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Mujeres del CGH, flama impresionante en la oscuridad

-- A 10 años de la huelga más larga en la UNAM

México DF, 22 abril 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- En el momento que nace el Consejo General de Huelga (CGH) en 1999 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), "las mujeres que eran una especie de velas prendidas, en una oscuridad total, se unieron en una flama impresionante y empezaron a tomar decisiones y acciones a partir de la represión, en la que a pesar de ser universitarias, muchas de ellas vivían", aseguró Claudia Silvestre ex integrante del CGH.

"La UNAM les dio a estas mujeres la base social y cultural para poder defender sus derechos, en este caso ejercer su ciudadanía a través del CGH, donde cómo a través de todos los años y las revoluciones ellas son mayoría".

La Huelga en la UNAM de 1999-2000 fue un movimiento estudiantil que se inició el 20 de abril de 1999 en contra de la modificación del Reglamento General de Pagos (RGP)de la más importante institución de educación media-superior, superior y de postgrado del país, ese día en la explanada de la torre de Rectoría, y en 36 escuelas, colegios y facultades, la bandera rojinegra simbolizó el inicio de la huelga más larga que haya vivido la Máxima Casa de Estudios.

El movimiento estudiantil de 1999-2000, en la UNAM, a decir de Luis Javier Garrido, doctor en ciencias Políticas por la Universidad de Paris, desnudó el sistema político mexicano, puso de relieve el papel de los medios masivos de comunicación en el país, evidenció la subordinación de los partidos políticos de oposición alas directrices de Washington y mostró el oportunismo y complicidad de las y los intelectuales mexicanos con el poder.

Claudia Silvestre señaló en entrevista con Cimacnoticias, que el movimiento en la Facultad de Estudios Profesionales Aragón, donde ella estudió la licenciatura en pedagogía, inició días antes con un paro de 48 horas, siendo Aragón la única escuela de estudios profesionales que cerro sus puertas por completo.

"En esta ocasión la mayoría éramos mujeres, cuando en ese paro las autoridades quieren entrar todas las mujeres nos tomamos de las manos formando una gran cadena, es en ese momento que tenemos voz y voto y nos hacemos presentes al no permitir que entren".

De igual manera, cuando se hace la asamblea con todas las escuelas para ver cuándo íbamos a cerrar --en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras conocido como "El Che"-- la mayoría de las personas que estábamos ahí y votamos a favor de la huelga éramos mujeres, que comprendimos que existían las condiciones para cerrar, afirma la ex integrante del CGH.

Posteriormente se empezaron a integrar las comisiones de finanzas, de difusión, y muchas otras pero una muy representativa, agrega, fue la comisión que se encargaba de la comida, ya que empezaron ha llegar más mujeres, es decir las madres de familia las integrantes de los sindicatos, de los trabajadores de la UNAM, de los electricistas. "nos empiezan a llegar las cazuelas de comida para apoyarnos desde el primer paro".

En el caso de Aragón, mujeres integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se organizan empiezan a llevar despensa, de igual manera un grupo de comerciantes de la central de abastos abastece a las y los estudiantes en huelga de despensa.

Claudia subraya que conseguir el apoyo de los comerciantes no fue nada fácil, ya que al grupo de brigadistas, entre los que se encontraba ella, al solicitar el apoyo fuero agredidos, sin embargo, cuando les explicaron que esta huelga no sólo era por ellos sino por el futro de las nuevas generaciones del país, entre las que se encontraban sus hijos, las y los apoyaron hasta el último día.

LA REPRESIÓN EN PREPA 3

La también licenciada en Danza contemporánea por la Escuela Nacional de Danza recuerda con tristeza lo ocurrido en la Preparatoria Nacional número 3, el 1 de febrero de 2000, cuando minutos después de las 2 de la tarde estudiantes huelguistas de la preparatoria avisaron por radio que varios camiones con porros e individuos
contratados en la calle y gente de Auxilio UNAM desalojaron con violencia a cerca de 30 universitarios que se encontraban en el plantel.

"Con lujo de violencia sacaron a las chavas y chavos, que para Aragón eran una especie de hijas e hijos, ya que como nos encontrábamos tan alejados del Ciudad Universitaria siempre estábamos al pendiente de lo que ocurría en la prepa. Si preparábamos camiones para una movilización, obviamente los preparábamos para ellos, estábamos comunicados con radios de larga distancia y siempre sabíamos que pasaba con ellas y ellos, este es un momento muy fuerte para el CGH".

Subraya que sobre esto hay que tener memoria histórica, ya que jóvenes de entre 14 y 19 años fueron golpeados y encañonados para sacarlos de la escuela. Posesionados de las instalaciones, sus agresores se dedicaron a lanzar piedras, botellas, tubos, palos, petardos y bombas molotov a las y los estudiantes, padres de familia y vecinos del lugar que se iban concentrando en las afueras de la Preparatoria, puntualiza Claudia.

En esa ocasión las mujeres seguimos siendo mayoría y las más fuertemente agredidas, tanto física como psicológicamente, nos amenazaban de que nos iban a violar si entrábamos, insultos verbales muy fuertes, todo un montaje para la provocación, preparado por el Gobierno federal y la Rectoría.

El CGH se organiza y comienza a avanzar, después de varios intentos entramos al plantel, huyen los porros, sólo alguno hombres contratados en la calle se quedan y confiesan que los llevaron para "madrear estudiantes, para lo cual les pagaron cincuenta pesos".

Los granaderos se colocan frente a las instalaciones de la preparatoria y los militares de la PFP forman un círculo y van envolviendo al CGH en la explanada de la prepa.

"Algunas y algunos salimos y otros se quedaron cantando el himno nacional, la mayoría de las voces eran de mujeres y niñas estudiantes de secundaria de la preparatoria 2, las cuales no se echaron para atrás nunca".

El montaje por parte de las autoridades y los medios masivos de comunicación fue aparatoso, los victimarios fueron presentados "como víctimas de la violencia estudiantil".

Ese día 86 universitarias y universitarios fueron acusados de los delitos de daño en propiedad ajena, seis más de los delitos de terrorismo y motín, fueron trasladados de inmediato al Reclusorio Norte. Se efectúa una marcha afuera del reclusorio. Los padres de familia se organizan para llevar la batuta de la lucha por la liberación de todas y todos los detenidos. La entrada de los soldados a las demás escuelas se considera cosa de poco tiempo.

Después de esto la también terapeuta en psicodanza afirma que para muchas mujeres
integrantes del CGH la situación al interior de sus hogares se recrudeció, "en mi caso mi papá ya no quería que saliera ni me acercara a la escuela, mi mamá y mi papá no me apoyan ya".

Con al entrada de la PFP, las madres y padres de familia ya no las quieren dejar salir a las mujeres, sin contar lo vivido por las compañeras que estuvieron presas ya que como vivimos en una sociedad machista entrar a un reclusorio era lo peor, además de que en las calles las mujeres del CGH, siempre fuimos denostadas por el simple hecho de ser mujeres, puntualiza Claudia Silvestre.

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Apelarán condena contra la periodista Roxana Saberi

-- Acusada en Irán de espionaje

Nueva York, EU, 20 abril 2009 (CIMAC, Leticia Puente Beresford/corresponsal).-Primero, Roxana Saberi fue detenida bajo el argumento de que compró una botella de alcohol y eso no le es permitido a las mujeres en Irán. Luego fue acusada de ejercer el periodismo sin credencial oficial. Después, las autoridades la acusaron del delito de 'espionaje'. Y un tribunal la condenó a ocho años de prisión por ser 'espía de los Estados Unidos'.

Saberi, periodista estadounidense con pasaporte iraní, desató la respuesta de defensores de derechos humanos y de protección a periodistas, como la de Reporteros sin Fronteras, que afirma que la sentencia en contra de la periodista 'es injusta y además severa'.

Medios de comunicación en todo el mundo dieron a conocer la noticia, y particularmente la agencia de noticias EFE explicó que el abogado de la periodista, Abdul Salam Jorranshahi, le dijo que la sentencia será apelada.

Saberi, de 31 años, tuvo un juicio breve, juicio celebrado a puerta cerrada en un Tribunal Revolucionario de Teherán. "Nos han informado de la condena y en el plazo que me proporciona la ley apelaré", aseveró el letrado.

En tanto, en Washington, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que la titular de la cartera, Hillary Clinton, dijo que está "profundamente decepcionada por las informaciones de la sentencia a Roxana Saberi por parte de la Justicia iraní".

Desde París, la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró que "es una condena injusta que, en vísperas de las elecciones en Irán, constituye además una advertencia para los periodistas extranjeros que trabajan en territorio iraní".

Saberi fue arrestada el pasado 31 de enero por razones aún no aclaradas y ella misma comunicó su detención a sus padres 10 días después, pero les pidió que no dieran la voz de alarma porque confiaba en que sería puesta en libertad en breve.

El 28 de febrero, su padre, Reza Saberi, decidió denunciar el caso a la prensa tras más de quince días sin noticias del paradero de su hija.Reza Saberi, residente en localidad norteamericana de Fargo, aseguró que su hija fue detenida por comprar una botella de vino, cuyo consumo esta proscrito y penado en Irán. Desde entonces, los cargos contra Saberi han fluctuado desde la compra de alcohol a la definitiva condena por espionaje.

Dos días después de que Reza Saberi hiciera público el caso, el portavoz del ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Hasan Qashqavi, afirmó que había sido arrestada por "trabajar de forma ilegal" al haber caducado su acreditación de prensa.
Veinticuatro horas más tarde, el portavoz del Poder Judicial, Ali Reza Yamshidi, confirmó que había sido trasladada a la prisión de Evine, en el oeste de Teherán, por orden de un Tribunal Revolucionario de la Capital.

Finalmente, el 9 de abril, días antes de que se iniciara el juicio a puerta cerrada, el fiscal segundo Hasan Zare Dehnavi acusó a Saberi, cuya segunda nacionalidad Irán no reconoce, de espiar para Estados Unidos. Tres días antes, sus padres pudieron visitarla en prisión y anunciaron que está bien de salud, física y mental.

La condena se produce en un momento de gran importancia en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, que rompieron sus lazos diplomáticos en abril de 1980 tras consolidarse el triunfo de la revolución islámica que acabó con la monarquía del último Sha de Persia, Mohamad Reza Pahlevi, pro occidental.

Casi tres décadas después, el presidente norteamericano Barack Obama ha expresado su deseo de abrir una nueva relación con Irán si el régimen de los ayatola "abre el puño".

Aunque la respuesta por parte del régimen ha sido cauta y en principio favorable, en algunos sectores más conservadores ha sembrado inquietud.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa han expresado, por su parte, su temor a que el caso Saberi se politice y sea utilizado como baza de una eventual negociación entre Teherán y Washington.

