Con desnutrición crónica 1.2 millones de menores de 5 años en México

-- A 20 años de la Convención sobre Derechos de la Infancia

México DF, 30 abril 2009 (CIMAC).- En este año se conmemora el XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo cual el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) invitó, en el marco del Día del Niño, a recapitular sobre los progresos alcanzados y los retos aún pendientes en el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Desde que la Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por México el año siguiente, señala un comunicado del organismo, México ha logrado importantes progresos en materia de condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, pero está aún pendiente sacar de la pobreza alimentaria a aproximadamente 10 millones de niños en el país (25 por ciento del total).

Asimismo, atender a 1.2 millones de niños menores de 5 años que padecen de desnutricion crónica (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006), con particular énfasis en los niños indígenas.

Y asegurar no solamente el acceso a la escuela sino a una educación de calidad en todos los niveles del sector educativo; y ofrecer otras opciones de vida e inclusión educativa a 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007).

Entre las mejoras para la infancia en el país, 19 años después de que se convirtió en signatario de la Convención sobre Derechos de la Infancia, están: la reducción en los últimos 25 años de la mortalidad de menores de 5 años de 64 a 18.4 por cada mil nacidos vivos. El descenso, entre 2000 y 2006, del
número de niños y niñas menores de 18 años viviendo en situación de pobreza alimentaria de 32.6 por ciento a 19 por ciento; y el logro del acceso casi universal de los niños y niñas a la escuela.

Para responder a los desafíos que implican los rezagos que padece aún la infancia mexicana, UNICEF reitera su compromiso de apoyar todos los esfuerzos orientados a proteger y garantizar los derechos de la niñez en México, tanto en circunstancias normales como en tiempos difíciles, concluye el comunicado.

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Trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia deben ser excusadas de sus empleos ante epidemia de influenza

México DF.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que, de conformidad con los artículos 166 y 167 de la Ley Federal del Trabajo, las mujeres trabajadoras en periodo de gestación o de lactancia deben ser excusadas de prestar sus servicios en empresas o establecimientos en donde se encuentren altamente expuestas a contagiarse del virus de la influenza porcina, sin que sufra perjuicio su salario, prestaciones y derechos.

De acuerdo a La Ley Federal del Trabajo, las trabajadoras tienen el derecho de que su trabajo no se utilice en labores insalubres o peligrosas, como aquellas que, por la naturaleza del trabajo, por condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, puedan influir en la vida, el desarrollo y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación o del producto.

Además, el artículo Sexto del “Decreto por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2009, conmina a los patrones a brindar los apoyos y facilidades que establecen las disposiciones jurídicas en materia de salubridad general.

Por ello, la STPS exhorta a todos los patrones a cumplir cabalmente estas disposiciones legales, pues de lo contrario se harán acreedores a las sanciones correspondientes previstas en la Ley Federal del Trabajo. Para cualquier información, queja o denuncia, la STPS pone a disposición de las trabajadoras embarazadas, de las madres en periodo de lactancia y, en general, de todos los trabajadores del país, el teléfono 01 800 911 78 77 de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, al cual se podrá llamar sin costo desde cualquier punto del país entre las 8:00 y las 20:00 horas, en relación con la contingencia sanitaria por la influenza porcina

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Jóvenes del DF tendrán anticonceptivos gratuitos e información

-- Ley garantizará su acceso

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) estableció que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) deberá garantizar para la juventud del DF la adquisición gratuita de métodos anticonceptivos efectivos, así como proporcionarles la información correspondiente, con el objetivo de que disfruten y ejerzan plenamente su sexualidad, y decidan de manera consciente y plenamente informada el momento y número de hijas e hijos que deseen tener.

El embarazo en la adolescencia es considerado un problema, ya que implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de educación y, en ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño y mortalidad infantil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como embarazo adolescente o temprano aquel que ocurre entre los 15 y los 19 años de edad.

Por ello, según información de la ALDF, la Comisión de la Juventud aprobó el pasado 24 de abril reformas a la Ley de las y los Jóvenes del DF, las cuales mandatan al Instituto de la Juventud la creación de la “Tarjeta Joven”, la cual, a través de convenios, permitirá a este sector de la población acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a espacios de entretenimiento, deportivos y a descuentos en el transporte público.

El Gobierno capitalino deberá también celebrar en la segunda semana de agosto de cada año el Festival Internacional de las Juventudes de la Ciudad de México, en que se expresarán las manifestaciones artísticas, musicales, literarias, científicas, tecnológicas, producciones cinematográficas y en general cualquier expresión cultural, en el marco de las celebración del Día Internacional de la Juventud.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) afirma que el inicio de la actividad sexual constituye una transición crucial en la vida de las mujeres jóvenes, quienes no siguen la secuencia tradicional de tener relaciones hasta después del matrimonio o unión. Los patrones del curso de vida se encuentran profundamente vinculados al lugar que ocupan las mujeres en la estructura social.

El dictamen, nacido de las iniciativas del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Jorge Romero Herrera y Miguel Ángel Errasti, del Partido Acción Nacional (PAN), busca también ofrecer condiciones para que las y los jóvenes puedan tener acceso al empleo y créditos de vivienda.

En este punto, el Instituto de Vivienda del DF promoverá sus programas entre este sector de la población, dando una correcta asesoría sobre los requerimientos técnicos para facilitar la adquisición de créditos a las y los jóvenes que cumplan con los requisitos salariales y residan en la capital.

La Ley el Congreso de Jóvenes del DF, establece que se abrirá en la ALDF un espacio para que las y los jóvenes especialistas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones de asistencia privada intervengan en el diseño y evaluación de la política de juventud; mientras que el Parlamento de la Juventud, con sede en el Recinto Legislativo, será un órgano colegiado, plural e incluyente, que se celebrará cada año durante el mes de agosto.

El dictamen, aprobado por el grupo de trabajo que preside el diputado Jorge Romero Herrera, señala que para contribuir al combate de la deserción académica, el Instituto de la Juventud celebrará los convenios necesarios para obtener descuentos en el transporte público a jóvenes que cuenten con la “Tarjeta Joven”.

Además, se deberán celebrar convenios para la obtención de precios preferenciales para centros de entretenimiento, tales como cines, museos, exposiciones, galerías, conciertos, performances y obras teatrales, así como a gimnasios y centros deportivos.

La Ley también establece que las y los beneficiarios de la “Tarjeta Joven” estarán obligados a retribuir a la sociedad los beneficios de la misma, a través de su participación en las jornadas comunitarias, acciones ecológicas u observatorios ciudadanos contra la delincuencia, siempre que desee obtener mayores beneficios a través de esa tarjeta.

Asimismo, se establece que las instituciones, dependencias y órganos desconcentrados del DF darán, en los términos de ingreso al Servicio Público de Carreras, preferencia en el reclutamiento para ocupar las plazas vacantes a las y los jóvenes que hayan presentado su servicio social o sus pasantías en ellas.

La Ley plantea como plazo para publicar el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la Juventud del DF, el primer lunes de agosto del primer año de administración, en tanto que en las últimas dos administraciones no han elaborado este documento y a la fecha no se ha presentado dicho plan.

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Salud de las y los trabajadores no es prioridad para el gobierno

-- Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

México DF, 28 abril 2009 (CIMAC).- Hoy, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se recuerda que miles de trabajadoras y trabajadores viven expuestos a enfermedades y accidentes laborales, incluidos los riesgos que corren ante una epidemia quienes se emplean en servicios de salud.

Por enfermedades y accidentes laborales, señala el Centro de Información Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), mueren diariamente miles de trabajadoras y trabajadores. El dato más reciente indica que en 2006 fallecieron mil 300 personas por esas causas, por lo que es preciso poner énfasis en los diversos factores que afectan a las y los trabajadores mexicanos, sin perder de vista la importancia de atender la emergencia, advierte CILAS en comunicado de prensa.

En 2004 fallecieron en el mundo por accidentes y enfermedades laborales 2 millones de trabajadoras y trabajadores, de los que 32 por ciento eran mujeres y 68 por ciento varones, es decir, seis mil muertes al día, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta cifra supera los decesos por guerra o por enfermedades transmisibles.

Una tercera parte de estos decesos tiene su origen en cánceres ocupacionales, una quinta parte por lesiones de trabajo y un porcentaje igual por enfermedades respiratorias. La OIT señala también que existen más de 350 químicos carcinógenos ocupacionales, entre ellos están benceno, cromo, nitrosaminas, asbesto, y aflatoxinas.

Existe, además, un grave problema de trabajo infantil, estimado en 250 millones de niñas y niños entre 5 y 14 años de edad en los países en desarrollo donde casi 70 por ciento de esta población labora en condiciones de riesgo.

La suma de estos factores tienen graves implicaciones económicas para los países de América Latina (AL), pues se calcula que el gasto en este rubro se eleva a cifras de 9 a 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir más del doble del observado en los países desarrollados.

POCOS RECURSOS, ESCASAS MEDIDAS

En México, dice CILAS, el presupuesto asignado al sector salud fue apenas de 6 por ciento del PIB, por debajo del promedio de América Latina y de la recomendación internacional.

Además de la insuficiencia en materia de seguridad social, las y los trabajadores laboran en condiciones de riesgo ya que la inspección en los centros de trabajo es deficiente por lo que las medidas de seguridad e higiene pocas veces se cumplen, afirma.

En el año 2007, solo se reconocieron dos mil 500 enfermedades de trabajo, lo que significa una baja en un 40 por ciento con respecto a años anteriores, sin que ello tenga que ver con mejoras en las condiciones de trabajo sino con “el rechazo sistemático de los servicios de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.

El otro 70 por ciento de la PEA que se atiende en el sector salud a través del Seguro Popular no contempla el seguro de riesgo de trabajo y tampoco se identifica si los accidentes atendidos en los servicios de urgencias sucedieron en el trabajo.

Por último CILAS afirma en su comunicado que la salud de las y los trabajadores en el país no es una prioridad para el gobierno mexicano, especialmente para las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), a quienes consideran: “administradores al servicio de los empresarios, (…) no les importa poner en riesgo la salud de aquellos para obtener mano de obra barata”.

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Anticoncepción en Filipinas: una inversión que salva vidas

México DF, 28 abril 2009 (CIMAC, Sharon L. Camp y Josefina V. Cabigon*).- La oposición a la anticoncepción está hiriendo a las Filipinas. Cada año, más de la mitad de los 3.4 millones de embarazos que ocurren en el país no son planeados, lo cual resulta en altos costos para las mujeres, sus familias y el sistema de salud nacional. Además, esta altísima tasa de embarazos no planeados obstaculiza el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo de las Filipinas.

