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La población femenina en México, según el INEGI

México DF., 8 marzo 2009 (CIMAC).- Hoy, Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) publicó un panorama con los datos más relevantes de la población femenina.

De acuerdo con este comunicado, de cada 100 mujeres de 15 años y más, 67 han padecido algún incidente de violencia ya sea por parte de su pareja o de otras personas en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar. La violencia más frecuente declarada por las mujeres es la ejercida por el actual o último esposo o compañero (43.2 por ciento), seguida de de la violencia en la comunidad (39.7 por ciento), revela la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006.

En general, las mujeres alguna vez unidas (divorciadas, separadas y viudas)presentan niveles más altos de violencia que los reportados por casadas o unidas y solteras, en los cuatro tipos de violencia: 55.4por ciento violencia emocional, 44.5 por ciento violencia económica, 39.1 por ciento violencia física y 22.8 por ciento violencia sexual.

Las diez entidades con la prevalencia más altas de violencia de pareja son, en orden decreciente: México, Jalisco, Colima, Durango, Tabasco, Puebla, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Oaxaca; en todas ellas más de la mitad de las mujeres unidas y alguna vez unidas, han enfrentado o enfrentaron violencia por parte de su última pareja.

De las mujeres que trabajaron durante 2005, el 29.9 por ciento sufrió algún tipo de violencia y discriminación. El 15.9 por ciento de las mujeres ha enfrentado eventos de violencia por parte de algún familiar diferente al esposo o pareja; en tanto que el 15.6 por ciento sufrió algún acto de violencia en la escuela, ejercida por algún
maestro, autoridad o compañero. Cabe aclarar que una mujer pudo haber declarado más de un tipo de violencia sufrida.

HOMICIDIO, PRIMERA CAUSA DE MUERTE

En 2007, las muertes intencionales o por violencia representaron 2.6 por ciento de las defunciones totales y 27.1 por ciento de las muertes por lesiones, las cuales comprenden a los decesos por accidentes, homicidios y suicidios.

Del total de muertes por violencia registradas en el país en ese año, alrededor de 2 mil eran de mujeres y 11 mil varones, lo que arroja una tasa de 3.5 y 21.9 decesos intencionales por cada 100 mil mujeres y varones, respectivamente.

En las muertes por violencia, el homicidio ocupa el primer lugar como causa de muerte y en segundo lugar se encuentra el suicidio. Los suicidios tienen un peso porcentual mayor dentro de las muertes por violencia de mujeres (41.7por ciento) que entre los varones (31.8por ciento), en tanto que los homicidios presentan el caso contrario, una importancia relativa mayor entre los varones (68.2por ciento) que la que se aprecia entre las mujeres (58.3por ciento).

La frecuencia de los homicidios presenta una tendencia a la baja, en tanto que la de los suicidios muestra un aumento en sus cifras, en particular en el caso de las mujeres. Entre 1990 y 2006 la tasa de homicidios de mujeres descendió de 3.6 a 2.4 muertes por cada 100 mil mujeres, mientras que la de suicidios aumentó de 0.9 a 1.7
muertes por cada 100 mil mujeres de 10 años y más, registrando su más alto nivel en el grupo de mujeres de 15 a 19 años de edad: 3.4 suicidios por cada 100 mil mujeres de ese rango de edad.

En 2007, trece entidades federativas registraron una tasa de homicidios de mujeres por encima de la nacional (2 homicidios por cada 100 mil mujeres), entre ellas sobresale con la tasa más alta el estado de Guerrero (5 por cada 100 mil mujeres). En tanto, once estados reportan tasas de homicidios de varones por encima del promedio nacional, cuyo nivel es de 14.9 por cada 100 mil varones; en primer lugar se encuentra Guerrero con una tasa de 44.9 por cada 100 mil varones.

Con respecto a los suicidios, se registran dieciocho entidades federativas con tasas de suicidio de mujeres que superan a la nacional (1.8 por cada 100 mil mujeres de 10 años y más), de ellas destaca Quintana Roo que tiene una tasa de 8.6 por cada 100 mil. Relativo a los suicidios de varones, ese año dieciséis estados presentan
niveles por arriba del nivel nacional (8.7 suicidios por cada 100 mil varones de 10 años y más), de los que sobresale el estado de Quintana Roo con 31 suicidios por cada 100 mil varones.

AUMENTAN MATRIMONIOS Y DIVORCIOS TAMBIÉN

Durante el año 2007 en México se registraron 595 mil 209 matrimonios, cantidad superior a la de 2006 (586 mil 978) en 8 231 uniones legales, lo que representa un ligero incremento de 1.4por ciento entre ambos años.

En el ámbito nacional, la edad promedio al momento de contraer matrimonio fue de 28.1 años entre los hombres y de 25.3 para las mujeres. Las entidades donde tanto los varones como las mujeres tienen la mayor edad promedio al matrimonio son: Veracruz con 30.8 y 27.4 años, respectivamente, el Distrito Federal con 30.6 y 28 años y Nayarit con 30.3 y 26.9 años.

