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Propone senadora Corichi bloquear sitios de pornografía infantil

-- Por convenio entre SCT y PGR con operadores de Internet

México DF, 30 abril 2009 (CIMAC).- Claudia S. Corichi García, senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso un punto de acuerdo para que la Cámara Alta exhorte al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, a realizar un convenio con los operadores de Internet para bloquear sitios de pornografía infantil.

La propuesta surge a raíz de la detención de siete integrantes de una red nacional, con ligas internacionales, dedicada a la distribución y venta de pornografía infantil en Internet. Entre los detenidos se encuentran un empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), que incluso ocupaba el equipo de cómputo de la Cancillería para realizar sus actividades ilícitas, y un sacerdote católico.

En su exposición, la legisladora señala que el tema es urgente, máxime cuando la organización internacional End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) indica, en el informe global de monitoreo de las acciones en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes realizado en la Ciudad de México, que nuestro país es considerado el segundo en el mundo con mayor producción de pornografía infantil.

Asimismo, advierte, la pornografía infantil es un problema de dimensión internacional, que ha transformado las pautas de producción y difusión de este tipo de material. La irrupción de medios tecnológicos de escaso coste al alcance de la población ha amplificado el problema; el video casero e Internet han convertido la pornografía infantil en una "sofisticada industria casera" al alcance de muchos.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia (UNCRC), ratificada por la mayoría de los Estados, califica la pornografía infantil como una violación de los derechos de las niñas y niños y exige a las naciones que participen en la convención internacional y adopten medidas para prevenir la explotación infantil en materiales pornográficos.

MÉXICO DEBE IMITAR ESFUERZOS INTERNACIONALES

El 20 de abril, representantes de los países europeos y varias organizaciones aprobaron la Declaración de Praga para reforzar la cooperación internacional sobre la seguridad en Internet.

La declaración simboliza una nueva actitud para combatir las actividades ilegales en Internet y la propagación de pornografía infantil. La declaración fue rubricada por representantes de la Interpol y la Europol, así como por proveedores de Internet, operadores de telefonía móvil y organizaciones no gubernamentales; además de los estados miembros de la Unión Europea, Noruega y Suiza también apoyaron la declaración.

El pasado 17 de abril de 2009, la Oficina Federal de Policía Criminal de la República Alemana, firmó acuerdos con los cinco proveedores de servicio de Internet más importantes de Alemania para impedir que sus clientes tengan acceso a páginas con pornografía infantil.

En concreto, se quiere comprometer a los proveedores alemanes de conexión a Internet a que obstaculicen el acceso a páginas de pornografía infantil.

Asimismo se planea crear una oficina de información y quejas a la que serían desviados automáticamente quienes intenten ingresar en una página pornográfica en la red.

México no puede quedar al margen de estos esfuerzos, señaló la senadora Corichi, es necesario que la SCT y la PGR firmen acuerdos con los principales proveedores de Internet en nuestro país, para bloquear las páginas web con contenidos de pornografía infantil, y desviar a quienes consulten esas páginas a un sitio policial para su investigación.

Pero además, agregó, el acto de bloquear una página virtual no es oneroso y técnicamente hablando no supone problema alguno para las compañías proveedoras.

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Con desnutrición crónica 1.2 millones de menores de 5 años en México

-- A 20 años de la Convención sobre Derechos de la Infancia

México DF, 30 abril 2009 (CIMAC).- En este año se conmemora el XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo cual el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) invitó, en el marco del Día del Niño, a recapitular sobre los progresos alcanzados y los retos aún pendientes en el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Desde que la Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por México el año siguiente, señala un comunicado del organismo, México ha logrado importantes progresos en materia de condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, pero está aún pendiente sacar de la pobreza alimentaria a aproximadamente 10 millones de niños en el país (25 por ciento del total).

Asimismo, atender a 1.2 millones de niños menores de 5 años que padecen de desnutricion crónica (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006), con particular énfasis en los niños indígenas.

Y asegurar no solamente el acceso a la escuela sino a una educación de calidad en todos los niveles del sector educativo; y ofrecer otras opciones de vida e inclusión educativa a 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007).

Entre las mejoras para la infancia en el país, 19 años después de que se convirtió en signatario de la Convención sobre Derechos de la Infancia, están: la reducción en los últimos 25 años de la mortalidad de menores de 5 años de 64 a 18.4 por cada mil nacidos vivos. El descenso, entre 2000 y 2006, del
número de niños y niñas menores de 18 años viviendo en situación de pobreza alimentaria de 32.6 por ciento a 19 por ciento; y el logro del acceso casi universal de los niños y niñas a la escuela.

Para responder a los desafíos que implican los rezagos que padece aún la infancia mexicana, UNICEF reitera su compromiso de apoyar todos los esfuerzos orientados a proteger y garantizar los derechos de la niñez en México, tanto en circunstancias normales como en tiempos difíciles, concluye el comunicado.

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Madres de víctimas de feminicidio testimoniaron ante la CoIDH

-- El fallo, hasta noviembre

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Nancy Betán).- Con los testimonios de las madres de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, asesinadas en Ciudad, Chihuahua, y cuyos restos aparecieron en un terreno conocido como Campo Algodonero en noviembre de 2001, se desarrolló en Santiago de Chile ayer y hoy el primer juicio contra el Estado mexicano por los crímenes contra mujeres en la entidad, que suman ya más de 400 casos.

Este que es el primer caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoID) sobre feminicidio y es también la primera vez que las autoridades del Estado mexicano se ven obligadas a responder por su actuación judicial ante el fenómeno del feminicidio que ha hecho tristemente célebre a Chihuahua.

El caso llegó a la Corte luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandara a México ante esta instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), por su "responsabilidad internacional por la presunta falta de medidas de protección a las víctimas" y por su "falta de prevención de los delitos".

En las oficinas del ex Congreso chileno, lugar donde sesiona estos días la CoIDH, rindieron su testimonio las señoras Irma Monreal Jaime, madre de Esmeralda; Josefina González Rodríguez, madre de Claudia Ivette, y Benita Monárrez, madre de Laura Berenice, mientras afuera del recinto había decenas de personas que pretendían asistir a la histórica sesión.

Monárrez, al rendir su testimonio, acusó (ante medios nacionales e internacionales) a funcionarios de ejecutar esos crímenes y al Estado mexicano de encubrir a los culpables. Pensamos, dijo que los responsables de estos hechos son “personas que están dentro del Gobierno", que sobornan a las autoridades para que los encubran. a cambio de que estas encubran sus hechos.

Por su parte, Josefina González dijo: “Este juicio nos debe dar la razón. El Estado nunca se ha acercado, siempre ha actuado con mucha hipocresía y no ha cambiado nada. Creo que nunca va a cambiar nada si la Corte no nos ayuda en nombre de todas las mujeres de México".

RAZONES DEL ESTADO

Por parte del Estado mexicano, la fiscal Patricia González refutó cada uno de los cargos y declaró a los medios que se iba de la Corte “con una decisión de satisfacción por haber representado al Estado mexicano y su incansable trabajo por cambiar la lógica sobre los temas de género y asesinato de mujeres en mi país".
Aseguró también que estaban dispuestos a resarcir el daño a los familiares de las mujeres asesinadas y negó lo dicho por ellas de que no se les dio ayuda y apoyo.

Se escuchó también la voz de Rodrigo Caballero Rodríguez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Investigación de Homicidios de Chihuahua, y de la especialista en genética forense Silvia Sepúlveda, de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esa entidad. Y asistió también como invitada del Estado mexicano la magistrada Rosa Jurado Contreras, del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.

Caballero Rodríguez aseguró a la Corte alegó desde 2005 las investigaciones se diferenciaron de las realizadas en años anteriores, pero reconoció que todavía no se dictan acciones penales contra presuntos responsables y mencionó a dos hombres que seguramente están involucrados en estos casos de feminicidio.

De acuerdo con algunas agencias, la exposición del funcionario mexicano “fue débil y cayó en continuas inconsistencias y contradicciones”, mientras que Sepúlveda se limitó a aspectos “estrictamente metodológicos y no entró en el fondo del asunto”.

Por su parte, de acuerdo con Notimex, la agencia del Estado mexicano, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Negrín, negó hoy aquí que exista impunidad en el caso del asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, ocurrido en 2001.

"Desde la posición del Estado lo más importante es mostrar que no existe impunidad en este caso", subrayó el funcionario. "El Estado presentó en la audiencia todos las medidas institucionales, de políticas públicas, y legislativas que viene realizando para prevenir la violencia contra la mujer", dijo.

Sin embargo, para el abogado Ariel Dulitzky, quien asesora a la defensa de las víctimas, los argumentos del Estado son inválidos. “El Estado mexicano volvió a entregar palabras y promesas vacías", dijo. Y afirmó, como lo han denunciado las madres de las víctimas, que "el gobierno mexicano ha estado tras las constantes amenazas a las valientes madres de estas víctimas".

Agregó que esperan que la Corte aproveche esta "oportunidad histórica" para reparar el daño moral y material que se ha causado a las víctimas y "siente un precedente de cómo debe tratarse la violencia contra las mujeres en Latinoamérica".

Por su parte, Sonia Torres, portavoz del equipo de abogados que defiende a los familiares de las víctimas, dijo a EFE que el testimonio de las madres "es parte de la reparación, porque en México no han tenido la oportunidad de expresarse ante un tribunal".

Según la agencia Apro, la señora Monárrez afirmó al término de la audiencia que nada ha cambiado en los últimos tiempos en relación con establecer la verdad y la justicia respecto de lo sucedido con su hija. "Sigue siendo lo mismo, siguen perdiéndose jóvenes… forman grupos de trabajo que dicen que trabajan pero no hacen nada".

La CoIDH abrirá un plazo de 20 días para que las partes presenten nuevos alegatos y posteriormente emitirá su sentencia final en noviembre próximo.

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Ni un solo militar castigado por abuso contra mujeres en México

-- Informe de HRW Uso indebido de la justicia militar

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Ante un sistema de justicia militar roto y disfuncional en México, los militares que cometen graves violaciones a los derechos humanos y agreden sexualmente a niñas y mujeres, los hacen una y otra vez, debido a que no reciben castigo y viven en la impunidad.

Es la consideración contundente del informe presentado el día de hoy en la Ciudad de México por Human Rights Watch (HRW), “Impunidad Uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, que documenta 17 casos de crímenes atroces cometidos por militares contra más de 70 víctimas.

