Ni un solo militar castigado por abuso contra mujeres en México
-- Informe de HRW Uso indebido de la justicia militar
México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Ante un sistema de justicia militar roto y disfuncional en México, los militares que cometen graves violaciones a los derechos humanos y agreden sexualmente a niñas y mujeres, los hacen una y otra vez, debido a que no reciben castigo y viven en la impunidad.
Es la consideración contundente del informe presentado el día de hoy en la Ciudad de México por Human Rights Watch (HRW), “Impunidad Uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, que documenta 17 casos de crímenes atroces cometidos por militares contra más de 70 víctimas.
El documento considera que existe un patrón en común en cada uno de los casos: la impunidad. Y es que ninguna investigación militar presentada en el informe ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, porque en México se tolera que los militares se investiguen a sí mismos a través de un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas para asegurar su independencia e imparcialidad.
En enero de 2009, indica el informe, Human Rights Watch tuvo una entrevista con funcionarios de alto rango de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) entre los que se encontraban el General Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos, y el general José Luis Chávez, procurador general de Justicia Militar, quienes aseguraban que había muchos casos de militares juzgados y condenados por violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, solo pudieron recordar un solo caso en el año de 1998.
CASOS
El 4 de junio de 1994, en el municipio de Altamirano, Chiapas, aproximadamente 10 miembros de las fuerzas armadas detuvieron en forma arbitraria a Ana, Beatriz y Celia Pérez, quienes en ese momento tenían 20,18 y 16 años, respectivamente, las tres hermanas tzeltales fueron violadas en reiteradas veces.
Las hermanas denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia (PGR), pero ésta argumento no tenía competencia y remitió la investigación a los agentes del Ministerio Público Militar. Un año más tarde las autoridades cerraron el caso, que fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien determinó que México era responsable por la detención arbitraria, tortura y violación de las hermanas, y de no realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de los hechos.
Catorce años después de las violaciones parece que el caso podrá ser investigado por autoridades civiles, ya que en 2008 funcionarios del gobierno y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, representante de las víctimas, firmaron un acuerdo ante la CIDH mediante el cual hay un compromiso con el fin de remitir el caso a los agentes del Ministerio Público Civil.
El 22 de marzo de 2002, 11 soldados entraron a la vivienda de a Inés, indígena me´phaa de Guerrero, la cual fue atacada sexualmente por un elemento, dos días después Inés presentó la denuncia ante el Ministerio Público local en Ayutla de los Libres, Guerrero, el cual determinó que no era de su competencia investigar los hechos porque las personas que realizaron el acto delictuoso pertenecían al Ejército.
Actualmente el caso de Inés está en trámite ante la CIDH , que emitió un informe de fondo en noviembre de 2008 y esté podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otro caso en Guerrero es el de Valentina, de la comunidad indígena de Caxitepec, quien el 16 de febrero de 2002, a los16 años de edad, se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su vivienda, cuando 8 soldados aparecieron y dos de ellos la atacaron sexualmente.
El 8 de marzo, Valentina presentó su denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común en Ayutla de los Libres y dos meses después el ministerio local remitió el caso a los agentes del Ministerio Público militar, argumentando su incompetencia.
En octubre de 2007, después de una audiencia pública ante la CIDH , Valentina se enteró que las autoridades militares habían cerrado la investigación de su caso hacía más de tres años, en marzo de 2004, argumentando que no habían encontrado pruebas de que hubiera sido violada por militares.
Sin embargo, el Centro de Derechos de la Montaña , Tlachinollan, quien representa a Valentina ante la CIDH , dijo a Human Rights Watch, que creían que la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público local en 2008, que se reabrió después de varios años, se centra en determinar la posible responsabilidad de civiles en la violación y no están investigando seriamente a los soldados. Actualmente el caso está en trámite ante la CIDH.
GUERRA SUCIA
Las fuerzas armadas mexicanas son responsables de la gran mayoría de los abusos cometidos durante la llamada “guerra sucia” ocurrida en México en las décadas del 60 y 70, incluida tortura y la desaparición forzada de cientos de civiles, pero hasta hoy ningún militar ha sido condenado por estos delitos.