Los procesos de divorcio concluidos en 2007 ascendieron a 77 mil 255, en cambio en el año inmediato anterior fueron 72 mil 396; es decir, el número de divorcios realizados aumentó en 4 859, lo que significa un incremento de 6.7 por ciento en sólo doce meses.

En este año, por cada 100 enlaces realizados hubo 13 divorcios; mientras que en el 2000 la relación fue de 7.4 y en 1971 de 3.2.

Para 2007 quince entidades federativas superan la relación nacional de divorcios por cada 100 matrimonios y los valores más altos corresponden a Chihuahua (27.6), Colima (26.4) y Baja California (22.6); en contraste, los menores se registran en Oaxaca (2.8), Tlaxcala (4.1) y Guerrero (5.8).

En México, la edad promedio al momento de divorciarse es de 37.8 años para los hombres y de 35.2 años para las mujeres. Las entidades que registran las mayores edades promedio son Veracruz, con 39.5 años los hombres y 36.4 años las mujeres; Morelos con 39.4 y 36.4; el Distrito Federal con 39.4 y 36.9 y Puebla con 39.2 y 36.8 años, en ese orden.

EN PROMEDIO DOS HIJOS

La tasa global de fecundidad (TGF) indica el promedio de hijos nacidos vivos que una mujer habría tenido al final de su vida reproductiva (15 a 49 años). Hasta la segunda mitad de la década de los setenta este indicador era de alrededor de 6 hijos por mujer; entre 1987 y 2009 disminuyó y pasó de 3.8 a 2.1 hijos por mujer.

Entre las entidades con más alta fecundidad se encuentran Guerrero y Chiapas con 2.4 y 2.3 hijos por mujer, respectivamente; mientras que el Distrito Federal destaca como la entidad de menor fecundidad, con una TGF que no supera los dos hijos por mujer (1.7 hijos).

La esperanza de vida al nacimiento se refiere al número de años que, en promedio, se espera viva un recién nacido, bajo el supuesto de que a lo largo de su vida estará expuesto a los mismos riesgos de muerte observados para la población en su conjunto. Este indicador permite medir la intensidad de la mortalidad en una población y
compararla entre distintas regiones o países.

De acuerdo con las proyecciones de población, en el 2009, la esperanza de vida al nacer en el país es de 75.3 años. La esperanza de las mujeres es de 77.6 años y la de los hombres de 72.9 años.

El valor alcanzado por el indicador ha aumentado considerablemente. En 1930 se esperaba que un recién nacido viviera en promedio 34.7 años; para 1990 esta esperanza alcanzó un valor de 70.6 años y entre 1990 y 2009 se incrementó en 4.7 años; 5.2 entre los hombres y 4.1 entre las mujeres.

En el 2007 se registraron poco más de 514 mil defunciones, por sexo se estima una ocurrencia de 128 muertes de hombres por cada 100 de mujeres. Estas diferencias por sexo y grupo de edad son significativas, destacando el grupo de 15 a 29 años, donde ocurrieron 272.9 defunciones de varones por cada 100 de mujeres.

La tasa de mortalidad infantil se obtiene de la relación entre las defunciones de menores de un año entre los nacidos vivos en el mismo lapso y se utiliza como indicador de las condiciones de salud y del desarrollo social de un país y de su
población. En 2007, en México fallecieron casi 16 menores de un año por cada mil nacimientos. Las entidades del sur del país como Guerrero, Chiapas y Oaxaca presentan los niveles más altos de mortalidad infantil, los niños registraron más de
23 defunciones por cada mil nacidos vivos, mientras que las niñas más de 16.


AMBIENTE MASCULINO

De acuerdo con (ENDIREH) 2006, la participación en actividades económicas sigue siendo superior en los hombres, comparada con la que reportan las mujeres. En el país, 78 de cada 100 hombres y 42 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas.

En lo que respecta a su inserción laboral, 65 de cada 100 mujeres ocupadas son asalariadas, 23 trabajan por cuenta propia, 10 no reciben pago alguno y dos son empleadoras. De los varones ocupados, los asalariados, y quienes laboran por cuenta propia presentan cifras semejantes a las mujeres (67 y 22 de cada 100, respectivamente); sin embargo, los no remunerados disminuyen a cinco y los empleadores aumentan a seis.

Al comparar la inserción económica femenina con la masculina en cada uno de los sectores de actividad económica las diferencias son considerables, en el trabajo de la construcción laboran 96.7 por ciento de hombres y sólo 3.3 por ciento de mujeres. El sector de comunicaciones y transportes reporta la segunda diferencia más alta, con nueve de cada diez ocupados hombres y sólo una mujer; en cambio, en el comercio y en los servicios, la participación de los hombres y las mujeres tiende a la igualdad, dado que ocupan 49.1por ciento y 53.3 por ciento, respectivamente.

En el año 2000, el 96.3 por ciento de las mujeres de 5 años y más declara tener una religión; porcentaje ligeramente superior en relación a la población masculina (94.9 por ciento).

Las mujeres con alguna religión tienen mayor presencia en el catolicismo con 88.3 por ciento, seguidas por las protestantes y evangélicas con 7.7 por ciento; mientras que los hombres católicos representan el 87.7 por ciento.