Sin embargo, esta no es una epidemia para la cual no hay una solución conocida. Los embarazos no planeados son altamente evitables si las mujeres tienen acceso a información y servicios voluntarios de planificación familiar, en especial a métodos de anticoncepción modernos.

Estudios llevados a cabo a nivel mundial han demostrado que invertir en anticoncepción mejora significativamente la salud pública, mientras que ahorra dinero y refuerza las economías nacionales. Para calcular cuan grande sería el retorno de esta inversión en las Filipinas, el Instituto de Población de la Universidad de las Filipinas junto con el Guttmacher Institute con sede en Nueva York realizaron recientemente un análisis de costo-beneficio.

Los hallazgos fueron espectaculares y apoyaron los argumentos que promueven un aumento en el gasto en anticoncepción a nivel nacional. Según los investigadores, expandir el acceso a métodos modernos de anticoncepción y planificación familiar natural resultaría en 800 mil embarazos no planeados menos, 500 mil abortos inducidos menos y 200 mil pérdidas de embarazos menos cada año. Asimismo, se prevendría la muerte de 2 mil 100 mujeres, casi la mitad de todas las muertes causadas por problemas relacionados al embarazo, y la pérdida acumulativa de 120 mil años de vida saludables de las mujeres, actualmente acortados o afectados como resultado de los embarazos no planeados.

Responder a la demanda de anticonceptivos beneficiaría en particular a las mujeres pobres, quienes representan el mayor segmento de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción. El 35 por ciento de las mujeres filipinas de entre 15 y 49 años de edad que son pobres representan más de la mitad (53 por ciento) de la necesidad insatisfecha de anticoncepción.

Proveer servicios de anticoncepción modernos a todas las mujeres en riesgo de embarazo no planeado aumentaría los costos anuales de planificación familiar desde los 1 mil 900 millones de pesos filipinos actuales hasta 4 mil millones de pesos.

Sin embargo, los costos médicos asociados al embarazo no planeado, incluyendo el tratamiento de las consecuencias del aborto inseguro, disminuirían drásticamente, de 3 mil 500 millones de pesos a 600 millones, resultando en una disminución de 2 mil 900 millones en dichos costos y en un ahorro total de 800 millones, según el estudio. El dinero ahorrado podría ser utilizado para mejorar y expandir una variedad de servicios de salud y sociales, posibilitando que las Filipinas alcance sus objetivos de desarrollo.

En última instancia, la cuestión a decidir es si confiamos en las mujeres y sus parejas para decidir qué es lo mejor para ellos mismos y para sus familias. Los resultados claramente demuestran que invertir en anticoncepción salva vidas y ahorra dinero. Pero, sobre todo, la razón para invertir en planificación familiar voluntaria es permitir que las mujeres decidan cuándo quieren quedarse embarazadas y cuántos hijos quieren tener. Si tenemos éxito en este objetivo, la recompensa será importante para las mujeres filipinas, sus familias, sus comunidades y la sociedad en general.

Por esta razón, las organizaciones no gubernamentales, las y los profesionales de la salud y hacedores de políticas necesitan trabajar conjuntamente para abogar por el aumento de la inversión en anticoncepción. También necesitan asegurarse que los servicios e insumos sean distribuidos equitativamente a lo largo del país. Invertir en anticoncepción es invertir en familias más saludables y en un país más fuerte y más desarrollado.

* La doctora Sharon Camp es presidenta y directora ejecutiva del Guttmacher Institute, institución independiente de investigación y análisis de políticas en el campo de la salud sexual y reproductiva. La doctora Josefina Cabigon es profesora de la University of the Philippines Population Institute. Colaboración especial enviada por el Guttmacher Institute.

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Corresponsabilidad, clave para la educación sexual en la infancia

-- 1er. Congreso Mexicano de Educación Sexual Infantil

México DF, 27 abril 2009 (CIMAC, Maricarmen Gómez Quintana*).- El “Primer Congreso Mexicano de Educación Sexual Infantil. Corresponsabilidad Social”, se llevó a cabo en esta ciudad el 24 y 25 de abril pasados, organizado por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas-México (UNFPA) y de Population Council.

Participaron especialistas de México, España, Venezuela, Ecuador, Colombia y Cuba, así como de algunos estados de la República. Destaca también la participación de organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC (ADIVAC), la Federación Mexicana de Educación Sexual AC, la Red Democracia y Sexualidad AC, Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual (FDS) así como de centros educativos como la Escuela Atenea, SC y el Colegio Británico.

Este Congreso reviste importancia por ser el primero en su tipo, organizado específicamente para abordar la educación sexual infantil de niñas y niños de hasta doce años, ya que esta población no había recibido atención particular en el rubro de educación sexual.

Pero no sólo es importante por atender a esta población, sino por su interés en considerar la corresponsabilidad social, incluyendo a madres, padres, tutores, instituciones educativas, medios de comunicación, profesionales de la educación y la salud, ONG, es decir, todos los actores sociales que participan en el esfuerzo para hacer de los derechos y garantías de las niñas y niños una realidad en el ejercicio de la sexualidad.

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

Para ello, en el Congreso se suscribió el documento “Corresponsabilidad Social en la Educación Sexual Infantil”, que propone acciones y compromisos, acordes con la legislación mexicana e internacional vigente en la materia, asentadas previa discusión y consenso durante el Congreso.

A lo largo de dos días de intenso trabajo, las y los participantes discutieron sobre aspectos tan relevantes de la sexualidad humana como los biológicos, psicológicos, sociales, culturales y afectivos.

Entre las expertas estuvo la psicóloga Gema Ortiz, coordinadora del Congreso y Premio Mundial a la Excelencia e Innovación en Educación Sexual Infantil, autora y coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral para Instituciones Educativas (PESI); la psicóloga Ester Corona, pionera de la educación sexual en México y presidenta del Comité de Relaciones Internacionales de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) y coordinadora del Consenso; la psicóloga Rina Riesenfeld, co-fundadora del Centro de Educación Integral para la Salud Sexual y autora de varios libros sobre sexualidad y educación sexual; la doctora María de los Ángeles Núñez, presidenta Nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual (SESEX); la maestra Alma Aldana, educadora sexual y miembro fundador de Ave de México.

Y los expertos que asistieron fueron: el doctor Eusebio Rubio Aurioles, presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS); el psicólogo Félix López Sánchez, catedrático de la Universidad de Salamanca y autor de numerosos libros sobre abuso sexual infantil y educación sexual; el antropólogo Alfonso Sandoval Arriaga, representante Adjunto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México; el psicólogo Luis Perelman Davnozon, activista por los derechos sexuales y presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS), entre otros especialistas tanto de AMSSAC como de otras instituciones comprometidas con la educación sexual.

LOS TEMAS

Las y los especialistas aportaron información desde los diversos campos del quehacer humano, como la biología. En este sentido se abordó el aspecto genético que, contrariamente a la tendencia de la explicación sociologicista actual, sigue sin perder vigencia, ya que se trata de evidencias científicas en torno a los factores genéticos y neurológicos presentes en personas homosexuales.

Un tema muy controvertido pero con datos contundentes y actuales que vuelve a colocar el dedo sobre la multiplicidad de factores que intervienen en este fenómeno, sin que hasta la fecha se haya podido llegar a una causalidad concluyente.

CONDUCTA SOCIALMENTE AGRESIVA

En el aspecto social, se abordaron temas como el trastorno disocial y sus implicaciones en la conducta sexualmente agresiva, componente fundamental en el comportamiento de los agresores sexuales. La mayoría de ellos presenta este tipo de conducta desde la infancia y presenta un incremento muy importante en la adolescencia.

Sin embargo es hasta los 25 ó 30 años de edad cuando se les procesa y recluye en el mejor de los casos, no obstante que en México los crímenes sexuales ocupan el tercer lugar de prevalencia en el sistema penitenciario, sin considerar la alta incidencia de hechos no denunciados y la impunidad presente en el sistema judicial. De tal forma que se evidencia la necesidad de evitar las víctimas, tratando a los agresores, así como la falta de programas en este rubro a nivel penitenciario.

PREVENCIÓN DE ABUSO Y BULLYNG

También se trabajó ampliamente en la cuestión preventiva tanto del abuso sexual, como del acoso infantil (bullying), mediante talleres en los que participaron talleristas de ADIVAC como maestras de educación preescolar y primaria, quienes además de presentar el panorama actual, hicieron propuestas para abordar adecuadamente este fenómeno que se está incrementando a gran velocidad en nuestras escuelas.

Otro tema interesante fue el de la diversidad sexual manifestada y abordada en etapas tempranas, ya que regularmente es hasta la adolescencia donde, por obvias razones, se evidencian las conductas de género y se presentan los problemas de identidad y violencia sexual.

En este renglón es de mencionarse la aportación de testimonios de mujeres y hombres, miembros del grupo Madres y Padres por la Diversidad Sexual, quienes de manera vivencial hicieron partícipes a las y los congresistas de la distancia entre la teoría y la vivencia, aspecto esencial a considerar para el abordaje integral de la problemática actual.

EL DIVORCIO Y LA INFANCIA

Desde el aspecto afectivo, se abordaron temas relacionados con la familia, tales como la explicación a las y los niños del divorcio de los padres, la alfabetización emocional de la familia y la diversidad sexual en el contexto familiar. En este mismo punto se incluyeron temas de educación sexual y necesidades especiales tales como síndrome de Down, VIH y discapacidad.

Los temas didácticos y enfoques creativos para la educación sexual estuvieron también presentes como parte del programa del congreso. Se presentaron varios materiales educativos para la enseñanza de la sexualidad, así como el manejo de filosofías orientales como el feng-shui, como elementos para coadyuvar en una educación sexual tanto creativa como recreativa.

La amplia variedad de temas y enfoques permitió que tanto a nivel teórico como vivencial, los distintos participantes, madres de familia, docentes y profesionales de la salud sexual, se integraran en un intercambio enriquecedor que redundará en un mejor nivel de conciencia y participación en la educación y salud sexual.

* Psicoterapeuta especialista en infancia. Colaboración especial para CIMAC.