El documento considera que existe un patrón en común en cada uno de los casos: la impunidad. Y es que ninguna investigación militar presentada en el informe ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, porque en México se tolera que los militares se investiguen a sí mismos a través de un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas para asegurar su independencia e imparcialidad.

En enero de 2009, indica el informe, Human Rights Watch tuvo una entrevista con funcionarios de alto rango de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) entre los que se encontraban el General Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos, y el general José Luis Chávez, procurador general de Justicia Militar, quienes aseguraban que había muchos casos de militares juzgados y condenados por violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, solo pudieron recordar un solo caso en el año de 1998.

CASOS

El 4 de junio de 1994, en el municipio de Altamirano, Chiapas, aproximadamente 10 miembros de las fuerzas armadas detuvieron en forma arbitraria a Ana, Beatriz y Celia Pérez, quienes en ese momento tenían 20,18 y 16 años, respectivamente, las tres hermanas tzeltales fueron violadas en reiteradas veces.

Las hermanas denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia (PGR), pero ésta argumento no tenía competencia y remitió la investigación a los agentes del Ministerio Público Militar. Un año más tarde las autoridades cerraron el caso, que fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien determinó que México era responsable por la detención arbitraria, tortura y violación de las hermanas, y de no realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de los hechos.

Catorce años después de las violaciones parece que el caso podrá ser investigado por autoridades civiles, ya que en 2008 funcionarios del gobierno y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, representante de las víctimas, firmaron un acuerdo ante la CIDH mediante el cual hay un compromiso con el fin de remitir el caso a los agentes del Ministerio Público Civil.

El 22 de marzo de 2002, 11 soldados entraron a la vivienda de a Inés, indígena me´phaa de Guerrero, la cual fue atacada sexualmente por un elemento, dos días después Inés presentó la denuncia ante el Ministerio Público local en Ayutla de los Libres, Guerrero, el cual determinó que no era de su competencia investigar los hechos porque las personas que realizaron el acto delictuoso pertenecían al Ejército.

Actualmente el caso de Inés está en trámite ante la CIDH , que emitió un informe de fondo en noviembre de 2008 y esté podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro caso en Guerrero es el de Valentina, de la comunidad indígena de Caxitepec, quien el 16 de febrero de 2002, a los16 años de edad, se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su vivienda, cuando 8 soldados aparecieron y dos de ellos la atacaron sexualmente.

El 8 de marzo, Valentina presentó su denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común en Ayutla de los Libres y dos meses después el ministerio local remitió el caso a los agentes del Ministerio Público militar, argumentando su incompetencia.

En octubre de 2007, después de una audiencia pública ante la CIDH , Valentina se enteró que las autoridades militares habían cerrado la investigación de su caso hacía más de tres años, en marzo de 2004, argumentando que no habían encontrado pruebas de que hubiera sido violada por militares.

Sin embargo, el Centro de Derechos de la Montaña , Tlachinollan, quien representa a Valentina ante la CIDH , dijo a Human Rights Watch, que creían que la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público local en 2008, que se reabrió después de varios años, se centra en determinar la posible responsabilidad de civiles en la violación y no están investigando seriamente a los soldados. Actualmente el caso está en trámite ante la CIDH.

GUERRA SUCIA

Las fuerzas armadas mexicanas son responsables de la gran mayoría de los abusos cometidos durante la llamada “guerra sucia” ocurrida en México en las décadas del 60 y 70, incluida tortura y la desaparición forzada de cientos de civiles, pero hasta hoy ningún militar ha sido condenado por estos delitos.

Uno de los casos incluido en el informe, es el de Rosendo Radilla, detenido por elementos militares el 25 de agosto de 1974, y visto por última vez en las instalaciones militares de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974. Indica el documento que de acuerdo con testigos, los soldados le vendaron los ojos, le ataron las manos, lo torturaron y lo amenazaron con que lo “arrojarían al agua como comida para los pescados”.

Actualmente el caso de Radilla está en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual tiene la facultad de emitir una decisión vinculante sobre la responsabilidad internacional de México por la detención, tortura y posterior desaparición de radilla, así como sobre la falta de juzgamiento de los culpables por el Estado.

Los casos anteriores son un precedente de la falta de justicia por las autoridades nacionales, por lo que se ha tenido que recurrir a instancias internacionales para que estos casos no queden en la impunidad.

OPERATIVOS RECIENTES Y ABUSO

El informe, posterior a estos casos, hace un recorrido por abusos recientes cometido durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, como la detención ilegal y abuso de 36 civiles y violación de cuatro jóvenes en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en el estado de Michoacán, quienes cometieron decenas de abusos, incluidas golpizas, torturas, violaciones sexuales e ingresos a varias viviendas.

Asimismo, el asesinato de dos mujeres y tres niños, y lesiones contra otros tres civiles el 1 de junio de 2007, en el municipio Sinaloa de Leyva en el estado de Sinaloa, entre otros.

Ante el estado de impunidad que se otorga a los elementos militares, el informe de 2007 del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, notó su preocupación ante la subsistencia del fuero militar para el delito de tortura cometido por elementos militares durante el ejercicio de función pública en contra de civiles.

Más recientemente, luego de su visita realizada en 2008 a México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos también recomendó que los tribunales civiles tengan jurisdicción sobre los actos del personal militar que “desarrolla funciones para hacer cumplir la ley”.

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SOS: minan en Latinoamérica derechos sexuales y reproductivos

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC/Artemisa, Sandra Chaher).- Una durísima avanzada fundamentalista se expande sobre América Latina, especialmente América Central, desde hace tres años. Nicaragua, México y República Dominicana son los primeros países en los que los sectores conservadores están logrando minar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

La semana pasada el Parlamento de República Dominicana aprobó, en el marco de un proceso de reforma de la Constitución, un artículo que consagra que ''el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte''.

Más de 170 diputados y diputadas le dieron el visto bueno a la propuesta del Poder Ejecutivo, y sólo 30 se opusieron, pero existe aún la posibilidad de que este voto minoritario por el momento se expanda si, en una segunda lectura del proyecto, se logra el apoyo de la mitad del Congreso.

Apostando a que en la segunda instancia la medida pueda ser revertida, se conformó la Coordinación Nacional de Asistencia al Retroceso, que reúne a numerosos sectores de la sociedad civil que en estos días están intentando que sus voces trasciendan las fronteras y así lograr un apoyo que presione sobre el Poder Ejecutivo.

Si bien el aborto está prohibido en todos los casos en República Dominicana –al igual que en El Salvador, Honduras, Chile y Nicaragua--, la consagración del derecho a la vida desde la concepción en la Constitución Nacional sería un antecedente que dificultaría enormemente cualquier intento de apertura en la legislación.

MÉXICO Y NICARAGUA

México también se encuentra en estado de alerta: desde octubre del 2008, 11 estados aprobaron leyes que dan estatus jurídico al embrión al ''proteger la vida desde el momento de la fecundación o la concepción hasta su muerte natural''. Los proyectos fueron presentados por parlamentarios del Partido de Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes ya presentaron iniciativas similares en otros siete estados que serán tratadas en los próximos meses.

Esta fue la articulada y enérgica respuesta de la derecha política ante la aprobación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal de México hace exactamente 2 años (el 24 de abril del 2007).

En Nicaragua, donde el aborto terapéutico estaba permitido desde 1893, la prohibición llegó arropada con el traje del Frente Sandinista de Liberación Nacional que hizo campaña para las elecciones nacionales del 2006 incluyendo como una de sus banderas la penalización total del aborto, hasta lograr la reforma del Código Penal en junio de ese año.

Una vez en el poder, Daniel Ortega amplió su ofensiva a todas las personas y organizaciones que se opusieran a su gestión, iniciando una persecución que sigue hasta le fecha y que incluye a muchas feministas y organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.

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Jóvenes del DF tendrán anticonceptivos gratuitos e información

-- Ley garantizará su acceso

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) estableció que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) deberá garantizar para la juventud del DF la adquisición gratuita de métodos anticonceptivos efectivos, así como proporcionarles la información correspondiente, con el objetivo de que disfruten y ejerzan plenamente su sexualidad, y decidan de manera consciente y plenamente informada el momento y número de hijas e hijos que deseen tener.

El embarazo en la adolescencia es considerado un problema, ya que implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de educación y, en ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño y mortalidad infantil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como embarazo adolescente o temprano aquel que ocurre entre los 15 y los 19 años de edad.

Por ello, según información de la ALDF, la Comisión de la Juventud aprobó el pasado 24 de abril reformas a la Ley de las y los Jóvenes del DF, las cuales mandatan al Instituto de la Juventud la creación de la “Tarjeta Joven”, la cual, a través de convenios, permitirá a este sector de la población acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a espacios de entretenimiento, deportivos y a descuentos en el transporte público.

El Gobierno capitalino deberá también celebrar en la segunda semana de agosto de cada año el Festival Internacional de las Juventudes de la Ciudad de México, en que se expresarán las manifestaciones artísticas, musicales, literarias, científicas, tecnológicas, producciones cinematográficas y en general cualquier expresión cultural, en el marco de las celebración del Día Internacional de la Juventud.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) afirma que el inicio de la actividad sexual constituye una transición crucial en la vida de las mujeres jóvenes, quienes no siguen la secuencia tradicional de tener relaciones hasta después del matrimonio o unión. Los patrones del curso de vida se encuentran profundamente vinculados al lugar que ocupan las mujeres en la estructura social.

El dictamen, nacido de las iniciativas del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Jorge Romero Herrera y Miguel Ángel Errasti, del Partido Acción Nacional (PAN), busca también ofrecer condiciones para que las y los jóvenes puedan tener acceso al empleo y créditos de vivienda.

En este punto, el Instituto de Vivienda del DF promoverá sus programas entre este sector de la población, dando una correcta asesoría sobre los requerimientos técnicos para facilitar la adquisición de créditos a las y los jóvenes que cumplan con los requisitos salariales y residan en la capital.

La Ley el Congreso de Jóvenes del DF, establece que se abrirá en la ALDF un espacio para que las y los jóvenes especialistas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones de asistencia privada intervengan en el diseño y evaluación de la política de juventud; mientras que el Parlamento de la Juventud, con sede en el Recinto Legislativo, será un órgano colegiado, plural e incluyente, que se celebrará cada año durante el mes de agosto.