Por entidad federativa, destaca Chiapas con la mayor presencia de personas protestantes o evangélicas, con 22.9 por ciento de mujeres y 20.8 por ciento de hombres. En la misma entidad, de cada 100 mujeres de 5 años y más 11 no tienen religión; mientras que de cada 100 hombres 15 no tienen religión.

De la población residente en conventos, monasterios, seminarios y congregaciones
religiosas, 61.6 por ciento son mujeres y 38.4 por ciento son hombres; cerca de la mitad de estas mujeres residen en el Distrito Federal, estado de México, Jalisco y Michoacán.

En contraste, es significativamente más alta la participación de los hombres en el desempeño de actividades religiosas; de cada 10 profesionales o técnicos religiosos, 8 son hombres y 2 son mujeres.

SE DUPLICA JEFATURA FEMENINA EN HOGARES

En 15 años (1990-2005) el número de hogares aumentó de 16.2 a 24.8 millones. En México prevalecen los hogares con jefatura masculina; de cada 100 hogares, 77 son dirigidos por un hombre y 23 por una mujer. En este mismo periodo, la cantidad de hogares con jefatura femenina se duplicó, al pasar de 2.8 a 5.7 millones, siendo
23.1 por ciento del total de los hogares en 2005.

Este porcentaje muestra diferencias por entidad federativa, en el Distrito Federal 3 de cada 10 hogares tienen una mujer al frente (28.9por ciento), seguido por Guerrero (26.3por ciento), Morelos (26.1por ciento) y Veracruz (25.5por ciento). En contraste, los estados con menores porcentajes son Nuevo León (17.9por ciento) y
Coahuila (18.9por ciento), seguidos por Chiapas y Yucatán, con proporciones inferiores a 20 por ciento.

En México existen poco más de 6.1 millones de hogares con ancianos, los cuales representan 24.6por ciento del total. De estos hogares, 3 de cada 10 tienen jefatura femenina.

El Distrito Federal registra la proporción más alta de hogares con ancianos encabezados por una mujer (39.5 por ciento), seguido por Colima (35.3 por ciento), Baja California (35.2 por ciento) y Morelos (35 por ciento). Por el contrario, en
Chiapas 26.7 por ciento de los hogares con ancianos son dirigidos por mujeres; asimismo, esta proporción es de 27.3por ciento en Campeche y de 27.7por ciento en Quintana Roo.

HOMBRES JÓVENES PARTICIPAN EN EL HOGAR

En el segundo trimestre de 2008, de los 36.2 millones de hombres mayores de 14 años, 32.6 por ciento desempeñan el papel de proveedor del hogar, al dedicarse exclusivamente al trabajo extradoméstico; por su parte, de los 40.8 millones de mujeres, 44.5 por ciento únicamente realiza trabajo doméstico no remunerado en su propio hogar.

Las mujeres que participan en los quehaceres domésticos de su propio hogar representan 96.1por ciento; en tanto que los hombres lo hacen en 58.4por ciento. Las mujeres en todas las edades mantienen tasas superiores al 91 por ciento; en el caso de los hombres, son los jóvenes los que más participan en las tareas domésticas de su hogar.

La participación en actividades económicas sigue siendo superior en los hombres, comparada con la que reportan las mujeres. En el país, 78 de cada 100 hombres y 42 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas.

En lo que respecta a su inserción laboral, 65 de cada 100 mujeres ocupadas son asalariadas, 23 trabajan por cuenta propia, 10 no reciben pago alguno y dos son empleadoras. De los varones ocupados, los asalariados, y quienes laboran por cuenta propia presentan cifras semejantes a las mujeres (67 y 22 de cada 100, espectivamente); sin embargo, los no remunerados disminuyen a 5 y los empleadores aumentan a seis.

Al comparar la inserción económica femenina con la masculina en cada uno de los sectores de actividad económica las diferencias son considerables, en el trabajo de la construcción laboran 96.7por ciento de hombres y sólo 3.3por ciento de mujeres. El sector de comunicaciones y transportes reporta la segunda diferencia más alta, con nueve de cada diez ocupados hombres y sólo una mujer; en cambio, en el comercio y en los servicios, la participación de los hombres y las mujeres tiende a la igualdad, dado que ocupan 49.1por ciento y 53.3por ciento, respectivamente.

La participación de los cónyuges en el mercado laboral permite una aproximación a los diversos arreglos que adoptan las parejas para proveer los bienes y servicios que necesita el hogar.

En el año 2002, sólo en 28.2 por ciento del total de parejas conyugales tanto el hombre como la mujer participan en el mercado laboral. A esta actividad los varones le dedican 51 horas con 42 minutos y las mujeres 37 horas con 18 minutos, en promedio a la semana. En cambio, las mujeres destinan al trabajo doméstico un promedio semanal de 54 horas y 24 minutos y los hombres 15 horas y 18 minutos.