Uno de los casos incluido en el informe, es el de Rosendo Radilla, detenido por elementos militares el 25 de agosto de 1974, y visto por última vez en las instalaciones militares de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974. Indica el documento que de acuerdo con testigos, los soldados le vendaron los ojos, le ataron las manos, lo torturaron y lo amenazaron con que lo “arrojarían al agua como comida para los pescados”.
Actualmente el caso de Radilla está en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual tiene la facultad de emitir una decisión vinculante sobre la responsabilidad internacional de México por la detención, tortura y posterior desaparición de radilla, así como sobre la falta de juzgamiento de los culpables por el Estado.
Los casos anteriores son un precedente de la falta de justicia por las autoridades nacionales, por lo que se ha tenido que recurrir a instancias internacionales para que estos casos no queden en la impunidad.
OPERATIVOS RECIENTES Y ABUSO
El informe, posterior a estos casos, hace un recorrido por abusos recientes cometido durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, como la detención ilegal y abuso de 36 civiles y violación de cuatro jóvenes en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en el estado de Michoacán, quienes cometieron decenas de abusos, incluidas golpizas, torturas, violaciones sexuales e ingresos a varias viviendas.
Asimismo, el asesinato de dos mujeres y tres niños, y lesiones contra otros tres civiles el 1 de junio de 2007, en el municipio Sinaloa de Leyva en el estado de Sinaloa, entre otros.
Ante el estado de impunidad que se otorga a los elementos militares, el informe de 2007 del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, notó su preocupación ante la subsistencia del fuero militar para el delito de tortura cometido por elementos militares durante el ejercicio de función pública en contra de civiles.
Más recientemente, luego de su visita realizada en 2008 a México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos también recomendó que los tribunales civiles tengan jurisdicción sobre los actos del personal militar que “desarrolla funciones para hacer cumplir la ley”.
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México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Ante un sistema de justicia militar roto y disfuncional en México, los militares que cometen graves violaciones a los derechos humanos y agreden sexualmente a niñas y mujeres, los hacen una y otra vez, debido a que no reciben castigo y viven en la impunidad.
Es la consideración contundente del informe presentado el día de hoy en la Ciudad de México por Human Rights Watch (HRW), “Impunidad Uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, que documenta 17 casos de crímenes atroces cometidos por militares contra más de 70 víctimas.
El documento considera que existe un patrón en común en cada uno de los casos: la impunidad. Y es que ninguna investigación militar presentada en el informe ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, porque en México se tolera que los militares se investiguen a sí mismos a través de un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas para asegurar su independencia e imparcialidad.
En enero de 2009, indica el informe, Human Rights Watch tuvo una entrevista con funcionarios de alto rango de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) entre los que se encontraban el General Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos, y el general José Luis Chávez, procurador general de Justicia Militar, quienes aseguraban que había muchos casos de militares juzgados y condenados por violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, solo pudieron recordar un solo caso en el año de 1998.
CASOS
El 4 de junio de 1994, en el municipio de Altamirano, Chiapas, aproximadamente 10 miembros de las fuerzas armadas detuvieron en forma arbitraria a Ana, Beatriz y Celia Pérez, quienes en ese momento tenían 20,18 y 16 años, respectivamente, las tres hermanas tzeltales fueron violadas en reiteradas veces.
Las hermanas denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia (PGR), pero ésta argumento no tenía competencia y remitió la investigación a los agentes del Ministerio Público Militar. Un año más tarde las autoridades cerraron el caso, que fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien determinó que México era responsable por la detención arbitraria, tortura y violación de las hermanas, y de no realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de los hechos.
Catorce años después de las violaciones parece que el caso podrá ser investigado por autoridades civiles, ya que en 2008 funcionarios del gobierno y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, representante de las víctimas, firmaron un acuerdo ante la CIDH mediante el cual hay un compromiso con el fin de remitir el caso a los agentes del Ministerio Público Civil.