Saberi, tras licenciarse en 1997 en Comunicación y Francés por la Universidad Concordia, en Minnesota, cursó un master en periodismo en la Universidad Northwestern (Illinois) y otro en Relaciones Internacionales en la Universidad de
Cambridge (Reino Unido). Actualmente cursaba un master de cultura y literatura iraníes en una universidad de Teherán y se documentaba para escribir un libro sobre esos temas.

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Urge despenalizar a la prensa y detener la impunidad: CDHDF

-- Regular radios comunitarias y proteger a periodistas

México DF, 17 abril 2009 (CIMAC, Yunuhen Rangel Medina).- Hay que avanzar en la despenalización de la prensa, detener la impunidad y la inacción de las instancias de justicia en casos de periodistas agredidos, regular las radios comunitarias y poner atención en la desprotección laboral en la que viven las y los trabajadores de la comunicación, afirmó Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Al participar en la conferencia "Perspectivas sobre libertad de expresión", el funcionario agregó que el primer punto en la agenda de la CDHDF en cuanto a libertad de expresión es el tema sobre las extraordinarias amenazas que las y los periodistas están viviendo actualmente en nuestro país, aun "el segundo más peligroso del mundo para ejercer el periodismo" recordó.

Dijo que la "impunidad" es la generadora de la victimización de periodistas y la revictimización en la sociedad completa. En 2008, agregó, vimos 14 tipos de agresiones contra periodistas, y este año llevamos tres.

Recordó en este sentido casos como el allanamiento a las instalaciones de la revista
Contralínea, así como el de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el asesinato de las comunicadoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez, en Oaxaca, a los que hasta ahora acompaña la impunidad.

A la conferencia asistió el doctor Frank La Rue Lewy, Relator Especial de libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien aseveró que la democracia debe rescatar la libertad de expresión, el derecho de decir lo que muchos no quieren oír.

La Rue, de nacionalidad guatemalteca, planteó las necesidades sobre libertad de expresión que se han planteado desde una perspectiva mundial y celebró que en este momento existan dos Relatores latinoamericanos, refiriéndose a él mismo y a la doctora Catalina Botero Marino, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ofrecerán una visión diferente y alianzas para las acciones, dijo.

Destacó la importancia de vincular el acceso a la información con el acceso a la comunicación, derechos que deben ser garantizados por el Estado para todas y todos.

COMUNICACIÓN INDÍGENA CONTRA LA POBREZA

En este sentido, explicó como la garantía de dotar a la población indígena de comunicación electrónica podría combatir la pobreza extrema además de la falta de información y comunicación en estas comunidades que tienen el derecho, dijo, de reproducir su lengua, pensamientos y cultura.

Es por esto, finalizó, que la alternativa ante los fundamentalismos es el pensamiento plural, la multicultura y la libertad de expresión para todas y todos.

Así mismo, la Relatora Botero Marino, coincidió en la importancia del pluralismo y la diversidad en el trabajo de darle voz a los grupos que no la tienen.

Por otro lado, señaló también la importante necesidad de proteger a las y los periodistas del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, pues no necesitamos penas crueles contra los agresores sino "eficaces".

Igualmente se refirió al uso del derecho penal y algunos tipos de censura "sutil" utilizados en la actualidad para inhibir la libertad de expresión, tanto de las y los periodistas como de quienes defienden los derechos humanos.

Por su parte el maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su participación sobre La protesta, los derechos humanos y la libertad de expresión, opinó que "la libertad de expresión debe ser un rasgo característico de una sociedad democrática".

Explicó cómo las protestas y movilizaciones sociales son el espacio de expresión y
participación social para grupos en situación de exclusión o vulnerabilidad.

"Sin estas protestas, el Estado posterga la solución de los problemas… son necesarios los espacios de participación". Por otro lado, dijo que uno de los obstáculos es que estas protestas se utilizan como pretexto para militarización y el hostigamiento judicial.

Finalmente la coordinadora de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y defensora del televidente de Canal 22, doctora Gabriela Warkentin de la Mora, se refirió a la importancia de crear públicos críticos por medio de este tipo de defensorías.

En algunos países como Colombia, afirmó, esta defensa a la audiencia es por Ley, y en nuestro país Canal 22 es de los únicos que lleva a cabo estas acciones de participación ciudadana.

"Hay una enorme necesidad de la gente de decir cosas y sentir que son escuchados" explicó, y debido a esto, hemos registrado mensajes de la audiencia mejor articulados y con más crítica por lo que es importante decir que la audiencia tiene también derechos, finalizó.

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Vigilancia extrema del EMP a reporteros de Megamedia

México DF, 9 abril 09 (CIMAC).- Directivos del Diario de Yucatán denunciaron que el Estado Mayor Presidencial (EMP) impuso un "marcaje personal" a reporteros de Megamedia durante la visita que Felipe Calderón Hinojosa realizó esta semana al estado de Campeche, sur de México, informó el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet).

El hecho se da en el marco de la denuncia que hizo recientemente Megamedia, casa editora del Diario de Yucatán, contra Miguel Ángel Jiménez Godínez, titular de la Lotería Nacional por intentar sobornar a esta casa editorial para promover la candidatura de Mario Ávila Lizárraga, el Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Campeche.

Calderón Hinojosa viajó el pasado 7 de abril a la ciudad de Campeche inesperadamente para inaugurar dos centros de atención médica. Durante su visita, los periodistas que cubrieron la gira fueron recluidos en una zona delimitada por vallas, a la que Calderón apenas se acercó a unos cinco metros, publicó el Diario de Yucatán en su edición de ayer.

Los reporteros de Diario de Yucatán y La i, que cubrieron la visita de Calderón, fueron "protegidos" por el EMP, especialmente en la inauguración del Centro de Oncología de Campeche, comentó Pablo Cicero Alanís, director editorial adjunto de Megamedia.

"Dos guardias que llegaron con la comitiva se mantuvieron muy cerca de los reporteros de Megamedia, y cuando el fotógrafo Sergio González se alejó para tomar otra perspectiva del evento, uno de ellos se aproximó a él, sin perder detalles de sus movimientos, y le pidió que regresara al área de prensa", detalló Cicero Alanís.

Agregó que el reportero Martín Acosta esperaba que Calderón Hinojosa pasara junto a él para preguntarle sobre el intento de soborno del director de la Lotería Nacional, pero Calderón atendió a una seña de Pedro Monterrubio, enlace de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia con Medios de Provincia, y se pegó al lado derecho del pasillo central, formado con vallas metálicas, viendo y saludando a los
empleados del sector salud invitados al evento. Calderón evadió a la prensa local, dice Cepet.

"Segundos antes, un agente del EMP se acercó a nuestro compañero, quien tenía las manos en los bolsillos, y llevándose el guardia la mano a la parte trasera de la cintura (no tenía arma a la vista) le hizo el ademán de que mostrara las manos. Lo más cerca que la prensa local que estuvo Calderón fue a seis metros en el evento del Centro de Oncología", dijo.

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Solidaridad internacional ante secuestro de Gladys Monterroso

Guatemala, Guat., 2 abril 2009 (CIMAC/Cerigua).- La comunidad internacional en su conjunto se solidarizó ayer con el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), como un gesto sin precedentes, luego del secuestro y posterior liberación de Gladys Monterroso, esposa del Ombudsman nacional.

Los Embajadores de Estados Unidos, Ecuador, Brasil, el Reino Unido y Suiza, así como
diplomáticos de más de 20 países y delegados de las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con presencia en Guatemala, visitaron a Morales, para expresarle su apoyo por este hecho, que ha sido condenado por diversos sectores sociales y humanitarios.

El ataque contra Monterroso ocurrió el 25 de marzo pasado, 11 horas después de que el PDH presentara un informe sobre los archivos de la desaparecida Policía Nacional (PN), que revela cómo esta entidad fue utilizada por el Ejército durante el conflicto armado interno, para cometer actos violentos contra la dignidad de los guatemaltecas y guatemaltecos.

Morales expuso a los diplomáticos el trauma que padece su esposa, quien fue interceptada por hombres desconocidos en un sector de la zona 10 capitalina la referida fecha y liberada por la noche en la zona 18, luego de sufrir una serie de torturas.

El Procurador también manifestó a las y los representantes de la comunidad internacional que trabajadores de la institución han sido amenazados de muerte y que el fin de semana se rumoró sobre el asesinato de dos investigadores de la Procuraduría.

Los Embajadores y delegados de los organismos internacionales expresaron a Morales su respaldo, apoyo y solidaridad e insistieron en que les preocupa el alto índice de violencia que afecta a Guatemala, donde aparentemente existe un plan desestabilizador, porque son demasiadas las coincidencias.

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Torturaron a Gladys Monterroso, esposa de Ombudsman guatemalteco

México DF, 31 marzo 09 (CIMAC).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, calificó como alarmante el secuestro y la tortura contra Gladys Monterroso Velásquez, esposa del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales Alvarado.

Debido a la gravedad de la situación, el Ombudsman de la Ciudad de México fue invitado el pasado 27 de marzo a una reunión urgente a la ciudad de Guatemala, donde se llevó a cabo un encuentro del Consejo de Procuradores Centroamericanos de Derechos Humanos.

Álvarez Icaza Longoria no descartó que esta agresión en contra de Gladys Monterroso Velásquez esté vinculado con el informe que presentó el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales Alvarado, denominado "El derecho a saber".

Este material recupera un archivo histórico de la policía nacional y del ejército, con información de los desaparecidos durante el conflicto armado interno y documenta la violación de los derechos humanos durante ese período.

EL SECUESTRO

De acuerdo con diversos testimonios, Monterroso Velásquez desayunaba en un restaurante ubicado en la Zona 9 de la ciudad de Guatemala, cuando recibió una llamada telefónica, salió a la calle y en ese momento tres hombres cubiertos con
pasamontañas la introdujeron violentamente en un vehículo y se la llevaron.

Ella fue retenida hasta cerca de las 20:00 horas y una llamada telefónica al Procurador Morales Alvarado le indicó que su esposa había sido dejada en la vía pública en la colonia Atlántida de la Zona 18.

"Le queman el cuerpo con cigarrillos, como en las peores prácticas de la tortura en los años setenta, es víctima de golpes; tiene marcas de estrangulamiento, fue víctima de agresiones sexuales y psicológicas", relató el Presidente de la CDHDF.

Álvarez Icaza Longoria aseveró que el estado de la esposa del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala es grave por la afectación psicológica y se recupera en un hospital de la localidad.

"Esperamos del Gobierno de Guatemala la más enérgica respuesta para encontrar a los
responsables, por lo que significa, ya que no sólo atenta contra el proceso de paz, sino contra la consolidación democrática".

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Cámara valida dictamen sobre delitos contra periodistas

México DF, 25 marzo 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados validó el dictamen por el que se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, para tipificar las "conductas delictivas que impidan, interfieran, limiten o atenten contra la actividad periodística y vulneren la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación".

En el documento, se especifica que quien cometa un hecho ilícito previsto en las leyes penales, con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en caso de que el delito sea cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas se aumentará hasta en una mitad la pena señalada.

