Ni un solo militar castigado por abuso contra mujeres en México

-- Informe de HRW Uso indebido de la justicia militar

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Ante un sistema de justicia militar roto y disfuncional en México, los militares que cometen graves violaciones a los derechos humanos y agreden sexualmente a niñas y mujeres, los hacen una y otra vez, debido a que no reciben castigo y viven en la impunidad.

Es la consideración contundente del informe presentado el día de hoy en la Ciudad de México por Human Rights Watch (HRW), “Impunidad Uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, que documenta 17 casos de crímenes atroces cometidos por militares contra más de 70 víctimas.

El documento considera que existe un patrón en común en cada uno de los casos: la impunidad. Y es que ninguna investigación militar presentada en el informe ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, porque en México se tolera que los militares se investiguen a sí mismos a través de un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas para asegurar su independencia e imparcialidad.

En enero de 2009, indica el informe, Human Rights Watch tuvo una entrevista con funcionarios de alto rango de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) entre los que se encontraban el General Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos, y el general José Luis Chávez, procurador general de Justicia Militar, quienes aseguraban que había muchos casos de militares juzgados y condenados por violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, solo pudieron recordar un solo caso en el año de 1998.

CASOS

El 4 de junio de 1994, en el municipio de Altamirano, Chiapas, aproximadamente 10 miembros de las fuerzas armadas detuvieron en forma arbitraria a Ana, Beatriz y Celia Pérez, quienes en ese momento tenían 20,18 y 16 años, respectivamente, las tres hermanas tzeltales fueron violadas en reiteradas veces.

Las hermanas denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia (PGR), pero ésta argumento no tenía competencia y remitió la investigación a los agentes del Ministerio Público Militar. Un año más tarde las autoridades cerraron el caso, que fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien determinó que México era responsable por la detención arbitraria, tortura y violación de las hermanas, y de no realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de los hechos.

Catorce años después de las violaciones parece que el caso podrá ser investigado por autoridades civiles, ya que en 2008 funcionarios del gobierno y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, representante de las víctimas, firmaron un acuerdo ante la CIDH mediante el cual hay un compromiso con el fin de remitir el caso a los agentes del Ministerio Público Civil.

El 22 de marzo de 2002, 11 soldados entraron a la vivienda de a Inés, indígena me´phaa de Guerrero, la cual fue atacada sexualmente por un elemento, dos días después Inés presentó la denuncia ante el Ministerio Público local en Ayutla de los Libres, Guerrero, el cual determinó que no era de su competencia investigar los hechos porque las personas que realizaron el acto delictuoso pertenecían al Ejército.

Actualmente el caso de Inés está en trámite ante la CIDH , que emitió un informe de fondo en noviembre de 2008 y esté podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro caso en Guerrero es el de Valentina, de la comunidad indígena de Caxitepec, quien el 16 de febrero de 2002, a los16 años de edad, se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su vivienda, cuando 8 soldados aparecieron y dos de ellos la atacaron sexualmente.

El 8 de marzo, Valentina presentó su denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común en Ayutla de los Libres y dos meses después el ministerio local remitió el caso a los agentes del Ministerio Público militar, argumentando su incompetencia.

En octubre de 2007, después de una audiencia pública ante la CIDH , Valentina se enteró que las autoridades militares habían cerrado la investigación de su caso hacía más de tres años, en marzo de 2004, argumentando que no habían encontrado pruebas de que hubiera sido violada por militares.

Sin embargo, el Centro de Derechos de la Montaña , Tlachinollan, quien representa a Valentina ante la CIDH , dijo a Human Rights Watch, que creían que la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público local en 2008, que se reabrió después de varios años, se centra en determinar la posible responsabilidad de civiles en la violación y no están investigando seriamente a los soldados. Actualmente el caso está en trámite ante la CIDH.

GUERRA SUCIA

Las fuerzas armadas mexicanas son responsables de la gran mayoría de los abusos cometidos durante la llamada “guerra sucia” ocurrida en México en las décadas del 60 y 70, incluida tortura y la desaparición forzada de cientos de civiles, pero hasta hoy ningún militar ha sido condenado por estos delitos.

Uno de los casos incluido en el informe, es el de Rosendo Radilla, detenido por elementos militares el 25 de agosto de 1974, y visto por última vez en las instalaciones militares de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974. Indica el documento que de acuerdo con testigos, los soldados le vendaron los ojos, le ataron las manos, lo torturaron y lo amenazaron con que lo “arrojarían al agua como comida para los pescados”.

Actualmente el caso de Radilla está en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual tiene la facultad de emitir una decisión vinculante sobre la responsabilidad internacional de México por la detención, tortura y posterior desaparición de radilla, así como sobre la falta de juzgamiento de los culpables por el Estado.

Los casos anteriores son un precedente de la falta de justicia por las autoridades nacionales, por lo que se ha tenido que recurrir a instancias internacionales para que estos casos no queden en la impunidad.

OPERATIVOS RECIENTES Y ABUSO

El informe, posterior a estos casos, hace un recorrido por abusos recientes cometido durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, como la detención ilegal y abuso de 36 civiles y violación de cuatro jóvenes en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en el estado de Michoacán, quienes cometieron decenas de abusos, incluidas golpizas, torturas, violaciones sexuales e ingresos a varias viviendas.

Asimismo, el asesinato de dos mujeres y tres niños, y lesiones contra otros tres civiles el 1 de junio de 2007, en el municipio Sinaloa de Leyva en el estado de Sinaloa, entre otros.

Ante el estado de impunidad que se otorga a los elementos militares, el informe de 2007 del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, notó su preocupación ante la subsistencia del fuero militar para el delito de tortura cometido por elementos militares durante el ejercicio de función pública en contra de civiles.

Más recientemente, luego de su visita realizada en 2008 a México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos también recomendó que los tribunales civiles tengan jurisdicción sobre los actos del personal militar que “desarrolla funciones para hacer cumplir la ley”.

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Caso Atenco: tres años de impunidad con las mujeres torturadas

-- En 35 países se ha reiterado el reclamo de justicia

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC).- Pese a que las medidas contra la epidemia de influenza puedan cambiar actividades programadas para el tercer aniversario de los hechos violentos de Atenco, no debe olvidarse que un grupo de mujeres ha denunciado en forma reiterada la tortura a la cual fueron sometidas los días 3 y 4 de mayo de 2006 en esa localidad del Estado de México durante un operativo policíaco, sin que haya hecho justicia.

Así lo señalan en un comunicado conjunto Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes recuerdan asimismo que el operativo policíaco de mayo de 2006 en Atenco dejó un saldo grave de violaciones a derechos humanos, lo cual ha sido dado también a conocer por organizaciones de la sociedad civil, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en febrero de 2009.

Sin embargo, señalan, ni en el Estado de México, ni en el ámbito federal se ha hecho justicia. Las autoridades a quienes corresponde actuar para procesar a los responsables han resultado ineficientes, ante el reclamo de la sociedad.

Frente a la inacción del gobierno mexicano que se ha negado en todo momento a cumplir sus obligaciones constitucionales y las disposiciones internacionales para brindar justicia en este caso, continúa el comunicado, las mujeres denunciantes han realizado múltiples actividades a fin de exigir justicia, al mismo tiempo que reconstruyen sus vidas después de haber sido sometidas a una experiencia tan traumática.

Con el apoyo de organizaciones internacionales y activistas, las mujeres de Atenco han hecho oír su voz ante representantes del Parlamento alemán, representantes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, en la radio austriaca, la televisión nacional hispánica estadounidense y con activistas de Chicago, San Louis Missouri, Washington, Munich y Viena, entre muchos otros. La solidaridad internacional es obvia en este caso, afirma el comunicado.

Personas de 35 países, principalmente de Italia y España, han mostrado su solidaridad con las mujeres y tienen la mirada puesta sobre el Gobierno mexicano a fin de solicitar que se acabe con la impunidad que prevalece en el caso. En el marco del Examen Periódico Universal, realizado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU , en febrero de este año, recuerdan las organizaciones, México fue cuestionado por países miembros del Consejo.

Por eso, de las 91 recomendaciones emitidas al Gobierno mexicano por los representantes de otros países, una gran parte se dedicó a los temas de violencia contra las mujeres y tortura, dos problemas especialmente graves, tanto por su intensidad como por la impunidad en que se mantienen estos casos.

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Aguascalientes: sin acceso a ILE, niña de 8 años dio a luz

-- Abuso sexual se ocultó y no se denunció; hay 2 casos más

México DF, 24 abril 2009 (CIMAC, Nancy Betán Santana).- Una niña de ocho años dio a luz en el Hospital de la Mujer de Aguascalientes en marzo pasado, sin que ninguna autoridad de salud se pronunciara sobre el caso, aunque el director de dicho hospital, Arturo Guerra Lugo, atribuyó el fenómeno a "la falta de educación sexual".

Guerra Lugo, quien calificó como "aislado" este hecho, posteriormente señaló que en lo iba de este 2009 se trataba del tercer alumbramiento de una niña menor de 12 años atendido en el Hospital.Al enterarse del parto de la menor de ocho años a través de un periódico local, la abogada, especialista en delitos y derechos sexuales y reproductivos, Marcela Martínez Roaro, quien radica en esa entidad, decidió levantar una denuncia por violación contra quienes resulten responsables, ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes.

Martínez Roaro señaló a Cimacnoticias que para que la niña se embarazara, el abuso sexual debió consumarse cuando ella contaba con tan sólo siete años, prueba contundente de que la niña fue violada, quizás por algún miembro de la familia. Eso, detalla Martínez Roaro, explica también el silencio de la familia y el nacimiento del producto, el cual pudo haberse evitado, sobre todo por el peligro de muerte que corría la niña y por las consecuencias psicológicas del abuso.

EMBARAZO EN NIÑAS

Por su fisiología (pelvis y canal de parto inmaduros), esta menor de ocho años debió haber sufrido alguna de las múltiples complicaciones que se presentan en embarazos y partos de niñas, como un alumbramiento prematuro con labor prolongada o cesárea, ambos con riesgo de hemorragia severa, apunta el médico gineco-obstetra e investigador argentino Juan Ramón Issler, en su artículo "Embarazo en la adolescencia".