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Ley General de Salud, siguiente blanco de PRI-PAN contra ILE

-- Luego pretenderán cambiar la Constitución federal

México, 27 de abril 2009 (Cimac, Gladis Torres Ruiz y Sandra Torres Pastrana).- Los congresos de Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo y Campeche aprobaron iniciativas presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con apoyo de otros, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, para modificar la Constitución, bajo el argumento de “proteger la vida desde el momento de la fecundación o la concepción hasta su muerte natural (sic)”.

Estos cambios han ocurrido en los últimos seis meses y hay iniciativas similares en Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí. Los cambios constitucionales, señalan especialistas, se dieron en respuesta a la aprobación de la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, que no criminaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación, como ocurre en países como España, Italia, Francia y Alemania.

En esas naciones, explica el abogado Pedro Morales Aché, no se privilegió el derecho del embrión sobre el de la mujer, se dio un equilibrio entre ambos, tomando en cuenta la evidencia científica.

En México, según el estudio de 2005 de Human Rights Watch Víctimas por partida doble. Obstrucciones al aborto legal por violación en México, hay un millón de abortos clandestinos en el país. Ipas señala que seis de cada 10 mujeres declararon haber sido violadas alguna vez en su vida.

Por todo ello, señalan feministas y organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y Católicas por el Derecho a Decidir, integrantes de la Red Nacional que agrupa a 280 organizaciones, los derechos de las mujeres en México van en retroceso, gracias a la complicidad del PRI.

Afirman que el tricolor desconoce su propia historia al alejarse de la tradición laica del Estado y emprender una política contraria a los derechos de las mexicanas.

Las acciones de protesta en varias entidades iniciaron ya. En Sonora, las ciudadanas se ampararon porque el ombudsman local, Jorge Sáenz Félix, no respondió a su petición para solicitar una acción de inconstitucionalidad ante la reforma aprobada en octubre. En Michoacán, donde esta semana se presentó la iniciativa contra la interrupción legal del embarazo, las organizaciones de mujeres solicitaron el apoyo de feministas dentro y fuera del país. Todas coinciden en que la respuesta ante el avance conservador se dará en las elecciones del 5 de julio.

Hay inconformidad incluso dentro del PRI: en Quintana Roo, la diputada María Hadad votó contra la iniciativa de su partido para criminalizar la práctica y reveló que esas iniciativas son contrarias a los estatutos de su partido.

Las OSC reclaman al PRI: “Se dice socialdemócrata y lo único que hace es incrementar las injusticias y discriminación hacia las mujeres, sin respetar las diversidades sociales. Se dice defensor de las libertades, pero si nos prohíben a las mujeres decidir sobre lo único que nos pertenece, que es nuestro cuerpo, entonces la libertad queda coartada”.

Cuestionada por este medio, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, respondió que ella siempre “ha sido respetuosa de lo que definen los legisladores locales” y evadió más preguntas, aunque el pasado 12 de marzo declaró en Nicaragua a El Nuevo Diario que los derechos de las mujeres, entre ellos el aborto “no deben ser manipulados políticamente, lo importante es el debate democrático racional”, dijo sobre la penalización del aborto terapéutico en este país.

LA ESTRATEGIA

Leticia Quezada, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, y el especialista en derechos sexuales y reproducción Pedro Morales Aché, coincidieron en la probabilidad de que quienes han modificado las constituciones estatales pretendan hacerlo con la Ley General de Salud, pues resulta más sencillo que modificar la Constitución.

Eso, dijo Morales Aché, implica contar con la mayoría del Congreso. “La Constitución no puede reformarse automáticamente con el avance de las reformas que protege la vida desde la concepción en 17 estados. Se requiere el apoyo de las dos terceras partes y mayoría del local para que suceda, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución”.

Leticia Bonifaz, titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del DF, declaró que el artículo 4 de la Constitución, escrito en los años 70, establece que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos”.

Por ello, aunque las reformas aprobadas en 11 estados del país protegen la vida desde el momento de la concepción y dan derechos al no nacido para todos los efectos hasta la muerte natural, o aunque en Baja California se prohíba el aborto en cualquiera de sus modalidades y lo castiguen como homicidio calificado, hay que tomar en cuenta y respetar el Artículo 4 constitucional.

En éste se señala que el número y espaciamiento de hijas o hijos que tenga una mujer es un derecho o garantía constitucional, y fue un argumento clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar la interrupción legal del embarazo en el DF, dice Bonifaz.

Y advierte: “si con estas 10 reformas aprobadas lo pasan por alto, van a tener problemas en el momento en que se pongan en conflicto los derechos establecidos con esta garantía individual”.

Mujeres clausuraron en Morelos la sede del PRI y se preguntan: “¿Qué negocia el PRI con el PAN  y la jerarquía católica? ¿Qué es tan importante, como para usar como moneda los derechos de las mujeres?”

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Aguascalientes: sin acceso a ILE, niña de 8 años dio a luz

-- Abuso sexual se ocultó y no se denunció; hay 2 casos más

México DF, 24 abril 2009 (CIMAC, Nancy Betán Santana).- Una niña de ocho años dio a luz en el Hospital de la Mujer de Aguascalientes en marzo pasado, sin que ninguna autoridad de salud se pronunciara sobre el caso, aunque el director de dicho hospital, Arturo Guerra Lugo, atribuyó el fenómeno a "la falta de educación sexual".

Guerra Lugo, quien calificó como "aislado" este hecho, posteriormente señaló que en lo iba de este 2009 se trataba del tercer alumbramiento de una niña menor de 12 años atendido en el Hospital.Al enterarse del parto de la menor de ocho años a través de un periódico local, la abogada, especialista en delitos y derechos sexuales y reproductivos, Marcela Martínez Roaro, quien radica en esa entidad, decidió levantar una denuncia por violación contra quienes resulten responsables, ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes.

Martínez Roaro señaló a Cimacnoticias que para que la niña se embarazara, el abuso sexual debió consumarse cuando ella contaba con tan sólo siete años, prueba contundente de que la niña fue violada, quizás por algún miembro de la familia. Eso, detalla Martínez Roaro, explica también el silencio de la familia y el nacimiento del producto, el cual pudo haberse evitado, sobre todo por el peligro de muerte que corría la niña y por las consecuencias psicológicas del abuso.

EMBARAZO EN NIÑAS

Por su fisiología (pelvis y canal de parto inmaduros), esta menor de ocho años debió haber sufrido alguna de las múltiples complicaciones que se presentan en embarazos y partos de niñas, como un alumbramiento prematuro con labor prolongada o cesárea, ambos con riesgo de hemorragia severa, apunta el médico gineco-obstetra e investigador argentino Juan Ramón Issler, en su artículo "Embarazo en la adolescencia".

En estos casos, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) debe presentarse como una opción, de acuerdo con Genaro Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero, dos de los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron a favor del ILE en el Distrito Federal en agosto del año pasado, pues, acentúan, las niñas tienen derecho a no ser madres porque fueron violadas.

De acuerdo con Juan Ramón Issler, la maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso resulta ser perturbador tanto física como psicológicamente.

Las niñas asumen responsabilidades que no son propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo social al que pertenecen, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad infantil, anota.

Este comportamiento se vuelve un círculo vicioso en el que tanto madre como hijo estarán atrapados de por vida, pues en México son contadas las instituciones auxiliares en estas situaciones, que cuenten con el personal y las instalaciones
adecuadas para proveer de ayuda a ese sector doblemente vulnerable, por ser infantes y ser mujeres, resaltan académicas y académicos.

Asimismo, el despertar sexual en las madres infantiles suele ser precoz y sumamente
importante en sus vidas, pues no conocen otro afecto que no esté ligado al ámbito sexual por haber sido violadas, sostiene.

En el caso de niñas en situación de calle, la vida sexual comienza desde los siete años. Un 90 por ciento de ellas es abusada sexualmente, por lo que antes de cumplir los 13 años ya habrán tenido al menos un embarazo o un aborto, indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Esto las coloca en una cuerda floja en la cual comienzan su vida sexual sin la debida protección porque así lo aprendieron cuando consecuencia de la violación, resultaron embarazadas, subraya.

Según la Organización Panamericana de la Salud, de las 300 mujeres que conciben sin desearlo, 200 resultan contagiadas de alguna Infección de Transmisión Sexual, incluyendo el VIH.A los posibles embarazos posteriores y las infecciones de transmisión sexual, se suman importantes depresiones de las que las niñas abusadas sexualmente son presa en su edad adulta, las cuales no les permiten llevar una vida
normal. Una niña abusada debe ser sometida a tratamiento psicológico para superar la violación de la que fue objeto, concluye Issler.

LA DENUNCIA

Cuando Marcela Martínez Roaro acudió a ratificar la denuncia el 13 de abril del presente, los funcionarios le hicieron saber que probablemente la archivarán. A este respecto, la también catedrática asegura que interpondrá una queja en contra del Procurador y tramitará un amparo.

Asevera que en nuestro país los mecanismos legales para fincar responsabilidades a los autores de estos delitos son muy débiles y no garantizan un debido proceso que implique protección a las víctimas. Todo esto, porque se carece de funcionarios e instancias comprometidas con los niños abusados, como demuestra el caso de Arturo Guerra Lugo.

"La cópula con menores es ya una acción cotidiana para las autoridades mexicanas. Lo asombroso para ellas es que una ciudadana ejerza su derecho de manifestarse e inicie un proceso legal para castigar a los culpables de delitos tan graves y que se persiguen de oficio como la violación", apunta Martínez Roaro. Con casi 5 mil casos de adolescentes embarazadas por año, Aguascalientes encierra entre esos miles de partos, los de menores de edad que son prueba irrefutable de los abusos sexuales infantiles que en esta entidad se cometen.

Pese a que en la mayoría de las legislaciones mexicanas la violación y abuso sexual están adecuadamente tipificados, la práctica exhibe diversas dificultades para demostrar la existencia de una violación cuando no existen huellas físicas de la misma.

No obstante, en 25 estados de la República Mexicana no procede la acción penal por abuso o violación sexual si se da el matrimonio entre el agresor y la víctima, lo que da pie a una continuación segura de los abusos. De esta forma, los intereses por y de la niña quedan sepultados por otros. En México, el abuso sexual es el tipo de maltrato infantil que menos se ha documentado en los ámbitos médicos, sociales y legales, a pesar de que la frecuencia de casos es cada vez mayor, señalan expertas y expertos.

Nuestro país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato a menores, después de Estados Unidos y Portugal, ha informado ya la Universidad Nacional Autónoma de México.