Las consideraciones del dictamen de la Comisión, presidida por diputado César Camacho Quiroz, afirman que es notable que el ejercicio periodístico esté respaldado por cuerpos normativos, ya que los ataques a la libertad de expresión de las y los periodistas no sólo atentan contra ellos, sino contra los derechos de la sociedad en general.

Para lo anterior, se considera a la actividad periodística como el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de las mismas.

"Hay personas que, sin tener la calidad específica de ser periodista, sufren agresiones, por ello se prevé que la actividad periodística pueda realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no".

Afirma que la tipificación de las conductas que vulneren el derecho de la libertad de expresión de las y los comunicadores protege no sólo la actividad, sino también los medios de comunicación. Ya que el ámbito de protección contempla a todas las personas que intervienen en el proceso de la actividad, desde la búsqueda de la información hasta la distribución de ésta.

Puntualiza que la criminalidad en México ha aumentado considerablemente en los últimos años, en este contexto también las y los comunicadores han sido sujetos de ataques con motivo del ejercicio de su función, por lo que "corresponde al Estado cuidar que no se vulnere el derecho de la libertad de expresión".

Según información de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), durante 2008 en México fueron asesinados diez periodistas, lo que supone un importante aumento sobre los seis del año anterior pese a que la cifra de informadores muertos en todo el mundo descendió drásticamente respecto de 2007, con lo que México por segundo año consecutivo fue el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.

El informe anual de la FIP, después de México, los países más peligrosos fueron Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Venezuela, con un asesinado cada uno. En todo el mundo, 2008 cerro con 109 periodistas o personal de los medios de comunicación muertos en el ejercicio de su
profesión, de los que 85 fueron asesinados y 24 fallecieron en accidentes.

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México, entre los países más impunes en violencia contra periodistas

Nueva York, 24 marzo 2009 (CIMAC, Leticia Puente Beresford/corresponsal).- En todo el mundo, los ataques contra los medios y la libertad de expresión tienen como sus mayores víctimas a reporteras y reporteros locales que cubren temas sensibles, como crímenes, corrupción y seguridad nacional en sus países, asegura el reporte "Getting Away With Murder 2009" ("Impunidad en homicidios 2009") que preparó el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), con sede en esta ciudad.

Según el Reporte, México está considerado como uno de los 14 países más peligrosos para ejercer el periodismo y resalta: los carteles de la droga son intocables, reporteras y reporteros están a expensas del crimen organizado, lo que ha convertido al país en uno de los más peligrosos en todo el Continente Americano.

Expone también dicho informe su preocupación por el flagrante "índice de impunidad" que se registra en 14 naciones, incluido México. Para CPJ, no solo es alarmante el índice de la impunidad, sino que en por lo menos 14 países que analiza, las y los periodistas son asesinados y los homicidas están libres.

"Impunidad en homicidios 2009" destaca el crimen cometido en contra de Alejandro Fonseca Estrada, reportero de radio acribillado a balazos en Villahermosa, Tabasco. Uno más de la lista de seis aún sin resolver en la última década.

Además, en México siete periodistas siguen sin ser localizados, desde 2005. Se sospecha han muerto y no han sido incluidos en el index del Impunity Index Raiting que es de 0.05 casos de periodistas caídos o caídas sin resolver en un radio de un millón de habitantes. El año pasado, el índice fue de diez en un radio de 0.068.

Así, México se ubica en el décimo primer lugar, Brasil en el 15 y Colombia en el 5.

OTROS PAÍSES

Colombia, históricamente, es uno de los países donde más periodistas han caído por su trabajo, pero la situación mejoró al reducirse el índice de crímenes y al obtener la justicia importantes condenas.

No así en Siri Lanka y Pakistán, donde las ya letales condiciones para la prensa se
deterioraron aún más el último año y, según el Índice de Impunidad, las y los periodistas caen con frecuencia en cumplimiento de su labor y los gobiernos han fracasado en resolver crímenes.


En Colombia 16 fallecieron y cinco en Brasil, todos impunes, indicó el informe. Así, la violencia que se ejerce en contra de periodistas en América Latina sigue sin resolverse.

En tanto Joel Simon director ejecutivo del Comité destacó que "los resultados de nuestra investigación indican que el fracaso en la solución de los asesinatos de periodistas perpetúa aún más la violencia contra el periodismo", y añade "los países que integran esta lista vergonzosa solo dejarán de figurar si se comprometen a hallar justicia".

El listado, que se localiza en su página www.cpj.org, incluye a países de todo el mundo, clasificándolos con base en número de homicidios de periodistas sin solución en porcentaje de la población del país, entre 1999 y el 2008.

Entre los casos no resueltos se consideran aquellos en que no hubo condenas y figuran en la lista los países donde hay por lo menos cinco casos no resueltos.

Por lo que hace a Brasil, de recién ingreso, con cinco casos sin resolver este año, entre ellos el asesinato del periodista investigador Luiz Carlos Barbon Filho, de 37 años, que había comprobado corrupción en las filas policiales. Pero la Comisión dice que Brasil ha logrado algo de progreso, al llevar a juicio a cuatro policías y a otro hombre en el caso de Barbon Filho.

Cabe destacar que en Colombia no se han asesinado periodistas desde el 2006, y que recientemente se condenó a los culpables en el homicidio del comentarista radial José Emeterio Rivas. Pero los asesinatos de 16 periodistas en la década pasada siguen sin solución.

Entre otros países mencionados en la lista figuran Irak, país que la encabeza con 88
periodistas asesinados desde la invasión de Estados Unidos en el 2003.

Otro que se menciona en la lista negra es Sierra Leona, con nueve periodistas asesinados, cuyos casos siguen sin resolverse desde enero del 1999, durante la guerra civil. Y Somalia con seis casos impunes desde la década pasada.

En Sri Lanka al menos siguen sin resolverse los casos de nueve periodistas asesinados. En Filipinas son por lo menos 24 homicidios no resueltos; 16 en Rusia desde 1999; siete en Afganistán: diez en Pakistán, siete en la India, siete en Bangladesh y cinco en Nepal.

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Autoridades federales investigarán delitos contra periodistas

México DF, 19 marzo 2009(CIMAC).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Artículo 73 constitucional enviada por el Ejecutivo, la cual establece que los delitos contra periodistas serán del orden federal, informó Notimex.

De esta manera, los delitos cometidos contra el ejercicio de la libertad de expresión podrán ser investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales.

El documento señala que "en los últimos años gran parte de las agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión las constituyen delitos que son de la competencia de la autoridad local".

Por ello se considera conveniente que cuando esos delitos trasciendan al ámbito de las entidades federativas o tengan efecto a nivel internacional sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales.

El dictamen, que con proyecto de decreto reforma la fracción 21 del Artículo 73 de la Carta Magna, determina la facultad de atracción de las autoridades federales por delitos contra la libertad de expresión.

Es decir, se busca generar un mecanismo de excepción por el cual se faculte a las
autoridades federales conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, seguridad nacional, derechos y libertad de expresión, para evitar la impunidad en actos ilícitos de este tipo.

"El Congreso tiene facultad para legislar en materia de delincuencia organizada. Las
autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conectividad con delitos federales", subraya.

Asimismo, cuando por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión éstos trasciendan al ámbito de las entidades federativas, concluye el dictamen.

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Estado se lava las manos en casos de agresión contra las periodistas

México DF, 24 febrero 2009 (CIMAC, Yunuhen Rangel Medina).- He recibido amenazas de muerte desde el año pasado y recibí amenazas directas de los funcionarios desde el
momento en que publiqué la investigación sobre los contratos del fallecido secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y ahora con la información sobre el empresario Jesús Zaragoza López, sin contar con ninguna garantía por parte del Estado mexicano.

Así lo declaró en entrevista a Cimacnoticias la periodista Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, quien agregó que aun cuando el Gobierno federal tiene conocimiento de lo que está ocurriendo, se ha lavado las manos "Yo no sé si sea por el financiamiento que Jesús Zaragoza --como él mismo me dijo en entrevista--
le dio al presidente Felipe Calderón".

El año pasado, Ana Lilia Pérez entregó a Andrés Manuel López Obrador los documentos que evidenciaban el tráfico de influencias de quien fue Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y posteriormente realizó otra investigación en la que denunció al empresario Jesús Alonso Zaragoza, socio mayoritario de la empresa Zeta Gas, por los supuestos beneficios por parte de la actual administración.

"Los funcionarios se echaron contra mí. Hace ya un año que publiqué ese trabajo que sigo pagando los costos de ejercer mi oficio, que además es mi obligación. Es el compromiso social de los periodistas porque es una investigación que revelaba a todas luces actos de corrupción."

En estos días, explicó Ana Lilia, se cumple un año de que publiqué el asunto de los contratos de Juan Camilo Mouriño, el ya murió y yo sigo pagando el acoso derivado de ésta y otras investigaciones periodísticas sin tener garantías por parte del Estado ni a mi libertad de expresión ni a la de mi ejercicio periodístico.

En el caso de Jesús A. Zaragoza sucede lo mismo, el empresario la acusa de daño moral al publicar las entrevistas que él mismo le concedió y a la primera audiencia se le permitió ingresar con guardaespaldas armados, afirmó Ana Lilia.

"Eso es lo que hemos denunciado, que hay agresiones directas en los juzgados, el abogado del señor Zaragoza llegó con amenazas directas de muerte hacia mí y el director de la revista", expresó refiriéndose a Miguel Badillo, director y dueño de la revista Contralínea.

ALGO ESTÁ MUY MAL CON LA JUSTICIA

Por otro lado, reconoció que no hay garantías para la protección de los periodistas en el ejercicio de su profesión, "Cuando empieza así un juicio, por un asunto que debía ser administrativo, porque así lo tipifica la ley, te queda claro que algo está muy mal y que no esperas nada de ese juicio".

"A mí no se me permitió declarar para defenderme, el juez me declaró confesa en el caso." Funcionarios me han dicho -en corto, como decimos-que están muy preocupados por mi situación pero que no pueden garantizar mi integridad, acusó. Estos mensajes los he recibido sobre todo de la Secretaría de Gobernación directamente, afirma la periodista.

Se trata de una situación, aseguró, de judicializar la libertad de expresión, y estas son las nuevas formas de inhibir el ejercicio periodístico -en el mejor de los casos-- en otros te violentan y asesinan, aseguró, y eso es un daño no solo personal a los periodistas sino a la sociedad completa al coartar su libertad de ser informado, explicó.

Los legisladores hablan de cifras, dijo, pero no se han preocupado por evitar que estos asesinatos sigan sucediendo, no existe, dijo, una legislación garante de los derechos de los periodistas en el ejercicio de su profesión y de su compromiso social.

"Yo soy un testigo de ese acoso, que aun puedo comentarlo, sin embargo hay casos que simplemente se quedan en estadísticas de tantos compañeros muertos por ejercer su profesión", advirtió.