El dictamen, aprobado por el grupo de trabajo que preside el diputado Jorge Romero Herrera, señala que para contribuir al combate de la deserción académica, el Instituto de la Juventud celebrará los convenios necesarios para obtener descuentos en el transporte público a jóvenes que cuenten con la “Tarjeta Joven”.

Además, se deberán celebrar convenios para la obtención de precios preferenciales para centros de entretenimiento, tales como cines, museos, exposiciones, galerías, conciertos, performances y obras teatrales, así como a gimnasios y centros deportivos.

La Ley también establece que las y los beneficiarios de la “Tarjeta Joven” estarán obligados a retribuir a la sociedad los beneficios de la misma, a través de su participación en las jornadas comunitarias, acciones ecológicas u observatorios ciudadanos contra la delincuencia, siempre que desee obtener mayores beneficios a través de esa tarjeta.

Asimismo, se establece que las instituciones, dependencias y órganos desconcentrados del DF darán, en los términos de ingreso al Servicio Público de Carreras, preferencia en el reclutamiento para ocupar las plazas vacantes a las y los jóvenes que hayan presentado su servicio social o sus pasantías en ellas.

La Ley plantea como plazo para publicar el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la Juventud del DF, el primer lunes de agosto del primer año de administración, en tanto que en las últimas dos administraciones no han elaborado este documento y a la fecha no se ha presentado dicho plan.

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Caso Atenco: tres años de impunidad con las mujeres torturadas

-- En 35 países se ha reiterado el reclamo de justicia

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC).- Pese a que las medidas contra la epidemia de influenza puedan cambiar actividades programadas para el tercer aniversario de los hechos violentos de Atenco, no debe olvidarse que un grupo de mujeres ha denunciado en forma reiterada la tortura a la cual fueron sometidas los días 3 y 4 de mayo de 2006 en esa localidad del Estado de México durante un operativo policíaco, sin que haya hecho justicia.

Así lo señalan en un comunicado conjunto Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes recuerdan asimismo que el operativo policíaco de mayo de 2006 en Atenco dejó un saldo grave de violaciones a derechos humanos, lo cual ha sido dado también a conocer por organizaciones de la sociedad civil, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en febrero de 2009.

Sin embargo, señalan, ni en el Estado de México, ni en el ámbito federal se ha hecho justicia. Las autoridades a quienes corresponde actuar para procesar a los responsables han resultado ineficientes, ante el reclamo de la sociedad.

Frente a la inacción del gobierno mexicano que se ha negado en todo momento a cumplir sus obligaciones constitucionales y las disposiciones internacionales para brindar justicia en este caso, continúa el comunicado, las mujeres denunciantes han realizado múltiples actividades a fin de exigir justicia, al mismo tiempo que reconstruyen sus vidas después de haber sido sometidas a una experiencia tan traumática.

Con el apoyo de organizaciones internacionales y activistas, las mujeres de Atenco han hecho oír su voz ante representantes del Parlamento alemán, representantes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, en la radio austriaca, la televisión nacional hispánica estadounidense y con activistas de Chicago, San Louis Missouri, Washington, Munich y Viena, entre muchos otros. La solidaridad internacional es obvia en este caso, afirma el comunicado.

Personas de 35 países, principalmente de Italia y España, han mostrado su solidaridad con las mujeres y tienen la mirada puesta sobre el Gobierno mexicano a fin de solicitar que se acabe con la impunidad que prevalece en el caso. En el marco del Examen Periódico Universal, realizado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU , en febrero de este año, recuerdan las organizaciones, México fue cuestionado por países miembros del Consejo.

Por eso, de las 91 recomendaciones emitidas al Gobierno mexicano por los representantes de otros países, una gran parte se dedicó a los temas de violencia contra las mujeres y tortura, dos problemas especialmente graves, tanto por su intensidad como por la impunidad en que se mantienen estos casos.

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Inició CoIDH audiencia del juicio contra Estado mexicano por feminicidio

-- OSC demandan a la Corte pronunciamiento contundente

México DF, 28 abril 2009 (CIMAC).- Hoy inició en Santiago, Chile, la audiencia pública del juicio que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado Mexicano por la desaparición, tortura y homicidio de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice, en el estado de Chihuahua, cuyos restos fueron encontrados en el sitio conocido como Campo Algodonero, de Ciudad Juárez.

Por ello, Organizaciones civiles nacionales e internacionales exhortaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), a través de un manifiesto público, para que se pronuncie de forma contundente sobre las graves y continuadas violaciones a derechos humanos de las mujeres en las que ha incurrido el Estado mexicano y a que señale medidas claras para la reparación del daño infligido a las familias de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice.

Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez aparecieron sin vida arrojadas junto a cinco cuerpos de mujeres, en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Dos de ellas eran adolescentes.

A ocho años, estos crímenes han permanecido en la impunidad, señalan las organizaciones, durante los cuales las madres de Irma, Josefina y Claudia, así como sus defensoras, han sido objeto de hostigamiento, amenazas y descalificaciones por parte de agentes del Estado mexicano.

Finalmente, durante la audiencia pública, las madres de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice serán escuchadas por un tribunal imparcial, hoy y mañana, en la capital chilena.

La Corte Interamericana, señala el pronunciamiento de las organizaciones, afronta el reto de escuchar este caso, que representa una grave y continuada violación a los derechos de las mujeres por parte del Estado mexicano.

“La Corte podrá sentar las bases de la responsabilidad estatal sobre la violencia contra las mujeres, la cual está sustentada en históricas relaciones de desigualdad entre las mujeres y los hombres, y afecta siempre a un conjunto amplio de mujeres y a todas en tanto género”, dice el comunicado.

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DH

Las organizaciones civiles de la fronteriza Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, han registrado y denunciado, desde 1993, desapariciones y homicidios de mujeres ante los cuales las autoridades locales, estatales y federales han actuado de manera discriminatoria, omisa y negligente. Y la demanda de justicia se ha extendido más allá de las fronteras de Ciudad Juárez.

Es requisito indispensable para la reconstrucción social en Ciudad Juárez acceder a la verdad y a la justicia en estos casos, puntualizan las organizaciones. “Mientras ser mujer represente un peligro de muerte, ninguna podrá ejercer cabalmente nuestras libertades y nuestros derechos”.

“Manifestamos nuestra preocupación por la integridad de las defensoras de derechos humanos que han visto amenazada su integridad y la de sus familias, y que temen que se incremente el riesgo en tanto el caso avanza, como consecuencias de sus denuncias ante medios de comunicación, la presentación y defensa de los casos ante instancias de justicia y derechos humanos nacionales, regionales e internacionales, su exigencia de acciones estatales y políticas públicas reales, contundentes y efectivas para detener la violencia en Ciudad Juárez”.

Firman el comunicado, entre otras organizaciones: Asociación Sinaloense de Universitarias, AC; Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe; Católicas por el Derecho a Decidir–Chile; Consejo Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil; Centro de Derechos de Mujeres; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y decenas más.

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Anticoncepción en Filipinas: una inversión que salva vidas

México DF, 28 abril 2009 (CIMAC, Sharon L. Camp y Josefina V. Cabigon*).- La oposición a la anticoncepción está hiriendo a las Filipinas. Cada año, más de la mitad de los 3.4 millones de embarazos que ocurren en el país no son planeados, lo cual resulta en altos costos para las mujeres, sus familias y el sistema de salud nacional. Además, esta altísima tasa de embarazos no planeados obstaculiza el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo de las Filipinas.

Sin embargo, esta no es una epidemia para la cual no hay una solución conocida. Los embarazos no planeados son altamente evitables si las mujeres tienen acceso a información y servicios voluntarios de planificación familiar, en especial a métodos de anticoncepción modernos.

Estudios llevados a cabo a nivel mundial han demostrado que invertir en anticoncepción mejora significativamente la salud pública, mientras que ahorra dinero y refuerza las economías nacionales. Para calcular cuan grande sería el retorno de esta inversión en las Filipinas, el Instituto de Población de la Universidad de las Filipinas junto con el Guttmacher Institute con sede en Nueva York realizaron recientemente un análisis de costo-beneficio.

Los hallazgos fueron espectaculares y apoyaron los argumentos que promueven un aumento en el gasto en anticoncepción a nivel nacional. Según los investigadores, expandir el acceso a métodos modernos de anticoncepción y planificación familiar natural resultaría en 800 mil embarazos no planeados menos, 500 mil abortos inducidos menos y 200 mil pérdidas de embarazos menos cada año. Asimismo, se prevendría la muerte de 2 mil 100 mujeres, casi la mitad de todas las muertes causadas por problemas relacionados al embarazo, y la pérdida acumulativa de 120 mil años de vida saludables de las mujeres, actualmente acortados o afectados como resultado de los embarazos no planeados.

Responder a la demanda de anticonceptivos beneficiaría en particular a las mujeres pobres, quienes representan el mayor segmento de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción. El 35 por ciento de las mujeres filipinas de entre 15 y 49 años de edad que son pobres representan más de la mitad (53 por ciento) de la necesidad insatisfecha de anticoncepción.

Proveer servicios de anticoncepción modernos a todas las mujeres en riesgo de embarazo no planeado aumentaría los costos anuales de planificación familiar desde los 1 mil 900 millones de pesos filipinos actuales hasta 4 mil millones de pesos.

Sin embargo, los costos médicos asociados al embarazo no planeado, incluyendo el tratamiento de las consecuencias del aborto inseguro, disminuirían drásticamente, de 3 mil 500 millones de pesos a 600 millones, resultando en una disminución de 2 mil 900 millones en dichos costos y en un ahorro total de 800 millones, según el estudio. El dinero ahorrado podría ser utilizado para mejorar y expandir una variedad de servicios de salud y sociales, posibilitando que las Filipinas alcance sus objetivos de desarrollo.

En última instancia, la cuestión a decidir es si confiamos en las mujeres y sus parejas para decidir qué es lo mejor para ellos mismos y para sus familias. Los resultados claramente demuestran que invertir en anticoncepción salva vidas y ahorra dinero. Pero, sobre todo, la razón para invertir en planificación familiar voluntaria es permitir que las mujeres decidan cuándo quieren quedarse embarazadas y cuántos hijos quieren tener. Si tenemos éxito en este objetivo, la recompensa será importante para las mujeres filipinas, sus familias, sus comunidades y la sociedad en general.