En estos casos, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) debe presentarse como una opción, de acuerdo con Genaro Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero, dos de los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron a favor del ILE en el Distrito Federal en agosto del año pasado, pues, acentúan, las niñas tienen derecho a no ser madres porque fueron violadas.

De acuerdo con Juan Ramón Issler, la maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso resulta ser perturbador tanto física como psicológicamente.

Las niñas asumen responsabilidades que no son propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo social al que pertenecen, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad infantil, anota.

Este comportamiento se vuelve un círculo vicioso en el que tanto madre como hijo estarán atrapados de por vida, pues en México son contadas las instituciones auxiliares en estas situaciones, que cuenten con el personal y las instalaciones
adecuadas para proveer de ayuda a ese sector doblemente vulnerable, por ser infantes y ser mujeres, resaltan académicas y académicos.

Asimismo, el despertar sexual en las madres infantiles suele ser precoz y sumamente
importante en sus vidas, pues no conocen otro afecto que no esté ligado al ámbito sexual por haber sido violadas, sostiene.

En el caso de niñas en situación de calle, la vida sexual comienza desde los siete años. Un 90 por ciento de ellas es abusada sexualmente, por lo que antes de cumplir los 13 años ya habrán tenido al menos un embarazo o un aborto, indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Esto las coloca en una cuerda floja en la cual comienzan su vida sexual sin la debida protección porque así lo aprendieron cuando consecuencia de la violación, resultaron embarazadas, subraya.

Según la Organización Panamericana de la Salud, de las 300 mujeres que conciben sin desearlo, 200 resultan contagiadas de alguna Infección de Transmisión Sexual, incluyendo el VIH.A los posibles embarazos posteriores y las infecciones de transmisión sexual, se suman importantes depresiones de las que las niñas abusadas sexualmente son presa en su edad adulta, las cuales no les permiten llevar una vida
normal. Una niña abusada debe ser sometida a tratamiento psicológico para superar la violación de la que fue objeto, concluye Issler.

LA DENUNCIA

Cuando Marcela Martínez Roaro acudió a ratificar la denuncia el 13 de abril del presente, los funcionarios le hicieron saber que probablemente la archivarán. A este respecto, la también catedrática asegura que interpondrá una queja en contra del Procurador y tramitará un amparo.

Asevera que en nuestro país los mecanismos legales para fincar responsabilidades a los autores de estos delitos son muy débiles y no garantizan un debido proceso que implique protección a las víctimas. Todo esto, porque se carece de funcionarios e instancias comprometidas con los niños abusados, como demuestra el caso de Arturo Guerra Lugo.

"La cópula con menores es ya una acción cotidiana para las autoridades mexicanas. Lo asombroso para ellas es que una ciudadana ejerza su derecho de manifestarse e inicie un proceso legal para castigar a los culpables de delitos tan graves y que se persiguen de oficio como la violación", apunta Martínez Roaro. Con casi 5 mil casos de adolescentes embarazadas por año, Aguascalientes encierra entre esos miles de partos, los de menores de edad que son prueba irrefutable de los abusos sexuales infantiles que en esta entidad se cometen.

Pese a que en la mayoría de las legislaciones mexicanas la violación y abuso sexual están adecuadamente tipificados, la práctica exhibe diversas dificultades para demostrar la existencia de una violación cuando no existen huellas físicas de la misma.

No obstante, en 25 estados de la República Mexicana no procede la acción penal por abuso o violación sexual si se da el matrimonio entre el agresor y la víctima, lo que da pie a una continuación segura de los abusos. De esta forma, los intereses por y de la niña quedan sepultados por otros. En México, el abuso sexual es el tipo de maltrato infantil que menos se ha documentado en los ámbitos médicos, sociales y legales, a pesar de que la frecuencia de casos es cada vez mayor, señalan expertas y expertos.

Nuestro país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato a menores, después de Estados Unidos y Portugal, ha informado ya la Universidad Nacional Autónoma de México.

Según cifras oficiales, en México, el 40.1 por ciento de menores de edad agredidos tienen entre 6 y 12 años de edad, el 18.7 por ciento tienen de 0 a 3 años, el 12.1 por ciento son de 3 a 5 años.

Cabe resaltar, que en las zonas fronterizas, especialmente Tijuana y Ciudad Juárez, hay una elevada cantidad de casos de explotación sexual comercial infantil. El UNICEF arroja que muchas niñas y niños son víctimas de redes de pornografía infantil y pederastas cuando buscan cruzar la frontera.

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Constitución dominicana penaliza la interrupción del embarazo

-- Decesos por aborto clandestino aumentaron en años recientes

México DF, 22 abril 2009 (CIMAC).- Ayer el Congreso de República Dominicana aprobó la prohibición constitucional de la interrupción legal del embarazo, mediante la modificación al Artículo 30 de su carta magna que establece la "inviolabilidad" de la vida desde la concepción hasta la muerte.

La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo hacia el Congreso Nacional y fue aprobada por 167 asambleístas contra 32 que no aceptaron aprobarla.

El Artículo fue aprobado mientras en los medios de comunicación se desató un intenso debate en donde se hizo evidente el apoyo del Iglesia católica a la iniciativa gubernamental. Votaron a favor asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), y una parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El artículo aprobado señala: "El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte".

La agencia católica Zenit reconoció que, antes de la votación, el arzobispo de Santo Domingo, cardenal Nicolás de Jesús López, señaló en una eucaristía el pasado domingo que tenía "confianza en que los legisladores de la República Dominicana no aprobarían el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en el país y que mantendrían el respeto a la vida desde la concepción".

"Confiamos y creemos en la gran mayoría de nuestros legisladores, quienes son personas respetables y opuestas a la despenalización del aborto, ya que muchos de ellos mismos han dicho que en su conciencia lo consideran un crimen", señaló.

ABORTO EN REPÚBLICA DOMINICANA

En Dominicana, de acuerdo con cifras de The Alan Guttmacher Institute, en el informe Aborto Clandestino una Realidad Latinoamericana, 1993, durante 1992 ocurrieron 82 mil 500 abortos clandestinos en el país.

Ese mismo año, fueron hospitalizadas 14 mil 650 mujeres como consecuencia de la práctica clandestina de la interrupción del embarazo.

Entre las causas señaladas por el Instituto para que una mujer decida recurrir al aborto clandestino, pues no están permitidas causales para un aborto legal en ese país, están: "La mujer no puede permitirse tener y criar un hijo porque ella o su compañero reciben un bajo salario, tienen trabajos inestables, están desempleados o son estudiantes.

La relación de la mujer con su compañero no es estable ni suficientemente sólida, como para que la pareja abrigue la posibilidad de tener y criar hijos juntos, o porque al enterarse del embarazo, el hombre deja de prestarle apoyo emocional y económico a la mujer.

La mujer o la pareja han tenido todos los hijos que desean, o desean tener un hijo pero más adelante. Las adolescentes o solteras embarazadas a menudo temen el rechazo de su familia y de la sociedad. Algunas solteras jóvenes desean alcanzar cierto grado de satisfacción personal antes de ser madres.

En algunos casos, el embarazo es el resultado de la violación o del incesto, o el feto es anormal. Datos más recientes, según el informe "Análisis de la Situación del Aborto Inseguro", de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, indica que la cifra de muerte materna en ese país se incrementó en los últimos años de 150 a 159por cada 100 mil nacidos vivos al año, de los cuales el 20 por corresponde a muertes por abortos inducidos, señala una nota de Yajaira Figari, en clavedigital.com.do |

Las complicaciones del aborto como causa de mortalidad materna para los años 2005, 2006 y 2007 representó el 9.3 por ciento 10.7 por ciento y 13 por ciento respectivamente del total de la mortalidad materna para esos años.

El embarazo no deseado provoca que mayor cantidad de mujeres opten por practicarse un aborto clandestino, señala en Informe. La falta de poder en la mujer para negociar prácticas sexuales seguras como el uso del condón y otros métodos anticonceptivos aumenta el número de embarazos no deseados y promueven la prevalencia de infecciones de transmisión sexual, y como consecuencia crece la tasa de aborto y muerte materna, señala el texto.

La vida de las mujeres con diagnóstico de aborto incompleto o con una enfermedad que le impide continuar con su embarazo pende de un hilo cada vez que asisten a los centros sanitarios en busca de asistencia.

"Existen abortos incompletos que son aquellos que la persona ha expulsado el producto de la concepción o se han provocado el aborto en la casa y llegan a los hospitales y hay que terminar ese aborto, lo que significa que hay que hacerle una limpieza intrauterina que como efecto secundario propio al procedimiento quirúrgico conlleva a que el útero se pueda perforar y haya que hacer una histerectomía y eso puede provocar la muerte", opina el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, Aldrian Almonte.

En algunas ocasiones, los médicos se resisten a ofrecer sus servicios en estos casos por temor a ser sometidos a la justicia, por los familiares de aquellas que mueren en su intento de abortar.

"Lo que ocurre es que el médico no quiere tocar a la paciente porque no quiere ir a la cárcel si la paciente se complica, porque él no provocó el aborto. Si la paciente se esta muriendo o tiene una enfermedad que le produce una complicación durante el embarazo y existe la necesidad para que se mantenga viva practicarle un aborto, no puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo por que la ley se lo prohíbe", explica el doctor Almonte.

Considera que la incidencia de muertes maternas causadas por abortos clandestinos podría disminuir si se modifica el artículo 317 del Código Penal que impone una pena de hasta veinte años de trabajos públicos y reclusión a cualquiera que causare o cooperare directamente con la realización de un aborto.

"Significa que el último en ponerle la mano a esa paciente que fue el médico para tratar de salvarle la vida está sujeto a cumplir 20 años de cárcel por haberle puesto la mano y haberle concluido el aborto. Si a la paciente no se le extraen los restos de la placenta adheridos al endometrio se va a infectar y va a prolongar el sangrado que se convierte en hemorragia y eso la lleva a la muerte", añade.

De modificarse el artículo, en el caso de las mujeres embarazadas que presenten una enfermedad que comprometa su vida, considera que lo más recomendable es practicarle un aborto terapéutico antes de las 12 semanas de gestación, y que para realizarlo tiene que hacerse con la previa aprobación de un comité de médicos.

"No estamos de acuerdo con que se penalice el aborto de esa manera. Apoyamos el aborto terapéutico cuando éste comprometa la vida de la madre, cuando la muerte sea inminente. Esa es la única circunstancia por la que pedimos que se modifique ese artículo", sostiene.

