Es decir, explica, una reforma puede ser llevada a la Constitución Federal aunque no esté en ninguna legislación, pero que esté en todas las legislaciones no significa que automáticamente se traduzca en una reforma a la Constitución".

EQUILIBRIO Y PONDERACIÓN

Para Morales, estas leyes aprobadas en Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora parecen una acción contra la resolución de la Corte. "El problema es que no es directamente a lo que resolvió la Corte, porque la Corte decidió un caso contrario, la Corte decide una despenalización que favorece a las mujeres".

"Pero, aquí estamos frente a reformas (impulsadas por la derecha) que pretenden fortalecer el derecho a la vida, esto nos permite analizar y desagregar la discusión de las audiencias de la Corte en muchos elementos y es menester ver qué partes son aplicables", consideró.

Haciendo un ejercicio muy genérico, explica el abogado, la mayoría de ministros partió --al menos seis que son mayoría-- de dos hechos: hay derechos fundamentales de las mujeres que eventualmente pueden ser violados o vulnerados por una legislación prohibitiva del aborto.

Por otro lado, "estos mismos ministros eligen que hay una protección constitucional de la vida en gestación --no necesariamente estamos hablando de que tenga personalidad-y la protección de la vida es un derecho constitucional.

"Entonces la lógica mayoritaria de la Corte sería que ante dos bienes constitucionales reconocidos hay que establecer un equilibrio de balanza o de ponderación, para determinar en qué supuestos prevalecen los derechos de la mujer y en que supuestos se debe de protección de la vida en gestación".

"En este orden de ideas, esas reformas que únicamente protegen la vida en gestación pero no protegen los derechos de las mujeres, serían inconstitucionales, aplicando este espíritu de la sentencia de la Corte".

LOS CÓDIGOS PENALES

Para Morales Aché, actualmente todos los códigos penales del país permiten el aborto por las cuatro causales, pero ahí es donde existe la discusión: en los estados donde se reformó su Constitución, los Códigos dicen que hay casuales válidas para el aborto. Eso "es una discusión que la Corte deberá de decidir", señala.

Y en los estados donde se modificó la Constitución, pero se quedaron las causales del Código Penal como excepciones, lo grave es que queda la idea que es no penalizarla es excepcional, pues solo se le perdona la pena, pero es una delincuente.

Por lo tanto, Morales cree que una de las cosas que se desprende de la sentencia de la Corte es que no es suficiente establecer supuestos en los que la mujer tenga derecho a abortar, sino que es necesario dotarla de los medios que le permitan hacerlo, que es con lo que se cuenta en la Ciudad de México.

NO ES SOLO PERMITIR

El problema, dice el abogado, "no es solo permitir sino, en un tema tan delicado, implica que no hay servicios públicos y el derecho queda limitado a los recursos económicos de cada mujer.

En esa situación, agrega, necesariamente tendríamos que hablar de la obligatoriedad de los servicios públicos, que también es otro aspecto de la orientación de la reforma que se hizo en el Distrito Federal" para permitir la ILE hasta las doce semanas de gestación.

Sin duda, dice, el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil ha sido
importante, pero lo complejo de estas reformas dificulta que haya una movilización social, porque mucha gente no ha entendido de lo que se tratan las reformas de la derecha.

-- ¿De qué se tratan realmente estas reformas?

-- Esta reforma más que proteger la vida desde la concepción: pretende desconocer los derechos de las mujeres para que tengan derechos de segunda categoría. Es una batalla muy importante, porque lo que está en juego es cómo el sistema jurídico
mexicano caracteriza a las mujeres. Por eso es necesario que los medios lo difundan, para que haya capacidad de entender qué está pasando y se pueda enfrentar.

INCONSTITUCIONALIDAD

--¿Cómo defender los derechos de las mujeres?

-- La acción idónea para ir en contra de esta ley es la inconstitucionalidad, pero el atributo de la inconstitucionalidad es restringido y ni el Procurador General de la República, ni el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) han permitido que se den acciones de inconstitucionalidad. Creo que eso es violatorio, es ilegal lo que está haciendo esa Comisión.

"La defensa de los derechos humanos no puede quedar supeditada al ideario personal del titular de la CNDH ni del Procurador.

"La CNDH está interponiendo un gran número de acciones en temas que no tienen ninguna trascendencia para los derechos humanos, pero en un tema que afecta a más de la mitad de la población, el señor dice que como él cree en la vida desde el momento de la concepción, no impugna nada.