Por esta razón, las organizaciones no gubernamentales, las y los profesionales de la salud y hacedores de políticas necesitan trabajar conjuntamente para abogar por el aumento de la inversión en anticoncepción. También necesitan asegurarse que los servicios e insumos sean distribuidos equitativamente a lo largo del país. Invertir en anticoncepción es invertir en familias más saludables y en un país más fuerte y más desarrollado.

* La doctora Sharon Camp es presidenta y directora ejecutiva del Guttmacher Institute, institución independiente de investigación y análisis de políticas en el campo de la salud sexual y reproductiva. La doctora Josefina Cabigon es profesora de la University of the Philippines Population Institute. Colaboración especial enviada por el Guttmacher Institute.

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Corresponsabilidad, clave para la educación sexual en la infancia

-- 1er. Congreso Mexicano de Educación Sexual Infantil

México DF, 27 abril 2009 (CIMAC, Maricarmen Gómez Quintana*).- El “Primer Congreso Mexicano de Educación Sexual Infantil. Corresponsabilidad Social”, se llevó a cabo en esta ciudad el 24 y 25 de abril pasados, organizado por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas-México (UNFPA) y de Population Council.

Participaron especialistas de México, España, Venezuela, Ecuador, Colombia y Cuba, así como de algunos estados de la República. Destaca también la participación de organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC (ADIVAC), la Federación Mexicana de Educación Sexual AC, la Red Democracia y Sexualidad AC, Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual (FDS) así como de centros educativos como la Escuela Atenea, SC y el Colegio Británico.

Este Congreso reviste importancia por ser el primero en su tipo, organizado específicamente para abordar la educación sexual infantil de niñas y niños de hasta doce años, ya que esta población no había recibido atención particular en el rubro de educación sexual.

Pero no sólo es importante por atender a esta población, sino por su interés en considerar la corresponsabilidad social, incluyendo a madres, padres, tutores, instituciones educativas, medios de comunicación, profesionales de la educación y la salud, ONG, es decir, todos los actores sociales que participan en el esfuerzo para hacer de los derechos y garantías de las niñas y niños una realidad en el ejercicio de la sexualidad.

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

Para ello, en el Congreso se suscribió el documento “Corresponsabilidad Social en la Educación Sexual Infantil”, que propone acciones y compromisos, acordes con la legislación mexicana e internacional vigente en la materia, asentadas previa discusión y consenso durante el Congreso.

A lo largo de dos días de intenso trabajo, las y los participantes discutieron sobre aspectos tan relevantes de la sexualidad humana como los biológicos, psicológicos, sociales, culturales y afectivos.

Entre las expertas estuvo la psicóloga Gema Ortiz, coordinadora del Congreso y Premio Mundial a la Excelencia e Innovación en Educación Sexual Infantil, autora y coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral para Instituciones Educativas (PESI); la psicóloga Ester Corona, pionera de la educación sexual en México y presidenta del Comité de Relaciones Internacionales de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) y coordinadora del Consenso; la psicóloga Rina Riesenfeld, co-fundadora del Centro de Educación Integral para la Salud Sexual y autora de varios libros sobre sexualidad y educación sexual; la doctora María de los Ángeles Núñez, presidenta Nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual (SESEX); la maestra Alma Aldana, educadora sexual y miembro fundador de Ave de México.

Y los expertos que asistieron fueron: el doctor Eusebio Rubio Aurioles, presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS); el psicólogo Félix López Sánchez, catedrático de la Universidad de Salamanca y autor de numerosos libros sobre abuso sexual infantil y educación sexual; el antropólogo Alfonso Sandoval Arriaga, representante Adjunto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México; el psicólogo Luis Perelman Davnozon, activista por los derechos sexuales y presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS), entre otros especialistas tanto de AMSSAC como de otras instituciones comprometidas con la educación sexual.

LOS TEMAS

Las y los especialistas aportaron información desde los diversos campos del quehacer humano, como la biología. En este sentido se abordó el aspecto genético que, contrariamente a la tendencia de la explicación sociologicista actual, sigue sin perder vigencia, ya que se trata de evidencias científicas en torno a los factores genéticos y neurológicos presentes en personas homosexuales.

Un tema muy controvertido pero con datos contundentes y actuales que vuelve a colocar el dedo sobre la multiplicidad de factores que intervienen en este fenómeno, sin que hasta la fecha se haya podido llegar a una causalidad concluyente.

CONDUCTA SOCIALMENTE AGRESIVA

En el aspecto social, se abordaron temas como el trastorno disocial y sus implicaciones en la conducta sexualmente agresiva, componente fundamental en el comportamiento de los agresores sexuales. La mayoría de ellos presenta este tipo de conducta desde la infancia y presenta un incremento muy importante en la adolescencia.

Sin embargo es hasta los 25 ó 30 años de edad cuando se les procesa y recluye en el mejor de los casos, no obstante que en México los crímenes sexuales ocupan el tercer lugar de prevalencia en el sistema penitenciario, sin considerar la alta incidencia de hechos no denunciados y la impunidad presente en el sistema judicial. De tal forma que se evidencia la necesidad de evitar las víctimas, tratando a los agresores, así como la falta de programas en este rubro a nivel penitenciario.

PREVENCIÓN DE ABUSO Y BULLYNG

También se trabajó ampliamente en la cuestión preventiva tanto del abuso sexual, como del acoso infantil (bullying), mediante talleres en los que participaron talleristas de ADIVAC como maestras de educación preescolar y primaria, quienes además de presentar el panorama actual, hicieron propuestas para abordar adecuadamente este fenómeno que se está incrementando a gran velocidad en nuestras escuelas.

Otro tema interesante fue el de la diversidad sexual manifestada y abordada en etapas tempranas, ya que regularmente es hasta la adolescencia donde, por obvias razones, se evidencian las conductas de género y se presentan los problemas de identidad y violencia sexual.

En este renglón es de mencionarse la aportación de testimonios de mujeres y hombres, miembros del grupo Madres y Padres por la Diversidad Sexual, quienes de manera vivencial hicieron partícipes a las y los congresistas de la distancia entre la teoría y la vivencia, aspecto esencial a considerar para el abordaje integral de la problemática actual.

EL DIVORCIO Y LA INFANCIA

Desde el aspecto afectivo, se abordaron temas relacionados con la familia, tales como la explicación a las y los niños del divorcio de los padres, la alfabetización emocional de la familia y la diversidad sexual en el contexto familiar. En este mismo punto se incluyeron temas de educación sexual y necesidades especiales tales como síndrome de Down, VIH y discapacidad.

Los temas didácticos y enfoques creativos para la educación sexual estuvieron también presentes como parte del programa del congreso. Se presentaron varios materiales educativos para la enseñanza de la sexualidad, así como el manejo de filosofías orientales como el feng-shui, como elementos para coadyuvar en una educación sexual tanto creativa como recreativa.

La amplia variedad de temas y enfoques permitió que tanto a nivel teórico como vivencial, los distintos participantes, madres de familia, docentes y profesionales de la salud sexual, se integraran en un intercambio enriquecedor que redundará en un mejor nivel de conciencia y participación en la educación y salud sexual.

* Psicoterapeuta especialista en infancia. Colaboración especial para CIMAC.

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Ley General de Salud, siguiente blanco de PRI-PAN contra ILE

-- Luego pretenderán cambiar la Constitución federal

México, 27 de abril 2009 (Cimac, Gladis Torres Ruiz y Sandra Torres Pastrana).- Los congresos de Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo y Campeche aprobaron iniciativas presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con apoyo de otros, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, para modificar la Constitución, bajo el argumento de “proteger la vida desde el momento de la fecundación o la concepción hasta su muerte natural (sic)”.

Estos cambios han ocurrido en los últimos seis meses y hay iniciativas similares en Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí. Los cambios constitucionales, señalan especialistas, se dieron en respuesta a la aprobación de la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, que no criminaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación, como ocurre en países como España, Italia, Francia y Alemania.

En esas naciones, explica el abogado Pedro Morales Aché, no se privilegió el derecho del embrión sobre el de la mujer, se dio un equilibrio entre ambos, tomando en cuenta la evidencia científica.

En México, según el estudio de 2005 de Human Rights Watch Víctimas por partida doble. Obstrucciones al aborto legal por violación en México, hay un millón de abortos clandestinos en el país. Ipas señala que seis de cada 10 mujeres declararon haber sido violadas alguna vez en su vida.

Por todo ello, señalan feministas y organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y Católicas por el Derecho a Decidir, integrantes de la Red Nacional que agrupa a 280 organizaciones, los derechos de las mujeres en México van en retroceso, gracias a la complicidad del PRI.

Afirman que el tricolor desconoce su propia historia al alejarse de la tradición laica del Estado y emprender una política contraria a los derechos de las mexicanas.

Las acciones de protesta en varias entidades iniciaron ya. En Sonora, las ciudadanas se ampararon porque el ombudsman local, Jorge Sáenz Félix, no respondió a su petición para solicitar una acción de inconstitucionalidad ante la reforma aprobada en octubre. En Michoacán, donde esta semana se presentó la iniciativa contra la interrupción legal del embarazo, las organizaciones de mujeres solicitaron el apoyo de feministas dentro y fuera del país. Todas coinciden en que la respuesta ante el avance conservador se dará en las elecciones del 5 de julio.

Hay inconformidad incluso dentro del PRI: en Quintana Roo, la diputada María Hadad votó contra la iniciativa de su partido para criminalizar la práctica y reveló que esas iniciativas son contrarias a los estatutos de su partido.

Las OSC reclaman al PRI: “Se dice socialdemócrata y lo único que hace es incrementar las injusticias y discriminación hacia las mujeres, sin respetar las diversidades sociales. Se dice defensor de las libertades, pero si nos prohíben a las mujeres decidir sobre lo único que nos pertenece, que es nuestro cuerpo, entonces la libertad queda coartada”.

Cuestionada por este medio, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, respondió que ella siempre “ha sido respetuosa de lo que definen los legisladores locales” y evadió más preguntas, aunque el pasado 12 de marzo declaró en Nicaragua a El Nuevo Diario que los derechos de las mujeres, entre ellos el aborto “no deben ser manipulados políticamente, lo importante es el debate democrático racional”, dijo sobre la penalización del aborto terapéutico en este país.

LA ESTRATEGIA

Leticia Quezada, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, y el especialista en derechos sexuales y reproducción Pedro Morales Aché, coincidieron en la probabilidad de que quienes han modificado las constituciones estatales pretendan hacerlo con la Ley General de Salud, pues resulta más sencillo que modificar la Constitución.