Es por eso que la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia junto a la SESPAS, ProFamilia y otras organizaciones responsables han abogado para que sea aprobada una medida que despenalice el aborto para fines terapéuticos y proteja legalmente a los médicos, lo cual, con la modificación a la Constitución, ocurrida ayer, difícilmente se logrará.

El problema sobre el debate en el tema del aborto es complicado en ese país, pues según el Centro de Investigación Para la Acción Femenina (CIPAF), aunque República Dominicana es signatario de la Cumbre Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), "nuestro país ha puesto reservas sistemáticas a los términos "salud reproductiva", "maternidad sin riesgo", "derechos reproductivos" y "derechos sexuales".

Se plantea, dice el CIPAF, la salud reproductiva como parte de un terreno especializado, el de la salud, no como un problema de derecho, excluyéndolo así del contexto de ciudadanía".

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Aprueba gabinete alemán iniciativa contra pornografía infantil

-- Detrás de cada imagen, una niña o niño abusado

Nueva York, EU, 22 abril 2009 (CIMAC, Leticia Puente Beresford/corresponsal).- El gabinete Alemán encabezado por Angela Merkel aprobó una iniciativa de ley en contra de la pornografía infantil tras afirmar que "detrás de cada foto y película hay una niña o niño que ha sufrido abusos", así se obliga a la gran mayoría de proveedores de Internet del país a bloquear las páginas con esos contenidos. Sólo falta que el Parlamento la apruebe.

La agencia de noticias AP informa lo anterior, al recoger un comunicado de prensa alemana que habla de esa iniciativa de ley aprobada hoy miércoles.

La iniciativa busca obligar a los proveedores con más de 10 mil clientes --el 97 por ciento de los proveedores-- a bloquear las páginas de pornografía con menores de edad identificadas por la Oficina Criminal Federal.

Los usuarios que intenten ingresar a esas páginas se encontrarán con un cartel rojo y la leyenda "STOP!" (¡deténgase!).El objetivo es "eliminar en lo posible el mercado de pornografía infantil", dijo el ministro de Economía, Karl-Theodor zu Guttenberg.

Bajo la nueva ley, los proveedores pueden reunir datos personales para usar en juicios penales contra los usuarios. Esos datos no serán almacenados, dijo la ministra de Justicia Brigitte Zypries. Hecha la denuncia, los pesquisas sólo vigilarán a los que tratan de acceder a las páginas "en tiempo real", acotó.

"Detrás de cada foto y película hay una niña o un niño que ha sufrido abusos", dijo el gabinete en un comunicado sobre la ley. Las estadísticas policiales indican un aumento de 111 por ciento de los alemanes que consumen pornografía infantil --con imágenes de menores de hasta 13 años--, de dos mil 936 casos en 2006 a seis mil 206 en 2007, según la declaración.

La semana pasada, las autoridades del estado suroccidental de Baden-Wuerttemberg anunciaron que habían desbaratado una banda internacional dedicada a la pornografía infantil con 91 usuarios en Brasil, Canadá, Estados Unidos y otros países.Las autoridades confiscaron medio millar de computadoras en allanamientos en todo el país.

La ley aún requiere la aprobación parlamentaria, pero el gabinete espera que sea aprobada antes del receso para las elecciones de septiembre.

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Aprobaron en Quintana Roo iniciativa priista contra la ILE

-- En riesgo DIU y AEM, advierten médicos

México DF, 21 abril 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- Esta noche fue aprobada en el Congreso de Quintana Roo, por mayoría, la reforma priista que otorga derechos jurídicos al producto desde la concepción, y criminaliza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a pesar de los esfuerzos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), médicos, académicas y académicos que expusieron la gravedad de esta decisión y advirtieron que esta modificación impedirá a las y los médicos prescribir quitar la píldora del día siguiente o colocar un dispositivo intrauterino.

Pocos minutos antes de las 9 de la noche en el Congreso estatal, con una gran cantidad de personas convocadas como apoyo a la iniciativa del PRI y ante la presencia de OSC que buscaron hasta los últimos momentos inclinar a las y los legisladores para no votar a favor de la penalización del aborto, se aprobó la iniciativa de la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Fernández Piña.

La aprobación se dio luego de que esta mañana diversas OSC, grupos de mujeres legisladoras y ex legisladores, manifestaran su desacuerdo a la modificación del Artículo 13 de la Constitución local, misma que no fue aprobada la semana pasada por el pleno y fue regresada a Comisiones para su estudio.

La iniciativa --propuesta el pasado 8 de abril para proteger y garantizar el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción, en detrimento de los derechos constitucionales de las mujeres, fue aprobada en la Comisión de Puntos constitucionales, donde solo se le hizo una adición al final del Artículo 13 para señalar excepciones y quedar así:

"ARTÍCULO 13.- El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la
concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la ley."

Modificada la Ley, reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y es sujeto de derecho para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte, salvo excepciones que establezca la ley.

De tal forma que esta noche el tema fue colocado entre los que serían abordados por las y los diputados estatales, ocupando el número seis de la lista de la sesión que dio inicio a las 7 de la noche.

La iniciativa, en la entidad con el mayor número de embarazos adolescentes no deseados y con alarmantes casos de explotación sexual de niñas, desató gran controversia, ocasionando que hoy más de 280 OSC que conforma la Red Nacional, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en un acto
simbólico, clausuraran la Casa de Gobierno del estado de Quintana Roo en la Ciudad de México. Luego de pronunciarse en desacuerdo ante dicha modificación que vulnera los derechos de las mujeres.

INSTRUMENTO DE LOS LEGIONARIOS

Mientras que durante una mesa de debate que se realizó en la ciudad de Cancún, desde donde se trasmite el programa radial "Desde el Café", conducido por el periodista Jorge González Durán, en su intervención el ex legislador, Tulio Arroyo Marroquí, acusó a Laura Fernández de intentar dar un "albazo", en el Congreso estatal para que la modificación constitucional se dé en fast track.

Además de señalarla como "instrumento de los Legionarios de Cristo", afirmando que en este tema también el gobernador del estado, Félix González Canto, "recibió línea de la Iglesia católica para instruir al Congreso, vía los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para aprobar la reforma constitucional".

De igual manera por la tarde de este día representantes del Grupo de Información en
Reproducción Elegida, (GIRE), de la Red de Derechos Sexuales y reproductivos (Demisex), hicieron una intensa labor para convencer a las y los legisladores del error de su postura.

Asimismo, un grupo de médicos habló con la Diputada Fernández para exponerle la gravedad de su decisión, especialmente en lo que toca a su profesión, pues, le explicaron, que esta reforma les impediría restar la píldora del día siguiente o colocar un dispositivo intrauterino (DIU), a lo que la legisladora priista respondió "Yo misma personalmente me encargaré de que así no suceda".

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"Clausuran" el PRI por asumir agenda conservadora contra ILE

-- Exigen que Beatriz Paredes fije posición

México DF, 20 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Que ninguna mujer vote por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque ha hecho suya la agenda moral legislativa del Partido Acción Nacional (PAN), al votar e impulsar reformas de
ley que reconoce sólo el derecho a la vida desde el momento de la concepción, limitando los derechos constitucionales de las mujeres mexicanas.

Fue el llamado que lanzaron hoy Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, feministas y legisladoras, al clausurar en un acto simbólico la sede del PRI en la Ciudad de México.

En su pronunciamiento exigieron que la dirigencia Nacional del PRI, encabezada por Beatriz Paredes, declare su posición sobre el tema.

Para las OSC y feministas, el PRI está atentando contra los derechos de las mujeres al desconocer su propia historia y alejarse de la tradición laica del Estado Mexicano, al impulsar y votar las recientes reformas que reconocen la vida desde la concepción en Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Puebla, Colima, Durango y
Nayarit, los últimos cuatro estados aprobadas con mayoría priista.

Estas reformas, dijeron, han sido pactadas con la jerarquía católica y en complicidad con Acción Nacional, en ocasiones, con el apoyo de otros partidos políticos han proscrito los derechos de las mujeres a decidir.

El Pronunciamiento realizado por las OSC y feministas señala que el reconocimiento
constitucional a la vida desde el momento de la concepción, contraviene a la legislación nacional e internacional en derechos humanos y agudiza la discriminación contra las mujeres, contraviene el Artículo cuarto Constitucional y significa un grave retroceso para los derechos de las mujeres.

Asimismo, indica el documento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya discutió el tema de la protección a la vida desde la concepción y señaló: "que si bien el legislador debe de proteger la vida en gestación no puede afectar desproporcionadamente los derechos de la mujer".

También indica: "no es constitucionalmente admisible que el legislador con la finalidad de proteger la vida en gestación, sacrifique en forma absoluta los derechos fundamentales de la mujer embarazada considerándola entonces como un mero instrumento de la vida en gestación".

Hasta hoy son ocho estados: Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Puebla, Colima, Durango y Nayarit que han proscrito el derecho a decidir, y los estados pendientes hasta ahora, con iniciativa son: Quintana Roo, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí.

Un caso particular es el de Durango, donde el Artículo primero de la Constitución local reconoce, protege y garantiza los derechos a la vida de todo ser humano, desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural, salvo con las excepciones ya existentes.

Por otro lado, los estados pendientes de iniciativas como la del Distrito Federal que
despenaliza el aborto, hasta las doce semanas son Tamaulipas y Veracruz.

Las OSC y feministas denunciaron que se mantendrán alertas el día de mañana para que el PRI no vote en Quintana Roo a favor de esta reforma que atenta contra los derechos de las mujeres y, si así lo hicieran, realizarán una campaña para que las mujeres mexicanas no voten por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las próximas elecciones.

En entrevista para Cimacnoticias, la feminista y legisladora federal del grupo parlamentario Alternativa, Elsa Conde quien estuvo en el acto de clausura, indicó que estas reforma no habrían sido aprobadas si el PRI no hubiera apoyado a Acción Nacional, ya que esta fracción no tiene mayoría en ningún congreso de la República.

Para Conde, es claro y evidente el pacto que mantienen la jerarquía católica y la derecha de país, pero se refirió como lamentable que el PRI se convierta en cómplice del PAN, al estar dando su voto e impulsando reformas que van en contra de los derechos de las mujeres, debido a la dimensión que puede tomar este pacto.