Según cifras oficiales, en México, el 40.1 por ciento de menores de edad agredidos tienen entre 6 y 12 años de edad, el 18.7 por ciento tienen de 0 a 3 años, el 12.1 por ciento son de 3 a 5 años.

Cabe resaltar, que en las zonas fronterizas, especialmente Tijuana y Ciudad Juárez, hay una elevada cantidad de casos de explotación sexual comercial infantil. El UNICEF arroja que muchas niñas y niños son víctimas de redes de pornografía infantil y pederastas cuando buscan cruzar la frontera.

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GDF respalda el derecho a la maternidad voluntaria

-- Mujeres deciden en condiciones de justicia: Mícher

México DF, 23 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- A dos años de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal(ALDF) aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 23 mil 233 han ejercido este derecho en esta ciudad que sigue siendo la única del país que cumple con los tratados internacionales que el Estado ha suscrito y firmado con organismos internacionales en materia de salud reproductiva, en tanto que grupos conservadores del Gobierno federal imponen una postura frente a una sociedad que reclama el derecho de ejercer la maternidad voluntaria en el interior del país.

En el marco del segundo aniversario de la ILE en la Ciudad de México, Martha Lucía Mícher, directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF), la funcionaria declaró que el GDF ha roto con las complicidades de un Estado patriarcal y no impone leyes y juicios que propician la discriminación;
ahora favorece el derecho pleno de las mujeres de tomar decisiones importantes en condiciones de equidad y de justicia.

Durante el foro: "Dos años de ejercer nuestros derechos: Interrupción Legal del Embarazo en el Distrito Federal", convocado a través de la Secretaría de Salud capitalina en coordinación con organizaciones de la sociedad civil (OSC), Mícher señaló que las mujeres de la Ciudad de México toman sus decisiones libres, informadas y responsables y además cuentan con tres opciones para decidir sobre sus cuerpos: la ILE, continuar con su embarazo o bien dar al bebé en adopción.

En este contexto, la directora general del Inmujeres DF lanzó un llamado para que en cada uno de los estados de la República donde se modificó y en los que está por modificarse la Constitución con el fin de dar personalidad jurídica al producto desde el momento de la concepción, Lucía Mícher pidió a los mexicanos recordar las palabras del magistrado Góngora Pimentel, de que no se puede obligar a que las
niñas y a las mujeres a que sean madres.

Por lo pronto, las mujeres de la Ciudad de México conmemoran esta fecha como un día importante, porque en un día como hoy de hace dos años se reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sexualidad y maternidad, al otorgarles la opción de interrumpir un embarazo hasta las doce semanas de gestación en condiciones de seguridad, de manera libre, responsable e informada.

PERFIL DE LAS MUJERES QUE RECURRIERON A LA ILE

Por otro lado, Armando Ahued Ortega, secretario de Salud de Gobierno del Distrito Federal, presentó los resultados estadísticos de la Interrupción Legal del Embarazo hasta abril de 2009.

El funcionario dio a conocer que 29 mil 421 mujeres solicitaron la ILE, pero 23 mil 233 mujeres se lo practicaron, esto quiere decir que casi 6 mil mujeres en consejería decidieron continuar con su embarazo, de estas el 78 por ciento son del Distrito Federal, 19 por ciento del Estado de México y el 3 por ciento de otros estados.

En cuanto al nivel educativo de las mujeres que recurren a la ILE es el siguiente: el 29.5 por ciento cuenta con secundaria, 30 por ciento, preparatoria, 20.3 por ciento, superior, 15.2 por ciento, primaria, 4.4 por ciento, nivel técnico.

El estado civil se distribuye de la siguiente manera: 55.7 por ciento son solteras, 25 por ciento vive en unión libre, 16.2 por ciento es casada, 2.9 por ciento divorciadas, y 0.2 por ciento son viudas.

La ocupación de las mujeres que recurren a la ILE es el siguiente: el 39.1 por ciento se dedica al hogar, 26.6 por ciento son estudiantes, 20.4 por ciento, empleadas, 5.1 por ciento, otra, 4 por ciento, comerciantes, 2.4, trabajadora del hogar, 1.6 por ciento, profesionista y 0.7 por ciento obrera.

Las semanas de gestación en las que se concentra la mayor recurrencia a los Centros de Salud para acceder a la ILE se centra en la semana sexta, con un 14.17; la séptima, con un 17.3 por ciento; octava con 15.5 por ciento, hasta llegar a la
doceava semana con un 2.8 por ciento.

Asimismo, Ahued destacó que las mujeres que recurren a los Centros de Salud en la semana 0 de gestación son el 5.4 por ciento, a quienes se les proporciona la pastilla de emergencia, en cuanto al 80 por ciento restante, menor de 9 semanas, se les proporciona medicamento.

En cuanto al procedimiento empleado, dijo que el 49 por ciento es por Misoprostol, 39 por ciento Misoprostol más Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y el 12 por ciento Misoprostol más Legrado Uterino Instrumental (LUI).

Asimismo, puntualizó que el 100 por ciento de las mujeres que recurren a la ILE se les otorga un método anticonceptivo post- evento: 58.3 por ciento el Dispositivo Intrauterino (DIU); 12.7 por ciento condón; 6.7 por ciento pastillas; 7.6 por ciento Oclusión Tubaria Bilateral (OTB); 13.8 por ciento otro, y 0.9 por ciento inyectables.

CAMPAÑA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En relación con los logros de la campaña de Salud sexual y reproductiva realizada en el la Ciudad de México, se informó que de mayo de 2008 a abril de 2009 se distribuyeron 12.3 millones de condones, 8.7 millones de materiales educativos y
promocionales distribuidos, 3 millones de personas informadas, 3 mil 500 multiplicadores capacitados y 45 mil 419 personas capacitadas.

En opinión de la feminista Martha Lamas, la histórica lucha para la aprobación de la
Interrupción Legal del Embarazó (ILE) y que por fin se logró después de décadas, es un paso más que consolida al movimiento feminista.

Asimismo, recordó que son ocho los estados del país -Baja California, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Sonora, Puebla, y Quintana Roo-- que han reformado sus constituciones locales para proteger al óvulo fecundado, por encima de la vida de las mujeres, por lo que invitó a quienes viven en la Ciudad de México a contribuir a la consolidación de esta libertad, con su voto en las próximas elecciones.

"Para quienes piensan que la ILE es un derecho básico, sobre el cual las mujeres construyen su libertad, tenemos una razón de peso para expresar nuestra lealtad en cuanto al voto, si en éste va inmerso lo que las mujeres han ganado", sostuvo.

Las Inauguración del evento estuvo a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien estuvo acompañado de Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería jurídica y servicios legales del Distrito Federal, y la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, Leticia Quezada.

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Constitución dominicana penaliza la interrupción del embarazo

-- Decesos por aborto clandestino aumentaron en años recientes

México DF, 22 abril 2009 (CIMAC).- Ayer el Congreso de República Dominicana aprobó la prohibición constitucional de la interrupción legal del embarazo, mediante la modificación al Artículo 30 de su carta magna que establece la "inviolabilidad" de la vida desde la concepción hasta la muerte.

La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo hacia el Congreso Nacional y fue aprobada por 167 asambleístas contra 32 que no aceptaron aprobarla.

El Artículo fue aprobado mientras en los medios de comunicación se desató un intenso debate en donde se hizo evidente el apoyo del Iglesia católica a la iniciativa gubernamental. Votaron a favor asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), y una parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El artículo aprobado señala: "El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte".

La agencia católica Zenit reconoció que, antes de la votación, el arzobispo de Santo Domingo, cardenal Nicolás de Jesús López, señaló en una eucaristía el pasado domingo que tenía "confianza en que los legisladores de la República Dominicana no aprobarían el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en el país y que mantendrían el respeto a la vida desde la concepción".

"Confiamos y creemos en la gran mayoría de nuestros legisladores, quienes son personas respetables y opuestas a la despenalización del aborto, ya que muchos de ellos mismos han dicho que en su conciencia lo consideran un crimen", señaló.

ABORTO EN REPÚBLICA DOMINICANA

En Dominicana, de acuerdo con cifras de The Alan Guttmacher Institute, en el informe Aborto Clandestino una Realidad Latinoamericana, 1993, durante 1992 ocurrieron 82 mil 500 abortos clandestinos en el país.

Ese mismo año, fueron hospitalizadas 14 mil 650 mujeres como consecuencia de la práctica clandestina de la interrupción del embarazo.

Entre las causas señaladas por el Instituto para que una mujer decida recurrir al aborto clandestino, pues no están permitidas causales para un aborto legal en ese país, están: "La mujer no puede permitirse tener y criar un hijo porque ella o su compañero reciben un bajo salario, tienen trabajos inestables, están desempleados o son estudiantes.

La relación de la mujer con su compañero no es estable ni suficientemente sólida, como para que la pareja abrigue la posibilidad de tener y criar hijos juntos, o porque al enterarse del embarazo, el hombre deja de prestarle apoyo emocional y económico a la mujer.

La mujer o la pareja han tenido todos los hijos que desean, o desean tener un hijo pero más adelante. Las adolescentes o solteras embarazadas a menudo temen el rechazo de su familia y de la sociedad. Algunas solteras jóvenes desean alcanzar cierto grado de satisfacción personal antes de ser madres.

En algunos casos, el embarazo es el resultado de la violación o del incesto, o el feto es anormal. Datos más recientes, según el informe "Análisis de la Situación del Aborto Inseguro", de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, indica que la cifra de muerte materna en ese país se incrementó en los últimos años de 150 a 159por cada 100 mil nacidos vivos al año, de los cuales el 20 por corresponde a muertes por abortos inducidos, señala una nota de Yajaira Figari, en clavedigital.com.do |

Las complicaciones del aborto como causa de mortalidad materna para los años 2005, 2006 y 2007 representó el 9.3 por ciento 10.7 por ciento y 13 por ciento respectivamente del total de la mortalidad materna para esos años.

El embarazo no deseado provoca que mayor cantidad de mujeres opten por practicarse un aborto clandestino, señala en Informe. La falta de poder en la mujer para negociar prácticas sexuales seguras como el uso del condón y otros métodos anticonceptivos aumenta el número de embarazos no deseados y promueven la prevalencia de infecciones de transmisión sexual, y como consecuencia crece la tasa de aborto y muerte materna, señala el texto.