Eso, dijo Morales Aché, implica contar con la mayoría del Congreso. “La Constitución no puede reformarse automáticamente con el avance de las reformas que protege la vida desde la concepción en 17 estados. Se requiere el apoyo de las dos terceras partes y mayoría del local para que suceda, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución”.

Leticia Bonifaz, titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del DF, declaró que el artículo 4 de la Constitución, escrito en los años 70, establece que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos”.

Por ello, aunque las reformas aprobadas en 11 estados del país protegen la vida desde el momento de la concepción y dan derechos al no nacido para todos los efectos hasta la muerte natural, o aunque en Baja California se prohíba el aborto en cualquiera de sus modalidades y lo castiguen como homicidio calificado, hay que tomar en cuenta y respetar el Artículo 4 constitucional.

En éste se señala que el número y espaciamiento de hijas o hijos que tenga una mujer es un derecho o garantía constitucional, y fue un argumento clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar la interrupción legal del embarazo en el DF, dice Bonifaz.

Y advierte: “si con estas 10 reformas aprobadas lo pasan por alto, van a tener problemas en el momento en que se pongan en conflicto los derechos establecidos con esta garantía individual”.

Mujeres clausuraron en Morelos la sede del PRI y se preguntan: “¿Qué negocia el PRI con el PAN  y la jerarquía católica? ¿Qué es tan importante, como para usar como moneda los derechos de las mujeres?”

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Aguascalientes: sin acceso a ILE, niña de 8 años dio a luz

-- Abuso sexual se ocultó y no se denunció; hay 2 casos más

México DF, 24 abril 2009 (CIMAC, Nancy Betán Santana).- Una niña de ocho años dio a luz en el Hospital de la Mujer de Aguascalientes en marzo pasado, sin que ninguna autoridad de salud se pronunciara sobre el caso, aunque el director de dicho hospital, Arturo Guerra Lugo, atribuyó el fenómeno a "la falta de educación sexual".

Guerra Lugo, quien calificó como "aislado" este hecho, posteriormente señaló que en lo iba de este 2009 se trataba del tercer alumbramiento de una niña menor de 12 años atendido en el Hospital.Al enterarse del parto de la menor de ocho años a través de un periódico local, la abogada, especialista en delitos y derechos sexuales y reproductivos, Marcela Martínez Roaro, quien radica en esa entidad, decidió levantar una denuncia por violación contra quienes resulten responsables, ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes.

Martínez Roaro señaló a Cimacnoticias que para que la niña se embarazara, el abuso sexual debió consumarse cuando ella contaba con tan sólo siete años, prueba contundente de que la niña fue violada, quizás por algún miembro de la familia. Eso, detalla Martínez Roaro, explica también el silencio de la familia y el nacimiento del producto, el cual pudo haberse evitado, sobre todo por el peligro de muerte que corría la niña y por las consecuencias psicológicas del abuso.

EMBARAZO EN NIÑAS

Por su fisiología (pelvis y canal de parto inmaduros), esta menor de ocho años debió haber sufrido alguna de las múltiples complicaciones que se presentan en embarazos y partos de niñas, como un alumbramiento prematuro con labor prolongada o cesárea, ambos con riesgo de hemorragia severa, apunta el médico gineco-obstetra e investigador argentino Juan Ramón Issler, en su artículo "Embarazo en la adolescencia".

En estos casos, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) debe presentarse como una opción, de acuerdo con Genaro Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero, dos de los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron a favor del ILE en el Distrito Federal en agosto del año pasado, pues, acentúan, las niñas tienen derecho a no ser madres porque fueron violadas.

De acuerdo con Juan Ramón Issler, la maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso resulta ser perturbador tanto física como psicológicamente.

Las niñas asumen responsabilidades que no son propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo social al que pertenecen, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad infantil, anota.

Este comportamiento se vuelve un círculo vicioso en el que tanto madre como hijo estarán atrapados de por vida, pues en México son contadas las instituciones auxiliares en estas situaciones, que cuenten con el personal y las instalaciones
adecuadas para proveer de ayuda a ese sector doblemente vulnerable, por ser infantes y ser mujeres, resaltan académicas y académicos.

Asimismo, el despertar sexual en las madres infantiles suele ser precoz y sumamente
importante en sus vidas, pues no conocen otro afecto que no esté ligado al ámbito sexual por haber sido violadas, sostiene.

En el caso de niñas en situación de calle, la vida sexual comienza desde los siete años. Un 90 por ciento de ellas es abusada sexualmente, por lo que antes de cumplir los 13 años ya habrán tenido al menos un embarazo o un aborto, indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Esto las coloca en una cuerda floja en la cual comienzan su vida sexual sin la debida protección porque así lo aprendieron cuando consecuencia de la violación, resultaron embarazadas, subraya.

Según la Organización Panamericana de la Salud, de las 300 mujeres que conciben sin desearlo, 200 resultan contagiadas de alguna Infección de Transmisión Sexual, incluyendo el VIH.A los posibles embarazos posteriores y las infecciones de transmisión sexual, se suman importantes depresiones de las que las niñas abusadas sexualmente son presa en su edad adulta, las cuales no les permiten llevar una vida
normal. Una niña abusada debe ser sometida a tratamiento psicológico para superar la violación de la que fue objeto, concluye Issler.

LA DENUNCIA

Cuando Marcela Martínez Roaro acudió a ratificar la denuncia el 13 de abril del presente, los funcionarios le hicieron saber que probablemente la archivarán. A este respecto, la también catedrática asegura que interpondrá una queja en contra del Procurador y tramitará un amparo.

Asevera que en nuestro país los mecanismos legales para fincar responsabilidades a los autores de estos delitos son muy débiles y no garantizan un debido proceso que implique protección a las víctimas. Todo esto, porque se carece de funcionarios e instancias comprometidas con los niños abusados, como demuestra el caso de Arturo Guerra Lugo.

"La cópula con menores es ya una acción cotidiana para las autoridades mexicanas. Lo asombroso para ellas es que una ciudadana ejerza su derecho de manifestarse e inicie un proceso legal para castigar a los culpables de delitos tan graves y que se persiguen de oficio como la violación", apunta Martínez Roaro. Con casi 5 mil casos de adolescentes embarazadas por año, Aguascalientes encierra entre esos miles de partos, los de menores de edad que son prueba irrefutable de los abusos sexuales infantiles que en esta entidad se cometen.

Pese a que en la mayoría de las legislaciones mexicanas la violación y abuso sexual están adecuadamente tipificados, la práctica exhibe diversas dificultades para demostrar la existencia de una violación cuando no existen huellas físicas de la misma.

No obstante, en 25 estados de la República Mexicana no procede la acción penal por abuso o violación sexual si se da el matrimonio entre el agresor y la víctima, lo que da pie a una continuación segura de los abusos. De esta forma, los intereses por y de la niña quedan sepultados por otros. En México, el abuso sexual es el tipo de maltrato infantil que menos se ha documentado en los ámbitos médicos, sociales y legales, a pesar de que la frecuencia de casos es cada vez mayor, señalan expertas y expertos.

Nuestro país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato a menores, después de Estados Unidos y Portugal, ha informado ya la Universidad Nacional Autónoma de México.

Según cifras oficiales, en México, el 40.1 por ciento de menores de edad agredidos tienen entre 6 y 12 años de edad, el 18.7 por ciento tienen de 0 a 3 años, el 12.1 por ciento son de 3 a 5 años.

Cabe resaltar, que en las zonas fronterizas, especialmente Tijuana y Ciudad Juárez, hay una elevada cantidad de casos de explotación sexual comercial infantil. El UNICEF arroja que muchas niñas y niños son víctimas de redes de pornografía infantil y pederastas cuando buscan cruzar la frontera.

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Constitución dominicana penaliza la interrupción del embarazo

-- Decesos por aborto clandestino aumentaron en años recientes

México DF, 22 abril 2009 (CIMAC).- Ayer el Congreso de República Dominicana aprobó la prohibición constitucional de la interrupción legal del embarazo, mediante la modificación al Artículo 30 de su carta magna que establece la "inviolabilidad" de la vida desde la concepción hasta la muerte.

La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo hacia el Congreso Nacional y fue aprobada por 167 asambleístas contra 32 que no aceptaron aprobarla.

El Artículo fue aprobado mientras en los medios de comunicación se desató un intenso debate en donde se hizo evidente el apoyo del Iglesia católica a la iniciativa gubernamental. Votaron a favor asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), y una parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El artículo aprobado señala: "El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte".

La agencia católica Zenit reconoció que, antes de la votación, el arzobispo de Santo Domingo, cardenal Nicolás de Jesús López, señaló en una eucaristía el pasado domingo que tenía "confianza en que los legisladores de la República Dominicana no aprobarían el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en el país y que mantendrían el respeto a la vida desde la concepción".

"Confiamos y creemos en la gran mayoría de nuestros legisladores, quienes son personas respetables y opuestas a la despenalización del aborto, ya que muchos de ellos mismos han dicho que en su conciencia lo consideran un crimen", señaló.

ABORTO EN REPÚBLICA DOMINICANA

En Dominicana, de acuerdo con cifras de The Alan Guttmacher Institute, en el informe Aborto Clandestino una Realidad Latinoamericana, 1993, durante 1992 ocurrieron 82 mil 500 abortos clandestinos en el país.

Ese mismo año, fueron hospitalizadas 14 mil 650 mujeres como consecuencia de la práctica clandestina de la interrupción del embarazo.

Entre las causas señaladas por el Instituto para que una mujer decida recurrir al aborto clandestino, pues no están permitidas causales para un aborto legal en ese país, están: "La mujer no puede permitirse tener y criar un hijo porque ella o su compañero reciben un bajo salario, tienen trabajos inestables, están desempleados o son estudiantes.

La relación de la mujer con su compañero no es estable ni suficientemente sólida, como para que la pareja abrigue la posibilidad de tener y criar hijos juntos, o porque al enterarse del embarazo, el hombre deja de prestarle apoyo emocional y económico a la mujer.

La mujer o la pareja han tenido todos los hijos que desean, o desean tener un hijo pero más adelante. Las adolescentes o solteras embarazadas a menudo temen el rechazo de su familia y de la sociedad. Algunas solteras jóvenes desean alcanzar cierto grado de satisfacción personal antes de ser madres.