Para la Legisladora federal del grupo parlamentario Alternativa, esta manifestación de hoy es una respuesta un poco tardía del movimiento feminista a las acciones que se vienen impulsando desde el año pasado en contra de los derechos de las mujeres.

Conde considera que el PRI no solo tiene que dar una respuesta y detener esta ola de iniciativas que se están dando en el país, sino cómo van a reparar el daño en cada estado donde la ley está aprobada, qué van a hacer para que las mujeres puedan reapropiarse de sus derechos y de sus garantías constitucionales, que les han quitado.

Para la legisladora de Alternativa, es sorprendente que las mujeres feministas del PRI que han luchado por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se mantengan calladas y se encuentren en una postura de solapar estos cambios.

La legisladora dio a conocer que en ocho estados del país donde se ha aprobado la iniciativa, también se realizaron actos de clausura en instalaciones del PRI, dijo, "estas acciones no van a parar de aquí y por lo menos hasta las elecciones, vamos hacer una campaña para que ninguna mujer permita se le resten derechos.

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Apelarán condena contra la periodista Roxana Saberi

-- Acusada en Irán de espionaje

Nueva York, EU, 20 abril 2009 (CIMAC, Leticia Puente Beresford/corresponsal).-Primero, Roxana Saberi fue detenida bajo el argumento de que compró una botella de alcohol y eso no le es permitido a las mujeres en Irán. Luego fue acusada de ejercer el periodismo sin credencial oficial. Después, las autoridades la acusaron del delito de 'espionaje'. Y un tribunal la condenó a ocho años de prisión por ser 'espía de los Estados Unidos'.

Saberi, periodista estadounidense con pasaporte iraní, desató la respuesta de defensores de derechos humanos y de protección a periodistas, como la de Reporteros sin Fronteras, que afirma que la sentencia en contra de la periodista 'es injusta y además severa'.

Medios de comunicación en todo el mundo dieron a conocer la noticia, y particularmente la agencia de noticias EFE explicó que el abogado de la periodista, Abdul Salam Jorranshahi, le dijo que la sentencia será apelada.

Saberi, de 31 años, tuvo un juicio breve, juicio celebrado a puerta cerrada en un Tribunal Revolucionario de Teherán. "Nos han informado de la condena y en el plazo que me proporciona la ley apelaré", aseveró el letrado.

En tanto, en Washington, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que la titular de la cartera, Hillary Clinton, dijo que está "profundamente decepcionada por las informaciones de la sentencia a Roxana Saberi por parte de la Justicia iraní".

Desde París, la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró que "es una condena injusta que, en vísperas de las elecciones en Irán, constituye además una advertencia para los periodistas extranjeros que trabajan en territorio iraní".

Saberi fue arrestada el pasado 31 de enero por razones aún no aclaradas y ella misma comunicó su detención a sus padres 10 días después, pero les pidió que no dieran la voz de alarma porque confiaba en que sería puesta en libertad en breve.

El 28 de febrero, su padre, Reza Saberi, decidió denunciar el caso a la prensa tras más de quince días sin noticias del paradero de su hija.Reza Saberi, residente en localidad norteamericana de Fargo, aseguró que su hija fue detenida por comprar una botella de vino, cuyo consumo esta proscrito y penado en Irán. Desde entonces, los cargos contra Saberi han fluctuado desde la compra de alcohol a la definitiva condena por espionaje.

Dos días después de que Reza Saberi hiciera público el caso, el portavoz del ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Hasan Qashqavi, afirmó que había sido arrestada por "trabajar de forma ilegal" al haber caducado su acreditación de prensa.
Veinticuatro horas más tarde, el portavoz del Poder Judicial, Ali Reza Yamshidi, confirmó que había sido trasladada a la prisión de Evine, en el oeste de Teherán, por orden de un Tribunal Revolucionario de la Capital.

Finalmente, el 9 de abril, días antes de que se iniciara el juicio a puerta cerrada, el fiscal segundo Hasan Zare Dehnavi acusó a Saberi, cuya segunda nacionalidad Irán no reconoce, de espiar para Estados Unidos. Tres días antes, sus padres pudieron visitarla en prisión y anunciaron que está bien de salud, física y mental.

La condena se produce en un momento de gran importancia en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, que rompieron sus lazos diplomáticos en abril de 1980 tras consolidarse el triunfo de la revolución islámica que acabó con la monarquía del último Sha de Persia, Mohamad Reza Pahlevi, pro occidental.

Casi tres décadas después, el presidente norteamericano Barack Obama ha expresado su deseo de abrir una nueva relación con Irán si el régimen de los ayatola "abre el puño".

Aunque la respuesta por parte del régimen ha sido cauta y en principio favorable, en algunos sectores más conservadores ha sembrado inquietud.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa han expresado, por su parte, su temor a que el caso Saberi se politice y sea utilizado como baza de una eventual negociación entre Teherán y Washington.

Saberi, tras licenciarse en 1997 en Comunicación y Francés por la Universidad Concordia, en Minnesota, cursó un master en periodismo en la Universidad Northwestern (Illinois) y otro en Relaciones Internacionales en la Universidad de
Cambridge (Reino Unido). Actualmente cursaba un master de cultura y literatura iraníes en una universidad de Teherán y se documentaba para escribir un libro sobre esos temas.

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Leyes contra ILE buscan que mujeres conserven solo derechos de segunda

-- Pedro Morales Aché

México DF, 17 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- La derecha mexicana impulsa leyes estatales que dan personalidad jurídica desde la concepción con el fin de que los avances en torno a los derechos de las mujeres tengan un retroceso y que ellas solo preserven derechos de segunda.

Así explica el abogado Pedro Morales Aché, especialista en salud sexual y reproductiva, las modificaciones que han impulsado el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), principalmente, a las constituciones de Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora, para "garantizar la vida desde la concepción" e impedir o condicionar la interrupción legal del embarazo (ILE).

Para Morales Aché, abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), es claro que detrás de la redacción de estas leyes que han sido aprobadas en estos estados está un grupo reestructurado de abogados de la ultra derecha mexicana, pues no son ni los abogados de Provida, ni de la religión, sino gente que conoce a fondo el tema y su aplicación.

Explica Morales que en todas las iniciativas de ley y las leyes ya aprobadas en ese sentido, hay cierta afinidad argumentativa, y tienen que ver con la posición de los ministros conservadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Pareciera ser que hay ciertas estrategias para dar a entender que las mujeres pueden decidir interrumpir el embarazo o abortar, siempre y cuando se considere que es un delito, lo que deja claro que hay una falta de compromiso por entender que las mujeres pueden decidir interrumpir su embarazo porque así lo quieren", detalla el experto.

Al respecto, Morales puntualizó que lo que promueven estas reformas es que las mujeres podrían --en forma excepcional-- interrumpir sus embarazos o abortar, siempre y cuando se consideré es un delito y que a aquella que así lo decida se le pueda tratar como a un delincuente, a la cual solo se le perdona la pena.

"Esto implica la negación de la existencia de un derecho como el que existe en la Ciudad de México (con la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación), lo que se traduce en la imposibilidad de que las mujeres puedan exigir al Estado la aplicación de sus derechos, sostuvo.

Todas estas reformas, insistió, pareciera que sostienen "la mujer que quiera abortar que lo haga, pero con sus propios recursos y bajo la amenaza, siempre, de colgarle la etiqueta de delincuente".

Por ejemplo, dijo, "en Morelos se reformó la Constitución y el Código Penal, donde inclusive se sustituye la penalidad para la mujer a cambio de un tratamiento psicológico. Esto dice mucho, porque se está tratando a la mujer como si fuera una enferma mental".

Además, agrega el experto, el hecho de que se utilice la frase "protección de la vida desde la concepción", tiene una evidente e intencional carga emocional y religiosa.

En suma, dice el abogado esta oleada de iniciativas es algo bastante pensado y,
evidentemente, el tema va más allá de proteger la vida, que es el contenido, lo que les interesa es hacer anular los derechos de las mujeres o darles a las mujeres un estatus de segunda clase. Eso es lo que hace realmente toda esta serie de cambios:
no reconocer la autonomía de las mujeres.

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

-- ¿El avance de estas reformas podrían repercutir en la Constitución de la República?

-- No, la reforma a la Constitución está regulada en el Artículo 135 de la misma Carta Magna. Se requiere de las dos terceras partes de los integrantes de legislatura federal y mayoría de la legislatura local.

"Es decir, explica, una reforma puede ser llevada a la Constitución Federal aunque no esté en ninguna legislación, pero que esté en todas las legislaciones no significa que automáticamente se traduzca en una reforma a la Constitución".

EQUILIBRIO Y PONDERACIÓN

Para Morales, estas leyes aprobadas en Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora parecen una acción contra la resolución de la Corte. "El problema es que no es directamente a lo que resolvió la Corte, porque la Corte decidió un caso contrario, la Corte decide una despenalización que favorece a las mujeres".

"Pero, aquí estamos frente a reformas (impulsadas por la derecha) que pretenden fortalecer el derecho a la vida, esto nos permite analizar y desagregar la discusión de las audiencias de la Corte en muchos elementos y es menester ver qué partes son aplicables", consideró.

Haciendo un ejercicio muy genérico, explica el abogado, la mayoría de ministros partió --al menos seis que son mayoría-- de dos hechos: hay derechos fundamentales de las mujeres que eventualmente pueden ser violados o vulnerados por una legislación prohibitiva del aborto.

Por otro lado, "estos mismos ministros eligen que hay una protección constitucional de la vida en gestación --no necesariamente estamos hablando de que tenga personalidad-y la protección de la vida es un derecho constitucional.

"Entonces la lógica mayoritaria de la Corte sería que ante dos bienes constitucionales reconocidos hay que establecer un equilibrio de balanza o de ponderación, para determinar en qué supuestos prevalecen los derechos de la mujer y en que supuestos se debe de protección de la vida en gestación".

"En este orden de ideas, esas reformas que únicamente protegen la vida en gestación pero no protegen los derechos de las mujeres, serían inconstitucionales, aplicando este espíritu de la sentencia de la Corte".