Este problema, consideró, se vuelve más grave cuando se trata de periodistas mujeres, no solo tienes que lidiar con el problema de la libertad de expresión sino también con la discriminación por el hecho de ser mujeres.

"Además tienes que enfrentar eso, ya no solo es el que estés investigando a los funcionarios sino que, como eres mujer, consideran que tiene menos valor", afirma. Me parece que en casos como el de Carmen Aristegui, Teresa y Felícitas, Lydia
Cacho, en los que se ha violado el derecho a informar, hay mucha cuestión de género y en ese sentido mucha saña".

"Las quitan de los espacios en los medios -que además son públicos-- o las asesinan dejando ese hueco también informativo en su comunidad".

Por eso, detalló, "no cedí a los ofrecimientos de dinero que me hicieron no solo el empresario Jesús Zaragoza López sino a diversos funcionarios que he investigado, han buscado la manera de acosarme, de seguirme en la calle, de hacerme fotografías, de hacerme este tipo de mensajes de que no pueden garantizar mi seguridad que hacen
los funcionarios por tratar de menospreciar lo que está pasando".

Nosotros seguimos sin una buena legislación y ellos -los funcionarios-- siguen en su lugar: "Mario Marín sigue de gobernador, Kamel Nacif sigue de empresario recibiendo subsidios del Gobierno federal, el empresario Jesús Zaragoza sigue con sus grandes proyectos, apoyado por secretarios de Estado", detalló.

Por otro lado las y los periodistas siguen siendo asesinados, desaparecidos, hostigados y acusados con leyes que incluso algunas han sido derogadas, indicó, "no puede ser que una fiscalía abra una investigación cuya discusión central sea el acreditar o no que alguien sea periodista, cuando ya fue asesinado por ejercer su profesión", como en el caso de las comunicadoras triquis asesinadas.

"Se desvían los funcionarios con toda la intención para no entrar al meollo del asunto, es decir, qué es lo que esta investigando la o el periodista al momento de ser agredido. Ese debía ser el tema de discusión", señala.

Así, consideró Ana Lilia, la atención del gremio periodístico y la sociedad debe estar centrada en los acontecimientos que están sufriendo actualmente las y los compañeros y deben ser registrados y reclamados, por que no es una prebenda del gobierno sino su obligación, dejarnos informar y dejarnos ser informados.

De este modo, dijo, las expectativas en su caso están puestas en los organismos internacionales de derechos humanos y los organismos que vigilan que el Estado mexicano cumpla con los acuerdos internacionales que ha ratificado en materia de libertad de expresión que, además, deberían estar garantizados para todos los mexicanos, porque así lo manda la Carta Magna, aseguró.

Comentó Ana Lilia que el relator de Naciones Unidas en materia de libertad de expresión tuvo ya conocimiento de su caso, por que el Centro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez le hizo ya un informe al respecto.

Finalmente advirtió: "He manifestado que yo no voy a dejar de investigar asuntos de corrupción que incluso involucran a los mismos funcionarios que han ejercido este acoso en contra mía", concluyó.

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Las periodistas, más vulnerables al revelar temas de corrupción

Puebla Puebla, 23 febrero 2009 (CIMAC, Yunuhen Rangel Medina/enviada).- Las
investigaciones de las periodistas, cuya tarea forma parte de la irrupción de las mujeres en la vida pública, nos han abierto los ojos a temáticas en donde la corrupción está involucrada, pero como no existe una buena legislación sobre libertad de expresión, son ellas las más agredidas.

Por eso es de vital importancia seguir registrando la memoria de estas situaciones en contra de las comunicadoras, señaló en entrevista con Cimacnoticias la cineasta María del Carmen de Lara, durante la presentación de su documental Voces Silenciadas, que habla sobre la falta de libertad de expresión, realizada en la
Universidad Iberoamericana de Puebla, el pasado jueves, como parte del Festival de documentales Ambulante.

La presentación contó también con una mesa de debate en la que participaron la periodista Ana Lilia Pérez, reportera de la revista Contralínea, quien sufre actualmente agresiones por sus investigaciones periodísticas; Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) y el periodista Virgilio Caballero, quien forma parte de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).Voces Silenciadas, que denuncia la grave situación de la libertad de expresión en nuestro país y la urgente necesidad de legislación en
materia de medios de comunicación, tiene como hilo conductor la situación vivida por la periodista Carmen Aristegui, durante su salida de W Radio.

"El primer motivo para la realización de este trabajo, explicó De Lara, en gran medida fue la respuesta de la gente a la salida de Carmen Aristegui de los medios, porque de algún modo esto reflejaba algo que en ese momento yo también sentía, como público, como radio escucha, no pueden seguir restando medios y nosotros tenemos
que tener el derecho a la información".

Sobre esta realidad hablan en forma crítica periodistas e intelectuales de renombre en nuestro país, como la propia Carmen Aristegui, Patricia Ortega Miguel Ángel Granados Chapa, Javier Corral Jurado, Lorenzo Meyer, Vicente Leñero, Carlos Monsiváis y Jenaro Villamil, Denisse Dresser.

ELLAS, AGREDIDAS

No digo que los hombres no sean violentados, señala De Lara, pero es de llamar la atención que exista una Carmen Aristegui, una Lydia Cacho, una Ana Lilia Pérez, una Sanjuana Martínez, entre muchos otros casos, un CIMAC allanado.

Recordó De Lara el caso de las comunicadoras Teresa Bautista y Felicitas Martínez, indígenas triquis asesinadas el año pasado. Las antenas de las radios comunitarias que cubren las zonas indígenas, explicó, son declaradas ilegales.

El caso "Aristegui", dijo Virgilio Caballero, se sigue reproduciendo en estos días, en estas horas. El Estado mexicano parece convencido de que la libertad de expresión y de prensa son sus peores enemigos. Y, señaló, no hay amparo al derecho de la gente a saber.

NOS DAÑA NO SABER

Por su parte, Lucía Lagunes, directora de CIMAC, señaló: "Si callan al mensajero quién nos va a informar, nos daña no saber. Cada voz silenciada de las y los periodistas asesinados significa silenciar a toda la sociedad".

De Lara dijo en la entrevista que sobre nuestro derecho a la información no se trata de pedir cachitos a Televisa, porque a ellos nunca les ha interesado informar, "lo vimos desde el 68 con Jacobo Zabludowsky, ejemplificó, ahí el reclamo es al Estado mexicano porque es en la legislación". "Debemos de tener un espacio radioeléctrico incluyente y diverso y una posibilidad de competencia real", apuntó.

Al respecto Virgilio Caballero dijo que no es posible que 14 familias ostenten el poder en México y explicó cómo 12 familias tienen el poder de la radio y 2 el de la televisión. "Ellos dictan que debemos ver y pensar, justo ahí en Televisa están 11 de los empresarios dueños de México".

Lucia Lagunes coincidió y dijo que los medios son de todas y todos los mexicanos y ahondó en el papel de las y los periodistas cuando resultan actores fundamentales al documentar los abusos del poder y la corrupción, sin que sean garantizados sus derechos.

ESPERAN SEGUNDA PARTE

Por su parte Ana Lilia Pérez aplaudió el trabajo hecho en el documental, agradeció el apoyo brindado en su situación y subrayó la importancia de que en proyectos como este se vuelva a poner el dedo en la llaga.

Virgilio Caballero, quien aparece en la cinta, calificó de exhaustivo el trabajo de De Lara y dijo que es tan importante que requerirá de una segunda parte. Sabemos, dijo de Lara, que es político el problema, pero creemos que los legisladores por
lo mismo tienen que actuar ya y entonces será la sociedad quien presione, como presionó con el petróleo, este es un problema igual de importante que ese, afirmó.

FALTA DE LIBERTADES

El duopolio imperante en las televisoras de nuestro país, la falta de garantías a la
integridad de las y los periodistas en el ejercicio de su labor, migración, pobreza,
educación, pederastia, guerra sucia, Atenco, Ley Federal de Telecomunicaciones, Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, son algunos de los temas que dan contexto al problema de la libertad de expresión.

Por todo eso, dijo la Directora de Voces Silenciadas, es necesario registrar la memoria de nuestro país, contar esta otra parte de México que las televisoras, por los intereses que tienen, se niegan a reflejar. "Nosotros como documentalistas debemos mostrarnos solidarios todos los casos -que son muchos-- de periodistas asesinados".

Sobre el caso de Ana Lilia Pérez, opinó que se trata de una política de Estado donde
judicializar y presionar individualmente a los periodistas es una manera de coartar la libertad de expresión.

Dijo además que es muestra de cómo se rompen los acuerdos legislativos sobre derechos humanos elementales, al ejercer ciertas presiones por ejercer su oficio de manera congruente con el derecho que tiene la gente ser informado.

Consideró que la gente en nuestro país debe contar con información para poder desenmarañar una serie de situaciones de corrupción que nos están haciendo tener un país en violencia e impunidad.

De este modo insistió en la urgencia en la creación de una ley de protección a periodistas y "el Estado -un Estado fallido-- está en complicidad en contubernio con la situación de poder e intimidación", acusó de Lara.

DOCUMENTALISTAS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Explicó por otro lado cómo las y los documentalistas enfrentan de igual modo los
problemas de libertad de expresión y acceso a la información, situación que quedó plasmada en el documental a modo de silencio, el silencio que algunos actores decidieron guardar, dijo.

Por ejemplo, narró la Directora, en el caso de Daniel Moreno, a quien nos acercamos en la "W" para tratar de entrevistarlo y ofrecerle el derecho de réplica que ellos no otorgan al público.

Es también el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde buscamos a Rafael del Villar, "quien después de autorizarme la entrevista sorprendentemente rápido, me llamó, cuando estaba todo listo y cuidando mucho que yo
no llevara ni grabadora, ni bolsa, para decirme que Luis Téllez no le había autorizado darme la entrevista".

"Me dijo que no me enojara, pero yo le dije: si no me enojo, lo que más bien me preocupa que el Estado mexicano --frente a una serie de situaciones tan importantes, como una ley de medios no resuelta, con una decisión de Prisa y Televisa que fue tomada fuera de la ley contra Aristegui, sin represalias, con la presión de las televisoras en relación a leyes, que ahora se vuelve a reflejar con los spots-- no tenga una postura. Eso, me parece grave".

Definitivamente, revela De Lara, no es fácil hacer documental en México, "uno no puede vivir del oficio", en cuanto al financiamiento tampoco. Yo conté, dijo, con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores y con el apoyo de la Universidad. "La mala legislación está también en el cine".

Yo quería libertad de decidir mis contenidos y distribución, expuso, "y si te metes a los parámetros del Estado para poder financiarte, en este caso al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), a quien por cierto llamaron de presidencia para preguntar si ellos estaban financiando mi película, te encuentras reprimido".

La cineasta detalla: la distribución en México se vuelve complicada por patrones de represión y libertad de expresión pues en esa legislación debía haber apartados donde las televisoras tengan que exhibir documentales en los tiempos oficiales, por la misma razón de que el espacio radioeléctrico nos pertenece a todas y todos.