"La PGR, a lo largo de este gobierno, ha promovido una cantidad impresionante de acciones de inconstitucionalidad que se ha inventado, pero cuando se trata de hacerlo porque se violentan los derechos de las mujeres, lo ve como normal y no pasa nada.

"Por otro lado, los presidentes de las Comisiones estatales de Derechos Humanos, como por ejemplo el de Morelos, no quiso promover la acción y hasta el momento solo el Presidente de la Comisión del estado de Baja California lo ha hecho. Y a partir de lo que decida la Corte se tendrá el precedente de lo que puede suceder en torno a estas reformas".

Explica Morales Aché que la vía idónea para contrarrestar estas reformas es la
inconstitucionalidad, pero las mujeres no pueden tener acceso a ello de manera directa, "la única alternativa sería el amparo a título individual, con la desventaja de que requiere de abogados y que solo la beneficia en lo individual, a
diferencia de la acción de inconstitucionalidad que el efecto es para todas".

"El paso es hacer que las mujeres hagan valer sus derechos, las mujeres como género tienen la necesidad de que se abra una campaña nacional de defensa de sus derechos y acudir a todas las instancias jurisdiccionales y hacer valer la justicia", finaliza el abogado.

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Urge despenalizar a la prensa y detener la impunidad: CDHDF

-- Regular radios comunitarias y proteger a periodistas

México DF, 17 abril 2009 (CIMAC, Yunuhen Rangel Medina).- Hay que avanzar en la despenalización de la prensa, detener la impunidad y la inacción de las instancias de justicia en casos de periodistas agredidos, regular las radios comunitarias y poner atención en la desprotección laboral en la que viven las y los trabajadores de la comunicación, afirmó Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Al participar en la conferencia "Perspectivas sobre libertad de expresión", el funcionario agregó que el primer punto en la agenda de la CDHDF en cuanto a libertad de expresión es el tema sobre las extraordinarias amenazas que las y los periodistas están viviendo actualmente en nuestro país, aun "el segundo más peligroso del mundo para ejercer el periodismo" recordó.

Dijo que la "impunidad" es la generadora de la victimización de periodistas y la revictimización en la sociedad completa. En 2008, agregó, vimos 14 tipos de agresiones contra periodistas, y este año llevamos tres.

Recordó en este sentido casos como el allanamiento a las instalaciones de la revista
Contralínea, así como el de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el asesinato de las comunicadoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez, en Oaxaca, a los que hasta ahora acompaña la impunidad.

A la conferencia asistió el doctor Frank La Rue Lewy, Relator Especial de libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien aseveró que la democracia debe rescatar la libertad de expresión, el derecho de decir lo que muchos no quieren oír.

La Rue, de nacionalidad guatemalteca, planteó las necesidades sobre libertad de expresión que se han planteado desde una perspectiva mundial y celebró que en este momento existan dos Relatores latinoamericanos, refiriéndose a él mismo y a la doctora Catalina Botero Marino, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ofrecerán una visión diferente y alianzas para las acciones, dijo.

Destacó la importancia de vincular el acceso a la información con el acceso a la comunicación, derechos que deben ser garantizados por el Estado para todas y todos.

COMUNICACIÓN INDÍGENA CONTRA LA POBREZA

En este sentido, explicó como la garantía de dotar a la población indígena de comunicación electrónica podría combatir la pobreza extrema además de la falta de información y comunicación en estas comunidades que tienen el derecho, dijo, de reproducir su lengua, pensamientos y cultura.

Es por esto, finalizó, que la alternativa ante los fundamentalismos es el pensamiento plural, la multicultura y la libertad de expresión para todas y todos.

Así mismo, la Relatora Botero Marino, coincidió en la importancia del pluralismo y la diversidad en el trabajo de darle voz a los grupos que no la tienen.

Por otro lado, señaló también la importante necesidad de proteger a las y los periodistas del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, pues no necesitamos penas crueles contra los agresores sino "eficaces".

Igualmente se refirió al uso del derecho penal y algunos tipos de censura "sutil" utilizados en la actualidad para inhibir la libertad de expresión, tanto de las y los periodistas como de quienes defienden los derechos humanos.

Por su parte el maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su participación sobre La protesta, los derechos humanos y la libertad de expresión, opinó que "la libertad de expresión debe ser un rasgo característico de una sociedad democrática".