La vida de las mujeres con diagnóstico de aborto incompleto o con una enfermedad que le impide continuar con su embarazo pende de un hilo cada vez que asisten a los centros sanitarios en busca de asistencia.

"Existen abortos incompletos que son aquellos que la persona ha expulsado el producto de la concepción o se han provocado el aborto en la casa y llegan a los hospitales y hay que terminar ese aborto, lo que significa que hay que hacerle una limpieza intrauterina que como efecto secundario propio al procedimiento quirúrgico conlleva a que el útero se pueda perforar y haya que hacer una histerectomía y eso puede provocar la muerte", opina el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, Aldrian Almonte.

En algunas ocasiones, los médicos se resisten a ofrecer sus servicios en estos casos por temor a ser sometidos a la justicia, por los familiares de aquellas que mueren en su intento de abortar.

"Lo que ocurre es que el médico no quiere tocar a la paciente porque no quiere ir a la cárcel si la paciente se complica, porque él no provocó el aborto. Si la paciente se esta muriendo o tiene una enfermedad que le produce una complicación durante el embarazo y existe la necesidad para que se mantenga viva practicarle un aborto, no puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo por que la ley se lo prohíbe", explica el doctor Almonte.

Considera que la incidencia de muertes maternas causadas por abortos clandestinos podría disminuir si se modifica el artículo 317 del Código Penal que impone una pena de hasta veinte años de trabajos públicos y reclusión a cualquiera que causare o cooperare directamente con la realización de un aborto.

"Significa que el último en ponerle la mano a esa paciente que fue el médico para tratar de salvarle la vida está sujeto a cumplir 20 años de cárcel por haberle puesto la mano y haberle concluido el aborto. Si a la paciente no se le extraen los restos de la placenta adheridos al endometrio se va a infectar y va a prolongar el sangrado que se convierte en hemorragia y eso la lleva a la muerte", añade.

De modificarse el artículo, en el caso de las mujeres embarazadas que presenten una enfermedad que comprometa su vida, considera que lo más recomendable es practicarle un aborto terapéutico antes de las 12 semanas de gestación, y que para realizarlo tiene que hacerse con la previa aprobación de un comité de médicos.

"No estamos de acuerdo con que se penalice el aborto de esa manera. Apoyamos el aborto terapéutico cuando éste comprometa la vida de la madre, cuando la muerte sea inminente. Esa es la única circunstancia por la que pedimos que se modifique ese artículo", sostiene.

Es por eso que la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia junto a la SESPAS, ProFamilia y otras organizaciones responsables han abogado para que sea aprobada una medida que despenalice el aborto para fines terapéuticos y proteja legalmente a los médicos, lo cual, con la modificación a la Constitución, ocurrida ayer, difícilmente se logrará.

El problema sobre el debate en el tema del aborto es complicado en ese país, pues según el Centro de Investigación Para la Acción Femenina (CIPAF), aunque República Dominicana es signatario de la Cumbre Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), "nuestro país ha puesto reservas sistemáticas a los términos "salud reproductiva", "maternidad sin riesgo", "derechos reproductivos" y "derechos sexuales".

Se plantea, dice el CIPAF, la salud reproductiva como parte de un terreno especializado, el de la salud, no como un problema de derecho, excluyéndolo así del contexto de ciudadanía".

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Aprobaron en Quintana Roo iniciativa priista contra la ILE

-- En riesgo DIU y AEM, advierten médicos

México DF, 21 abril 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- Esta noche fue aprobada en el Congreso de Quintana Roo, por mayoría, la reforma priista que otorga derechos jurídicos al producto desde la concepción, y criminaliza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a pesar de los esfuerzos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), médicos, académicas y académicos que expusieron la gravedad de esta decisión y advirtieron que esta modificación impedirá a las y los médicos prescribir quitar la píldora del día siguiente o colocar un dispositivo intrauterino.

Pocos minutos antes de las 9 de la noche en el Congreso estatal, con una gran cantidad de personas convocadas como apoyo a la iniciativa del PRI y ante la presencia de OSC que buscaron hasta los últimos momentos inclinar a las y los legisladores para no votar a favor de la penalización del aborto, se aprobó la iniciativa de la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Fernández Piña.

La aprobación se dio luego de que esta mañana diversas OSC, grupos de mujeres legisladoras y ex legisladores, manifestaran su desacuerdo a la modificación del Artículo 13 de la Constitución local, misma que no fue aprobada la semana pasada por el pleno y fue regresada a Comisiones para su estudio.

La iniciativa --propuesta el pasado 8 de abril para proteger y garantizar el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción, en detrimento de los derechos constitucionales de las mujeres, fue aprobada en la Comisión de Puntos constitucionales, donde solo se le hizo una adición al final del Artículo 13 para señalar excepciones y quedar así:

"ARTÍCULO 13.- El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la
concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la ley."

Modificada la Ley, reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y es sujeto de derecho para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte, salvo excepciones que establezca la ley.

De tal forma que esta noche el tema fue colocado entre los que serían abordados por las y los diputados estatales, ocupando el número seis de la lista de la sesión que dio inicio a las 7 de la noche.

La iniciativa, en la entidad con el mayor número de embarazos adolescentes no deseados y con alarmantes casos de explotación sexual de niñas, desató gran controversia, ocasionando que hoy más de 280 OSC que conforma la Red Nacional, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en un acto
simbólico, clausuraran la Casa de Gobierno del estado de Quintana Roo en la Ciudad de México. Luego de pronunciarse en desacuerdo ante dicha modificación que vulnera los derechos de las mujeres.

INSTRUMENTO DE LOS LEGIONARIOS

Mientras que durante una mesa de debate que se realizó en la ciudad de Cancún, desde donde se trasmite el programa radial "Desde el Café", conducido por el periodista Jorge González Durán, en su intervención el ex legislador, Tulio Arroyo Marroquí, acusó a Laura Fernández de intentar dar un "albazo", en el Congreso estatal para que la modificación constitucional se dé en fast track.

Además de señalarla como "instrumento de los Legionarios de Cristo", afirmando que en este tema también el gobernador del estado, Félix González Canto, "recibió línea de la Iglesia católica para instruir al Congreso, vía los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para aprobar la reforma constitucional".

De igual manera por la tarde de este día representantes del Grupo de Información en
Reproducción Elegida, (GIRE), de la Red de Derechos Sexuales y reproductivos (Demisex), hicieron una intensa labor para convencer a las y los legisladores del error de su postura.

Asimismo, un grupo de médicos habló con la Diputada Fernández para exponerle la gravedad de su decisión, especialmente en lo que toca a su profesión, pues, le explicaron, que esta reforma les impediría restar la píldora del día siguiente o colocar un dispositivo intrauterino (DIU), a lo que la legisladora priista respondió "Yo misma personalmente me encargaré de que así no suceda".

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Leyes contra ILE buscan que mujeres conserven solo derechos de segunda

-- Pedro Morales Aché

México DF, 17 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- La derecha mexicana impulsa leyes estatales que dan personalidad jurídica desde la concepción con el fin de que los avances en torno a los derechos de las mujeres tengan un retroceso y que ellas solo preserven derechos de segunda.

Así explica el abogado Pedro Morales Aché, especialista en salud sexual y reproductiva, las modificaciones que han impulsado el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), principalmente, a las constituciones de Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora, para "garantizar la vida desde la concepción" e impedir o condicionar la interrupción legal del embarazo (ILE).

Para Morales Aché, abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), es claro que detrás de la redacción de estas leyes que han sido aprobadas en estos estados está un grupo reestructurado de abogados de la ultra derecha mexicana, pues no son ni los abogados de Provida, ni de la religión, sino gente que conoce a fondo el tema y su aplicación.

Explica Morales que en todas las iniciativas de ley y las leyes ya aprobadas en ese sentido, hay cierta afinidad argumentativa, y tienen que ver con la posición de los ministros conservadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Pareciera ser que hay ciertas estrategias para dar a entender que las mujeres pueden decidir interrumpir el embarazo o abortar, siempre y cuando se considere que es un delito, lo que deja claro que hay una falta de compromiso por entender que las mujeres pueden decidir interrumpir su embarazo porque así lo quieren", detalla el experto.

Al respecto, Morales puntualizó que lo que promueven estas reformas es que las mujeres podrían --en forma excepcional-- interrumpir sus embarazos o abortar, siempre y cuando se consideré es un delito y que a aquella que así lo decida se le pueda tratar como a un delincuente, a la cual solo se le perdona la pena.

"Esto implica la negación de la existencia de un derecho como el que existe en la Ciudad de México (con la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación), lo que se traduce en la imposibilidad de que las mujeres puedan exigir al Estado la aplicación de sus derechos, sostuvo.

Todas estas reformas, insistió, pareciera que sostienen "la mujer que quiera abortar que lo haga, pero con sus propios recursos y bajo la amenaza, siempre, de colgarle la etiqueta de delincuente".

Por ejemplo, dijo, "en Morelos se reformó la Constitución y el Código Penal, donde inclusive se sustituye la penalidad para la mujer a cambio de un tratamiento psicológico. Esto dice mucho, porque se está tratando a la mujer como si fuera una enferma mental".

Además, agrega el experto, el hecho de que se utilice la frase "protección de la vida desde la concepción", tiene una evidente e intencional carga emocional y religiosa.

En suma, dice el abogado esta oleada de iniciativas es algo bastante pensado y,
evidentemente, el tema va más allá de proteger la vida, que es el contenido, lo que les interesa es hacer anular los derechos de las mujeres o darles a las mujeres un estatus de segunda clase. Eso es lo que hace realmente toda esta serie de cambios:
no reconocer la autonomía de las mujeres.

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

-- ¿El avance de estas reformas podrían repercutir en la Constitución de la República?

-- No, la reforma a la Constitución está regulada en el Artículo 135 de la misma Carta Magna. Se requiere de las dos terceras partes de los integrantes de legislatura federal y mayoría de la legislatura local.

"Es decir, explica, una reforma puede ser llevada a la Constitución Federal aunque no esté en ninguna legislación, pero que esté en todas las legislaciones no significa que automáticamente se traduzca en una reforma a la Constitución".

EQUILIBRIO Y PONDERACIÓN

Para Morales, estas leyes aprobadas en Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora parecen una acción contra la resolución de la Corte. "El problema es que no es directamente a lo que resolvió la Corte, porque la Corte decidió un caso contrario, la Corte decide una despenalización que favorece a las mujeres".