En consecuencia, las mujeres ocupan casi 92 horas y los hombres 67 en la realización semanal de los trabajos para el hogar y el mercado; dicho en otras palabras, ellas trabajan cerca de 25 horas más que los hombres.

INCIPIENTE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

En las últimas décadas las mujeres han incursionado en el país en los espacios de poder y la toma de decisiones, enriqueciendo con ello la vida política nacional. Sin embargo, el incremento de su presencia en puestos de elección popular y en cargos directivos en los sectores público y privado, es comparativamente más modesta que la observada en otras esferas.

A finales de 2008 la participación de las mujeres en el poder legislativo muestra alrededor de una quinta parte de representación femenina en la composición de la LX Legislatura, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados (19.5por ciento y 23.6por ciento, respectivamente).

La presencia de las mujeres en los primeros niveles del Poder Ejecutivo es completamente asimétrica respecto a la de los hombres. A finales de 2008, en el caso de las 19 Secretarías de Estado, tres estaban encabezadas por mujeres y de las 59 Subsecretarías de Estado, 13 las ocupan mujeres, observándose una relación de cuatro hombres por cada mujer. Asimismo, de los gobiernos ejecutivos estatales, Yucatán y Zacatecas son gobernados por una mujer.

La participación sociopolítica de las mujeres en los niveles municipales se ha mantenido entre el 3 por ciento y 4 por ciento en los últimos años. En octubre de 2008, 4.6 por ciento de los municipios o delegaciones del país eran presididos por una mujer. Actualmente los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Querétaro de Arteaga y Nayarit no cuentan con mujeres como presidentas municipales.

MIGRACIÓN FEMENINA PASÓ DE 4 A 5.2 MILLONES

Las encuestas estadounidenses son consideradas como la principal fuente de información que da cuenta de la población mexicana que reside fuera del territorio nacional debido a que este país explica en los últimos años en promedio el 96 por
ciento de los flujos migratorios hacia el exterior.

Los datos de la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS, por sus siglas en ingles)
muestran que a lo largo del periodo 2000-2007 la población femenina se ha incrementado constantemente, pasando de cuatro a 5.2 millones.

Un análisis al interior de la estructura por edad de las mujeres mexicanas residentes en los Estados Unidos de América a través de estos años, revela que las mujeres en edad fértil representan en promedio 73 de cada 100 mujeres nacidas en
México que viven en ese país; no obstante el incremento en su volumen, se observa una tendencia decreciente en su participación.

Por su parte, el grupo de mujeres en edades de 0 a 14 años (niñas y adolescentes) en promedio representa en el total de mujeres nacidas en México 8.8 por ciento, y muestra también una reducción cercana a los 3 puntos porcentuales al comparar su valor en los años extremos del periodo.

En contrapeso el grupo de mujeres ubicado entre los 50 años y más, registra a través de los años del periodo analizado, un incremento sustancial superior a los cinco puntos porcentuales, estimación que entre otros aspectos muestra que la estructura de la población femenina nacida en México residente en los Estados Unidos de América
cuenta con un importante componente de mujeres no jóvenes.

LENGUA INDÍGENA

El Conteo de Población del 2005 registró 3 millones 52 mil mujeres que hablan lengua
indígena, esto es, por cada cien mujeres de cinco años y más en el país, 7 hablan lengua indígena.

A nivel nacional hay 103 mujeres por cada cien hombres hablantes de lengua indígena, sin embargo, por lengua existen diferencias: entre los hablantes de Amuzgo de Oaxaca hay 119 mujeres por cada cien hombres, en tanto que entre los hablantes de mayo sólo hay 81 mujeres por cada cien hombres.

La edad mediana de las mujeres del país es de 24.0 años, en tanto, las que hablan lengua indígena registran una edad mediana mayor: 30.1 años. Sin embargo, según la lengua hablada existen diferencias: las hablantes de huichol tienen una edad mediana de 20.6 años; las que hablan tepehuano de Durango, 20.7; mientras que las hablantes de Chontal de Oaxaca registran una edad mediana de 55.9 años y las que hablan mayo de 50.6 años.

En 2005 se captaron 66 856 mujeres migrantes, esto es, que en el año 2000 vivían en una entidad diferente; de ellas, las hablantes de náhuatl participan con el mayor número: 20 642, seguidas de las que hablan lenguas mixtecas: 7 375.

El porcentaje de mujeres que hablan lengua indígena y no hablan español es mayor que el correspondiente a los hombres (15.1por ciento contra 8.7por ciento). Las mujeres que registran los mayores porcentajes de monolingüismo son las hablantes de Amuzgo de Guerrero, las de tzotzil y las de tzeltal, con niveles de más del 33 por ciento.

El porcentaje de asistencia a la escuela de las mujeres hablantes de lengua indígena se ha incrementado entre 1990 y 2005. La asistencia de las niñas de 6 a 11 años pasó de 71.7por ciento en 1990, a 91.8por ciento en el 2005; el de las jóvenes de 12 a 14, de 55.5 a 80.5por ciento, y el de las de 15 a 19 años, de 17.4 a 33.3 por ciento. Entre las hablantes de alguna de las lenguas, los porcentajes de asistencia a la
escuela aún son bajos, por ejemplo, de acuerdo con los datos del Conteo 2005, de las jóvenes tarahumaras de 12 a 14 años, sólo el 56.5por ciento van a la escuela.