En algunos casos, el embarazo es el resultado de la violación o del incesto, o el feto es anormal. Datos más recientes, según el informe "Análisis de la Situación del Aborto Inseguro", de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, indica que la cifra de muerte materna en ese país se incrementó en los últimos años de 150 a 159por cada 100 mil nacidos vivos al año, de los cuales el 20 por corresponde a muertes por abortos inducidos, señala una nota de Yajaira Figari, en clavedigital.com.do |

Las complicaciones del aborto como causa de mortalidad materna para los años 2005, 2006 y 2007 representó el 9.3 por ciento 10.7 por ciento y 13 por ciento respectivamente del total de la mortalidad materna para esos años.

El embarazo no deseado provoca que mayor cantidad de mujeres opten por practicarse un aborto clandestino, señala en Informe. La falta de poder en la mujer para negociar prácticas sexuales seguras como el uso del condón y otros métodos anticonceptivos aumenta el número de embarazos no deseados y promueven la prevalencia de infecciones de transmisión sexual, y como consecuencia crece la tasa de aborto y muerte materna, señala el texto.

La vida de las mujeres con diagnóstico de aborto incompleto o con una enfermedad que le impide continuar con su embarazo pende de un hilo cada vez que asisten a los centros sanitarios en busca de asistencia.

"Existen abortos incompletos que son aquellos que la persona ha expulsado el producto de la concepción o se han provocado el aborto en la casa y llegan a los hospitales y hay que terminar ese aborto, lo que significa que hay que hacerle una limpieza intrauterina que como efecto secundario propio al procedimiento quirúrgico conlleva a que el útero se pueda perforar y haya que hacer una histerectomía y eso puede provocar la muerte", opina el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, Aldrian Almonte.

En algunas ocasiones, los médicos se resisten a ofrecer sus servicios en estos casos por temor a ser sometidos a la justicia, por los familiares de aquellas que mueren en su intento de abortar.

"Lo que ocurre es que el médico no quiere tocar a la paciente porque no quiere ir a la cárcel si la paciente se complica, porque él no provocó el aborto. Si la paciente se esta muriendo o tiene una enfermedad que le produce una complicación durante el embarazo y existe la necesidad para que se mantenga viva practicarle un aborto, no puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo por que la ley se lo prohíbe", explica el doctor Almonte.

Considera que la incidencia de muertes maternas causadas por abortos clandestinos podría disminuir si se modifica el artículo 317 del Código Penal que impone una pena de hasta veinte años de trabajos públicos y reclusión a cualquiera que causare o cooperare directamente con la realización de un aborto.

"Significa que el último en ponerle la mano a esa paciente que fue el médico para tratar de salvarle la vida está sujeto a cumplir 20 años de cárcel por haberle puesto la mano y haberle concluido el aborto. Si a la paciente no se le extraen los restos de la placenta adheridos al endometrio se va a infectar y va a prolongar el sangrado que se convierte en hemorragia y eso la lleva a la muerte", añade.

De modificarse el artículo, en el caso de las mujeres embarazadas que presenten una enfermedad que comprometa su vida, considera que lo más recomendable es practicarle un aborto terapéutico antes de las 12 semanas de gestación, y que para realizarlo tiene que hacerse con la previa aprobación de un comité de médicos.

"No estamos de acuerdo con que se penalice el aborto de esa manera. Apoyamos el aborto terapéutico cuando éste comprometa la vida de la madre, cuando la muerte sea inminente. Esa es la única circunstancia por la que pedimos que se modifique ese artículo", sostiene.

Es por eso que la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia junto a la SESPAS, ProFamilia y otras organizaciones responsables han abogado para que sea aprobada una medida que despenalice el aborto para fines terapéuticos y proteja legalmente a los médicos, lo cual, con la modificación a la Constitución, ocurrida ayer, difícilmente se logrará.

El problema sobre el debate en el tema del aborto es complicado en ese país, pues según el Centro de Investigación Para la Acción Femenina (CIPAF), aunque República Dominicana es signatario de la Cumbre Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), "nuestro país ha puesto reservas sistemáticas a los términos "salud reproductiva", "maternidad sin riesgo", "derechos reproductivos" y "derechos sexuales".

Se plantea, dice el CIPAF, la salud reproductiva como parte de un terreno especializado, el de la salud, no como un problema de derecho, excluyéndolo así del contexto de ciudadanía".

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Aprueba gabinete alemán iniciativa contra pornografía infantil

-- Detrás de cada imagen, una niña o niño abusado

Nueva York, EU, 22 abril 2009 (CIMAC, Leticia Puente Beresford/corresponsal).- El gabinete Alemán encabezado por Angela Merkel aprobó una iniciativa de ley en contra de la pornografía infantil tras afirmar que "detrás de cada foto y película hay una niña o niño que ha sufrido abusos", así se obliga a la gran mayoría de proveedores de Internet del país a bloquear las páginas con esos contenidos. Sólo falta que el Parlamento la apruebe.

La agencia de noticias AP informa lo anterior, al recoger un comunicado de prensa alemana que habla de esa iniciativa de ley aprobada hoy miércoles.

La iniciativa busca obligar a los proveedores con más de 10 mil clientes --el 97 por ciento de los proveedores-- a bloquear las páginas de pornografía con menores de edad identificadas por la Oficina Criminal Federal.

Los usuarios que intenten ingresar a esas páginas se encontrarán con un cartel rojo y la leyenda "STOP!" (¡deténgase!).El objetivo es "eliminar en lo posible el mercado de pornografía infantil", dijo el ministro de Economía, Karl-Theodor zu Guttenberg.

Bajo la nueva ley, los proveedores pueden reunir datos personales para usar en juicios penales contra los usuarios. Esos datos no serán almacenados, dijo la ministra de Justicia Brigitte Zypries. Hecha la denuncia, los pesquisas sólo vigilarán a los que tratan de acceder a las páginas "en tiempo real", acotó.

"Detrás de cada foto y película hay una niña o un niño que ha sufrido abusos", dijo el gabinete en un comunicado sobre la ley. Las estadísticas policiales indican un aumento de 111 por ciento de los alemanes que consumen pornografía infantil --con imágenes de menores de hasta 13 años--, de dos mil 936 casos en 2006 a seis mil 206 en 2007, según la declaración.

La semana pasada, las autoridades del estado suroccidental de Baden-Wuerttemberg anunciaron que habían desbaratado una banda internacional dedicada a la pornografía infantil con 91 usuarios en Brasil, Canadá, Estados Unidos y otros países.Las autoridades confiscaron medio millar de computadoras en allanamientos en todo el país.

La ley aún requiere la aprobación parlamentaria, pero el gabinete espera que sea aprobada antes del receso para las elecciones de septiembre.

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"Clausuran" el PRI por asumir agenda conservadora contra ILE

-- Exigen que Beatriz Paredes fije posición

México DF, 20 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Que ninguna mujer vote por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque ha hecho suya la agenda moral legislativa del Partido Acción Nacional (PAN), al votar e impulsar reformas de
ley que reconoce sólo el derecho a la vida desde el momento de la concepción, limitando los derechos constitucionales de las mujeres mexicanas.

Fue el llamado que lanzaron hoy Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, feministas y legisladoras, al clausurar en un acto simbólico la sede del PRI en la Ciudad de México.

En su pronunciamiento exigieron que la dirigencia Nacional del PRI, encabezada por Beatriz Paredes, declare su posición sobre el tema.

Para las OSC y feministas, el PRI está atentando contra los derechos de las mujeres al desconocer su propia historia y alejarse de la tradición laica del Estado Mexicano, al impulsar y votar las recientes reformas que reconocen la vida desde la concepción en Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Puebla, Colima, Durango y
Nayarit, los últimos cuatro estados aprobadas con mayoría priista.

Estas reformas, dijeron, han sido pactadas con la jerarquía católica y en complicidad con Acción Nacional, en ocasiones, con el apoyo de otros partidos políticos han proscrito los derechos de las mujeres a decidir.

El Pronunciamiento realizado por las OSC y feministas señala que el reconocimiento
constitucional a la vida desde el momento de la concepción, contraviene a la legislación nacional e internacional en derechos humanos y agudiza la discriminación contra las mujeres, contraviene el Artículo cuarto Constitucional y significa un grave retroceso para los derechos de las mujeres.

Asimismo, indica el documento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya discutió el tema de la protección a la vida desde la concepción y señaló: "que si bien el legislador debe de proteger la vida en gestación no puede afectar desproporcionadamente los derechos de la mujer".

También indica: "no es constitucionalmente admisible que el legislador con la finalidad de proteger la vida en gestación, sacrifique en forma absoluta los derechos fundamentales de la mujer embarazada considerándola entonces como un mero instrumento de la vida en gestación".

Hasta hoy son ocho estados: Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Puebla, Colima, Durango y Nayarit que han proscrito el derecho a decidir, y los estados pendientes hasta ahora, con iniciativa son: Quintana Roo, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí.

Un caso particular es el de Durango, donde el Artículo primero de la Constitución local reconoce, protege y garantiza los derechos a la vida de todo ser humano, desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural, salvo con las excepciones ya existentes.

Por otro lado, los estados pendientes de iniciativas como la del Distrito Federal que
despenaliza el aborto, hasta las doce semanas son Tamaulipas y Veracruz.

Las OSC y feministas denunciaron que se mantendrán alertas el día de mañana para que el PRI no vote en Quintana Roo a favor de esta reforma que atenta contra los derechos de las mujeres y, si así lo hicieran, realizarán una campaña para que las mujeres mexicanas no voten por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las próximas elecciones.

En entrevista para Cimacnoticias, la feminista y legisladora federal del grupo parlamentario Alternativa, Elsa Conde quien estuvo en el acto de clausura, indicó que estas reforma no habrían sido aprobadas si el PRI no hubiera apoyado a Acción Nacional, ya que esta fracción no tiene mayoría en ningún congreso de la República.

Para Conde, es claro y evidente el pacto que mantienen la jerarquía católica y la derecha de país, pero se refirió como lamentable que el PRI se convierta en cómplice del PAN, al estar dando su voto e impulsando reformas que van en contra de los derechos de las mujeres, debido a la dimensión que puede tomar este pacto.

Para la Legisladora federal del grupo parlamentario Alternativa, esta manifestación de hoy es una respuesta un poco tardía del movimiento feminista a las acciones que se vienen impulsando desde el año pasado en contra de los derechos de las mujeres.