"Pero, aquí estamos frente a reformas (impulsadas por la derecha) que pretenden fortalecer el derecho a la vida, esto nos permite analizar y desagregar la discusión de las audiencias de la Corte en muchos elementos y es menester ver qué partes son aplicables", consideró.

Haciendo un ejercicio muy genérico, explica el abogado, la mayoría de ministros partió --al menos seis que son mayoría-- de dos hechos: hay derechos fundamentales de las mujeres que eventualmente pueden ser violados o vulnerados por una legislación prohibitiva del aborto.

Por otro lado, "estos mismos ministros eligen que hay una protección constitucional de la vida en gestación --no necesariamente estamos hablando de que tenga personalidad-y la protección de la vida es un derecho constitucional.

"Entonces la lógica mayoritaria de la Corte sería que ante dos bienes constitucionales reconocidos hay que establecer un equilibrio de balanza o de ponderación, para determinar en qué supuestos prevalecen los derechos de la mujer y en que supuestos se debe de protección de la vida en gestación".

"En este orden de ideas, esas reformas que únicamente protegen la vida en gestación pero no protegen los derechos de las mujeres, serían inconstitucionales, aplicando este espíritu de la sentencia de la Corte".

LOS CÓDIGOS PENALES

Para Morales Aché, actualmente todos los códigos penales del país permiten el aborto por las cuatro causales, pero ahí es donde existe la discusión: en los estados donde se reformó su Constitución, los Códigos dicen que hay casuales válidas para el aborto. Eso "es una discusión que la Corte deberá de decidir", señala.

Y en los estados donde se modificó la Constitución, pero se quedaron las causales del Código Penal como excepciones, lo grave es que queda la idea que es no penalizarla es excepcional, pues solo se le perdona la pena, pero es una delincuente.

Por lo tanto, Morales cree que una de las cosas que se desprende de la sentencia de la Corte es que no es suficiente establecer supuestos en los que la mujer tenga derecho a abortar, sino que es necesario dotarla de los medios que le permitan hacerlo, que es con lo que se cuenta en la Ciudad de México.

NO ES SOLO PERMITIR

El problema, dice el abogado, "no es solo permitir sino, en un tema tan delicado, implica que no hay servicios públicos y el derecho queda limitado a los recursos económicos de cada mujer.

En esa situación, agrega, necesariamente tendríamos que hablar de la obligatoriedad de los servicios públicos, que también es otro aspecto de la orientación de la reforma que se hizo en el Distrito Federal" para permitir la ILE hasta las doce semanas de gestación.

Sin duda, dice, el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil ha sido
importante, pero lo complejo de estas reformas dificulta que haya una movilización social, porque mucha gente no ha entendido de lo que se tratan las reformas de la derecha.

-- ¿De qué se tratan realmente estas reformas?

-- Esta reforma más que proteger la vida desde la concepción: pretende desconocer los derechos de las mujeres para que tengan derechos de segunda categoría. Es una batalla muy importante, porque lo que está en juego es cómo el sistema jurídico
mexicano caracteriza a las mujeres. Por eso es necesario que los medios lo difundan, para que haya capacidad de entender qué está pasando y se pueda enfrentar.

INCONSTITUCIONALIDAD

--¿Cómo defender los derechos de las mujeres?

-- La acción idónea para ir en contra de esta ley es la inconstitucionalidad, pero el atributo de la inconstitucionalidad es restringido y ni el Procurador General de la República, ni el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) han permitido que se den acciones de inconstitucionalidad. Creo que eso es violatorio, es ilegal lo que está haciendo esa Comisión.

"La defensa de los derechos humanos no puede quedar supeditada al ideario personal del titular de la CNDH ni del Procurador.

"La CNDH está interponiendo un gran número de acciones en temas que no tienen ninguna trascendencia para los derechos humanos, pero en un tema que afecta a más de la mitad de la población, el señor dice que como él cree en la vida desde el momento de la concepción, no impugna nada.

"La PGR, a lo largo de este gobierno, ha promovido una cantidad impresionante de acciones de inconstitucionalidad que se ha inventado, pero cuando se trata de hacerlo porque se violentan los derechos de las mujeres, lo ve como normal y no pasa nada.

"Por otro lado, los presidentes de las Comisiones estatales de Derechos Humanos, como por ejemplo el de Morelos, no quiso promover la acción y hasta el momento solo el Presidente de la Comisión del estado de Baja California lo ha hecho. Y a partir de lo que decida la Corte se tendrá el precedente de lo que puede suceder en torno a estas reformas".

Explica Morales Aché que la vía idónea para contrarrestar estas reformas es la
inconstitucionalidad, pero las mujeres no pueden tener acceso a ello de manera directa, "la única alternativa sería el amparo a título individual, con la desventaja de que requiere de abogados y que solo la beneficia en lo individual, a
diferencia de la acción de inconstitucionalidad que el efecto es para todas".

"El paso es hacer que las mujeres hagan valer sus derechos, las mujeres como género tienen la necesidad de que se abra una campaña nacional de defensa de sus derechos y acudir a todas las instancias jurisdiccionales y hacer valer la justicia", finaliza el abogado.

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En Honduras, ley prohíbe anticoncepción de emergencia

-- Por ignorancia de la evidencia científica, dicen OSC

México DF, 17 abril 09 (CIMAC, Alejandra González Méndez).- El pasado 1 de abril fue aprobada en el Congreso Nacional de Tegucigalpa, Honduras, una ley que prohíbe la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), presentada por las diputadas Nelly Jeréz y Martha Lorena Alvarado, del Partido Nacional y del Partido Liberal, respectivamente.

Diversas organizaciones de mujeres en Honduras, como el Centro de Derechos de Mujeres, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia, y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas se han pronunciado en contra de esta iniciativa.

Consideran que la legislación que prohíbe el acceso a las PAE, fue hecha con "absoluta ignorancia de la evidencia científica, o con una manipulación maliciosa para que las ideas fundamentalistas de algunos diputados fueran la regla a seguir por toda la sociedad hondureña".

El Movimiento Feminista Hondureño también se pronunció en contra y dijo que "el Congreso Nacional en esta oportunidad legisló siguiendo los caprichos de un pensamiento reducido, deformado y encarnado en el pecado, lo malo y lo sucio", además criticó a las fundamentalistas religiosas que creen que Dios les permite ordenar la vida de otras mujeres.

Esta ley es contraria a diferentes convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Artículo 12 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, e incluso contraria a la Constitución de Honduras en sus artículos 76, 77, 111 y 145.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia (PAE) no son abortivas, pues "no descolocan un embrión ya implantado, y no pueden poner término a un embarazo ya establecido". La OMS afirma que la anticoncepción oral de emergencia no es eficaz una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provoca un aborto.

Sin embargo esta información no fue tomada en cuenta para la redacción de la iniciativa que establece en su artículo tercero que "A quien contravenga las disposiciones del presente Decreto, se le aplicarán las penas establecidas para el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal".

ALARMANTE AUMENTO DE ABUSOS

Esta iniciativa es un golpe bajo al avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país, y principalmente de las mujeres y niñas que han sido abusadas sexualmente, sobre todo en un país cuyos índices de violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños es elevado. Se estima que en Honduras se
cometen 203 abusos y violaciones por cada 100 mil mujeres, señalan las organizaciones.

Además, de acuerdo con la representante de la Fiscalía de la Niñez en Honduras, Nora Urbina, los abusos sexuales en contra de menores de edad aumentaron de forma alarmante en el 2008. Dijo que de acuerdo con Casa Alianza y la alcaldía de Tegucigalpa, hay en Honduras aproximadamente 10 mil niñas y niños víctimas de explotadores sexuales.

De acuerdo con datos de la Encuesta de Epidemiología y Salud Familiar, el 15 por ciento de las mujeres hondureñas mayores de 14 años informó haber sido por lo menos una vez, maltratada físicamente, y de éste porcentaje, un 4.9 por ciento afirmaron haber sido abusadas sexualmente antes de los 12 años.

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No pasó en Quintana Roo iniciativa para criminalizar ILE

-- Diputada priista votó contra iniciativa de su propio partido

México DF, 16 abril 2009 (CIMAC, Guadalupe Gómez Q.).- Hoy en Quintana Roo, la iniciativa de la legisladora priista Laura Fernández Piña para otorgar derechos jurídicos al producto de la concepción y con ello criminalizar la interrupción legal del embarazo (ILE), mediante la modificación del Artículo 13 de la Constitución local, no fue aprobada en el pleno y se regresó a Comisiones para su estudio.

De los 20 diputados que asistieron a la sesión, siete votaron en contra: tres del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), una del Partido de la Revolución Democrática (PRD), uno del Partido Nueva Alianza (Panal) uno Independiente y María Hadad, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y única priista que ha manifestado abiertamente su postura en contra de la iniciativa de su compañera de bancada, de acuerdo con información de Silvia Hernández, corresponsal de El Universal.

De las cinco mujeres que integran la Cámara de Diputados, a excepción de la panista Rosa María Serrano y la priista que presentó la iniciativa de reforma, las tres restantes han manifestado su rechazo y votaron en contra: Marisol Ávila Lagos, del PVEM y Luz María Beristaín, del PRD, así como María Hadad del PRI.

Dos diputados panistas, un priista y un petista que al parecer no están de acuerdo con la iniciativa faltaron a la sesión y debido a ello no se reunió el número de votos necesario.

De esta manera, Quintana Roo no se sumó hoy a los estados donde han sido aprobadas iniciativas semejantes: Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora.

La iniciativa --propuesta el pasado 8 de abril para proteger y garantizar el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción-fue aprobada anoche en la Comisión de Puntos constitucionales, donde solo se le hizo una adición al final del Artículo 13 para señalar excepciones y quedar así:

"ARTÍCULO 13.- El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la
concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la ley."

Sin embargo, en la sesión de hoy por la mañana no hubo votación suficiente para su aprobación; antes bien, la diputada María Hadad, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, en su pronunciamiento en el pleno de la Cámara, manifestó que tal como lo señalan los estatutos de su partido, el Revolucionario Institucional, "los derechos de las mujeres están por encima de cualquier disposición gubernamental, costumbre, tradición o creencia". Y que por tanto actuaría en consecuencia.

Agregó que "debido a una redacción basada en una creencia moral, sin sustento científico y sin claridad jurídica, las mujeres quintanarroenses seremos vulneradas en nuestros derechos fundamentales, estaremos en una situación de indefensión a merced de la interpretación de un juez que decidirá si las excepciones contempladas
en el Artículo 97 del Código Penal son constitucionales o no".