Entre las personas de 15 años y más que declararon hablar lengua indígena, aún se
observan brechas en educación entre mujees y hombres: el promedio de escolaridad de las mujeres es de 3.9 años, mientras que el de los hombres es de 5.0 y los porcentajes de analfabetismo son de 39.6 y 23.2por ciento, respectivamente. El porcentaje de analfabetismo es más alto entre las mujeres de mayor edad, mientras que 9.7por ciento de las que tienen entre 15 y 19 años no saben leer y escribir, las
que cuentan con 40 a 49 años registran un porcentaje de analfabetismo de 46.1 por ciento.

Sin embargo, el porcentaje de varones de 8 a 14 años en atraso escolar, es decir, quienes no tienen aprobados los grados de acuerdo a su edad o no asisten a la escuela, es ligeramente mayor que el de las mujeres (56.1 y 53.5por ciento, respectivamente). El alto porcentaje de población hablante de lengua indígena en atraso escolar se debe principalmente a su incorporación tardía a la escuela.

Respecto al acceso a servicios de salud se observa que sólo 24.5por ciento de las mujeres que hablan lengua indígena son derechohabientes.

En 2005 se registraron 2 millones 41 mil 203 hogares donde el jefe y/o su cónyuge hablan lengua indígena. De ellos, 17.5por ciento están dirigidos por una mujer. Los hogares con jefatura femenina están constituidos principalmente por la jefa y sus hijos (35.3por ciento), y en 17.2por ciento son hogares unipersonales.

LA MUJER RURAL, SIN ACCESO A LA EDUCACIÓN

En México las características educativas de la población difieren por sexo, edad y lugar de residencia. En la mayoría de los casos las mujeres, y en particular las que habitan en localidades rurales, se encuentran en condiciones menos favorables.

En el año 2005, de cada 100 mujeres de 15 años y más, 10 no sabían leer ni escribir y, de cada 100 hombres 7 eran analfabetas. Chiapas tenía el más alto porcentaje de mujeres analfabetas con 26.1por ciento y es la entidad federativa con la mayor distancia porcentual por sexo, al registrar los hombres 16.2 por ciento.

Una quinta parte (21.7por ciento) de las mujeres de 15 años y más que residen en localidades menores a 2 500 habitantes no sabían leer ni escribir; frente al 16por ciento de los hombres.

La proporción de la población que logra acceder y permanecer en el sistema educativo nacional hasta la conclusión de la educación básica, es similar en mujeres y hombres con 20.4 y 21.9por ciento, respectivamente. En los siguientes niveles educativos la distancia porcentual por sexo aumenta.

El 4.8por ciento de las mujeres cuenta con algún grado aprobado en profesional técnico (estudios terminales) en comparación con 2 por ciento de los hombres; situación que se invierte en bachillerato (estudios propedéuticos) con 13.5 por ciento de mujeres y 16.2 por ciento de hombres y; se mantiene prácticamente la misma
brecha porcentual en el nivel superior con 12.2 por ciento de mujeres frente a 14.6 por ciento de hombres.

El promedio de escolaridad de mujeres y hombres de 15 años y más, es de 7.9 y 8.4 años, en ese orden. En las localidades con menos de 2 500 habitantes, el promedio equivale a la primaria incompleta (5 años); mientras en las localidades de 100 mil y más personas, el promedio se traduce en la educación básica terminada (9 años).

HAY 97 HOMBRES POR CADA 100 MUJERES

De acuerdo con las proyecciones de población, la población media para el año 2009 es de 107.6 millones, 50.9 por ciento son mujeres y 49.1 por ciento hombres; lo anterior significa que hay 97 hombres por cada 100 mujeres en el país.

Las entidades con mayor población son México, Distrito Federal, Veracruz y Jalisco; se estima que en el 2009 concentran poco más de la tercera parte (35.3 por ciento) de la población nacional. En el otro extremo, Baja California Sur, Colima,
Campeche, Nayarit, Tlaxcala, Aguascalientes, Quintana Roo y Zacatecas son las entidades con menor población, su proporción no supera 1.3 por ciento en cada una de ellas.

Entre 1995 y 2005 se observa un aumento de la población residente en localidades de 2 mil 500 ó más habitantes que pasa de 67 millones en 1995 (73.5 por ciento de la población residente en el país) a casi 79 millones (76.5 por ciento de la
población residente) en el 2005.

La distribución por sexo muestra, en términos absolutos y relativos, una mayor presencia femenina en este tipo de localidades, la cual pasa de 34.3 a 40.7 millones entre 1995 y 2005 (74.1 por ciento y 76.7 por ciento, de la población femenina para cada año), mientras que estos valores para la población masculina son de 32.7 y 38.3 millones, respectivamente (72.9por ciento y 76.2 por ciento del total de hombres en los años indicados).