Por un lado, expresó, me da gusto que mi documental esté comenzando a tener impulso, pero también es grave ver que seguimos solo en los medios alternativos, donde muchas veces no trasciende más allá de nosotros mismos.

LA EXHIBICIÓN

El Festival Ambulante, dentro del cual fue presentado Voces Silenciadas, dijo su
Directora, es muy importante, porque nos da cierta movilidad, pero nos programa "un día aquí, mañana en otro y eso hace un poco difícil el acercamiento al público".

Lo más importante es que la gente vea los documentales, explicó, Aunque no se cuente con aparatos fuertes de distribución, prefiero, dijo, que la película esté en las calles.

Por otro lado, no se trata solo de ganar premios, opinó, los trabajos no se deben clasificar por las medallas "porque al final resulta una trampa de un sistema que nos lleva siempre a que solo hay unos buenos. Yo estoy muy en contra de eso".

De este modo, Voces Silenciadas es exhibida en la Cineteca Nacional, "hasta donde el público la reclame"; se ha comenzado a distribuir en DVD, pues "la idea es colocarlas en las organizaciones a un costo solo de recuperación", informó la cineasta.

Posteriormente ira a las salas de la Universidad Nacional Autónoma de México donde esperan sea acogida por los cine clubs universitarios y en abril próximo entra a TV UNAM.

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Legisladoras y legisladores viajarán a Ecuador por caso Morett

México DF, 20 febrero 2009 (CIMAC, Gustavo González López).- La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aleida Alavez Ruiz, junto con sus
compañeros de bancada, José Antonio Almazan González, José Armando Barreiro Pérez y
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez; así como el legislador del Partido de Convergencia (PC)
Cuauhtémoc Velasco Oliva viajarán a Ecuador con el fin de entrevistarse con altos funcionarios del Gobierno y ministros de esa nación, pues "no permitirán como legisladores que haya una violación flagrante a los derechos de una joven universitaria: Lucía Moret".

Ella es la única sobreviviente de un ataque perpetrado el 1 de marzo del año pasado por el Ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), instalado en Sucumbíos, Ecuador, durante
el cual murieron Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Juan González de Castillo, estudiantes de la UNAM, así como Zoren Ulises, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez aseguró que la delegación legislativa tiene por objetivo
entrevistarse con las autoridades del Gobierno del Ecuador, a fin de recabar información ya que un juez local de Sucumbíos solicitó a la Corte Nacional Constitucional de ese país la petición de extradición de Lucia Moret, pero "esta corte va a fallar en contra de la misma, por lo que también vamos para agradecerle a las altas autoridades del Ecuador que no se dé curso a ninguna iniciativa en este sentido".

Además también vamos a Ecuador para "demostrar que este ataque artero del Ejército Colombiano en territorio ecuatoriano murieron cuatro estudiantes mexicanos, y que milagrosamente sobrevivió Lucía, por lo que ella no es culpable de los hechos que se le imputan".

Fue el diputado de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien aclaró que en este viaje, en el marco de la diplomacia parlamentaria, "tenemos un claro propósito: conocer de viva voz las acusaciones infundadas en contra de Lucia Moret y enterarnos de su estado procesal para estar en mejores condiciones de defender sus derechos humanos".

En un comunicado conjunto, leído por el diputado del sol azteca Almazán González, se asegura que "Lucía Moret fue testigo de un hecho grave a la violación del derecho internacional y a la soberanía del Estado ecuatoriano.

Pero más allá de eso, señala, es víctima de ataque artero en el que resultaron asesinados, entre otros, cuatro estudiantes mexicanos que, como la propia Lucia, realizaban actividades de investigación vinculados a proyectos de elaboración de tesis, cuyo objeto de estudio son precisamente el análisis científico de movimientos sociales latinoamericanos.

En consecuencia, señala el comunicado, Lucia no cometió ninguna de las conductas ilícitas que se le imputan; por el contrario, es victima de un intento de asesinato perpetrado y admitido por el Gobierno colombiano, el cual por ese hecho se ha visto beneficiado por una oprobiosa impunidad que, desde luego, contraviene el orden jurídico internacional.

"Este panorama legal se ve agravado por el hecho de que la acusación, por la cual se dictó la orden de llamamiento a juicio por un juez local de Sucumbíos, es claramente de carácter político, pues el Tratado Internacional en materia de extradición celebrado entre México y la propia República de Ecuador, establece que la misma
extradición será improcedente cuando el requerimiento es fundado, precisamente, en un delito político".

Ante el hecho de que la compatriota Lucía Moret es víctima de una persecución política que busca criminalizar cualquier expresión de la solidaridad internacionalista, que distingue a los movimientos y manifestaciones pacíficas de la
izquierda latinoamericana, la legisladora perredista Aleida Alaves Ruiz aseguró antes de presentar un punto de acuerdo en la Permanente: "este grupo de diputados nos dimos a la tarea de armar todo un plan de acción en defensa de los derechos humano y de la garantías de Lucia Moret y de los demás que fueron victimados en Sucumbíos".

Por lo anterior, añadió a la vez Ruiz, solicitamos información a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Subprocuraduría de Información e Inteligencia contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), para que todo lo recabado se presente -los días 24 y 25 de febrero-- ante el presidente constitucional de Ecuador; ante el
presidente de la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana, así como a los ministros de ese país, con el fin de solicitarles se apeguen "al marco jurídico internacional y velar por el respeto a los derechos humanos de cualquier persona en esta nuestra región latinoamericana, y en este caso específico, de Lucía Moret".

Ya para concluir, Lucia Moret, presente en el recinto, agradeció el apoyo de la legisladora y los diputados por asumir "una posición muy digna al tomar, como una de sus causas, mi defensa frente a una serie de injusticias que se han cometido en mi contra. Además, estoy profundamente agradecida con el gobierno ecuatoriano porque me rescató de la selva, donde me encontraba muy herida y me abandonaron los soldados colombianos; también agradezco al gobierno nicaragüense porque me ayudo cuando lo necesité".

"Estoy confiada en que la justicia debe prevalecer por encima de cualquier cosa, ya que solo soy una víctima de todo lo que ahí ocurrió y tengo temor de la persecución política en mi contra, y sé que me asiste la verdad", apuntó Moret.

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México debe acatar llamado para proteger libertad de expresión

México DF, 13 febrero 2009 (CIMAC).- Article19, organización internacional que promueve la libertad de expresión y la protección a periodistas, vio con agrado la condena internacional y el enérgico llamado que se hizo al Gobierno de México durante el Examen Periódico Universal (EPU), el pasado 10 de febrero, en donde le pidieron garantizar el derecho a la libertad de expresión y dar seguridad a las y los periodistas.

Durante el EPU, aplicado por Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra, Suiza, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, señaló que el Gobierno de Felipe Calderón ha tenido avances en la protección y promoción de la libertad de expresión.

Gómez Mont señaló entre los "aciertos" la despenalización de la difamación a nivel federal, la iniciativa de federalización de delitos contra periodistas presentada por la Procuraduría General de la República y el combate al crimen organizado, a quien considera el principal agresor de las y los periodistas.

Sin embargo, señalan en sendos comunicados el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Article19, aunque hay despenalización, se han implementado juicios por daño moral que empiezan a judicializar el ejercicio periodístico; la federalización está pendiente en el Poder Legislativo, donde no existe consenso; y las agresiones proceden no solo del crimen organizado, ya que en su mayoría se vinculan con funcionarios públicos.

Article19 recuerda que, pese a lo dicho por las autoridades mexicanas en el Examen, la comunidad internacional había señalado ya en reiteradas ocasiones su preocupación ante las agresiones y asesinatos cometidos en contra de los y las periodistas mexicanos y le pidió al gobierno de Felipe Calderón erradicar la impunidad en los casos de agresiones contra las y los trabajadores de la información.

Las y los miembros del Consejo de Derechos Humanos, en su mayoría europeos, pidieron a México fortalecer la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), con la finalidad de que investigue cabalmente las agresiones y asesinatos; crear programas de prevención contra agresiones y amenazas contra periodistas y, trabajar en favor de una ley que federalice los crímenes que atentan contra la libertad de expresión.

Por ello, Article19 pide al Gobierno mexicano aceptar y cumplir las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, en especial aquellas relacionadas con la libertad de expresión.

También pide que los gobiernos estatales trabajen de manera inmediata y efectiva para despenalizar la difamación a nivel local en 22 entidades donde aún es un delito.

Así como ejecutar de manera pronta un programa de protección y prevención sobre agresiones a periodistas y que el Congreso de la Unión realice una reforma integral que incluya la competencia de la federación para investigar y sancionar los delitos contra la libertad de expresión en aras de combatir la corrupción e impunidad.

Cencos, por su parte, señala que hasta ahora los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no han llegado a concretar acciones y programas de prevención y seguimiento de agresiones por lo que aún quedan muchos "aciertos" por cumplir.

Y hace un llamado a implementar acciones concretas frente al crecimiento de las agresiones a periodistas y medios de comunicación así como a realizar acciones en el marco de la Evaluación Periódica Universal.

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Representantes del Grupo Zeta intentaron ingresar a "Contralínea"

México, DF, 11 febrero 2009 (CIMAC).- Alrededor de las 15:20 horas del día de hoy, Diego Romero Velasco, abogado de la empresa gasera Grupo Zeta, intentó ingresar a las instalaciones de la revista Contralínea en compañía de funcionarios públicos de Guadalajara y el Distrito Federal con una presunta orden de cateo, informaron en un
comunicado las organizaciones Article19 y Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

El objetivo, de acuerdo con información proporcionada por Alba Martínez (periodista de la revista) en entrevista para Cencos y Article19, era ingresar a escritorios y archiveros de las y los trabajadores y reporteros, sin presentar una identificarse plena y legalmente.

Los hechos de hoy están relacionados con una demanda por daño moral que Grupo Zeta hizo en contra de la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza y contra el director de Contralínea Miguel Badillo Cruz.

Las investigaciones de la reportera involucran a funcionarios públicos con el tráfico de influencias y el abuso de autoridad prevaleciente en los procesos de contratación de Petróleos Mexicanos. La información involucra, entre otros, a quien fuera Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

A partir de sus investigaciones, Badillo Cruz y Pérez Mendoza han sido objeto de actos de acoso, persecución, represión y amenazas de muerte por parte de personas implicadas en tales investigaciones, informó hace unos días el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro a Naciones Unidas.

Los periodistas han denunciado que las acciones emprendidas en su contra están relacionadas con la publicación de una serie de reportajes donde documentan los beneficios de que ha gozado la empresa Zeta Gas durante la actual administración, así como la existencia de investigaciones abiertas contra ese consorcio por hechos relacionados con la delincuencia organizada, dijo Cencos.