Explicó cómo las protestas y movilizaciones sociales son el espacio de expresión y
participación social para grupos en situación de exclusión o vulnerabilidad.

"Sin estas protestas, el Estado posterga la solución de los problemas… son necesarios los espacios de participación". Por otro lado, dijo que uno de los obstáculos es que estas protestas se utilizan como pretexto para militarización y el hostigamiento judicial.

Finalmente la coordinadora de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y defensora del televidente de Canal 22, doctora Gabriela Warkentin de la Mora, se refirió a la importancia de crear públicos críticos por medio de este tipo de defensorías.

En algunos países como Colombia, afirmó, esta defensa a la audiencia es por Ley, y en nuestro país Canal 22 es de los únicos que lleva a cabo estas acciones de participación ciudadana.

"Hay una enorme necesidad de la gente de decir cosas y sentir que son escuchados" explicó, y debido a esto, hemos registrado mensajes de la audiencia mejor articulados y con más crítica por lo que es importante decir que la audiencia tiene también derechos, finalizó.

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En Honduras, ley prohíbe anticoncepción de emergencia

-- Por ignorancia de la evidencia científica, dicen OSC

México DF, 17 abril 09 (CIMAC, Alejandra González Méndez).- El pasado 1 de abril fue aprobada en el Congreso Nacional de Tegucigalpa, Honduras, una ley que prohíbe la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), presentada por las diputadas Nelly Jeréz y Martha Lorena Alvarado, del Partido Nacional y del Partido Liberal, respectivamente.

Diversas organizaciones de mujeres en Honduras, como el Centro de Derechos de Mujeres, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia, y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas se han pronunciado en contra de esta iniciativa.

Consideran que la legislación que prohíbe el acceso a las PAE, fue hecha con "absoluta ignorancia de la evidencia científica, o con una manipulación maliciosa para que las ideas fundamentalistas de algunos diputados fueran la regla a seguir por toda la sociedad hondureña".

El Movimiento Feminista Hondureño también se pronunció en contra y dijo que "el Congreso Nacional en esta oportunidad legisló siguiendo los caprichos de un pensamiento reducido, deformado y encarnado en el pecado, lo malo y lo sucio", además criticó a las fundamentalistas religiosas que creen que Dios les permite ordenar la vida de otras mujeres.

Esta ley es contraria a diferentes convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Artículo 12 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, e incluso contraria a la Constitución de Honduras en sus artículos 76, 77, 111 y 145.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia (PAE) no son abortivas, pues "no descolocan un embrión ya implantado, y no pueden poner término a un embarazo ya establecido". La OMS afirma que la anticoncepción oral de emergencia no es eficaz una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provoca un aborto.

Sin embargo esta información no fue tomada en cuenta para la redacción de la iniciativa que establece en su artículo tercero que "A quien contravenga las disposiciones del presente Decreto, se le aplicarán las penas establecidas para el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal".

ALARMANTE AUMENTO DE ABUSOS

Esta iniciativa es un golpe bajo al avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país, y principalmente de las mujeres y niñas que han sido abusadas sexualmente, sobre todo en un país cuyos índices de violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños es elevado. Se estima que en Honduras se
cometen 203 abusos y violaciones por cada 100 mil mujeres, señalan las organizaciones.

Además, de acuerdo con la representante de la Fiscalía de la Niñez en Honduras, Nora Urbina, los abusos sexuales en contra de menores de edad aumentaron de forma alarmante en el 2008. Dijo que de acuerdo con Casa Alianza y la alcaldía de Tegucigalpa, hay en Honduras aproximadamente 10 mil niñas y niños víctimas de explotadores sexuales.

De acuerdo con datos de la Encuesta de Epidemiología y Salud Familiar, el 15 por ciento de las mujeres hondureñas mayores de 14 años informó haber sido por lo menos una vez, maltratada físicamente, y de éste porcentaje, un 4.9 por ciento afirmaron haber sido abusadas sexualmente antes de los 12 años.

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Se publicó hoy la NOM-046 para víctimas de violencia sexual

-- Éxito parcial para las mujeres mexicanas

México DF, 16 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Con retraso de cientos de días y con modificaciones que causaron polémica entre las organizaciones civiles que
trabajan a favor de los derechos sexuales y reproductivos, hoy fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Dicha Norma fue creada para garantizar la adecuada atención a víctimas de violencia sexual, con opciones de anticoncepción de emergencia, interrupción legal del embarazo (ILE), asesoría jurídica y atención psicológica.