CATÓLICAS EN SU MAYORÍA

En el año 2000, el 96.3 por ciento de las mujeres de 5 años y más declara tener una religión; porcentaje ligeramente superior en relación a la población masculina (94.9 por ciento).

Las mujeres con alguna religión tienen mayor presencia en el catolicismo con 88.3por ciento, seguidas por las protestantes y evangélicas con 7.7por ciento; mientras que los hombres católicos representan el 87.7por ciento.

Por entidad federativa, destaca Chiapas con la mayor presencia de personas protestantes o evangélicas, con 22.9 por ciento de mujeres y 20.8por ciento de hombres. En la misma entidad, de cada 100 mujeres de 5 años y más 11 no tienen religión; mientras que de cada 100 hombres 15 no tienen religión.

De la población residente en conventos, monasterios, seminarios y congregaciones
religiosas, 61.6por ciento son mujeres y 38.4 por ciento son hombres; cerca de la mitad de estas mujeres residen en el Distrito Federal, estado de México, Jalisco y Michoacán.

En contraste, es significativamente más alta la participación de los hombres en el desempeño de actividades religiosas; de cada 10 profesionistas o técnicos religiosos, 8 son hombres y 2 son mujeres.

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Estereotipos, pobreza y desigualdad en las familias afectan más a mujeres

México DF, 21 enero 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Los estereotipos de género, la pobreza y la desigualdad social crean expectativas muchas veces injustas e inalcanzables que propician en las familias inequidades, frustración, falta de
libertad, en particular de las mujeres, la juventud y la infancia, y violencia familiar y social.

Por eso es necesario encontrar puntos de confluencia entre todos los actores sociales, económicos y políticos del país, para sumar esfuerzos y recursos que favorezcan la protección social de las familias y de todos sus integrantes.

Así inicia el texto "Familias en el siglo XXI: declaratoria de la Ciudad de México", dado a conocer al concluir los trabajos del Seminario "Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas", que reunió a 729 asistentes, en su mayoría mujeres, en El Colegio de México, de esta ciudad, el 19 y 20 de enero de 2009.

El texto, elaborado por el Comité científico del Seminario, conformado por integrantes de instituciones académicas, de la sociedad civil, de organismos públicos nacionales e internacionales, destaca que la privatización y la pérdida de calidad de los servicios estatales han trasladado responsabilidades y riesgos de la
esfera pública a las familias y las personas, afectando de manera particular a mujeres y jóvenes.

Y propone, entre otras cosas, un reparto más equitativo de las responsabilidades entre los diversos actores sociales, entre sexos y generaciones, que no rezague social, cultural ni económicamente a las mujeres y las niñas.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS

Señala la Declaratoria que, al igual que diversos actores sociales en México y en el mundo, tiene preocupación por las problemáticas que aquejan a las familias y a sus integrantes y en la necesidad de diseñar e instrumentar políticas y programas públicos dirigidos a las familias, consideradas como grupo primario de convivencia,
seguridad, protección y afecto de los seres humanos.

Reconocen, a partir de estudios y diagnósticos recientes sobre la realidad de las familias mexicanas, que éstas son diversas, en términos sociodemográficos, económicos, culturales y religiosos. Saben asimismo los retos que enfrentan en un
contexto de crisis económica y de violencia generalizada y consideran necesario comunicar a la opinión pública y al Estado mexicano en sus distintos niveles dichas preocupaciones, propuestas y demandas en beneficio de las familias y del fortalecimiento de la vida democrática, en el marco del Estado laico como principio de convivencia en la diversidad y como ámbito que permite la pluralidad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Afirman que, lejos de una supuesta existencia natural, las familias son producto de la evolución histórica y cultural de las distintas sociedades. Por ello, las transformaciones de la sociedad mexicana exigen del Estado mexicano el reconocimiento y atención a los fenómenos emergentes que han generado transformaciones en las personas y en las familias, como son los avances tecnológicos, las migraciones, la reducción de la fecundidad, la ampliación de la
esperanza de vida, el envejecimiento poblacional, los cambios en el mundo del trabajo, las crisis de crecimiento, empleo e ingresos, la incertidumbre social, entre otras.

Las políticas públicas, afirman las y los expertos, deben partir de diagnósticos
actualizados que recojan los hallazgos científicos más recientes sobre la diversidad y complejidad en la que se van construyendo los vínculos familiares y reconocer las nuevas problemáticas que afectan a las familias.

POBREZA, FAMILIA Y TRABAJO

Las políticas económicas de las últimas décadas, señala la Declaratoria, en particular el lento crecimiento y la baja generación de empleos, más la contención salarial y la vulneración sistemática de los derechos laborales, han provocado un deterioro en la calidad de vida de las familias y una creciente inseguridad
económica y social que tensiona las relaciones familiares, propicia las migraciones y aumenta la violencia en sus diversas manifestaciones.

Estas condiciones, afirma, han incidido en la transformación de la organización, dinámica, ciclo y composición de las familias.

A la vez, el adelgazamiento de los programas sociales de amplia cobertura, la privatización y la pérdida de calidad de los servicios estatales, han trasladado responsabilidades y riesgos de la esfera pública a las familias y las personas,
afectando de manera particular a mujeres y jóvenes.