"Establecer en nuestra ley suprema que el derecho a la vida inicia al momento de la concepción, afirmó, es un exceso, como ya fue manifestado por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la resolución que declaró constitucional la despenalización de la interrupción del embarazo en el Distrito Federal".

Para concluir afirmó que "En esta ocasión dejo a un lado la disciplina partidaria y opto por un voto en sentido contrario, pero sustentado en la ética de la convicción".
Se espera que la próxima semana sea nuevamente presentada la iniciativa para su aprobación o rechazo en el pleno de la Cámara.

LA INICIATIVA

Sin consulta ciudadana ni foros de discusión, la iniciativa fue presentada el pasado 8 de abril y retoma, en su argumentación, las opiniones que no fueron incluidas por el pleno de la SCJN para resolver que la ILE en el Distrito Federal está acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa, en la entidad con el mayor número de embarazos adolescentes no deseados y con alarmantes casos de explotación sexual de niñas, ha desatado gran controversia.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Antonio Coronado Rojas, de acuerdo con El Periódico de Quintana Roo, reconoció que la iniciativa generará mucha polémica, pero subrayó que no se puede eliminar el derecho a decidir de las mujeres de interrumpir el embarazo cumpliendo con las dispensas legales vigentes como: que el producto tenga malformaciones congénitas, embarazo por violación o que la vida de la madre esté en riesgo, pues "se estaría condenando a la mujer a la muerte".

El médico y servidor público destacó que está de acuerdo con que existe vida desde el momento en que el óvulo es fecundado, pero también está de acuerdo con que hay que avanzar y dar oportunidad a las mujeres a elegir libremente sobre su vida sexual. Recordó también que el aborto está penalizado en la entidad, bajo ciertas excepciones.

Dijo que estas dispensas que contempla el Código Penal -embarazo producto de la violación, malformaciones congénitas o riego de vida de la mujer-deben continuar vigentes, pues de lo contrario se estaría condenando a la muerte a un número importante de mujeres, incluso niñas, por lo que insistió en que "no se puede cerrar esa puerta".

Indicó que la iniciativa está más dirigida a cuestiones de "provida", y que la polémica se dará por la postura de los grupos que defienden el derecho a la sexualidad, por lo que insistió que se tendrá que analizar profundamente dicha iniciativa y homologar los criterios con las leyes, para que no existan lagunas en ese rubro y mucho menos retrocesos.

Por ello citó varios ejemplos como no condenar a una mujer a morir, ya que muchas padecen cardiopatías y cuando se embarazan tienen que elegir entre su vida y la del bebé, además de que no se puede obligar a nadie a tener un hijo con malformaciones congénitas, que no le permitirá desarrollarse plenamente o que tarde o temprano tendrá un final, o que las pacientes psiquiátricas que suelen ser víctimas de violación tengan un hijo en esas condiciones, por lo que es necesario darles la oportunidad y la libertad de elegir.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La iniciativa, redactada en tono oral y con fallas de sintaxis, retoma los argumentos con que el ministro Salvador Aguirre Anguiano y otros ponentes trataron de defender la propuesta de declarar inconstitucional la ILE en el DF.

La exposición de motivos de la iniciativa priista se asemeja a la presentada en otras entidades, principalmente por el Partido Acción Nacional (PAN), con apoyo del PRI. Hasta hoy, en Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora se han presentado y aprobado este tipo de iniciativas.

En sus 38 páginas argumenta la necesidad de "proteger los recursos naturales"; hace
afirmaciones como "todo ser humano tiene un ciclo vital, estamos de paso en este planeta" y menciona a "Pulgarcito" para referirse a un embrión y de que "debemos estar consientes (sic) que cada días es más difícil mantener la paz, la tranquilidad y la armonía en nuestra sociedad".

Reconoce que "como legisladores no somos diferentes, somos débiles, frágiles, sentimos, soñamos, sufrimos". Y compara: "Al igual que al adquirir un automóvil y se entrega la factura a nombre de uno, el derecho a la vida surge en el momento mismo en que el ser humano comienza a vivir".

Y señala que, "debido a la relevancia que tiene el derecho a la vida, expresamente debe estar reconocido y protegido a través de la Carta Magna Federal, de hecho implícitamente lo está".

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y ABORTO

Quintana Roo ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes del país, reconoció hace unos meses ante la prensa la también legisladora priista María Hadad Estéfano. En el 2005 se registraron 87 mil casos de adolescentes embarazados, es decir, un 7.4 por ciento, lo que superó la media nacional que es de 2.9 por ciento.

La legisladora habló de la urgencia de legislar sobre los derechos sexuales y reproductivos de la población de la entidad, pues el promedio de embarazados en adolescentes es de dos mil por año. Informó entonces que estaba trabajando en la
creación de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, en la que, si las mujeres lo piden, incluirá despenalizar el aborto antes de las doce semanas de gestación.

Un estudio del doctor Guillermo Padrón Arredondo, del Hospital Integral Playa del Carmen, realizado en 2005, con más de 200 adolescentes de Playa del Carmen, reveló la tendencia existente en Quintana Roo con respecto a este problema.

Las adolescentes embarazadas encuestadas (218), tenían entre 11 y 18 años, el promedio de 14.9 años de edad. Recibieron orientación sexual en la mayoría de los casos por la madre (39 por ciento). En más de la mitad de sus hogares se registró alcoholismo.

El 18 por ciento señaló haber sufrido abuso sexual; 13.3 por ciento estupro y 13.3 por ciento violación. El inicio de la vida sexual activa más temprano fue a los 11 años y la más tardía a los 18. El 8.7 por ciento declaró haber tenido al menos un aborto previo. El 47.2 por ciento señaló no tener conocimiento de métodos anticonceptivos y sólo 8.8 manifestó haber utilizado previamente anticonceptivos. La mitad de los embarazos fueron no deseados.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2008 se llevaron a cabo mil 418 abortos en hospitales del sector salud; de los cuales mil 29 ocurrieron en Cancún. La causa principal fue malformaciones congénitas, seguida de infecciones urinarias, y la tercera "esfuerzo físico, golpes y caídas", aunque no se precisa el porcentaje de cada causal, además de que tampoco se indican datos sobre ingresos hospitalarios por complicaciones de abortos.

Por otra parte, el presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Quintana Roo, Ariel Marrufo Sodá, afirmó al periódico Novedades de Quintana Roo el año pasado que en la entidad se practican al mes 300 abortos clandestinos, de los cuales 150 se llevarían a cabo en el municipio de Benito Juárez.

Dijo también que se registran además de 2 mil a 2 mil 500 interrupciones legales del embarazo al mes, debido a malformación del producto o complicaciones del embarazo.

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Estatutos del PRI impiden legislar contra la ILE: María Hadad

-- Presidenta Comisión de Equidad del Congreso de Quintana Roo

México DF, 16 abril 2009 (CIMAC).- La diputada priista María Hadad Castillo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la XII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, explicó en la sesión de hoy por la mañana su voto en contra de la Reforma al Artículo 13 de la Constitución, propuesta por su bancada, misma que
no fue aprobada en el pleno y se envió nuevamente a Comisiones:

"'Los derechos de las mujeres están por encima de cualquier disposición gubernamental, costumbre, tradición o creencia". Así, textual, lo dice el punto 177 del Programa de Acción de mi partido, el Revolucionario Institucional. Así lo expresé cuando hice campaña y solicité el voto ciudadano. Así lo he asumido en mi labor legislativa como Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de esta Legislatura. Así ha sido mi discurso y hoy actúo en consecuencia.

"No me opongo a legislar sobre el derecho a la vida. Como promotora y defensora de los derechos humanos reconozco que es un derecho de primera generación y que es una obligación del Estado garantizarlo. Sin embargo, tal como fue presentada la iniciativa y a pesar de la ligera modificación que se realizó al momento de dictaminarla no se garantiza el derecho a la vida bajo una perspectiva de género.

"Debido a una redacción basada en una creencia moral, sin sustento científico y sin claridad jurídica, las mujeres quintanarroenses seremos vulneradas en nuestros derechos fundamentales, estaremos en una situación de indefensión a merced de la interpretación de un juez que decidirá si las excepciones contempladas en el Artículo 97 del Código Penal son constitucionales o no.

"Establecer en nuestra ley suprema que el derecho a la vida inicia al momento de la concepción es un exceso, como ya fue manifestado por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución que declaró constitucional la despenalización de la interrupción del embarazo en el Distrito Federal.

"Los derechos fundamentales deben ser ejercidos sin ser sujetos a interpretaciones. Es muy claro que son inherentes a las personas y que además son irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Ni la ciencia ni la filosofía del derecho y menos la jurisprudencia alcanzan para atribuirle derechos a un óvulo fecundado.

"El cigoto no es un humano, no es una persona, al menos no en un Estado laico.
"Legislar que el derecho a la vida se adquiere desde el momento de la fecundación no es avanzar en la protección de la niñez. Si queremos realmente proteger a nuestras niñas y niños hagamos para ellos un mejor lugar para vivir. Un lugar donde no sean víctimas de abuso sexual, de la trata de menores y de otros tantos delitos que
atentan contra su derecho a la felicidad.

"Por todo esto, hoy hago uso de mi derecho a la disidencia. Mis convicciones y valores políticos, mi sentido de representación social, así como mi compromiso con las mujeres quintanarroenses me impiden votar en el mismo sentido que mi fracción parlamentaria.

"Aunque no es común en nuestra reciente historia como estado, tampoco debe sorprendernos, es una situación lógica en sociedades plurales y propia del parlamentarismo y de la división de poderes que caracterizan a toda democracia.

"En esta ocasión dejo a un lado la disciplina partidaria y opto por un voto en sentido contrario, pero sustentado en la ética de la convicción. Como cualquier otra persona tengo mis creencias y valores personales pero antepongo a esta decisión el interés público, como todo representante popular debe hacer.

"Creo que la política para reconciliarse con la ética y recuperar legitimidad ciudadana requiere de convicciones y congruencia ideológica. Como diputada priista, de ese PRI del siglo XXI que es progresista y socialdemócrata ratifico con este voto en contra mi compromiso de construir una sociedad más equitativa".