El 22 de marzo de 2002, 11 soldados entraron a la vivienda de a Inés, indígena me´phaa de Guerrero, la cual fue atacada sexualmente por un elemento, dos días después Inés presentó la denuncia ante el Ministerio Público local en Ayutla de los Libres, Guerrero, el cual determinó que no era de su competencia investigar los hechos porque las personas que realizaron el acto delictuoso pertenecían al Ejército.
Actualmente el caso de Inés está en trámite ante la CIDH , que emitió un informe de fondo en noviembre de 2008 y esté podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otro caso en Guerrero es el de Valentina, de la comunidad indígena de Caxitepec, quien el 16 de febrero de 2002, a los16 años de edad, se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su vivienda, cuando 8 soldados aparecieron y dos de ellos la atacaron sexualmente.
El 8 de marzo, Valentina presentó su denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común en Ayutla de los Libres y dos meses después el ministerio local remitió el caso a los agentes del Ministerio Público militar, argumentando su incompetencia.
En octubre de 2007, después de una audiencia pública ante la CIDH , Valentina se enteró que las autoridades militares habían cerrado la investigación de su caso hacía más de tres años, en marzo de 2004, argumentando que no habían encontrado pruebas de que hubiera sido violada por militares.
Sin embargo, el Centro de Derechos de la Montaña , Tlachinollan, quien representa a Valentina ante la CIDH , dijo a Human Rights Watch, que creían que la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público local en 2008, que se reabrió después de varios años, se centra en determinar la posible responsabilidad de civiles en la violación y no están investigando seriamente a los soldados. Actualmente el caso está en trámite ante la CIDH.
GUERRA SUCIA
Las fuerzas armadas mexicanas son responsables de la gran mayoría de los abusos cometidos durante la llamada “guerra sucia” ocurrida en México en las décadas del 60 y 70, incluida tortura y la desaparición forzada de cientos de civiles, pero hasta hoy ningún militar ha sido condenado por estos delitos.
Uno de los casos incluido en el informe, es el de Rosendo Radilla, detenido por elementos militares el 25 de agosto de 1974, y visto por última vez en las instalaciones militares de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974. Indica el documento que de acuerdo con testigos, los soldados le vendaron los ojos, le ataron las manos, lo torturaron y lo amenazaron con que lo “arrojarían al agua como comida para los pescados”.
Actualmente el caso de Radilla está en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual tiene la facultad de emitir una decisión vinculante sobre la responsabilidad internacional de México por la detención, tortura y posterior desaparición de radilla, así como sobre la falta de juzgamiento de los culpables por el Estado.
Los casos anteriores son un precedente de la falta de justicia por las autoridades nacionales, por lo que se ha tenido que recurrir a instancias internacionales para que estos casos no queden en la impunidad.
OPERATIVOS RECIENTES Y ABUSO
El informe, posterior a estos casos, hace un recorrido por abusos recientes cometido durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, como la detención ilegal y abuso de 36 civiles y violación de cuatro jóvenes en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en el estado de Michoacán, quienes cometieron decenas de abusos, incluidas golpizas, torturas, violaciones sexuales e ingresos a varias viviendas.
Asimismo, el asesinato de dos mujeres y tres niños, y lesiones contra otros tres civiles el 1 de junio de 2007, en el municipio Sinaloa de Leyva en el estado de Sinaloa, entre otros.
Ante el estado de impunidad que se otorga a los elementos militares, el informe de 2007 del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, notó su preocupación ante la subsistencia del fuero militar para el delito de tortura cometido por elementos militares durante el ejercicio de función pública en contra de civiles.
Más recientemente, luego de su visita realizada en 2008 a México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos también recomendó que los tribunales civiles tengan jurisdicción sobre los actos del personal militar que “desarrolla funciones para hacer cumplir la ley”.
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Etiquetas: Conflictos bélicos y militares, Derechos Humanos, Injusticia e Impunidad, Violencia
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