Muchas familias mexicanas, especialmente las más pobres, explica la Declaratoria, enfrentan necesidades económicas y sociales verdaderamente apremiantes. En este contexto, muchas mujeres se ven obligadas a buscar una ocupación remunerada sin dejar de realizar las tareas domésticas y de cuidado de sus hijas e hijos y de las personas adultas mayores.

Urge, por tanto, reconocer esta sobrecarga de trabajo y definir el cuidado y la protección intergeneracional como un asunto de interés público y objeto de políticas de Estado. Es preciso, señala el texto, promover un reparto más equitativo de las responsabilidades entre los diversos actores sociales, entre sexos y generaciones, que no rezague social, cultural ni económicamente a las mujeres y las niñas.

Exigimos un nuevo pacto social entre Estado, empresas y familias, con una concepción amplia de las familias, que sea respetuosa de los derechos humanos y promueva una efectiva conciliación entre el trabajo para el mercado, el trabajo doméstico y de cuidado, y la provisión de servicios públicos.

VIOLENCIA Y FAMILIAS

Considera la Declaratoria que uno de los desafíos para todos los actores sociales, económicos, políticos y religiosos es la eliminación de cualquier forma de violencia hacia los integrantes de las familias, cualquiera que sea su arreglo de convivencia.

La violencia física, emocional, sexual y económica en las familias afecta a todos sus integrantes, en especial a las mujeres; casi la mitad de ellas han sufrido algún incidente de violencia a lo largo de su última relación conyugal. Al mismo tiempo, la violencia que se ejerce sobre las niñas y los niños sigue siendo una práctica ampliamente difundida y tolerada en México, lo que es urgente revertir.

El gobierno mexicano, recuerda el texto, ha reconocido la importancia del problema de la violencia de género y ha firmado y ratificado todos los instrumentos internacionales sobre la materia.

Pero a pesar de los avances legislativos, normativos e institucionales en el ámbito
federal, urge una política integral que dé una respuesta efectiva en cuanto a programas para la prevención, detección, atención y sanción de las diferentes formas de violencia de género y familiar.

FAMILIAS Y DERECHO EN EL NUEVO SIGLO

Es prioritario, continúa el texto, impulsar un nuevo Derecho de las Familias que reconozca los diversos arreglos familiares más allá de la consanguinidad, que preserve los derechos y la dignidad de cada uno de sus integrantes y que promueva relaciones equitativas y justas.

Es preciso actualizar la legislación y promover reformas institucionales para adecuar las normas relativas a la identidad, estado civil, arreglos familiares, formas de convivencia, matrimonio, adopción, reproducción, sexualidad, divorcio,
herencia, cuidado, muerte digna y derechos de los integrantes de las diversas estructuras familiares, de cara a los cambios sociodemográficos, culturales, científicos y tecnológicos para garantizar la libertad de elección y de consciencia y el pleno respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se requieren instrumentos y políticas públicas que favorezcan la convivencia democrática en las familias y que impidan que las violaciones a los derechos de las personas, cometidas dentro o fuera del ámbito familiar, por parte de individuos o de instancias gubernamentales o sus agentes, queden en la impunidad.

ÉTICA Y VALORES

Reconocemos, continúan las y los autores de la Declaratoria, la creciente diversidad religiosa y de creencias en las familias y la necesidad de que las distintas tradiciones filosóficas atiendan las nuevas problemáticas que aquejan a las comunidades familiares, para ofrecer respuestas nuevas a realidades nuevas.

Las familias son vitales en la existencia, convivencia y vida espiritual de los seres humanos, afirman, y consideran que lo esencial son los vínculos y el tipo de relaciones que se tejen en ellas, y los valores para la vida democrática y ciudadana: libertad, solidaridad, equidad, respeto, igualdad y tolerancia.

Debe respetarse, afirman, la voluntad de unir afectos, esfuerzos y patrimonios,
independientemente de que la familia esté constituida por padres o madres sin cónyuge, por una pareja de homosexuales, lesbianas o bisexuales, por personas unidas en segundas nupcias o integrada por diversas generaciones.

El Estado, dice, debe crear un marco propicio para que las familias puedan informar a hijas e hijos sobre la dignidad y respeto del cuerpo y de los deseos propios y ajenos y favorecer una expresión libre, responsable y placentera de la sexualidad, sin discriminación entre hijos e hijas, cualquiera que sea su orientación sexual,
y con apego a los derechos humanos.

En este mismo sentido, el Estado debe garantizar el acceso a una educación pública y gratuita de calidad, apegada a los principios del laicismo, como base para la formación de una ciudadanía democrática, plural y tolerante.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y FAMILIAS

Es obligación del Estado mexicano garantizar que las familias, en cada momento de su ciclo de vida, cuenten con condiciones para desarrollarse con seguridad económica, certeza jurídica, equidad, aceptación social y libertad, señala el texto.