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Intenta PRI en Quintana Roo criminalizar interrupción legal del embarazo

Chetumal, Q. Roo, 14 abril 2009 (CIMAC, Cecilia Lavalle Torres/corresponsal).- En
Quintana Roo, entidad con el mayor número de embarazos adolescentes, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Laura Fernández Piña presentó, el pasado miércoles 8 de abril ante el Congreso local, una iniciativa de decreto para "proteger la vida desde el momento de la concepción", con lo que se niega el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), que está prevista en la actual legislación bajo ciertas causales.

La iniciativa, presentada en Semana Santa y que pretendía ser discutida en la sesión de hoy del Congreso local, expone en 38 cuartillas los argumentos pretendidamente "científicos" las razones por las cuales debería tener personalidad
jurídica el producto de la concepción.

A la presentación de la iniciativa no le antecedió ningún proceso de consulta con expertas o expertos ni con organizaciones de la sociedad civil, tampoco con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Armando García Torres, ni con especialistas del Instituto Quintanarroense de las Mujeres o alguna personalidad académica.

La modificación al párrafo primero del Artículo 13 de la Constitución Política del estado de Quintana Roo, una vez aprobado, establecería lo siguiente: el estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la
protección de la Ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural.

La exposición de motivos de la iniciativa priista se asemeja a la presentada en otras entidades, principalmente por el Partido Acción Nacional (PAN), con apoyo del PRI. Hasta hoy, en Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora se han presentado y aprobado este tipo de iniciativas.

En Quintana Roo, la iniciativa está, hasta el cierre de esta edición, en manos de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local.

La mayoría parlamentaria la tiene el PRI, con 13 diputadas y diputados; le sigue el PAN con cuatro, el PRD con una diputada, el Verde con tres, Nueva Alianza con un lugar, Partido del Trabajo con uno y un diputado independiente.

EMBARAZOS ADOLESCENTE Y ABORTO

Quintana Roo ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes del país, como lo reconoció hace unos meses ante la prensa la también legisladora priista María Hadad Estéfano. En el 2005 se registraron 87 mil casos de adolescentes embarazados, es decir, un 7.4 por ciento, lo que superó la media nacional que es de 2.9 por ciento.

La legisladora habló de la urgencia de legislar sobre los derechos sexuales y reproductivos de la población de la entidad, pues el promedio de embarazados en adolescentes es de dos mil por año. Informó entonces que estaba trabajando en la
creación de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, en la que, si las mujeres lo piden, incluirá despenalizar el aborto antes de las doce semanas de gestación.

Un estudio del doctor Guillermo Padrón Arredondo, del Hospital Integral Playa del Carmen, realizado en 2005, con más de 200 adolescentes de Playa del Carmen, reveló la tendencia existente en Quintana Roo con respecto a este problema.

Las adolescentes embarazadas encuestadas (218), tenían entre 11 y 18 años, el promedio de 14.9 años de edad. Recibieron orientación sexual en la mayoría de los casos por la madre (39 por ciento). En más de la mitad de sus hogares se registró alcoholismo.

El 18 por ciento señaló haber sufrido abuso sexual; 13.3 por ciento estupro y 13.3 por ciento violación. El inicio de la vida sexual activa más temprano fue a los 11 años y la más tardía a los 18. El 8.7 por ciento declaró haber tenido al menos un aborto previo. El 47.2 por ciento señaló no tener conocimiento de métodos anticonceptivos y sólo 8.8 manifestó haber utilizado previamente anticonceptivos. La mitad de los embarazos fueron no deseados.

Por otra parte, el presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Quintana Roo, Ariel Marrufo Sodá, afirmó al periódico Novedades de Quintana Roo el año pasado que en la entidad se practican al mes 300 abortos clandestinos, de los cuales 150 se llevarían a cabo en el municipio de Benito Juárez.

Dijo también que se registran además de 2 mil a 2 mil 500 interrupciones legales del embarazo al mes, debido a malformación del producto o complicaciones del embarazo.

Cabe mencionar que el mismo día en que se presentó la iniciativa priista contra la
interrupción legal del embarazo, el pasado 8 de abril, las diputadas María Hadad Castillo y Laura Lynn Fernández Piña, del PRI, Rosa María Serrano Rodríguez del PAN, Luz María Beristain del PRD, y Marisol Ávila Lagos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa de Ley de Adopción para el estado de Quintana Roo.

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En Sonora, PAN y PRI blindaron leyes contra la ILE

México, 13 abril 2009 (Cimac, Gladis Torres Ruiz y Sandra Torres Pastrana).- En Sonora y Baja California, 77 por ciento de la población piensa que el aborto debe estar permitido en alguna circunstancia, reveló la Encuesta Nacional sobre aborto y anticoncepción de emergencia de Population Council, México 2000, con lo cual esta zona pacífico norte tiene más alto del país sobre aceptación de la interrupción legal del embarazo (ILE).

Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) convertirán a Sonora en el primer estado cuya Constitución criminaliza el aborto, luego de que aprobaron, el 21 de octubre de 2008, la modificación al Artículo 1 de la Constitución Política que, bajo la idea de "proteger la vida desde la fecundación hasta la muerte".

Ya 43 de los 72 municipios del estado aprobaron la reforma, que contempla algunas excepciones, que obstaculizan en tiempo y forma la aceptación del aborto: el aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte "a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico,
siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora".

Señala la Encuesta de Population que 93.5 de personas encuestadas está a favor de realizar una consulta popular sobre la legislación de aborto, 75 por ciento piensa que la ley de aborto debería ser renovada y casi el 59 por ciento estaba totalmente o algo de acuerdo que el aborto provocado es la mejor opción en una situación difícil. Y solo 16 por piensa que debe de ser prohibido en todos los casos.

Lejos de la consulta popular, las fracciones de Acción Nacional y el PRI, así como por el diputado independiente Mónico Castillo Rodríguez, votaron a favor de las modificaciones al Artículo primero de la Constitución en octubre pasado, contraponiéndose, dijeron organizaciones de mujeres y feministas a lo establecido en el Artículo Cuarto Constitucional el cual estipula que "toda persona tiene derecho a decidir la cantidad, y espaciamiento de sus hijas e hijos".

Contra las modificaciones votaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza, sin embargo ese día quedo establecido que Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.

Sonora es una entidad donde, según datos de la Secretaría de Salud (SS), cada año 2 mil 765 mujeres ingresan por aborto a los hospitales.

El aborto, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), es en la entidad una de las causas de muerte materna, según el informe "Rendición de Cuentas 2007", de la SS. Y el número de defunciones de mortalidad materna por 100 mil nacimientos es de 44.4, cuando la media nacional es de 55.8.

En tanto que el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes menores de 20 años en Sonora es de 18.7 por ciento superior a la media nacional, que es de 17.8 por ciento.

Es de precisar que el número de mortalidad fetal, en el estado según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2007, dan un total de 387 casos, de estos 11 son por aborto, 26 no se especifica la razón y 350 por parto.

¿ESTADO CONSERVADOR?

En Sonora, el aborto culposo, por violación o peligro de muerte para la mujer no estaba penalizado desde el 24 de marzo de 1994.

La segunda encuesta nacional sobre aborto realizada por GIRE, en 1992, revela que en la zona norte del país el número de personas que saben que el aborto está penado es menor con respecto del resto de las regiones, con un 84.9 por ciento de pobladores que desconocen el tema.

Por otro lado, aunque la zona es muy conservadora el 81.2 por ciento de las y los habitantes considera que la decisión de un aborto corresponde a la mujer o a la pareja. Para 1994, en la tercera encuesta, 76.1 por ciento de las personas pensaban que la despenalización del aborto evitaría la muerte de las mujeres.

Actualmente en Sonora la segunda causa de egresos hospitalarios es por aborto con un total de 2 mil 765 casos, según reporta el Anuario Estadístico de 2005 de la Secretaría de Salud (6.2 por ciento del total de egresos de las mujeres en la entidad).

Y el porcentaje de mujeres que alguna vez ha estado embarazada y ha experimentado un aborto es de 19.6 por ciento según reportó en 2001 el Consejo Nacional de Población (Conapo).

REFORMAS IRREGULARES

La aprobación de la reforma a la Constitución tuvo sus irregularidades, pues el 21 de octubre de 2008 estaba programada una reunión entre los grupos unidos del Congreso, sin embargo estos suspendieron para llevar la iniciativa directamente al pleno y aprobarla.

Todo ello, bajo el argumento de que "se declarara como urgente y obvia resolución y se dispensara el trámite de Comisión, para que fuera discutido y decidido, en esa misma sesión ordinaria".

Durante la sesión, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) feministas, entre las que se encuentran: La Colectiva: Observatorio Feminista, Nosotras Ciudadanas por la No Violencia hacia las Mujeres, Mujeres y Hombres Socialmente Activos, Sangre Violeta, Diverciudad, AC y Género y Medio Ambiente (Gemas), I.A.P, se expresaron en contra de la iniciativa y advirtieron que aprobarla sería un grave retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres.

Se manifestaron en el recinto legislativo y presentaron un pronunciamiento dirigido a los cuatro grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Panal, pero no fueron escuchadas.

Entrevistado por Cimacnoticias, el maestro de Derecho Lorenzo Ramos Félix calificó de inconstitucional la reforma y agregó que tanto PRI como PAN se están jugando la preferencia electoral del 2009. "Es una posición hipócrita, ya que en el proceso legislativo el cause legal se violentó".

Fue un proceso sumamente desaseado, dice, pues no se hizo un dictamen previo, sino que se pasó directamente al pleno, hay normas para reformar la Constitución del estado, mismas que obviaron. Primero debe pasar a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, y ésta dictaminar la iniciativa, lo que no ocurrió.

ENTRARÁ EN VIGOR

A partir del 21 de octubre de 2008, -- día de aprobación de la reforma-- los ayuntamientos recibieron el mandato de analizar y aprobar en sus Cabildos la reforma que blinda al Estado contra futuras propuestas para despenalizar el aborto.

Tras la aprobación de 43 de los 72 municipios de la Ley 174 de la reforma Constitucional, quedó determinado que se han cubierto los requisitos que establece el Artículo 163 de la Constitución Política del estado de Sonora, permitiendo con
ello la entrada en vigor y efectivo cumplimiento, por lo que el Poder Legislativo acordó enviarla al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

Con ello, Sonora, al igual que los congresos de Puebla, Morelos, Baja California, Colima y Jalisco, ha aprobado leyes que se contraponen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en opinión de juristas como el maestro Ramos Félix.

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