LOS CÓDIGOS PENALES

Para Morales Aché, actualmente todos los códigos penales del país permiten el aborto por las cuatro causales, pero ahí es donde existe la discusión: en los estados donde se reformó su Constitución, los Códigos dicen que hay casuales válidas para el aborto. Eso "es una discusión que la Corte deberá de decidir", señala.

Y en los estados donde se modificó la Constitución, pero se quedaron las causales del Código Penal como excepciones, lo grave es que queda la idea que es no penalizarla es excepcional, pues solo se le perdona la pena, pero es una delincuente.

Por lo tanto, Morales cree que una de las cosas que se desprende de la sentencia de la Corte es que no es suficiente establecer supuestos en los que la mujer tenga derecho a abortar, sino que es necesario dotarla de los medios que le permitan hacerlo, que es con lo que se cuenta en la Ciudad de México.

NO ES SOLO PERMITIR

El problema, dice el abogado, "no es solo permitir sino, en un tema tan delicado, implica que no hay servicios públicos y el derecho queda limitado a los recursos económicos de cada mujer.

En esa situación, agrega, necesariamente tendríamos que hablar de la obligatoriedad de los servicios públicos, que también es otro aspecto de la orientación de la reforma que se hizo en el Distrito Federal" para permitir la ILE hasta las doce semanas de gestación.

Sin duda, dice, el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil ha sido
importante, pero lo complejo de estas reformas dificulta que haya una movilización social, porque mucha gente no ha entendido de lo que se tratan las reformas de la derecha.

-- ¿De qué se tratan realmente estas reformas?

-- Esta reforma más que proteger la vida desde la concepción: pretende desconocer los derechos de las mujeres para que tengan derechos de segunda categoría. Es una batalla muy importante, porque lo que está en juego es cómo el sistema jurídico
mexicano caracteriza a las mujeres. Por eso es necesario que los medios lo difundan, para que haya capacidad de entender qué está pasando y se pueda enfrentar.

INCONSTITUCIONALIDAD

--¿Cómo defender los derechos de las mujeres?

-- La acción idónea para ir en contra de esta ley es la inconstitucionalidad, pero el atributo de la inconstitucionalidad es restringido y ni el Procurador General de la República, ni el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) han permitido que se den acciones de inconstitucionalidad. Creo que eso es violatorio, es ilegal lo que está haciendo esa Comisión.

"La defensa de los derechos humanos no puede quedar supeditada al ideario personal del titular de la CNDH ni del Procurador.

"La CNDH está interponiendo un gran número de acciones en temas que no tienen ninguna trascendencia para los derechos humanos, pero en un tema que afecta a más de la mitad de la población, el señor dice que como él cree en la vida desde el momento de la concepción, no impugna nada.

"La PGR, a lo largo de este gobierno, ha promovido una cantidad impresionante de acciones de inconstitucionalidad que se ha inventado, pero cuando se trata de hacerlo porque se violentan los derechos de las mujeres, lo ve como normal y no pasa nada.

"Por otro lado, los presidentes de las Comisiones estatales de Derechos Humanos, como por ejemplo el de Morelos, no quiso promover la acción y hasta el momento solo el Presidente de la Comisión del estado de Baja California lo ha hecho. Y a partir de lo que decida la Corte se tendrá el precedente de lo que puede suceder en torno a estas reformas".

Explica Morales Aché que la vía idónea para contrarrestar estas reformas es la
inconstitucionalidad, pero las mujeres no pueden tener acceso a ello de manera directa, "la única alternativa sería el amparo a título individual, con la desventaja de que requiere de abogados y que solo la beneficia en lo individual, a
diferencia de la acción de inconstitucionalidad que el efecto es para todas".

"El paso es hacer que las mujeres hagan valer sus derechos, las mujeres como género tienen la necesidad de que se abra una campaña nacional de defensa de sus derechos y acudir a todas las instancias jurisdiccionales y hacer valer la justicia", finaliza el abogado.

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Urge despenalizar a la prensa y detener la impunidad: CDHDF

-- Regular radios comunitarias y proteger a periodistas

México DF, 17 abril 2009 (CIMAC, Yunuhen Rangel Medina).- Hay que avanzar en la despenalización de la prensa, detener la impunidad y la inacción de las instancias de justicia en casos de periodistas agredidos, regular las radios comunitarias y poner atención en la desprotección laboral en la que viven las y los trabajadores de la comunicación, afirmó Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Al participar en la conferencia "Perspectivas sobre libertad de expresión", el funcionario agregó que el primer punto en la agenda de la CDHDF en cuanto a libertad de expresión es el tema sobre las extraordinarias amenazas que las y los periodistas están viviendo actualmente en nuestro país, aun "el segundo más peligroso del mundo para ejercer el periodismo" recordó.

Dijo que la "impunidad" es la generadora de la victimización de periodistas y la revictimización en la sociedad completa. En 2008, agregó, vimos 14 tipos de agresiones contra periodistas, y este año llevamos tres.

Recordó en este sentido casos como el allanamiento a las instalaciones de la revista
Contralínea, así como el de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el asesinato de las comunicadoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez, en Oaxaca, a los que hasta ahora acompaña la impunidad.

A la conferencia asistió el doctor Frank La Rue Lewy, Relator Especial de libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien aseveró que la democracia debe rescatar la libertad de expresión, el derecho de decir lo que muchos no quieren oír.

La Rue, de nacionalidad guatemalteca, planteó las necesidades sobre libertad de expresión que se han planteado desde una perspectiva mundial y celebró que en este momento existan dos Relatores latinoamericanos, refiriéndose a él mismo y a la doctora Catalina Botero Marino, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ofrecerán una visión diferente y alianzas para las acciones, dijo.

Destacó la importancia de vincular el acceso a la información con el acceso a la comunicación, derechos que deben ser garantizados por el Estado para todas y todos.

COMUNICACIÓN INDÍGENA CONTRA LA POBREZA

En este sentido, explicó como la garantía de dotar a la población indígena de comunicación electrónica podría combatir la pobreza extrema además de la falta de información y comunicación en estas comunidades que tienen el derecho, dijo, de reproducir su lengua, pensamientos y cultura.

Es por esto, finalizó, que la alternativa ante los fundamentalismos es el pensamiento plural, la multicultura y la libertad de expresión para todas y todos.

Así mismo, la Relatora Botero Marino, coincidió en la importancia del pluralismo y la diversidad en el trabajo de darle voz a los grupos que no la tienen.

Por otro lado, señaló también la importante necesidad de proteger a las y los periodistas del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, pues no necesitamos penas crueles contra los agresores sino "eficaces".

Igualmente se refirió al uso del derecho penal y algunos tipos de censura "sutil" utilizados en la actualidad para inhibir la libertad de expresión, tanto de las y los periodistas como de quienes defienden los derechos humanos.

Por su parte el maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su participación sobre La protesta, los derechos humanos y la libertad de expresión, opinó que "la libertad de expresión debe ser un rasgo característico de una sociedad democrática".

Explicó cómo las protestas y movilizaciones sociales son el espacio de expresión y
participación social para grupos en situación de exclusión o vulnerabilidad.

"Sin estas protestas, el Estado posterga la solución de los problemas… son necesarios los espacios de participación". Por otro lado, dijo que uno de los obstáculos es que estas protestas se utilizan como pretexto para militarización y el hostigamiento judicial.

Finalmente la coordinadora de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y defensora del televidente de Canal 22, doctora Gabriela Warkentin de la Mora, se refirió a la importancia de crear públicos críticos por medio de este tipo de defensorías.

En algunos países como Colombia, afirmó, esta defensa a la audiencia es por Ley, y en nuestro país Canal 22 es de los únicos que lleva a cabo estas acciones de participación ciudadana.

"Hay una enorme necesidad de la gente de decir cosas y sentir que son escuchados" explicó, y debido a esto, hemos registrado mensajes de la audiencia mejor articulados y con más crítica por lo que es importante decir que la audiencia tiene también derechos, finalizó.

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En Honduras, ley prohíbe anticoncepción de emergencia

-- Por ignorancia de la evidencia científica, dicen OSC

México DF, 17 abril 09 (CIMAC, Alejandra González Méndez).- El pasado 1 de abril fue aprobada en el Congreso Nacional de Tegucigalpa, Honduras, una ley que prohíbe la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), presentada por las diputadas Nelly Jeréz y Martha Lorena Alvarado, del Partido Nacional y del Partido Liberal, respectivamente.

Diversas organizaciones de mujeres en Honduras, como el Centro de Derechos de Mujeres, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia, y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas se han pronunciado en contra de esta iniciativa.

Consideran que la legislación que prohíbe el acceso a las PAE, fue hecha con "absoluta ignorancia de la evidencia científica, o con una manipulación maliciosa para que las ideas fundamentalistas de algunos diputados fueran la regla a seguir por toda la sociedad hondureña".

El Movimiento Feminista Hondureño también se pronunció en contra y dijo que "el Congreso Nacional en esta oportunidad legisló siguiendo los caprichos de un pensamiento reducido, deformado y encarnado en el pecado, lo malo y lo sucio", además criticó a las fundamentalistas religiosas que creen que Dios les permite ordenar la vida de otras mujeres.

Esta ley es contraria a diferentes convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Artículo 12 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, e incluso contraria a la Constitución de Honduras en sus artículos 76, 77, 111 y 145.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia (PAE) no son abortivas, pues "no descolocan un embrión ya implantado, y no pueden poner término a un embarazo ya establecido". La OMS afirma que la anticoncepción oral de emergencia no es eficaz una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provoca un aborto.

Sin embargo esta información no fue tomada en cuenta para la redacción de la iniciativa que establece en su artículo tercero que "A quien contravenga las disposiciones del presente Decreto, se le aplicarán las penas establecidas para el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal".

ALARMANTE AUMENTO DE ABUSOS

Esta iniciativa es un golpe bajo al avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país, y principalmente de las mujeres y niñas que han sido abusadas sexualmente, sobre todo en un país cuyos índices de violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños es elevado. Se estima que en Honduras se
cometen 203 abusos y violaciones por cada 100 mil mujeres, señalan las organizaciones.

Además, de acuerdo con la representante de la Fiscalía de la Niñez en Honduras, Nora Urbina, los abusos sexuales en contra de menores de edad aumentaron de forma alarmante en el 2008. Dijo que de acuerdo con Casa Alianza y la alcaldía de Tegucigalpa, hay en Honduras aproximadamente 10 mil niñas y niños víctimas de explotadores sexuales.