La NOM 046 para atender a víctimas de violencia sexual fue compromiso adquirido por el Estado mexicano, a través de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego del caso Paulina, niña de 13 años que fue violada en 1999 y como consecuencia embarazada, a quien las autoridades
panistas de Baja California negaron la interrupción legal del embarazo (ILE), como
estaba previsto en el Código Penal de la entidad.

La publicación de la NOM-046 es, de acuerdo con Rafaella Schavon, directora de Organización Internacional Protegiendo la salud de las mujeres, promoviendo el respeto a sus derechos reproductivos (IPAS México), "un éxito parcial para las mujeres mexicanas y para las organizaciones de la sociedad civil que venían exigiendo su publicación, aunque han tenido diferentes posturas frente al tema".

La publicación, dijo la Directora de IPAS a Cimacnoticias vía telefónica, permite la rendición de cuentas, ahora hay que hacerla operativa y darle seguimiento, llevar un monitoreo que observe los casos particulares de las mujeres que acudan a los servicios médicos para que, con base en la Norma, se les dé asesoría adecuada, la atención que requieran, la Anticoncepción de Emergencia, si es necesaria, entre otros.

LARGA HISTORIA

Esta Norma actualiza la Norma Oficial Mexicana 190-SSA1-1999, relativa a la atención médica de la violencia familiar y ampliar su objetivo y ámbito de aplicación al abordar la violencia sexual, fuera del ámbito familiar, tarea que había tenido pendiente la SS desde marzo de 2006, luego del acuerdo ante la CIDH.

Después que la NOM-046 fue elaborada por la SS, con apoyo de expertas y expertos y con la consulta de las OSC, y aprobada por unanimidad el 21 de julio de 2008, hubo un retraso de 192 días que lejos de ser publicada, la SS convocó a una reunión irregular, para hacer cambios sustanciales al documento.

En dicha reunión, realizada el 28 de enero pasado, como reportó oportunamente esta agencia, se aprobó una versión que privilegiaba la objeción de conciencia del personal médico para proporcionar servicios de acuerdo con la Norma, condicionaba la ILE a las menores de edad y no hacía obligatoria la atención a las víctimas y
magnificaba asimismo los efectos colaterales de la anticoncepción de emergencia.

Por lo anterior, las OSC denunciaron públicamente y las legisladoras integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados llamaron al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a comparecer ante el legislativo, lo cual nunca se llevó acabo.

Ante la presión de las OSC y legisladoras, la SS realizó una tercera versión, el 27 de febrero la cual eliminaba algunos puntos, como la objeción de conciencia, pero aun así conservaba algunos otros, como la necesaria aprobación de los tutores para que los adolescentes puedan tener acceso a la ILE.

Aunque las OSC cuestionaron también esta versión, el proceso avanzó y el 3 de marzo pasado se publicaron las respuestas a los comentarios recibidos a este documento, la cual constó de un total de 320 comentarios, de 57 OSC de distintas partes de la República, legisladoras y legisladores federales, así como varios grupos religiosos en contra de su publicación.

Pasaron así, según marca la Ley Federal de Metrología y Normalización, los 15 permitidos antes de su necesaria publicación, lo cual no sucedió. Las OSC denunciaron nuevamente el retraso e iniciaron otra vez un conteo público de los días de dilación. Además, declararon conocer que había grupos conservadores los cuales estaban presionando para que la Norma no se publicara.

Después de una larga espera por parte de las OSC, hoy la NOM-046 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, advierte la doctora Shiavon, no hay que dejar de advertir que ya en siete estados del país -- Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla, Sonora-, se han aprobando cambios a las constituciones locales para dar personalidad jurídica al producto de la concepción, donde señalan que "defienden" la vida desde el momento de la concepción o de la fertilización, con lo cual intentaría excluir la anticoncepción de emergencia para víctimas de violencia sexual.

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No pasó en Quintana Roo iniciativa para criminalizar ILE

-- Diputada priista votó contra iniciativa de su propio partido

México DF, 16 abril 2009 (CIMAC, Guadalupe Gómez Q.).- Hoy en Quintana Roo, la iniciativa de la legisladora priista Laura Fernández Piña para otorgar derechos jurídicos al producto de la concepción y con ello criminalizar la interrupción legal del embarazo (ILE), mediante la modificación del Artículo 13 de la Constitución local, no fue aprobada en el pleno y se regresó a Comisiones para su estudio.

