México DF, 21 enero 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Los estereotipos de género, la pobreza y la desigualdad social crean expectativas muchas veces injustas e inalcanzables que propician en las familias inequidades, frustración, falta de
libertad, en particular de las mujeres, la juventud y la infancia, y violencia familiar y social.
Por eso es necesario encontrar puntos de confluencia entre todos los actores sociales, económicos y políticos del país, para sumar esfuerzos y recursos que favorezcan la protección social de las familias y de todos sus integrantes.
Así inicia el texto "Familias en el siglo XXI: declaratoria de la Ciudad de México", dado a conocer al concluir los trabajos del Seminario "Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas", que reunió a 729 asistentes, en su mayoría mujeres, en El Colegio de México, de esta ciudad, el 19 y 20 de enero de 2009.
El texto, elaborado por el Comité científico del Seminario, conformado por integrantes de instituciones académicas, de la sociedad civil, de organismos públicos nacionales e internacionales, destaca que la privatización y la pérdida de calidad de los servicios estatales han trasladado responsabilidades y riesgos de la
esfera pública a las familias y las personas, afectando de manera particular a mujeres y jóvenes.
Y propone, entre otras cosas, un reparto más equitativo de las responsabilidades entre los diversos actores sociales, entre sexos y generaciones, que no rezague social, cultural ni económicamente a las mujeres y las niñas.
POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS
Señala la Declaratoria que, al igual que diversos actores sociales en México y en el mundo, tiene preocupación por las problemáticas que aquejan a las familias y a sus integrantes y en la necesidad de diseñar e instrumentar políticas y programas públicos dirigidos a las familias, consideradas como grupo primario de convivencia,
seguridad, protección y afecto de los seres humanos.
Reconocen, a partir de estudios y diagnósticos recientes sobre la realidad de las familias mexicanas, que éstas son diversas, en términos sociodemográficos, económicos, culturales y religiosos. Saben asimismo los retos que enfrentan en un
contexto de crisis económica y de violencia generalizada y consideran necesario comunicar a la opinión pública y al Estado mexicano en sus distintos niveles dichas preocupaciones, propuestas y demandas en beneficio de las familias y del fortalecimiento de la vida democrática, en el marco del Estado laico como principio de convivencia en la diversidad y como ámbito que permite la pluralidad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas.
CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Afirman que, lejos de una supuesta existencia natural, las familias son producto de la evolución histórica y cultural de las distintas sociedades. Por ello, las transformaciones de la sociedad mexicana exigen del Estado mexicano el reconocimiento y atención a los fenómenos emergentes que han generado transformaciones en las personas y en las familias, como son los avances tecnológicos, las migraciones, la reducción de la fecundidad, la ampliación de la
esperanza de vida, el envejecimiento poblacional, los cambios en el mundo del trabajo, las crisis de crecimiento, empleo e ingresos, la incertidumbre social, entre otras.
Las políticas públicas, afirman las y los expertos, deben partir de diagnósticos
actualizados que recojan los hallazgos científicos más recientes sobre la diversidad y complejidad en la que se van construyendo los vínculos familiares y reconocer las nuevas problemáticas que afectan a las familias.
POBREZA, FAMILIA Y TRABAJO
Las políticas económicas de las últimas décadas, señala la Declaratoria, en particular el lento crecimiento y la baja generación de empleos, más la contención salarial y la vulneración sistemática de los derechos laborales, han provocado un deterioro en la calidad de vida de las familias y una creciente inseguridad
económica y social que tensiona las relaciones familiares, propicia las migraciones y aumenta la violencia en sus diversas manifestaciones.
Estas condiciones, afirma, han incidido en la transformación de la organización, dinámica, ciclo y composición de las familias.
A la vez, el adelgazamiento de los programas sociales de amplia cobertura, la privatización y la pérdida de calidad de los servicios estatales, han trasladado responsabilidades y riesgos de la esfera pública a las familias y las personas,
afectando de manera particular a mujeres y jóvenes.
Muchas familias mexicanas, especialmente las más pobres, explica la Declaratoria, enfrentan necesidades económicas y sociales verdaderamente apremiantes. En este contexto, muchas mujeres se ven obligadas a buscar una ocupación remunerada sin dejar de realizar las tareas domésticas y de cuidado de sus hijas e hijos y de las personas adultas mayores.
Urge, por tanto, reconocer esta sobrecarga de trabajo y definir el cuidado y la protección intergeneracional como un asunto de interés público y objeto de políticas de Estado. Es preciso, señala el texto, promover un reparto más equitativo de las responsabilidades entre los diversos actores sociales, entre sexos y generaciones, que no rezague social, cultural ni económicamente a las mujeres y las niñas.
Exigimos un nuevo pacto social entre Estado, empresas y familias, con una concepción amplia de las familias, que sea respetuosa de los derechos humanos y promueva una efectiva conciliación entre el trabajo para el mercado, el trabajo doméstico y de cuidado, y la provisión de servicios públicos.
VIOLENCIA Y FAMILIAS
Considera la Declaratoria que uno de los desafíos para todos los actores sociales, económicos, políticos y religiosos es la eliminación de cualquier forma de violencia hacia los integrantes de las familias, cualquiera que sea su arreglo de convivencia.