De acuerdo con datos de la Encuesta de Epidemiología y Salud Familiar, el 15 por ciento de las mujeres hondureñas mayores de 14 años informó haber sido por lo menos una vez, maltratada físicamente, y de éste porcentaje, un 4.9 por ciento afirmaron haber sido abusadas sexualmente antes de los 12 años.

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Se publicó hoy la NOM-046 para víctimas de violencia sexual

-- Éxito parcial para las mujeres mexicanas

México DF, 16 abril 2009 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- Con retraso de cientos de días y con modificaciones que causaron polémica entre las organizaciones civiles que
trabajan a favor de los derechos sexuales y reproductivos, hoy fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Dicha Norma fue creada para garantizar la adecuada atención a víctimas de violencia sexual, con opciones de anticoncepción de emergencia, interrupción legal del embarazo (ILE), asesoría jurídica y atención psicológica.

La NOM 046 para atender a víctimas de violencia sexual fue compromiso adquirido por el Estado mexicano, a través de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego del caso Paulina, niña de 13 años que fue violada en 1999 y como consecuencia embarazada, a quien las autoridades
panistas de Baja California negaron la interrupción legal del embarazo (ILE), como
estaba previsto en el Código Penal de la entidad.

La publicación de la NOM-046 es, de acuerdo con Rafaella Schavon, directora de Organización Internacional Protegiendo la salud de las mujeres, promoviendo el respeto a sus derechos reproductivos (IPAS México), "un éxito parcial para las mujeres mexicanas y para las organizaciones de la sociedad civil que venían exigiendo su publicación, aunque han tenido diferentes posturas frente al tema".

La publicación, dijo la Directora de IPAS a Cimacnoticias vía telefónica, permite la rendición de cuentas, ahora hay que hacerla operativa y darle seguimiento, llevar un monitoreo que observe los casos particulares de las mujeres que acudan a los servicios médicos para que, con base en la Norma, se les dé asesoría adecuada, la atención que requieran, la Anticoncepción de Emergencia, si es necesaria, entre otros.

LARGA HISTORIA

Esta Norma actualiza la Norma Oficial Mexicana 190-SSA1-1999, relativa a la atención médica de la violencia familiar y ampliar su objetivo y ámbito de aplicación al abordar la violencia sexual, fuera del ámbito familiar, tarea que había tenido pendiente la SS desde marzo de 2006, luego del acuerdo ante la CIDH.

Después que la NOM-046 fue elaborada por la SS, con apoyo de expertas y expertos y con la consulta de las OSC, y aprobada por unanimidad el 21 de julio de 2008, hubo un retraso de 192 días que lejos de ser publicada, la SS convocó a una reunión irregular, para hacer cambios sustanciales al documento.

En dicha reunión, realizada el 28 de enero pasado, como reportó oportunamente esta agencia, se aprobó una versión que privilegiaba la objeción de conciencia del personal médico para proporcionar servicios de acuerdo con la Norma, condicionaba la ILE a las menores de edad y no hacía obligatoria la atención a las víctimas y
magnificaba asimismo los efectos colaterales de la anticoncepción de emergencia.

Por lo anterior, las OSC denunciaron públicamente y las legisladoras integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados llamaron al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a comparecer ante el legislativo, lo cual nunca se llevó acabo.

Ante la presión de las OSC y legisladoras, la SS realizó una tercera versión, el 27 de febrero la cual eliminaba algunos puntos, como la objeción de conciencia, pero aun así conservaba algunos otros, como la necesaria aprobación de los tutores para que los adolescentes puedan tener acceso a la ILE.

Aunque las OSC cuestionaron también esta versión, el proceso avanzó y el 3 de marzo pasado se publicaron las respuestas a los comentarios recibidos a este documento, la cual constó de un total de 320 comentarios, de 57 OSC de distintas partes de la República, legisladoras y legisladores federales, así como varios grupos religiosos en contra de su publicación.

Pasaron así, según marca la Ley Federal de Metrología y Normalización, los 15 permitidos antes de su necesaria publicación, lo cual no sucedió. Las OSC denunciaron nuevamente el retraso e iniciaron otra vez un conteo público de los días de dilación. Además, declararon conocer que había grupos conservadores los cuales estaban presionando para que la Norma no se publicara.

Después de una larga espera por parte de las OSC, hoy la NOM-046 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, advierte la doctora Shiavon, no hay que dejar de advertir que ya en siete estados del país -- Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla, Sonora-, se han aprobando cambios a las constituciones locales para dar personalidad jurídica al producto de la concepción, donde señalan que "defienden" la vida desde el momento de la concepción o de la fertilización, con lo cual intentaría excluir la anticoncepción de emergencia para víctimas de violencia sexual.

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En Sonora, PAN y PRI blindaron leyes contra la ILE

México, 13 abril 2009 (Cimac, Gladis Torres Ruiz y Sandra Torres Pastrana).- En Sonora y Baja California, 77 por ciento de la población piensa que el aborto debe estar permitido en alguna circunstancia, reveló la Encuesta Nacional sobre aborto y anticoncepción de emergencia de Population Council, México 2000, con lo cual esta zona pacífico norte tiene más alto del país sobre aceptación de la interrupción legal del embarazo (ILE).

Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) convertirán a Sonora en el primer estado cuya Constitución criminaliza el aborto, luego de que aprobaron, el 21 de octubre de 2008, la modificación al Artículo 1 de la Constitución Política que, bajo la idea de "proteger la vida desde la fecundación hasta la muerte".

Ya 43 de los 72 municipios del estado aprobaron la reforma, que contempla algunas excepciones, que obstaculizan en tiempo y forma la aceptación del aborto: el aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte "a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico,
siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora".

Señala la Encuesta de Population que 93.5 de personas encuestadas está a favor de realizar una consulta popular sobre la legislación de aborto, 75 por ciento piensa que la ley de aborto debería ser renovada y casi el 59 por ciento estaba totalmente o algo de acuerdo que el aborto provocado es la mejor opción en una situación difícil. Y solo 16 por piensa que debe de ser prohibido en todos los casos.

Lejos de la consulta popular, las fracciones de Acción Nacional y el PRI, así como por el diputado independiente Mónico Castillo Rodríguez, votaron a favor de las modificaciones al Artículo primero de la Constitución en octubre pasado, contraponiéndose, dijeron organizaciones de mujeres y feministas a lo establecido en el Artículo Cuarto Constitucional el cual estipula que "toda persona tiene derecho a decidir la cantidad, y espaciamiento de sus hijas e hijos".

Contra las modificaciones votaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza, sin embargo ese día quedo establecido que Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.

Sonora es una entidad donde, según datos de la Secretaría de Salud (SS), cada año 2 mil 765 mujeres ingresan por aborto a los hospitales.

El aborto, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), es en la entidad una de las causas de muerte materna, según el informe "Rendición de Cuentas 2007", de la SS. Y el número de defunciones de mortalidad materna por 100 mil nacimientos es de 44.4, cuando la media nacional es de 55.8.

En tanto que el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes menores de 20 años en Sonora es de 18.7 por ciento superior a la media nacional, que es de 17.8 por ciento.

Es de precisar que el número de mortalidad fetal, en el estado según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2007, dan un total de 387 casos, de estos 11 son por aborto, 26 no se especifica la razón y 350 por parto.

¿ESTADO CONSERVADOR?

En Sonora, el aborto culposo, por violación o peligro de muerte para la mujer no estaba penalizado desde el 24 de marzo de 1994.

La segunda encuesta nacional sobre aborto realizada por GIRE, en 1992, revela que en la zona norte del país el número de personas que saben que el aborto está penado es menor con respecto del resto de las regiones, con un 84.9 por ciento de pobladores que desconocen el tema.

Por otro lado, aunque la zona es muy conservadora el 81.2 por ciento de las y los habitantes considera que la decisión de un aborto corresponde a la mujer o a la pareja. Para 1994, en la tercera encuesta, 76.1 por ciento de las personas pensaban que la despenalización del aborto evitaría la muerte de las mujeres.

Actualmente en Sonora la segunda causa de egresos hospitalarios es por aborto con un total de 2 mil 765 casos, según reporta el Anuario Estadístico de 2005 de la Secretaría de Salud (6.2 por ciento del total de egresos de las mujeres en la entidad).

Y el porcentaje de mujeres que alguna vez ha estado embarazada y ha experimentado un aborto es de 19.6 por ciento según reportó en 2001 el Consejo Nacional de Población (Conapo).

REFORMAS IRREGULARES

La aprobación de la reforma a la Constitución tuvo sus irregularidades, pues el 21 de octubre de 2008 estaba programada una reunión entre los grupos unidos del Congreso, sin embargo estos suspendieron para llevar la iniciativa directamente al pleno y aprobarla.

Todo ello, bajo el argumento de que "se declarara como urgente y obvia resolución y se dispensara el trámite de Comisión, para que fuera discutido y decidido, en esa misma sesión ordinaria".

Durante la sesión, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) feministas, entre las que se encuentran: La Colectiva: Observatorio Feminista, Nosotras Ciudadanas por la No Violencia hacia las Mujeres, Mujeres y Hombres Socialmente Activos, Sangre Violeta, Diverciudad, AC y Género y Medio Ambiente (Gemas), I.A.P, se expresaron en contra de la iniciativa y advirtieron que aprobarla sería un grave retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres.

Se manifestaron en el recinto legislativo y presentaron un pronunciamiento dirigido a los cuatro grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Panal, pero no fueron escuchadas.

Entrevistado por Cimacnoticias, el maestro de Derecho Lorenzo Ramos Félix calificó de inconstitucional la reforma y agregó que tanto PRI como PAN se están jugando la preferencia electoral del 2009. "Es una posición hipócrita, ya que en el proceso legislativo el cause legal se violentó".

Fue un proceso sumamente desaseado, dice, pues no se hizo un dictamen previo, sino que se pasó directamente al pleno, hay normas para reformar la Constitución del estado, mismas que obviaron. Primero debe pasar a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, y ésta dictaminar la iniciativa, lo que no ocurrió.

ENTRARÁ EN VIGOR

A partir del 21 de octubre de 2008, -- día de aprobación de la reforma-- los ayuntamientos recibieron el mandato de analizar y aprobar en sus Cabildos la reforma que blinda al Estado contra futuras propuestas para despenalizar el aborto.