De los 20 diputados que asistieron a la sesión, siete votaron en contra: tres del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), una del Partido de la Revolución Democrática (PRD), uno del Partido Nueva Alianza (Panal) uno Independiente y María Hadad, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y única priista que ha manifestado abiertamente su postura en contra de la iniciativa de su compañera de bancada, de acuerdo con información de Silvia Hernández, corresponsal de El Universal.

De las cinco mujeres que integran la Cámara de Diputados, a excepción de la panista Rosa María Serrano y la priista que presentó la iniciativa de reforma, las tres restantes han manifestado su rechazo y votaron en contra: Marisol Ávila Lagos, del PVEM y Luz María Beristaín, del PRD, así como María Hadad del PRI.

Dos diputados panistas, un priista y un petista que al parecer no están de acuerdo con la iniciativa faltaron a la sesión y debido a ello no se reunió el número de votos necesario.

De esta manera, Quintana Roo no se sumó hoy a los estados donde han sido aprobadas iniciativas semejantes: Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora.

La iniciativa --propuesta el pasado 8 de abril para proteger y garantizar el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción-fue aprobada anoche en la Comisión de Puntos constitucionales, donde solo se le hizo una adición al final del Artículo 13 para señalar excepciones y quedar así:

"ARTÍCULO 13.- El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la
concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la ley."

Sin embargo, en la sesión de hoy por la mañana no hubo votación suficiente para su aprobación; antes bien, la diputada María Hadad, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, en su pronunciamiento en el pleno de la Cámara, manifestó que tal como lo señalan los estatutos de su partido, el Revolucionario Institucional, "los derechos de las mujeres están por encima de cualquier disposición gubernamental, costumbre, tradición o creencia". Y que por tanto actuaría en consecuencia.

Agregó que "debido a una redacción basada en una creencia moral, sin sustento científico y sin claridad jurídica, las mujeres quintanarroenses seremos vulneradas en nuestros derechos fundamentales, estaremos en una situación de indefensión a merced de la interpretación de un juez que decidirá si las excepciones contempladas
en el Artículo 97 del Código Penal son constitucionales o no".

"Establecer en nuestra ley suprema que el derecho a la vida inicia al momento de la concepción, afirmó, es un exceso, como ya fue manifestado por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la resolución que declaró constitucional la despenalización de la interrupción del embarazo en el Distrito Federal".

Para concluir afirmó que "En esta ocasión dejo a un lado la disciplina partidaria y opto por un voto en sentido contrario, pero sustentado en la ética de la convicción".
Se espera que la próxima semana sea nuevamente presentada la iniciativa para su aprobación o rechazo en el pleno de la Cámara.

LA INICIATIVA

Sin consulta ciudadana ni foros de discusión, la iniciativa fue presentada el pasado 8 de abril y retoma, en su argumentación, las opiniones que no fueron incluidas por el pleno de la SCJN para resolver que la ILE en el Distrito Federal está acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa, en la entidad con el mayor número de embarazos adolescentes no deseados y con alarmantes casos de explotación sexual de niñas, ha desatado gran controversia.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Antonio Coronado Rojas, de acuerdo con El Periódico de Quintana Roo, reconoció que la iniciativa generará mucha polémica, pero subrayó que no se puede eliminar el derecho a decidir de las mujeres de interrumpir el embarazo cumpliendo con las dispensas legales vigentes como: que el producto tenga malformaciones congénitas, embarazo por violación o que la vida de la madre esté en riesgo, pues "se estaría condenando a la mujer a la muerte".

El médico y servidor público destacó que está de acuerdo con que existe vida desde el momento en que el óvulo es fecundado, pero también está de acuerdo con que hay que avanzar y dar oportunidad a las mujeres a elegir libremente sobre su vida sexual. Recordó también que el aborto está penalizado en la entidad, bajo ciertas excepciones.

Dijo que estas dispensas que contempla el Código Penal -embarazo producto de la violación, malformaciones congénitas o riego de vida de la mujer-deben continuar vigentes, pues de lo contrario se estaría condenando a la muerte a un número importante de mujeres, incluso niñas, por lo que insistió en que "no se puede cerrar esa puerta".

Indicó que la iniciativa está más dirigida a cuestiones de "provida", y que la polémica se dará por la postura de los grupos que defienden el derecho a la sexualidad, por lo que insistió que se tendrá que analizar profundamente dicha iniciativa y homologar los criterios con las leyes, para que no existan lagunas en ese rubro y mucho menos retrocesos.