Conde considera que el PRI no solo tiene que dar una respuesta y detener esta ola de iniciativas que se están dando en el país, sino cómo van a reparar el daño en cada estado donde la ley está aprobada, qué van a hacer para que las mujeres puedan reapropiarse de sus derechos y de sus garantías constitucionales, que les han quitado.

Para la legisladora de Alternativa, es sorprendente que las mujeres feministas del PRI que han luchado por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se mantengan calladas y se encuentren en una postura de solapar estos cambios.

La legisladora dio a conocer que en ocho estados del país donde se ha aprobado la iniciativa, también se realizaron actos de clausura en instalaciones del PRI, dijo, "estas acciones no van a parar de aquí y por lo menos hasta las elecciones, vamos hacer una campaña para que ninguna mujer permita se le resten derechos.

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Apelarán condena contra la periodista Roxana Saberi

-- Acusada en Irán de espionaje

Nueva York, EU, 20 abril 2009 (CIMAC, Leticia Puente Beresford/corresponsal).-Primero, Roxana Saberi fue detenida bajo el argumento de que compró una botella de alcohol y eso no le es permitido a las mujeres en Irán. Luego fue acusada de ejercer el periodismo sin credencial oficial. Después, las autoridades la acusaron del delito de 'espionaje'. Y un tribunal la condenó a ocho años de prisión por ser 'espía de los Estados Unidos'.

Saberi, periodista estadounidense con pasaporte iraní, desató la respuesta de defensores de derechos humanos y de protección a periodistas, como la de Reporteros sin Fronteras, que afirma que la sentencia en contra de la periodista 'es injusta y además severa'.

Medios de comunicación en todo el mundo dieron a conocer la noticia, y particularmente la agencia de noticias EFE explicó que el abogado de la periodista, Abdul Salam Jorranshahi, le dijo que la sentencia será apelada.

Saberi, de 31 años, tuvo un juicio breve, juicio celebrado a puerta cerrada en un Tribunal Revolucionario de Teherán. "Nos han informado de la condena y en el plazo que me proporciona la ley apelaré", aseveró el letrado.

En tanto, en Washington, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que la titular de la cartera, Hillary Clinton, dijo que está "profundamente decepcionada por las informaciones de la sentencia a Roxana Saberi por parte de la Justicia iraní".

Desde París, la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró que "es una condena injusta que, en vísperas de las elecciones en Irán, constituye además una advertencia para los periodistas extranjeros que trabajan en territorio iraní".

Saberi fue arrestada el pasado 31 de enero por razones aún no aclaradas y ella misma comunicó su detención a sus padres 10 días después, pero les pidió que no dieran la voz de alarma porque confiaba en que sería puesta en libertad en breve.

El 28 de febrero, su padre, Reza Saberi, decidió denunciar el caso a la prensa tras más de quince días sin noticias del paradero de su hija.Reza Saberi, residente en localidad norteamericana de Fargo, aseguró que su hija fue detenida por comprar una botella de vino, cuyo consumo esta proscrito y penado en Irán. Desde entonces, los cargos contra Saberi han fluctuado desde la compra de alcohol a la definitiva condena por espionaje.

Dos días después de que Reza Saberi hiciera público el caso, el portavoz del ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Hasan Qashqavi, afirmó que había sido arrestada por "trabajar de forma ilegal" al haber caducado su acreditación de prensa.
Veinticuatro horas más tarde, el portavoz del Poder Judicial, Ali Reza Yamshidi, confirmó que había sido trasladada a la prisión de Evine, en el oeste de Teherán, por orden de un Tribunal Revolucionario de la Capital.

Finalmente, el 9 de abril, días antes de que se iniciara el juicio a puerta cerrada, el fiscal segundo Hasan Zare Dehnavi acusó a Saberi, cuya segunda nacionalidad Irán no reconoce, de espiar para Estados Unidos. Tres días antes, sus padres pudieron visitarla en prisión y anunciaron que está bien de salud, física y mental.

La condena se produce en un momento de gran importancia en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, que rompieron sus lazos diplomáticos en abril de 1980 tras consolidarse el triunfo de la revolución islámica que acabó con la monarquía del último Sha de Persia, Mohamad Reza Pahlevi, pro occidental.

Casi tres décadas después, el presidente norteamericano Barack Obama ha expresado su deseo de abrir una nueva relación con Irán si el régimen de los ayatola "abre el puño".

Aunque la respuesta por parte del régimen ha sido cauta y en principio favorable, en algunos sectores más conservadores ha sembrado inquietud.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa han expresado, por su parte, su temor a que el caso Saberi se politice y sea utilizado como baza de una eventual negociación entre Teherán y Washington.

Saberi, tras licenciarse en 1997 en Comunicación y Francés por la Universidad Concordia, en Minnesota, cursó un master en periodismo en la Universidad Northwestern (Illinois) y otro en Relaciones Internacionales en la Universidad de
Cambridge (Reino Unido). Actualmente cursaba un master de cultura y literatura iraníes en una universidad de Teherán y se documentaba para escribir un libro sobre esos temas.

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Leyes contra ILE buscan que mujeres conserven solo derechos de segunda

-- Pedro Morales Aché

México DF, 17 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- La derecha mexicana impulsa leyes estatales que dan personalidad jurídica desde la concepción con el fin de que los avances en torno a los derechos de las mujeres tengan un retroceso y que ellas solo preserven derechos de segunda.

Así explica el abogado Pedro Morales Aché, especialista en salud sexual y reproductiva, las modificaciones que han impulsado el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), principalmente, a las constituciones de Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora, para "garantizar la vida desde la concepción" e impedir o condicionar la interrupción legal del embarazo (ILE).

Para Morales Aché, abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), es claro que detrás de la redacción de estas leyes que han sido aprobadas en estos estados está un grupo reestructurado de abogados de la ultra derecha mexicana, pues no son ni los abogados de Provida, ni de la religión, sino gente que conoce a fondo el tema y su aplicación.

Explica Morales que en todas las iniciativas de ley y las leyes ya aprobadas en ese sentido, hay cierta afinidad argumentativa, y tienen que ver con la posición de los ministros conservadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Pareciera ser que hay ciertas estrategias para dar a entender que las mujeres pueden decidir interrumpir el embarazo o abortar, siempre y cuando se considere que es un delito, lo que deja claro que hay una falta de compromiso por entender que las mujeres pueden decidir interrumpir su embarazo porque así lo quieren", detalla el experto.

Al respecto, Morales puntualizó que lo que promueven estas reformas es que las mujeres podrían --en forma excepcional-- interrumpir sus embarazos o abortar, siempre y cuando se consideré es un delito y que a aquella que así lo decida se le pueda tratar como a un delincuente, a la cual solo se le perdona la pena.

"Esto implica la negación de la existencia de un derecho como el que existe en la Ciudad de México (con la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación), lo que se traduce en la imposibilidad de que las mujeres puedan exigir al Estado la aplicación de sus derechos, sostuvo.

Todas estas reformas, insistió, pareciera que sostienen "la mujer que quiera abortar que lo haga, pero con sus propios recursos y bajo la amenaza, siempre, de colgarle la etiqueta de delincuente".

Por ejemplo, dijo, "en Morelos se reformó la Constitución y el Código Penal, donde inclusive se sustituye la penalidad para la mujer a cambio de un tratamiento psicológico. Esto dice mucho, porque se está tratando a la mujer como si fuera una enferma mental".

Además, agrega el experto, el hecho de que se utilice la frase "protección de la vida desde la concepción", tiene una evidente e intencional carga emocional y religiosa.

En suma, dice el abogado esta oleada de iniciativas es algo bastante pensado y,
evidentemente, el tema va más allá de proteger la vida, que es el contenido, lo que les interesa es hacer anular los derechos de las mujeres o darles a las mujeres un estatus de segunda clase. Eso es lo que hace realmente toda esta serie de cambios:
no reconocer la autonomía de las mujeres.

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

-- ¿El avance de estas reformas podrían repercutir en la Constitución de la República?

-- No, la reforma a la Constitución está regulada en el Artículo 135 de la misma Carta Magna. Se requiere de las dos terceras partes de los integrantes de legislatura federal y mayoría de la legislatura local.

"Es decir, explica, una reforma puede ser llevada a la Constitución Federal aunque no esté en ninguna legislación, pero que esté en todas las legislaciones no significa que automáticamente se traduzca en una reforma a la Constitución".

EQUILIBRIO Y PONDERACIÓN

Para Morales, estas leyes aprobadas en Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora parecen una acción contra la resolución de la Corte. "El problema es que no es directamente a lo que resolvió la Corte, porque la Corte decidió un caso contrario, la Corte decide una despenalización que favorece a las mujeres".

"Pero, aquí estamos frente a reformas (impulsadas por la derecha) que pretenden fortalecer el derecho a la vida, esto nos permite analizar y desagregar la discusión de las audiencias de la Corte en muchos elementos y es menester ver qué partes son aplicables", consideró.

Haciendo un ejercicio muy genérico, explica el abogado, la mayoría de ministros partió --al menos seis que son mayoría-- de dos hechos: hay derechos fundamentales de las mujeres que eventualmente pueden ser violados o vulnerados por una legislación prohibitiva del aborto.

Por otro lado, "estos mismos ministros eligen que hay una protección constitucional de la vida en gestación --no necesariamente estamos hablando de que tenga personalidad-y la protección de la vida es un derecho constitucional.

"Entonces la lógica mayoritaria de la Corte sería que ante dos bienes constitucionales reconocidos hay que establecer un equilibrio de balanza o de ponderación, para determinar en qué supuestos prevalecen los derechos de la mujer y en que supuestos se debe de protección de la vida en gestación".

"En este orden de ideas, esas reformas que únicamente protegen la vida en gestación pero no protegen los derechos de las mujeres, serían inconstitucionales, aplicando este espíritu de la sentencia de la Corte".

LOS CÓDIGOS PENALES

Para Morales Aché, actualmente todos los códigos penales del país permiten el aborto por las cuatro causales, pero ahí es donde existe la discusión: en los estados donde se reformó su Constitución, los Códigos dicen que hay casuales válidas para el aborto. Eso "es una discusión que la Corte deberá de decidir", señala.

Y en los estados donde se modificó la Constitución, pero se quedaron las causales del Código Penal como excepciones, lo grave es que queda la idea que es no penalizarla es excepcional, pues solo se le perdona la pena, pero es una delincuente.