La violencia física, emocional, sexual y económica en las familias afecta a todos sus integrantes, en especial a las mujeres; casi la mitad de ellas han sufrido algún incidente de violencia a lo largo de su última relación conyugal. Al mismo tiempo, la violencia que se ejerce sobre las niñas y los niños sigue siendo una práctica ampliamente difundida y tolerada en México, lo que es urgente revertir.
El gobierno mexicano, recuerda el texto, ha reconocido la importancia del problema de la violencia de género y ha firmado y ratificado todos los instrumentos internacionales sobre la materia.
Pero a pesar de los avances legislativos, normativos e institucionales en el ámbito
federal, urge una política integral que dé una respuesta efectiva en cuanto a programas para la prevención, detección, atención y sanción de las diferentes formas de violencia de género y familiar.
FAMILIAS Y DERECHO EN EL NUEVO SIGLO
Es prioritario, continúa el texto, impulsar un nuevo Derecho de las Familias que reconozca los diversos arreglos familiares más allá de la consanguinidad, que preserve los derechos y la dignidad de cada uno de sus integrantes y que promueva relaciones equitativas y justas.
Es preciso actualizar la legislación y promover reformas institucionales para adecuar las normas relativas a la identidad, estado civil, arreglos familiares, formas de convivencia, matrimonio, adopción, reproducción, sexualidad, divorcio,
herencia, cuidado, muerte digna y derechos de los integrantes de las diversas estructuras familiares, de cara a los cambios sociodemográficos, culturales, científicos y tecnológicos para garantizar la libertad de elección y de consciencia y el pleno respeto a los derechos humanos.
Asimismo, se requieren instrumentos y políticas públicas que favorezcan la convivencia democrática en las familias y que impidan que las violaciones a los derechos de las personas, cometidas dentro o fuera del ámbito familiar, por parte de individuos o de instancias gubernamentales o sus agentes, queden en la impunidad.
ÉTICA Y VALORES
Reconocemos, continúan las y los autores de la Declaratoria, la creciente diversidad religiosa y de creencias en las familias y la necesidad de que las distintas tradiciones filosóficas atiendan las nuevas problemáticas que aquejan a las comunidades familiares, para ofrecer respuestas nuevas a realidades nuevas.
Las familias son vitales en la existencia, convivencia y vida espiritual de los seres humanos, afirman, y consideran que lo esencial son los vínculos y el tipo de relaciones que se tejen en ellas, y los valores para la vida democrática y ciudadana: libertad, solidaridad, equidad, respeto, igualdad y tolerancia.
Debe respetarse, afirman, la voluntad de unir afectos, esfuerzos y patrimonios,
independientemente de que la familia esté constituida por padres o madres sin cónyuge, por una pareja de homosexuales, lesbianas o bisexuales, por personas unidas en segundas nupcias o integrada por diversas generaciones.
El Estado, dice, debe crear un marco propicio para que las familias puedan informar a hijas e hijos sobre la dignidad y respeto del cuerpo y de los deseos propios y ajenos y favorecer una expresión libre, responsable y placentera de la sexualidad, sin discriminación entre hijos e hijas, cualquiera que sea su orientación sexual,
y con apego a los derechos humanos.
En este mismo sentido, el Estado debe garantizar el acceso a una educación pública y gratuita de calidad, apegada a los principios del laicismo, como base para la formación de una ciudadanía democrática, plural y tolerante.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y FAMILIAS
Es obligación del Estado mexicano garantizar que las familias, en cada momento de su ciclo de vida, cuenten con condiciones para desarrollarse con seguridad económica, certeza jurídica, equidad, aceptación social y libertad, señala el texto.
Para construir un verdadero Estado de Derecho, una vida democrática con justicia social y pleno ejercicio de los derechos humanos de todos y todas, consideran, es urgente crear las bases de un nuevo pacto social que surja de un diálogo amplio, incluyente, constructivo y respetuoso.
Este pacto habrá de reconocer la heterogeneidad que caracteriza hoy a la sociedad mexicana y a las familias, e impulsar el desarrollo de las instituciones, la legislación, la procuración de justicia, las políticas públicas y los acuerdos sociales, para implementar sistemas de protección social hacia las familias y sus integrantes.
Demandan por tanto, dice el texto, que el Estado, en todos sus niveles, asuma su responsabilidad ética ante la sociedad y que sus funcionarios tengan la calidad moral y profesional necesaria para responder con eficacia y responsabilidad a las necesidades de las familias y personas.
El Estado debe ver en la ciudadanía sujetos de derechos a los que ha de rendir cuentas y no clientela política. Exigen, concluye el texto, el respeto al
principio de laicidad del Estado. Refrendarlo como base de las instituciones y de las políticas públicas en México es indispensable para dar cabida a la diversidad religiosa, ideológica y filosófica y favorecer una convivencia respetuosa en la pluralidad.
El Comité científico del Seminario, autor de la Declaratoria, está integrado por Susana Lerner, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex; María Consuelo Mejía, Católicas por el Derecho a Decidir; José Ángel Aguilar Gil, Red Democracia y Sexualidad (Demysex) AC; Rosa María Camarena, Instituto de
Investigaciones Sociales (UNAM); Carlos Echarri, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex; y Brígida García, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex.
También por Soledad González, del Centro de Estudios Sociológicos-Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, de El Colmex; Clara Jusidman, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social/INCIDE Social AC; Lucía Melgar, Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; Guadalupe Ordaz, Incide Social AC, y Gabriela Rodríguez, de Afluentes SC.
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