Para construir un verdadero Estado de Derecho, una vida democrática con justicia social y pleno ejercicio de los derechos humanos de todos y todas, consideran, es urgente crear las bases de un nuevo pacto social que surja de un diálogo amplio, incluyente, constructivo y respetuoso.

Este pacto habrá de reconocer la heterogeneidad que caracteriza hoy a la sociedad mexicana y a las familias, e impulsar el desarrollo de las instituciones, la legislación, la procuración de justicia, las políticas públicas y los acuerdos sociales, para implementar sistemas de protección social hacia las familias y sus integrantes.

Demandan por tanto, dice el texto, que el Estado, en todos sus niveles, asuma su responsabilidad ética ante la sociedad y que sus funcionarios tengan la calidad moral y profesional necesaria para responder con eficacia y responsabilidad a las necesidades de las familias y personas.

El Estado debe ver en la ciudadanía sujetos de derechos a los que ha de rendir cuentas y no clientela política. Exigen, concluye el texto, el respeto al
principio de laicidad del Estado. Refrendarlo como base de las instituciones y de las políticas públicas en México es indispensable para dar cabida a la diversidad religiosa, ideológica y filosófica y favorecer una convivencia respetuosa en la pluralidad.

El Comité científico del Seminario, autor de la Declaratoria, está integrado por Susana Lerner, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex; María Consuelo Mejía, Católicas por el Derecho a Decidir; José Ángel Aguilar Gil, Red Democracia y Sexualidad (Demysex) AC; Rosa María Camarena, Instituto de
Investigaciones Sociales (UNAM); Carlos Echarri, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex; y Brígida García, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex.

También por Soledad González, del Centro de Estudios Sociológicos-Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, de El Colmex; Clara Jusidman, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social/INCIDE Social AC; Lucía Melgar, Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; Guadalupe Ordaz, Incide Social AC, y Gabriela Rodríguez, de Afluentes SC.

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Las mujeres, invisibles en las estadísticas: Inmujeres

México DF, 30 septiembre 2008 (CIMAC).- Si bien las estadísticas de género son un importante mecanismo para reflejar la realidad de las mujeres, es necesario ampliar su visión y captar mayores evidencias de las desigualdades, ya que en diversos censos las mujeres quedan invisibles al levantarse la información, aseguró Rocío
García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

Durante la inauguración del IX Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, Ronda Censal 2010, en la ciudad de Aguascalientes, la funcionaria federal indicó que las mujeres no han sido visibilizadas en el Censo General de Población y Vivienda, ni en los de cada rama de actividad, informó un comunicado del Inmujeres.

"¿Quién iba a pensar hace algunos años que en el sector agrícola cada vez habría más mujeres debido a la migración de los varones hacia Estados Unidos, o que las mujeres tendrían un creciente papel en la industria manufacturera como obreras o en el sector de servicios, muchas de ellas como comerciantes? Estas son revisiones necesarias", puntualizó.

La titular del Inmujeres recordó la pregunta que estuvo vigente muchos años en el Censo de México de ¿quién es el jefe de familia?, que presuponía la presencia de una figura masculina, aun cuando no aportara ingresos al hogar o estuviera ausente.

En la actualidad, afirmó, existe una mayor conciencia, aunque todavía no la suficiente, de que las mujeres viven desigualdades y discriminación en diversos ámbitos de la vida en sociedad.

Explicó que en las agendas de diversos organismos internacionales y cada vez en un mayor número de gobiernos nacionales y locales, se reconoce la desigualdad de género como un obstáculo para el desarrollo.

En este contexto, apuntó, las estadísticas de género cobran fuerza al ser un importante mecanismo que delata la realidad de las mujeres, sin embargo es necesario ampliar su visión y captar mayores evidencias de las desigualdades porque sólo así se podrá demostrar lo que falta por avanzar.

LA REVISIÓN DE ESTADÍSTICAS, UNA NECESIDAD

Enfatizó que en el siglo de la información, la producción estadística de género no puede quedar fuera, por lo que es necesario aumentar y mejorar su producción, los aportes teóricos y metodológicos para captar la realidad social con un alto nivel de confiabilidad.

Lo anterior, destacó, obliga a las personas que toman decisiones y diseñan las políticas públicas a tomar en cuenta las diversas fuentes de información estadística, especialmente las de género: "En el caso de México, ésta es una
práctica que avanza paulatinamente en las dependencias públicas".

La producción de información estadística no encuentra su sentido último, el social, si no se usa; por ello, es urgente revisar los avances, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la incorporación del género en la producción estadística, desde la visión de las oficinas de estadística y las necesidades de información de los mecanismos de las mujeres.

Esta revisión resulta crucial para diseñar y llevar a cabo mejores políticas públicas que potencien las capacidades de las mujeres, siempre en un marco institucional y normativo de los distintos órdenes y niveles de gobierno.

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Eduardo Sojo Garza-Aldape, sostuvo que el propósito de institucionalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos del quehacer nacional, de la política pública y en la generación de información constituye ya una realidad y ello se
ha logrado en buena parte gracias al esfuerzo, a la voluntad y a la perseverancia que han puesto las instituciones, concluye el comunicado del Inmujeres.

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