Por lo tanto, Morales cree que una de las cosas que se desprende de la sentencia de la Corte es que no es suficiente establecer supuestos en los que la mujer tenga derecho a abortar, sino que es necesario dotarla de los medios que le permitan hacerlo, que es con lo que se cuenta en la Ciudad de México.

NO ES SOLO PERMITIR

El problema, dice el abogado, "no es solo permitir sino, en un tema tan delicado, implica que no hay servicios públicos y el derecho queda limitado a los recursos económicos de cada mujer.

En esa situación, agrega, necesariamente tendríamos que hablar de la obligatoriedad de los servicios públicos, que también es otro aspecto de la orientación de la reforma que se hizo en el Distrito Federal" para permitir la ILE hasta las doce semanas de gestación.

Sin duda, dice, el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil ha sido
importante, pero lo complejo de estas reformas dificulta que haya una movilización social, porque mucha gente no ha entendido de lo que se tratan las reformas de la derecha.

-- ¿De qué se tratan realmente estas reformas?

-- Esta reforma más que proteger la vida desde la concepción: pretende desconocer los derechos de las mujeres para que tengan derechos de segunda categoría. Es una batalla muy importante, porque lo que está en juego es cómo el sistema jurídico
mexicano caracteriza a las mujeres. Por eso es necesario que los medios lo difundan, para que haya capacidad de entender qué está pasando y se pueda enfrentar.

INCONSTITUCIONALIDAD

--¿Cómo defender los derechos de las mujeres?

-- La acción idónea para ir en contra de esta ley es la inconstitucionalidad, pero el atributo de la inconstitucionalidad es restringido y ni el Procurador General de la República, ni el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) han permitido que se den acciones de inconstitucionalidad. Creo que eso es violatorio, es ilegal lo que está haciendo esa Comisión.

"La defensa de los derechos humanos no puede quedar supeditada al ideario personal del titular de la CNDH ni del Procurador.

"La CNDH está interponiendo un gran número de acciones en temas que no tienen ninguna trascendencia para los derechos humanos, pero en un tema que afecta a más de la mitad de la población, el señor dice que como él cree en la vida desde el momento de la concepción, no impugna nada.

"La PGR, a lo largo de este gobierno, ha promovido una cantidad impresionante de acciones de inconstitucionalidad que se ha inventado, pero cuando se trata de hacerlo porque se violentan los derechos de las mujeres, lo ve como normal y no pasa nada.

"Por otro lado, los presidentes de las Comisiones estatales de Derechos Humanos, como por ejemplo el de Morelos, no quiso promover la acción y hasta el momento solo el Presidente de la Comisión del estado de Baja California lo ha hecho. Y a partir de lo que decida la Corte se tendrá el precedente de lo que puede suceder en torno a estas reformas".

Explica Morales Aché que la vía idónea para contrarrestar estas reformas es la
inconstitucionalidad, pero las mujeres no pueden tener acceso a ello de manera directa, "la única alternativa sería el amparo a título individual, con la desventaja de que requiere de abogados y que solo la beneficia en lo individual, a
diferencia de la acción de inconstitucionalidad que el efecto es para todas".

"El paso es hacer que las mujeres hagan valer sus derechos, las mujeres como género tienen la necesidad de que se abra una campaña nacional de defensa de sus derechos y acudir a todas las instancias jurisdiccionales y hacer valer la justicia", finaliza el abogado.

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Urge despenalizar a la prensa y detener la impunidad: CDHDF

-- Regular radios comunitarias y proteger a periodistas

México DF, 17 abril 2009 (CIMAC, Yunuhen Rangel Medina).- Hay que avanzar en la despenalización de la prensa, detener la impunidad y la inacción de las instancias de justicia en casos de periodistas agredidos, regular las radios comunitarias y poner atención en la desprotección laboral en la que viven las y los trabajadores de la comunicación, afirmó Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Al participar en la conferencia "Perspectivas sobre libertad de expresión", el funcionario agregó que el primer punto en la agenda de la CDHDF en cuanto a libertad de expresión es el tema sobre las extraordinarias amenazas que las y los periodistas están viviendo actualmente en nuestro país, aun "el segundo más peligroso del mundo para ejercer el periodismo" recordó.

Dijo que la "impunidad" es la generadora de la victimización de periodistas y la revictimización en la sociedad completa. En 2008, agregó, vimos 14 tipos de agresiones contra periodistas, y este año llevamos tres.

Recordó en este sentido casos como el allanamiento a las instalaciones de la revista
Contralínea, así como el de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el asesinato de las comunicadoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez, en Oaxaca, a los que hasta ahora acompaña la impunidad.

A la conferencia asistió el doctor Frank La Rue Lewy, Relator Especial de libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien aseveró que la democracia debe rescatar la libertad de expresión, el derecho de decir lo que muchos no quieren oír.

La Rue, de nacionalidad guatemalteca, planteó las necesidades sobre libertad de expresión que se han planteado desde una perspectiva mundial y celebró que en este momento existan dos Relatores latinoamericanos, refiriéndose a él mismo y a la doctora Catalina Botero Marino, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ofrecerán una visión diferente y alianzas para las acciones, dijo.

Destacó la importancia de vincular el acceso a la información con el acceso a la comunicación, derechos que deben ser garantizados por el Estado para todas y todos.

COMUNICACIÓN INDÍGENA CONTRA LA POBREZA

En este sentido, explicó como la garantía de dotar a la población indígena de comunicación electrónica podría combatir la pobreza extrema además de la falta de información y comunicación en estas comunidades que tienen el derecho, dijo, de reproducir su lengua, pensamientos y cultura.

Es por esto, finalizó, que la alternativa ante los fundamentalismos es el pensamiento plural, la multicultura y la libertad de expresión para todas y todos.

Así mismo, la Relatora Botero Marino, coincidió en la importancia del pluralismo y la diversidad en el trabajo de darle voz a los grupos que no la tienen.

Por otro lado, señaló también la importante necesidad de proteger a las y los periodistas del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, pues no necesitamos penas crueles contra los agresores sino "eficaces".

Igualmente se refirió al uso del derecho penal y algunos tipos de censura "sutil" utilizados en la actualidad para inhibir la libertad de expresión, tanto de las y los periodistas como de quienes defienden los derechos humanos.

Por su parte el maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su participación sobre La protesta, los derechos humanos y la libertad de expresión, opinó que "la libertad de expresión debe ser un rasgo característico de una sociedad democrática".

Explicó cómo las protestas y movilizaciones sociales son el espacio de expresión y
participación social para grupos en situación de exclusión o vulnerabilidad.

"Sin estas protestas, el Estado posterga la solución de los problemas… son necesarios los espacios de participación". Por otro lado, dijo que uno de los obstáculos es que estas protestas se utilizan como pretexto para militarización y el hostigamiento judicial.

Finalmente la coordinadora de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y defensora del televidente de Canal 22, doctora Gabriela Warkentin de la Mora, se refirió a la importancia de crear públicos críticos por medio de este tipo de defensorías.

En algunos países como Colombia, afirmó, esta defensa a la audiencia es por Ley, y en nuestro país Canal 22 es de los únicos que lleva a cabo estas acciones de participación ciudadana.

"Hay una enorme necesidad de la gente de decir cosas y sentir que son escuchados" explicó, y debido a esto, hemos registrado mensajes de la audiencia mejor articulados y con más crítica por lo que es importante decir que la audiencia tiene también derechos, finalizó.

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En Honduras, ley prohíbe anticoncepción de emergencia

-- Por ignorancia de la evidencia científica, dicen OSC

México DF, 17 abril 09 (CIMAC, Alejandra González Méndez).- El pasado 1 de abril fue aprobada en el Congreso Nacional de Tegucigalpa, Honduras, una ley que prohíbe la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), presentada por las diputadas Nelly Jeréz y Martha Lorena Alvarado, del Partido Nacional y del Partido Liberal, respectivamente.

Diversas organizaciones de mujeres en Honduras, como el Centro de Derechos de Mujeres, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia, y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas se han pronunciado en contra de esta iniciativa.

Consideran que la legislación que prohíbe el acceso a las PAE, fue hecha con "absoluta ignorancia de la evidencia científica, o con una manipulación maliciosa para que las ideas fundamentalistas de algunos diputados fueran la regla a seguir por toda la sociedad hondureña".

El Movimiento Feminista Hondureño también se pronunció en contra y dijo que "el Congreso Nacional en esta oportunidad legisló siguiendo los caprichos de un pensamiento reducido, deformado y encarnado en el pecado, lo malo y lo sucio", además criticó a las fundamentalistas religiosas que creen que Dios les permite ordenar la vida de otras mujeres.

Esta ley es contraria a diferentes convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Artículo 12 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, e incluso contraria a la Constitución de Honduras en sus artículos 76, 77, 111 y 145.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia (PAE) no son abortivas, pues "no descolocan un embrión ya implantado, y no pueden poner término a un embarazo ya establecido". La OMS afirma que la anticoncepción oral de emergencia no es eficaz una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provoca un aborto.

Sin embargo esta información no fue tomada en cuenta para la redacción de la iniciativa que establece en su artículo tercero que "A quien contravenga las disposiciones del presente Decreto, se le aplicarán las penas establecidas para el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal".

ALARMANTE AUMENTO DE ABUSOS

Esta iniciativa es un golpe bajo al avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país, y principalmente de las mujeres y niñas que han sido abusadas sexualmente, sobre todo en un país cuyos índices de violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños es elevado. Se estima que en Honduras se
cometen 203 abusos y violaciones por cada 100 mil mujeres, señalan las organizaciones.

Además, de acuerdo con la representante de la Fiscalía de la Niñez en Honduras, Nora Urbina, los abusos sexuales en contra de menores de edad aumentaron de forma alarmante en el 2008. Dijo que de acuerdo con Casa Alianza y la alcaldía de Tegucigalpa, hay en Honduras aproximadamente 10 mil niñas y niños víctimas de explotadores sexuales.

De acuerdo con datos de la Encuesta de Epidemiología y Salud Familiar, el 15 por ciento de las mujeres hondureñas mayores de 14 años informó haber sido por lo menos una vez, maltratada físicamente, y de éste porcentaje, un 4.9 por ciento afirmaron haber sido abusadas sexualmente antes de los 12 años.

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