La acción de hoy fue apoyada por el actuario, Juan Manuel Aguilar Maya, así como dos actuarios más del Juzgado 13 de lo Civil del Primer Partido Judicial de Guadalajara, Jalisco, 25 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (capital del país) y por cuatro guardaespaldas civiles.

Durante 40 minutos reporteras, reporteros, trabajadoras y trabajadores de la revista fueron sometidos a agresiones físicas y verbales por parte de quienes pretendían ingresar a sus instalaciones.

Es importante señalar, dicen Cencos y Article19, que ésta es la segunda ocasión en este año en la que autoridades judiciales han intentado acceder a las instalaciones de la revista Contralínea como parte de los numerosos procesos judiciales promovidos por Grupo Zeta. Estas acciones forman parte del acoso judicial del que han sido
víctimas las y los colaboradores de este proyecto editorial.

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Durante 2008 fueron asesinados 10 periodistas en México: FIP

Bruselas, Belgica Febrero 04 de 2009,(CIMAC).- Diez periodistas de México fueron asesinados durante 2008, lo que supone un importante aumento sobre los seis del año anterior pese a que la cifra de informadores muertos en todo el mundo descendió
drásticamente respecto de 2007, anunció hoy la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

De este modo, México es por segundo año consecutivo el país de América Latina más
peligroso para ejercer el periodismo, según el informe anual que presentó hoy la FIP, informa el organismo en un comunicado.

El presidente de la Federación, Aidan White, destacó en conferencia de prensa que la
"impunidad" es la "verdadera amenaza" para los periodistas, ya que "si las autoridades son indiferentes, los ataques continuarán".

Por ello, pidió a los Gobiernos nacionales, así como a la Unión Europea (UE) y a las Naciones Unidas (ONU), que asuman "su responsabilidad" en hacer cumplir las leyes que protegen el ejercicio del periodismo.

En esta línea, la FIP apoya la actual campaña contra la impunidad en América Latina, cuyo lanzamiento tuvo lugar el pasado año en México, y que bajo el lema "Para que el mensaje llegue, nosotros debemos proteger el mensaje" ofrece asesoría jurídica e información a periodistas, asociaciones relevantes y autoridades.

Después de México, los países más peligrosos fueron Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Venezuela, con un asesinado cada uno.

Además, siete informadores murieron en el curso de accidentes mientras realizaban su trabajo, cuatro de ellos en Estados Unidos y uno en Colombia, Guayana y Perú.

En todo el mundo, 2008 se cierra con 109 periodistas o personal de los medios de
comunicación muertos en el ejercicio de su profesión, de los que 85 fueron asesinados y 24 fallecieron en accidentes, lo que supone un descenso respecto a los 175 del año anterior.

SEGUNDO LUGAR

Irak, con 16 periodistas muertos --todos ellos iraquíes--, siguió siendo el país más peligroso para el ejercicio de la profesión, seguido de México y la India, ambos con 10 informadores fallecidos.

Las cifras de Irak muestran un fuerte descenso respecto de los 65 periodistas muertos en 2007 en ese país.

Desde abril del 2003, en Irak han perdido la vida 284 periodistas durante el ejercicio de su trabajo, según los datos de la FIP.

Pese al descenso global del número de muertes, White avanzó que 2009 puede ser el peor año del periodismo, ya que hasta la fecha ya han perdido la vida 10 informadores en el ejercicio de su profesión.

Además, lamentó la situación que atraviesan las y los periodistas en franja de Gaza desde diciembre pasado, cuando Israel llegó a impedir a los periodistas no residentes la entrada en la franja.

"Para moverte libremente debes tener una acreditación de prensa que otorga el Gobierno Israelí. Algo difícil para los palestinos, ya que las autoridades israelíes piensan que todos los palestinos pueden ser terroristas potenciales", explicó.

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México, capitalismo de cuates: Denise Dresser

Discurso íntegro de Denisse Dresser en el Foro "México ante la Crisis", frente a diputados, senadores, empresarios y funcionarios
Tomado de: http://senderodelpeje.com/sdp/contenido/2009/01/30/320570


29 de enero de 2009

México es un país privilegiado.

Tiene una ubicación geográfica extraordinaria y cuenta con grandes riquezas naturales. Está poblado por millones de personas talentosas y trabajadoras.

Pero a pesar de ello, la pregunta perenne sigue siendo: ¿por qué no crece a la velocidad que podría y debería? ¿Por qué seguimos discutiendo este tema año tras año, foro tras foro?

Aventuro algunas respuestas, y les pediría que me acompañaran en un ejercicio intelectual, recordando aquel famoso libro de Madame Calderón de la Barca llamado "La vida en México", escrito en el siglo XVII, en el cual intenta describir las principales características del país.

Si Madame Calderón de la Barca escribiera su famoso libro hoy, tendría que cambiarle el título a "Oligopolilandia". Porque desde el primer momento en el que pisara el país, se enfrentaría a los síntomas de una economía política disfuncional, con problemas que la crisis tan sólo agrava.

Aterrizaría en uno de los aeropuertos más caros del mundo; se vería asediada por maleteros que controlan el servicio; tomaría un taxi de una compañía que se ha autodecretado un aumento de 30% en las tarifas, y si tuviera que cargar gasolina, lo haría sólo en Pemex.

En el hotel habría 75% de probabilidades de que consumiera una tortilla vendida por un solo distribuidor, y si se enfermara del estómago y necesitara ir a una farmacia, descubriría que las medicinas allí cuestan más que en otros lugares que ha visitado.

Si le hablara de larga distancia a su esposo para quejarse de esta situación, pagaría una de las tarifas más elevadas de la OCDE. Y si prendiera la televisión para distraerse ante el mal rato, descubriría que sólo existen dos cadenas.

Para entender la situación en la que se encuentra, tendría que recordar lo que dijo Guillermo Ortiz hace unos días: no hemos creado las condiciones para que los recursos se usen de manera eficiente; o tendría que leer el libro "Good Capitalism/Bad Capitalism", que explica por qué algunos países prosperan y otros se estancan; por qué algunos países promueven la equidad y otros no logran asegurarla.

La respuesta se encuentra en la mezcla correcta de Estado y mercado, de regulación e innovación. La clave del éxito -o el fracaso- se halla en el modelo económico: en la decisión de promover el capitalismo de Estado o el capitalismo oligárquico o el capitalismo de las grandes empresas o el capitalismo democrático.

Hoy México es un ejemplo clásico de lo que el Nobel de Economía Joseph Stiglitz denomina crony capitalism: el capitalismo de cuates, el capitalismo de cómplices, el capitalismo que no se basa en la competencia sino en su obstaculización.

Ese andamiaje de privilegios y "posiciones dominantes" y nudos sindicales en sectores cruciales -telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, energía- que aprisiona a la economía y la vuelve ineficiente. Una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo oligárquico.

Hoy, México -inmerso en la crisis- está aún lejos de acceder al capitalismo dinámico donde el Estado no protege privilegios, defiende cotos, elige ganadores y permite la perpetuación de un pequeño grupo de oligarcas con el poder para vetar reformas que los perjudican.

Al capitalismo en el cual las autoridades crean condiciones para los mercados abiertos, competitivos, innovadores, que proveen mejores productos a precios más baratos para los consumidores. Para los ciudadanos.

Hoy, México carga con los resultados de esfuerzos fallidos por modernizar su economía durante los últimos 20 años.

Las reformas de los 80 y 90 entrañaron la privatización, la liberalización comercial.

Pero esas reformas no produjeron una economía de mercado dinámica debido a la ausencia de una regulación gubernamental eficaz, capaz de crear mercados funcionales, competitivos.

En vez de transparencia y reglas claras, prevaleció la discrecionalidad entre los empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones y los funcionarios del gobierno encargados de regularlos.

Las declaraciones de Agustín Carstens el martes pasado, en torno a la necesidad de combatir los monopolios en telefonía, son bienvenidas.

Lamentablemente, se dan 18 años tarde. Y allí están los resultados de reformas quizás bien intencionadas, pero mal instrumentadas: una economía que no crece lo suficiente, una élite empresarial que no compite lo suficiente, un modelo económico que concentra la riqueza y distribuye mal la que hay.

Hoy, México está atrapado por una red intrincada de privilegios y vetos empresariales y posiciones dominantes en el mercado que inhiben un terreno nivelado de juego.

Una red descrita en el famoso artículo de la economista Anne Kruege: "The Political Economy of the Rent-Seeking Society" ("La Economía Política de la Sociedad Rentista").

Una red que opera a base de favores, concesiones y protección regulatoria que el gobierno ofrece y miembros de la cúpula empresarial exigen como condición para invertir.

¿Quién? Alguien como el dueño de una distribuidora de maíz o el concesionario de una carrera privada o el comprador de un banco rescatado con el Fobaproa o el principal accionista de Telmex o el operador de una Afore.

Estos actores capturan rentas a través de la explotación o manipulación del entorno económico en lugar de generar ganancias legítimas a través de la innovación o la creación de riqueza.

Y los consumidores de México contribuyen a la fortuna de los rentistas cada vez que pagan la cuenta telefónica. La conexión a Internet. La cuota en la carretera. La tortilla con un precio fijo. La comisión de las Afores. La comisión por la tarjeta de crédito. Ejemplo tras ejemplo de rentas extraídas a través de la manipulación de mercado.

Y el rentismo acentúa la desigualdad, produce costos sociales, dilata el desarrollo, disminuye la productividad, aumenta los costos de transacción en una economía que -ante el imperativo de la competitividad- necesita disminuirlos.

Para extraer rentas, los "jugadores dominantes" han erigido altas barreras de entrada a nuevos jugadores, creando así cuellos de botella que inhiben la innovación y, por ende, el aumento de la productividad.

Estos cuellos de botella inhiben el crecimiento de México en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, y son una razón clave detrás de la persistente desigualdad social, como lo sugiere el reporte del Banco Mundial sobre México titulado: "Más allá de la polarización social y la captura del Estado".

La concentración de la riqueza y del poder económico entre esos "jugadores dominantes" con frecuencia se traduce en ventajas injustas, captura regulatoria y políticas públicas que favorecen intereses particulares.

Peor aún, convierte a representantes del interés público -muchos de los diputados y senadores sentados aquí- en empleados de los intereses atrincherados. Convierte al gobierno en empleado de las personas más poderosas del país.

Y lleva a las siguientes preguntas: ¿Quién gobierna en México? ¿El Senado o Ricardo Salinas Pliego cuando logra controlar los vericuetos del proceso legislativo? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes o Unefon? ¿La Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehúsan a cumplir con las obligaciones de transparencia que la ley les exige? ¿ La Secretaría de Eduación Pública o Elba Esther Gordillo? ¿La Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim? ¿Pemex o Carlos Romero Deschamps? ¿Ustedes o una serie de intereses que no logran contener?

Porque ante los vacíos de autoridad, la captura regulatoria y las decisiones de política pública que favorecen a una minoría, la respuesta parece obvia.