Tras la aprobación de 43 de los 72 municipios de la Ley 174 de la reforma Constitucional, quedó determinado que se han cubierto los requisitos que establece el Artículo 163 de la Constitución Política del estado de Sonora, permitiendo con
ello la entrada en vigor y efectivo cumplimiento, por lo que el Poder Legislativo acordó enviarla al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

Con ello, Sonora, al igual que los congresos de Puebla, Morelos, Baja California, Colima y Jalisco, ha aprobado leyes que se contraponen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en opinión de juristas como el maestro Ramos Félix.

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Vigilancia extrema del EMP a reporteros de Megamedia

México DF, 9 abril 09 (CIMAC).- Directivos del Diario de Yucatán denunciaron que el Estado Mayor Presidencial (EMP) impuso un "marcaje personal" a reporteros de Megamedia durante la visita que Felipe Calderón Hinojosa realizó esta semana al estado de Campeche, sur de México, informó el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet).

El hecho se da en el marco de la denuncia que hizo recientemente Megamedia, casa editora del Diario de Yucatán, contra Miguel Ángel Jiménez Godínez, titular de la Lotería Nacional por intentar sobornar a esta casa editorial para promover la candidatura de Mario Ávila Lizárraga, el Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Campeche.

Calderón Hinojosa viajó el pasado 7 de abril a la ciudad de Campeche inesperadamente para inaugurar dos centros de atención médica. Durante su visita, los periodistas que cubrieron la gira fueron recluidos en una zona delimitada por vallas, a la que Calderón apenas se acercó a unos cinco metros, publicó el Diario de Yucatán en su edición de ayer.

Los reporteros de Diario de Yucatán y La i, que cubrieron la visita de Calderón, fueron "protegidos" por el EMP, especialmente en la inauguración del Centro de Oncología de Campeche, comentó Pablo Cicero Alanís, director editorial adjunto de Megamedia.

"Dos guardias que llegaron con la comitiva se mantuvieron muy cerca de los reporteros de Megamedia, y cuando el fotógrafo Sergio González se alejó para tomar otra perspectiva del evento, uno de ellos se aproximó a él, sin perder detalles de sus movimientos, y le pidió que regresara al área de prensa", detalló Cicero Alanís.

Agregó que el reportero Martín Acosta esperaba que Calderón Hinojosa pasara junto a él para preguntarle sobre el intento de soborno del director de la Lotería Nacional, pero Calderón atendió a una seña de Pedro Monterrubio, enlace de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia con Medios de Provincia, y se pegó al lado derecho del pasillo central, formado con vallas metálicas, viendo y saludando a los
empleados del sector salud invitados al evento. Calderón evadió a la prensa local, dice Cepet.

"Segundos antes, un agente del EMP se acercó a nuestro compañero, quien tenía las manos en los bolsillos, y llevándose el guardia la mano a la parte trasera de la cintura (no tenía arma a la vista) le hizo el ademán de que mostrara las manos. Lo más cerca que la prensa local que estuvo Calderón fue a seis metros en el evento del Centro de Oncología", dijo.

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Nicaragua: magistrados favorecen restitución de aborto terapéutico

Managua, Nic. 8 abril 2009 (CIMAC/SEMlac, Sylvia R Torres).- Mientras circula por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas una "carta sombra" con la petición de 23 organizaciones sociales nicaragüenses -la mayoría de filiación feminista-, arrecian en la prensa local los rumores de que la Corte Suprema de Justica (CSJ) se pronunciaría a favor de la restitución del aborto terapéutico, penalizado el 26 de octubre del 2006 con la promulgación del Nuevo Código Penal.

El nuevo Código fue aprobado por diputados del Frente Sandinista, el Partido Liberal Constitucionalista y la Alianza Liberal.

A finales de marzo de este año, el vicepresidente de la CSJ y magistrado por el FSLN, Rafael Solís, admitió la existencia de un borrador de sentencia, admitiendo como "inconstitucional" la penalización del aborto terapéutico.

Solís dijo que "tanto la vida de la mujer como la del niño están protegidas por la Constitución", pero agregó que habría que examinar si, "en casos de enfermedad de la mujer, se le da prioridad para que salve su vida, que es lo que dijo la semana pasada, en África, el Papa (Benedicto XVI)".

Solís se refería a las declaraciones emitidas el 21 de marzo por Rino Fisichella, presidente de la Academia Pontificia pro Vida del Vaticano, quien criticó la excomunión del personal médico y la madre, que facilitaron la interrupción del embarazo gemelar en una niña de nueve años. En la prensa local se interpretó como la posición del Vaticano.

Mayte Ochoa, del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto y de Católicas por el Derecho a Decidir de Nicaragua, declaró que han recibido indicios de que la CSJ pronto dictará sentencia: "recibimos dos comunicaciones posteriores a la introducción de varios Amicus Curie, uno el día 6 de marzo del corriente y otro el día 11 del mismo mes. La primera, notificándonos el cierre del periodo de debate y
la segunda informando que entraba nuestro Recurso de Inconstitucionalidad a proyecto de sentencia.

"Esperamos que finalmente se resuelva el recurso dentro del plazo establecido por la ley (60 días) y confiamos en que todas las acciones desarrolladas por el Grupo Estratégico, y otros actores de la sociedad civil, resulten en una declaración de inconstitucionalidad que restituya el derecho a la vida y la salud de las mujeres,
niñas y adolescentes de nuestro país", añadió.

Por su parte, representantes de la jerarquía católica, entre ellos el obispo Abelardo Mata, denunciaron que ya existía un acuerdo político para la despenalización, por lo que arreciarían sus presiones al presidente de la república,
Daniel Ortega, y a los y las representantes en la Asamblea Nacional. En la última semana de marzo, la jerarquía realizó marchas en tres departamentos.

Martha María Blandón, del Movimiento Feminista, declaró que han proporcionado al Estado nicaragüense información sobre casos en los que médicos de las instituciones públicas presionaron a mujeres para que llevaran a fin embarazos anencefálicos, en los que el producto no tiene cerebro y, por tanto, no es viable fuera del útero de la mujer. Estas acciones han ocasionado la disolución de parejas y severos daños
sicológicos a la mujer, sin que nadie preste ningún tipo de ayuda.

Otras fuentes más escépticas -y que no aceptaron ser citadas- aseguraron que los rumores sobre la despenalización de aborto terapéutico constituyen "una cortina de humo del gobierno". "Lo que persiguen es callar los reclamos de la iglesia con relación al fraude electoral", agregó la fuente.

A pesar de las declaraciones favorables a la despenalización, aún continúa en el Ministerio Público una acusación en contra de nueve líderes feministas acusadas, entre otros cargos, de promover el aborto.

"DISCRIMINACIÓN Y TRATO CRUEL"

En su "carta sombra", elevada al Comité de Naciones Unidas, las organizaciones nicaragüenses solicitan se complemente el 42 informe periódico de Nicaragua, haciéndole responder por violaciones a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT). En lo que respecta al aborto
terapéutico el Estado nicaragüense estaría fallando al "privar de servicios médicos" a las mujeres que demandan la interrupción de embarazos.

Según la denuncia: "La negación de este servicio médico no considera de manera especial a las mujeres con embarazos de alto riesgo obstétrico, los cuales son causas directas de morbimortalidad materna".

La misiva señala que también se incumplen las obligaciones de la Convención ejerciendo discriminación contra las mujeres, ya que "la negación de los servicios de aborto terapéutico constituye discriminación por sexo".

"Los hombres no sufren impedimentos legales para recibir determinados servicios médicos, ni castigo penal por recurrir a ellos, mientras que a las mujeres se les está negando la opción de recurrir a una interrupción del embarazo para preservar su salud y su vida, imponiéndoles sanciones si acuden a ellos de forma ilegal", se denuncia.

La violación de derechos también abarca a las personas del cuerpo médico nacional, atrapado entres sus obligaciones éticas por preservar la vida y salud física y o mental de las mujeres, y la prohibición total de practicar interrupciones de embarazos.

El Estado nicaragüense podría salir mal librado de esta comparecencia, puesto que, en 2004, esa Comisión manifestó su preocupación por el comportamiento del Estado chileno en una situación parecida.

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Mujeres de AL excluidas de las prácticas periodísticas

Guatemala, Guat., 6 abril 09 (CIMAC/Cerigua).- La incorporación de las mujeres a los medios de comunicación aún es difícil, discutida y obstruida, ya que no tienen acceso a las mismas garantías que los hombres y su labor es poco reconocida, reveló un análisis elaborado por la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP).

La información señala que en el mundo existen aproximadamente 600 mil periodistas, la mitad constituida por la población femenina; en América Latina laboran en distintos medios unos 100 profesionales de la información, concentrados principalmente en Brasil, México y Argentina.

En el Continente Americano el 27.3 por ciento de periodistas, conductores de noticieros y reporteros en empresas radiales, escritas y televisivas son mujeres; predominan las profesionales que se desempeñan en el ámbito televisivo, revela el estudio.

Las periodistas sufren de acoso sexual durante las horas laborales, son obligadas muchas veces a trabajar doble jornada y no cuentan con seguridad social relacionada a la maternidad, enfatiza el documento.

Las comunicadoras también sufren de discriminación respecto de los contenidos de sus
notas; los temas políticos o de Estado de mayor complejidad o que podrían tener mayor impacto en la opinión pública, son asignados a los hombres, señala la publicación de la ANP.

Integrantes de la Asociación de Periodistas destacaron que es indispensable revertir las relaciones tradicionales de poder entre hombres y mujeres y buscar la igualdad en la toma de decisiones en las salas de redacción.

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Delitos contra periodistas son, desde hoy, competencia federal

México DF, 2 abril 2009 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- Hoy el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó adiciones al Código Penal Federal, para tipificar las "conductas
delictivas que impidan, interfieran, limiten o atenten contra la actividad periodística y vulneren la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación", con lo que quedan federalizados los delitos contra las y los periodistas.

El dictamen, validado por la Comisión de Justicia el 25 de marzo pasado, fue aprobado este día con el mínimo de votos requeridos es decir 263. Así, queda establecido en el Artículo 430 del Código Penal Federal que "será de competencia federal, el caso de un delito penal que se cometa con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística".