Por ello citó varios ejemplos como no condenar a una mujer a morir, ya que muchas padecen cardiopatías y cuando se embarazan tienen que elegir entre su vida y la del bebé, además de que no se puede obligar a nadie a tener un hijo con malformaciones congénitas, que no le permitirá desarrollarse plenamente o que tarde o temprano tendrá un final, o que las pacientes psiquiátricas que suelen ser víctimas de violación tengan un hijo en esas condiciones, por lo que es necesario darles la oportunidad y la libertad de elegir.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La iniciativa, redactada en tono oral y con fallas de sintaxis, retoma los argumentos con que el ministro Salvador Aguirre Anguiano y otros ponentes trataron de defender la propuesta de declarar inconstitucional la ILE en el DF.

La exposición de motivos de la iniciativa priista se asemeja a la presentada en otras entidades, principalmente por el Partido Acción Nacional (PAN), con apoyo del PRI. Hasta hoy, en Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora se han presentado y aprobado este tipo de iniciativas.

En sus 38 páginas argumenta la necesidad de "proteger los recursos naturales"; hace
afirmaciones como "todo ser humano tiene un ciclo vital, estamos de paso en este planeta" y menciona a "Pulgarcito" para referirse a un embrión y de que "debemos estar consientes (sic) que cada días es más difícil mantener la paz, la tranquilidad y la armonía en nuestra sociedad".

Reconoce que "como legisladores no somos diferentes, somos débiles, frágiles, sentimos, soñamos, sufrimos". Y compara: "Al igual que al adquirir un automóvil y se entrega la factura a nombre de uno, el derecho a la vida surge en el momento mismo en que el ser humano comienza a vivir".

Y señala que, "debido a la relevancia que tiene el derecho a la vida, expresamente debe estar reconocido y protegido a través de la Carta Magna Federal, de hecho implícitamente lo está".

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y ABORTO

Quintana Roo ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes del país, reconoció hace unos meses ante la prensa la también legisladora priista María Hadad Estéfano. En el 2005 se registraron 87 mil casos de adolescentes embarazados, es decir, un 7.4 por ciento, lo que superó la media nacional que es de 2.9 por ciento.

La legisladora habló de la urgencia de legislar sobre los derechos sexuales y reproductivos de la población de la entidad, pues el promedio de embarazados en adolescentes es de dos mil por año. Informó entonces que estaba trabajando en la
creación de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, en la que, si las mujeres lo piden, incluirá despenalizar el aborto antes de las doce semanas de gestación.

Un estudio del doctor Guillermo Padrón Arredondo, del Hospital Integral Playa del Carmen, realizado en 2005, con más de 200 adolescentes de Playa del Carmen, reveló la tendencia existente en Quintana Roo con respecto a este problema.

Las adolescentes embarazadas encuestadas (218), tenían entre 11 y 18 años, el promedio de 14.9 años de edad. Recibieron orientación sexual en la mayoría de los casos por la madre (39 por ciento). En más de la mitad de sus hogares se registró alcoholismo.

El 18 por ciento señaló haber sufrido abuso sexual; 13.3 por ciento estupro y 13.3 por ciento violación. El inicio de la vida sexual activa más temprano fue a los 11 años y la más tardía a los 18. El 8.7 por ciento declaró haber tenido al menos un aborto previo. El 47.2 por ciento señaló no tener conocimiento de métodos anticonceptivos y sólo 8.8 manifestó haber utilizado previamente anticonceptivos. La mitad de los embarazos fueron no deseados.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2008 se llevaron a cabo mil 418 abortos en hospitales del sector salud; de los cuales mil 29 ocurrieron en Cancún. La causa principal fue malformaciones congénitas, seguida de infecciones urinarias, y la tercera "esfuerzo físico, golpes y caídas", aunque no se precisa el porcentaje de cada causal, además de que tampoco se indican datos sobre ingresos hospitalarios por complicaciones de abortos.

Por otra parte, el presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Quintana Roo, Ariel Marrufo Sodá, afirmó al periódico Novedades de Quintana Roo el año pasado que en la entidad se practican al mes 300 abortos clandestinos, de los cuales 150 se llevarían a cabo en el municipio de Benito Juárez.

Dijo también que se registran además de 2 mil a 2 mil 500 interrupciones legales del embarazo al mes, debido a malformación del producto o complicaciones del embarazo.

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