México hoy padece lo que algunos llaman "Estados dentro del Estado", o lo que otros denominan "una economía sin un gobierno capaz de regularla de manera eficaz". Eso -y no la caída de la producción petrolera- es lo que condena a México al subdesempeño crónico.

Una y otra vez, el debate sobre cómo promover el crecimiento, cómo fomentar la inversión y cómo generar el empleo se encuentra fuera de foco.

El gobierno cree que para lograr estos objetivos, basta con tenderle la mano al sector privado para que invierta bajo cualquier condición. Y el sector privado, por su parte, piensa que la panacea es que se le permita participar en el sector petrolero, por dar un ejemplo.

Pero ésa es sólo una solución parcial a un problema más profundo. El meollo detrás de la mediocridad de México se encuentra en su estructura económica y en las reglas del juego que la apuntalan.

Una estructura demasiado top heavy o pesada en la punta de la pirámide; una estructura oligopolizada donde unos cuantos se dedican a la extracción de rentas; una estructura de complicidades y colusiones que el gobierno permite y de la cual también se beneficia.

Claro, muchos de los miembros del gobierno de Felipe Calderón, y muchos de los presentes en este foro, hablarán de crecimiento como una prioridad central.

Pero más bien lo perciben como una variable residual. Más bien parecería que buscan -y duele como ciudadana reconocerlo- asegurar un grado mínimo de avance para mantener la paz social, pero sin alterar la correlación de fuerzas existente. Sin cambiar la estructura económica de una manera fundamental.

Y el problema surge cuando ese modelo comienza a generar monstruos; cuando ese apoyo gubernamental a ciertas produce monopolios, duopolios y oligopolios que ya no pueden ser controlados; cuando las "criaturas del Estado" -como las llama Moisés Naim- amenazan con devorarlo.

Sólo así se entiende la devolución gubernamental de 550 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego, por intereses supuestamente mal cobrados, un día antes del fin del sexenio de Vicente Fox.

Sólo así se entiende el comunicado lamentable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace un año celebrando la alianza entre Telemundo y Televisa, cuando en realidad revela una claudicación gubernamental ante la posibilidad de una tercera cadena.

Sólo así se comprende que nadie levante un dedo para sancionar a TV Azteca cuando viola la ley al rehusarse a transmitir los spots del IFE o se apropia del Cerro del Chiquihuite.

Sólo así se entiende la aprobación de la llamada "Ley Televisa" por la Cámara de Diputados y la de Senadores en 2006.

Sólo así se entiende la posposición ad infinitum en el Senado de una nueva ley de medios para promover la competencia en el sector.

Sólo así se comprende que la reforma de Pemex deje sin tocar el asunto del sindicato.

Sólo así se entiende la posibilidad de dar entrada a Carlos Slim a la televisión sin obligarlo a cumplir con las condiciones de su concesión original.

Síntomas de un gobierno ineficaz. Señales de un gobierno doblegado.

Muestras de un gobierno coludido.

Con efectos cada vez más onerosos y cada vez más obvios que la crisis pone en evidencia, porque no logramos reformarnos a tiempo.

Mucha riqueza, pocos beneficiarios. Crecimiento estancado, país aletargado. Intereses atrincherados, reformas diluidas. Poca competencia, baja competitividad. Poder concentrado, democracia puesta en jaque. Un gobierno que en lugar de domesticar a las criaturas que ha concebido, ahora vive aterrorizado por ellas.

¿Cuáles son las consecuencias del mal capitalismo mexicano? Donde las élites tradicionales son fuertes, la gobernabilidad democrática es poco eficaz, los partidos políticos tienden a ser minimalistas.

En México, el incrementalismo de la política pública puede ser atribuido a élites tradicionales que usan su poder para bloquear reformas que afectan sus intereses, o asegurar iniciativas que protejan su situación privilegiada.

Si ustedes verdaderamente quieren que México crezca, tendrán que crear la capacidad de regular y reformar en nombre del interés público.

Tendrán que mandar señales inequívocas de cómo van a desactivar esos "centros de veto" que están bloqueando el crecimiento económico y la consolidación democrática: Los monopolistas abusivos, los sindicatos rapaces, las televisoras chantajistas, los empresarios privilegiados y sus aliados en el gobierno.

Si ustedes verdaderamente quieren que México prospere, tendrán que tomar decisiones que desaten el dinamismo económico, que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado y contribuyan a construir mercados, que promuevan la competencia y, gracias a ello, aumenten la competitividad.

En pocas palabras, usar la capacidad del Estado para contener a aquellos con más poder en el gobierno, con más peso que el electorado, con más intereses que el interés público.

¿Qué hacer? Los conmino a leer textos tan influyentes como "The Growth Report" y "The Power of Productivity".

A estar conscientes de lo que todo país interesado en crecer y competir debe hacer para lograrlo.

A saber que ello requiere una economía capaz de producir bienes y servicio de tal manera que los trabajadores puedan ganar más y más.

A entender que ello se basa en la expansión rápida del conocimiento y la innovación; en nuevas formas de hacer las cosas y mejorarlas; en técnicas que aumentan la productividad de manera constante.

A reconocer que las economías dinámicas suelen ser aquellas capaces de promover la competencia y reducir las barreras de entrada a nuevos jugadores en el mercado.

A entender que esa tarea del gobierno -a través de la regulación adecuada- crear un entorno en el cual las empresas se vean presionadas por sus competidores para innovar y reducir precios, y pasar esos beneficios a los consumidores.

A comprender que si eso no ocurre, nadie tiene incentivos para innovar. En lugar de ser motores de crecimiento, las empresas protegidas y/o monopólicas terminan estrangulándolo.

En pocas palabras, la competitividad -factor indispensable para atraer la inversión y con ella remontar la crisis, como sugería Sanguinetti- Está vinculada a la competencia.

El crecimiento económico está ligado a la competencia. La innovación y, por ende, el dinamismo y la creación de empleos se desprenden de la competencia.

La inversión que se canaliza hacia nuevos mercados y nuevas oportunidades es producto de la competencia. No es una condición suficiente pero sí es una condición necesaria. No bastará por sí misma para desatar el crecimiento, pero sin ella jamás ocurrirá, por más dinero público que se inyecte a la economía mediante políticas contracíclicas.

Y, ¿cómo empezar a empujar eso? Con una tercera cadena de televisión; con el fomento de la competencia en banda ancha a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad; con el fortalecimiento de los órganos regulatorios, con la sanción a quienes violen los términos de su concesión; con la relación de mercados funcionales, como ya se logró con las aerolíneas de bajo costo; con medidas que se empiecen a desmantelar cuellos de botella y a domesticar a esas "criaturas del Estado".

Tiene que ver con la inauguración de un nuevo tipo de relación entre el Estado, el mercado y la sociedad.

Porque si la clase política de este país no logra construir los cimientos del capitalismo democrático, condenará a México al subdesempeño crónico. Lo condenará a seguir siendo un terreno fértil para los movimientos populares contra las instituciones; un país que cojea permanentemente debido a las instituciones políticas que no logra remodelar; los monopolios públicos y privados que no logra desmantelar; las estructuras corporativas que no logra democratizar.

Será lo que Felipe Calderón llama "un país de ganadores" donde siempre ganan los mismos.

Un lugar donde muchas de las grandes fortunas empresariales se construyen a partir de la protección política, y no de la innovación empresarial.

Un lugar donde el crecimiento de los últimos años ha sido menor que en el resto de América Latina debido a los cuellos de botella que los oligopolios han diseñado, y que sus amigos en el gobierno les ayudan a defender.

Un lugar donde las penurias que Madame Calderón de la Barca enfrentó con los aeropuertos, los maleteros, los taxis, las gasolineras, la telefonía y la televisión son las mismas que padecen millones de mexicanos más.

Ese consumidor sin voz, sin alternativa, sin protección. Ese hombre invisible. Esa mujer sin rostro.

Esa persona que paga -mes tras mes- tarifas telefónicas más altas que en casi cualquier parte del mundo.

Esa compañía que paga -mes con mes- servicios de telecomunicaciones que elevan sus gastos de operación y reducen sus ganancias.

Miles de personas con comisiones por servicios financieros que no logran entender, con cobros inusitados que nadie puede explicar, parados en la cola de los bancos. Allí varados. Allí desprotegidos. Allí sin opciones. Allí afuera.

Víctimas de un sistema económico disfuncional, institucionalizado por una clase política que aplaude la aprobación de reformas que no atacan el corazón del problema.

Presidentes, secretarios de Estado, diputados, senadores y empresarios que celebran el consenso para no cambiar.

Aunque se agradece que este foro finalmente acepte la magnitud de la crisis, si de aquí no surgen medidas concretas para mirar más allá de la coyuntura, revelará nuevamente nuestra incapacidad para encarar honestamente los problemas que México viene arrastrando desde hace décadas.

Revelará la propensión de los sentados aquí a proponer reformas aisladas, a anunciar medidas cortoplacistas, a eludir las distorsiones del sistema económico, a instrumentar políticas públicas a pedacitos, para llegar a acuerdos que sólo perpetúan el statu quo.

Mientras tanto, la realidad acecha a golpes de 327 mil despidos, crecimiento negativo, el lugar 60 de 134 en el Índice Global de Competitividad y una nación que dice reformarse mientras evita hacerlo.

México no crece por la forma en la cual se usa y se ejerce y se comparte el poder. Ni más ni menos.

Por las reglas discrecionales y politizadas que rigen a la república mafiosa, a la economía "de cuates".

Por la supervivencia de las estructuras corporativas que el gobierno creó y sigue financiando.

Por un modelo económico que canaliza las rentas del petróleo a demasiadas clientelas.

Por un sistema político que funciona muy bien para sus partidos pero muy mal para sus ciudadanos. Un sistema de W"extracción sin representación".

Creando así un país poblado por personas obligadas a diluir la esperanza; a encoger las expectativas; a cruzar la frontera al paso de 400 mil personas al año en busca de la movilidad social que no encuentran aquí; a vivir con la palma extendida esperando la próxima dádiva del próximo político; a marchar en las calles porque piensan que nadie en el gobierno los escucha; a desconfiar de las instituciones; a presenciar la muerte común de los sueños porque México no avanza a la velocidad que podría y debería.

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Ley mexicana no está garantizando libertad de expresión: Perla Gómez

México DF, 28 enero 2009 (CIMAC, Guadalupe Cruz Jaimes).- Las y los periodistas en México no tienen garantía alguna sobre su seguridad, pues cuando son agredidos no
hay ley que castigue los agravios, ni autoridad que se haga responsable, por el contrario son estas instancias, las encargadas de la impartición de justicia, quienes pueden violentarlos.

Así lo dijo hoy la abogada Perla Gómez Gallardo, durante una conferencia de prensa en el Club de Periodistas, donde se abordaron tres casos de ataques a la libertad de expresión, mediante acusaciones judiciales de "daño moral" y cuyos procesos aún no terminan: el de Ana Lilia Pérez, Nancy Flores, Miguel Ángel Granados Chapa, Alfredo Rivera Torres, Miguel Badillo, Jorge Meléndez, Eduardo Huchim, Rubén Lara, Luis Soto, Abel Barajas y Víctor Fuentes.