Quién lo hiciera se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en caso de que el delito sea cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas se aumentará hasta en una mitad la pena señalada.

Las consideraciones del dictamen de la Comisión, presidida por diputado César Camacho Quiroz, afirman que es notable que el ejercicio periodístico esté respaldado por cuerpos normativos, ya que los ataques a la libertad de expresión de las y los periodistas no sólo atentan contra ellos, sino contra los derechos de la sociedad en general.

Para lo anterior, se considera a la actividad periodística como el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de las mismas.

"Hay personas que, sin tener la calidad específica de ser periodista, sufren agresiones, por ello se prevé que la actividad periodística pueda realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no".

Afirma que la tipificación de las conductas que vulneren el derecho de la libertad de expresión de las y los comunicadores protege no sólo la actividad, sino también los medios de comunicación. Ya que el ámbito de protección contempla a todas las personas que intervienen en el proceso de la actividad, desde la búsqueda de la información hasta la distribución de ésta.

Puntualiza que la criminalidad en México ha aumentado considerablemente en los últimos años, en este contexto también las y los comunicadores han sido sujetos de ataques con motivo del ejercicio de su función, por lo que "corresponde al Estado cuidar que no se vulnere el derecho de la libertad de expresión".

La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP-México), señala que en los 27 meses de la actual administración federal han ocurrido 25 homicidios de comunicadores, prácticamente uno por mes, entre ellos los de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, comunicadoras triquis de la radiodifusora La Voz
que Rompe el Silencio, en Oaxaca, emboscadas el 7 de abril de 2008.

Con los asesinatos y desapariciones de los primeros meses del año, México mantiene el primer lugar en el mundo en atentados a informadores y medios, afirma la FELAP y señala que en los últimos 8 años 3 meses su registro de arroja una lista de 55 periodistas asesinados, cerca de 7 al año, y todos los casos yacen en la impunidad.

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Solidaridad internacional ante secuestro de Gladys Monterroso

Guatemala, Guat., 2 abril 2009 (CIMAC/Cerigua).- La comunidad internacional en su conjunto se solidarizó ayer con el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), como un gesto sin precedentes, luego del secuestro y posterior liberación de Gladys Monterroso, esposa del Ombudsman nacional.

Los Embajadores de Estados Unidos, Ecuador, Brasil, el Reino Unido y Suiza, así como
diplomáticos de más de 20 países y delegados de las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con presencia en Guatemala, visitaron a Morales, para expresarle su apoyo por este hecho, que ha sido condenado por diversos sectores sociales y humanitarios.

El ataque contra Monterroso ocurrió el 25 de marzo pasado, 11 horas después de que el PDH presentara un informe sobre los archivos de la desaparecida Policía Nacional (PN), que revela cómo esta entidad fue utilizada por el Ejército durante el conflicto armado interno, para cometer actos violentos contra la dignidad de los guatemaltecas y guatemaltecos.

Morales expuso a los diplomáticos el trauma que padece su esposa, quien fue interceptada por hombres desconocidos en un sector de la zona 10 capitalina la referida fecha y liberada por la noche en la zona 18, luego de sufrir una serie de torturas.

El Procurador también manifestó a las y los representantes de la comunidad internacional que trabajadores de la institución han sido amenazados de muerte y que el fin de semana se rumoró sobre el asesinato de dos investigadores de la Procuraduría.

Los Embajadores y delegados de los organismos internacionales expresaron a Morales su respaldo, apoyo y solidaridad e insistieron en que les preocupa el alto índice de violencia que afecta a Guatemala, donde aparentemente existe un plan desestabilizador, porque son demasiadas las coincidencias.

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Sonora: ratifican reforma que da personalidad jurídica al embrión

Hermosillo, Son., 1 abril 2009 (CIMAC, Silvia Núñez Esquer/corresponsal).- 43 de los
72 municipios de Sonora ratificaron la reforma constitucional al artículo Primero
constitucional, que otorga derechos al embrión humano sobre los de las ciudadanas sonorenses.

La modificación a la Ley 174 que reforma el Artículo primero de la Constitución Política del estado de Sonora, que establece la garantía de la vida en gestación, el Congreso del estado acordó este día enviar la reforma al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

En Sonora la ley fundamental no requiere ser ratificada ni puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. No obstante, las y los diputados de la LVIII legislatura decidieron enviarla. Fue la priista Irma Villalobos quien dio lectura al acuerdo que resuelve enviarla para su publicación en el boletín oficial del Gobierno del estado.

Como se recordará, ante una propuesta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y apoyado por las y los priistas en pleno, la aprobación reforma el Artículo Primero de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

Artículo 1°.- Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.

Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

Para ser aprobada la reforma, los grupos unidos suspendieron la reunión del 21 de octubre pasado en Comisión para aprobarla a espaldas de la sociedad, por lo que la llevaron directo al pleno y solicitaron con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declarara como urgente y obvia resolución y se dispensara el trámite de Comisión, para que fuera discutido y
decidido, en esa misma sesión ordinaria, lo cual se aprobó.

Durante la sesión, organizaciones de la sociedad civil feministas se expresaron en contra de la iniciativa y se manifestaron en el recinto legislativo al tiempo que presentaron un pronunciamiento dirigido a los cuatro grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Panal.

REFORMA INCONVENIENTE

En un documento firmado por La Colectiva: Observatorio Feminista, Nosotras Ciudadanas por la No Violencia hacia las Mujeres, Mujeres y Hombres Socialmente Activos, Sangre Violeta, Diverciudad, AC y Género y Medio Ambiente (Gemas), I.A.P., observaron que la iniciativa cuenta con varios inconvenientes.

Entre otros, atenta contra el Artículo 4º constitucional, que establece que "(…) toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…".

Contraviene la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la Interrupción Legal del Embarazo en el Distrito Federal, que fija un criterio jurídico fundamentado en la no discriminación hacia las mujeres.

Atenta contra la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, particularmente en la figura del agravio. Atenta contra la posibilidad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su futuro, al no consultarlas, y
transgrede sus derechos como ciudadanas en un Estado democrático.

Y finalmente, contraviene los acuerdos internacionales en la materia firmados y
ratificados por nuestro país. Asimismo emitieron un pronunciamiento dirigido a todas las y los diputados de la LVIII legislatura, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la comunidad sonorense.

En él exigieron que se abra al debate amplio a la sociedad en general, y particularmente a las mujeres. Los grupos parlamentarios y la Comisión de Asuntos de la Mujer deben garantizar la no discriminación hacia las mujeres y hacer respetar
sus derechos ciudadanos, opinan.

Sin embargo, esta tarde y con la ratificación de 43 municipios el Congreso del Estado aprobó solicitar al ejecutivo su publicación descartando que es de su competencia promover la construcción de un Estado laico y democrático y no la
socialización de argumentos moralistas y religiosos que desvían la atención de un problema social y de salud pública que es prioritario.

Las organizaciones civiles inconformes solicitaron al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Sáenz Félix interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando fuera
publicada la reforma, a lo que el Ombudsman contestó que respondería cuando se cumplieran condiciones de tiempo y forma.

IRREGULARIDADES DE ORIGEN

En su momento la organización Sonora Ciudadana AC, dedicada al monitoreo y sistematización de información sobre la transparencia de las dependencias del Gobierno del estado y Congreso local, denunció las irregularidades que había habido en el proceso.

Sonora Ciudadana AC se pronunció en contra de los procedimientos bajo los cuales se aprobó la reforma al Artículo 1º de la Constitución Política del estado de Sonora el 21 de octubre de 2008.

Sonora Ciudadana AC, a través de su Monitoreo Legislativo Sonorense (MLS), denunció la evidente violación de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, específicamente al artículo 124, fracción III.

Con ello, nuevamente evidenciaron las formas discrecionales con las que se discuten temas importantes para las y los sonorenses: Reuniones de comisión que se acuerdan sin previo aviso, a espaldas de la sociedad sin previa consulta ciudadana e iniciativas que se aprueban de manera fast track dispensando trámites importantes como el de dictaminación y el de segunda lectura de las iniciativas, finaliza su monitoreo.

De acuerdo al dictamen presentado en la sesión de hoy, se determina que se han cubierto los requisitos que establece el artículo 163 de la Constitución Política del estado de Sonora, permitiendo con ello la entrada en vigor y efectivo cumplimiento.

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Torturaron a Gladys Monterroso, esposa de Ombudsman guatemalteco

México DF, 31 marzo 09 (CIMAC).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, calificó como alarmante el secuestro y la tortura contra Gladys Monterroso Velásquez, esposa del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales Alvarado.

Debido a la gravedad de la situación, el Ombudsman de la Ciudad de México fue invitado el pasado 27 de marzo a una reunión urgente a la ciudad de Guatemala, donde se llevó a cabo un encuentro del Consejo de Procuradores Centroamericanos de Derechos Humanos.

Álvarez Icaza Longoria no descartó que esta agresión en contra de Gladys Monterroso Velásquez esté vinculado con el informe que presentó el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales Alvarado, denominado "El derecho a saber".

Este material recupera un archivo histórico de la policía nacional y del ejército, con información de los desaparecidos durante el conflicto armado interno y documenta la violación de los derechos humanos durante ese período.

EL SECUESTRO

De acuerdo con diversos testimonios, Monterroso Velásquez desayunaba en un restaurante ubicado en la Zona 9 de la ciudad de Guatemala, cuando recibió una llamada telefónica, salió a la calle y en ese momento tres hombres cubiertos con
pasamontañas la introdujeron violentamente en un vehículo y se la llevaron.

Ella fue retenida hasta cerca de las 20:00 horas y una llamada telefónica al Procurador Morales Alvarado le indicó que su esposa había sido dejada en la vía pública en la colonia Atlántida de la Zona 18.

"Le queman el cuerpo con cigarrillos, como en las peores prácticas de la tortura en los años setenta, es víctima de golpes; tiene marcas de estrangulamiento, fue víctima de agresiones sexuales y psicológicas", relató el Presidente de la CDHDF.

Álvarez Icaza Longoria aseveró que el estado de la esposa del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala es grave por la afectación psicológica y se recupera en un hospital de la localidad.

"Esperamos del Gobierno de Guatemala la más enérgica respuesta para encontrar a los
responsables, por lo que significa, ya que no sólo atenta contra el proceso de paz, sino contra la consolidación democrática".

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