De acuerdo con la abogada Perla Gómez, en el país "no hay justicia; hay legalidad", es decir, "si no está en la norma no tenemos derechos. Así que aspiramos a la justicia a través de la legalidad, pero ¿qué pasa cuando la ley corre en contra del periodista?", cuestiona.

Y responde: "cuando una o un periodista es agredido, la ley no responde, no hay
federalización, no hay una autoridad responsable; la propia autoridad es quien puede cometer las agresiones", afirma.

Gómez Gallardo es abogada de los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores, quienes desde hace cuatro años y medio enfrentan una demanda por "daño moral" interpuesta por el diputado federal Gerardo Sosa Castelán, después de la publicación de la obra La Sosa Nostra: Gobierno y Porrismo coludidos en Hidalgo, que prologó el autor de la columna Plaza Pública y escrito por Rivera Flores.

Cuando la o el periodista es el acusado de violar la ley al infringir "daño moral", cuando atenta contra "el honor" de personas como el diputado Sosa Castelán --explicó la abogada especialista en libertad de expresión-- entonces "la ley sí está dispuesta en la vía penal, como todavía puede hacerse en dos terceras partes del país, y acusarlos de delitos contra el honor, como difamación, calumnia, injuria y el daño moral".

Para la abogada, "lo preocupante de estos casos no sólo es lo frívolo, improcedente y temerario de las demandas, sino que en el país todo mundo puede demandar para que un juez le diga que no tuvo razón, y convierten un juicio en la pena en sí misma".

Muestra de ello, señaló, es el proceso judicial por el que han atravesado durante 4 años y medio el autor del texto y el columnista Granados Chapa, también fundador de la revista Proceso, cuando en términos de las normas mexicanas tendría que haberse emitido una sentencia como máximo a los 8 meses de entablada la demanda.

Por la vía penal, los juicios representan para las o los acusados una sanción por la pérdida de dinero y tiempo que invierten en ellos. Y esto, aseguró, "es lo perverso de la legislación mexicana, que no está garantizando el derecho a la libertad de expresión".

Ante este panorama, mostró su preocupación porque "en México es delito documentar de manera académica y sistemática en México". Así sucedió con la obra La Sosa Nostra, pues la Octava Sala del Poder Judicial descartó como "indicio de licitud" para una obra el registro de los derechos de autor, aunque el texto aborda, como dice la editorial que lo publicó, "las redes de poder dentro de la universidad y el daño que
puede hacer quien privilegia sus intereses particulares a los intereses generales".

JUEGO DE SORDOS

El sistema judicial en nuestro país, sentenció Gómez Gallardo "es un juego de sordos: ni los jueces conocen derechos, ni las partes lo hacen valer". E incluso en algunas cuestiones técnicas representan "una afrenta a la decencia en México,
hablando de decencia como ética pública".

Por su parte, el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Ángel Granados Chapa, refirió que el juicio no le afectó de manera emocional, pero representó un proceso "lento y fatigante", resultado de "una extensión natural" de los alcances del diputado Gerardo Sosa, quien "es capaz de recurrir a cualquier instrumento para conseguir sus propósitos".

Este tipo de procesos, añadió, significan para las y los periodistas acusados una pérdida económica, lo cual no fue su caso, ya que contó con el apoyo económico de la organización civil Libertad de Información, que solventó los gastos de su brillante defensa, encabezada por la abogada Gómez Gallardo.

Por último, el columnista de Plaza Pública afirmó que siempre recuerda el consejo Manuel Buendía, asesinado en 1984, quien fuera su jefe y amigo: "nunca hay que escribir nada sobre una persona que uno no pueda decirle en una conversación".

DOS MUJERES ACUSADAS

Ana Lilia Pérez y Nancy Flores, reporteras de la Revista Contralínea; Jorge Meléndez, articulista de dicha publicación, y Miguel Badillo, director de la misma, enfrentan también demandas por daño moral, a raíz de que en febrero de 2008 en la
revista se dieron a conocer los contratos de empresarios y altos funcionarios públicos y políticos del país en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las y los periodistas enfrentan varias demandas judiciales por parte de empresarios del sector energético y han recibido hostigamiento y amenazas. Pérez y Badillo tienen además órdenes de aprehensión en su contra y éste fue detenido en días pasados por "desacato" a una orden judicial. La reportera no fue detenida, pero tuvo
que esconderse en tanto no hubiera un amparo.

"Es el costo que he pagado por revelar, hace casi un año, los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño, y por investigar y publicar los negocios en Pemex de otros empresarios vinculados con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República", dijo en la conferencia el Director de Contralínea.

SEIS PERIODISTAS

Otro caso del que se habló en la conferencia de prensa de hoy fue el de seis periodistas acusados también por "daño moral" por la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) Consuelo Villalobos Ortiz, quien exige una indemnización de 6.5 millones de pesos.

Los periodistas acusados son Rubén Lara León, Luis Soto, Eduardo R. Huchim, Abel Barajas, Víctor Fuentes y, en un principio, "Fray Bartolomé o la persona física que use este seudónimo", pero a quien después se retiró la acusación.

Los artículos de opinión que inconformaron a la magistrada Villalobos fueron publicados en la revista Emeequis, en febrero de 2008 y en julio del mismo año, referidos a cuestiones de interés público, que revelaban irregularidades en la
compra y/o remodelación de tres edificios de tribunales, entre ellos el del TFJFA.

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Mujeres periodistas, el peligro de informar

México DF, 26 enero 2009 (CIMAC, Guadalupe Gómez Quintana).-Teresa Bautista Merino, Felícitas Martínez Sánchez, Ana Lilia Pérez Mendoza y Lydia Cacho son los nombres más conocidos de mujeres periodistas que han sido agredidas por su trabajo informativo.

Ellas fueron víctimas de lo que organismos internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, o nacionales como Cencos, han descrito como los patrones más comunes de agresiones a periodistas en el país: desde ataques a las instalaciones de sus medios, amenazas, demandas y allanamientos, hasta asesinatos.

Teresa y Felícitas, comunicadoras triquis de la radiodifusora comunitaria La Voz que rompe el silencio, del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fueron asesinadas el 7 de abril de 2007 en una emboscada.

Las reporteras habían sido amenazadas de muerte, en la entidad que ocupa el segundo lugar más riesgoso del país para ejercer esta profesión, después de Chihuahua, según el Informe "Periodismo bajo la violencia del narcotráfico 2008, Libertad de Expresión", del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET).

"Algunas personas piensan que somos muy jóvenes para saber… deberían saber que somos muy jóvenes para morir…" grabaron en la radio Felícitas y Teresa, días antes de su asesinato.

Jorge Albino, coordinador de la radio, advirtió que las familias de las reporteras recibieron "amenazas" y que la agresión provino del Gobierno federal, que se opone a los proyectos de radio comunitaria, y del estatal que rechaza el proyecto del municipio autónomo, porque "más adelante la gente tomará conciencia, podrá decidir por su cuenta".

NO ROBÉ, NO MATÉ

Ana Lilia Pérez Mendoza, reportera de la revista Contralínea desde hace 10 años, se vio obligada a esconderse hace unos días, ante las agresiones y amenazas que ha sido objeto desde hace dos años por informar sobre los negocios millonarios de funcionarios y de empresarios como la familia Zaragoza, dueños del consorcio denominado Zeta Gas, quienes la demandaron por daño moral, al igual que al director de la publicación, Miguel Badillo.

Ella hizo también públicos los contratos que Juan Camilo Mouriño, extinto secretario de Gobernación, firmó entre 2001 y 2004, en su dualidad como funcionario público del sector energético y contratista privado de Pemex Refinación. Su investigación, respaldada con copias de los contratos multimillonarios, se publicó en febrero de 2008.

La detención del director de la revista, el pasado 16 de enero, hizo que organizaciones defensoras de la libertad de expresión apoyaran a Ana Lilia, pues sobre ella pesaba también orden de aprehensión.

"Es el costo que he pagado por revelar los contratos que firmó en Pemex Mouriño, y por investigar y publicar los negocios en Pemex de otros empresarios vinculados con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República", dijo la periodista desde su refugio.

"No maté, no robé, no violenté ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella hice lo único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente". He investigado, dice, porque es derecho de todas las mexicanas y mexicanos conocer qué se hace con su empresa: Pemex, cuyos ingresos sostienen la economía de este país y de la que pocos, muy pocos, se han hecho inmensamente ricos".

A la semana siguiente, la periodista logró un amparo para evitar su detención, pero no por ello se disiparon las amenazas de muerte. La CDHDF hizo pública su preocupación por el latente peligro que enfrenta.

En contraste, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recibió desde el pasado 12 de septiembre la queja formal por parte de Pérez Mendoza y Badillo, nada respondió. También al margen se mantiene la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.

CASO INCONCLUSO

El caso de Lydia Cacho ha encontrado resonancia en el país y en el extranjero; no por ello ha encontrado justicia. Ella denunció la existencia de una red de pederastas en donde estaban también involucradas autoridades del Estado mexicano.

Lo publicó en Los Demonios del Edén y por ello fue detenida, torturada y acusada de difamación por uno de los protagonistas de su libro, el empresario Kamel Nacif, señalado por la periodista como líder de la red de pederastas.

Fue detenida en Quintana Roo en 2005, de donde la trasladaron vía terrestre a Puebla, por orden del gobierno de Mario Marín. Durante el camino fue víctima de tortura, pero una llamada telefónica y la solidaridad de las mujeres periodistas
impidieron que perdiera la vida. Sin embargo, estuvo presa durante 30 horas y enfrenta aún un complicado e irregular proceso.

Su caso llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, quien determinó, al año siguiente, que no hubo violación grave a sus garantías individuales. Cacho denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra Periodistas y ante otras instancias, pero no ha tenido respuesta
favorable. En cambio, ha sufrido más agresiones, como el atentado de mayo de 2007, cuando a su camioneta le aflojaron los birlos.

PREMIOS Y DEUDAS

Todas las periodistas mencionadas han recibido premios por su trabajo informativo. Teresa y Felícitas recibieron, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo 2007; Ana Lilia Pérez fue reconocida recientemente con el Premio del Club de Periodistas de México, y Lydia Cacho ha recibido gran cantidad de reconocimientos nacionales y, sobre todo, internacionales.

Sin embargo, la sociedad mexicana tiene una deuda con todas ellas, que fueron y son aún víctimas de la violación a sus derechos fundamentales, expresa Lucía Lagunes, directora de CIMAC: falta una política de protección a los derechos humanos que contemple las agresiones contra la libertad de expresión.

No sólo el Estado ha faltado a esta obligación, el Gobierno actual federal ha mostrado verdadero desinterés por contar con acciones efectivas y sigue en el escenario de lo mediático, advierte la periodista.

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