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Podrán Jueces Seguir "de Oficio" Casos de Violencia Familiar

México DF, 22 de febrero 2007 (CIMAC).- Para que los jueces actúen con criterios determinados al dictar sentencia en demandas de divorcio por violencia familiar y con el fin de brindar mayor protección a las personas víctimas de este tipo de violencia, el Senado de la República aprobó un dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal.

Con esta reforma el juez no sólo estará facultado, sino obligado a intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, "más cuando se trate de violencia, ordenando llevar a cabo todos los estudios que sean conducentes para el conocimiento de la verdad jurídica", señaló el senador Ricardo García Cervantes, quien presentó la iniciativa el 9 de noviembre del 2006.

En su opinión, la reforma al Código Civil era urgente, pues la violencia familiar como causal de divorcio necesario había sido juzgada con criterios distintos, y el máximo tribunal (Suprema Corte de Justicia) había determinado que cuando se entablara una demanda por este motivo se deberían expresar pormenorizadamente los hechos, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que éstos ocurrieron.

Lo anterior, subrayó, afectaba el principio de justicia que debe imperar en cualquier determinación de autoridad, toda vez que este tipo de violencia se genera en distintos momentos, con conductas constantes y reiteradas, lo que provoca que muchas veces no se recuerden de manera precisa o exhaustiva todas las circunstancias.

Por este motivo, agregó, era necesario prever en el Código Civil que en casos de divorcio necesario por violencia familiar sea suficiente que el demandante narre ciertos datos, hechos o acontecimientos, sin que sea imprescindible que lo haga de forma pormenorizada.

Las modificaciones se hacen con el propósito de fomentar el desarrollo social y familiar en un ambiente de respeto a la dignidad humana, dice García Cervantes, pues el maltrato físico y psicológico es una conducta reiterada en múltiples familias mexicanas, cuyas víctimas son principalmente las mujeres, así como las y los menores de edad, sin dejar de reconocer que en algunos casos los hombres adultos mayores también sufren actos de violencia.

Ante este panorama, añadió, es obligación y derecho de las familias desarrollarse en un ambiente de respeto a sus personas y evitar conductas que generen violencia entre sus integrantes. La reforma tiene su origen en una tesis jurisprudencial dictada, en 2006, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al analizar dos sentencias contradictorias dictadas por tribunales colegiados. El dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera fue aprobado en lo general por 100 votos a favor y ninguno en contra.

La sentencia de la SCJN ordenaba que quienes soliciten el divorcio por motivos de violencia familiar deberán describir "lo más exactamente posible" el tiempo, la forma y el lugar en que ocurrieron los hechos, de no hacerlo la persona demandante corría el riesgo de que su petición fuera negada.

Así, el máximo tribunal mexicano sentó jurisprudencia en la Federación y desató el año pasado una controversia con los compromisos internacionales asumidos por México en la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, Artículo 2), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará, Artículo 7). (Por Lourdes González García, CIMAC)

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Debe Enfrentarse el Aborto como Servicio Público Legal: Lamas

México, DF, 22 de febrero 2007 (CIMAC).- Las causas de la mortalidad y morbilidad materna tienen que ver con la desigualdad por cuestiones económicas, por lo cual la única manera de enfrentar el problema es concibiendo el aborto como un servicio de salud reglamentado en los hospitales públicos.

Así lo consideró Marta Lamas, antropóloga y presidenta del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), durante su ponencia en el Foro Taller de las Iniciativas en materia de aborto, llevado a cabo hoy en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en torno al tema de la interrupción del embarazo y la ley de aborto en México.

Actualmente, el panorama que tenemos cuando se habla de una ley para despenalizar o no el aborto va de la mano de la decisión moralmente cínica de cerrar los ojos y dejar florecer el negocio del aborto clandestino que va en contra de la salud y la vida de las mujeres, subrayó.

Por otro lado, y pese a los índices de mortalidad en esta práctica, las mujeres están acudiendo a abortar "aunque les diga que es pecado o ilegal". Continúa siendo la solución para ellas, por lo que es necesaria una política más amplia que empiece por despenalizarlo.

Al respecto, recordó la declaración de monseñor Alberto Iniestra, obispo auxiliar de Madrid, en 1985 cuando se despenalizó el aborto en España: "Mi conciencia rechaza totalmente el aborto pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere delito".

Para Lamas, este puede ser un contexto muy útil que ayude a pensar en el aborto en términos jurídicos y no morales, pues lo que hizo el prelado, explicó Lamas, fue deslindar y decir que aunque muchos no pueden estar de acuerdo con la interrupción del aborto "una cosa es no estar a favor de él y otra es a quién le sirve una la ley que no lo considere delito".

Con respecto a la ley en México, Lamas se cuestiona si ésta dará un cambio o se continuará con una legislación que no cumple e intenta meter cada año a "cientos de miles de mujeres a la cárcel por abortar ilegalmente". "O modernizamos la ley o nos seguimos haciendo guajes", enfatizó.

Otra cuestión que es necesaria tomar en cuenta es que México no puede sustraerse a las leyes internacionales que hay sobre derechos sexuales y reproductivos, a decir de Lamas. Por lo que existen muchísimas cuestiones que discutir ante las despenalización del aborto, "es importante salirnos de la discusión sobre si darle un sí al aborto o un no, y sobre quién debe tomar la decisión".

No es necesario sólo plantear la despenalización del aborto sino también las condiciones que hagan posible que las mujeres ya no interrumpan sus embarazos, pues lo que realmente queremos, dijo, es que ninguna persona se enfrente a un aborto.

Y la despenalizando o penalización tienen que ver con diversos elementos, como tener una sociedad capaz de decirle a una mujer que quiere tener una hija o un hijo: "nosotros nos vamos a hacer cargo de tu bienestar económico y te vamos a capacitar para que te puedas sostener".

Es importante distinguir entre lo que sería el debate de leyes y un debate social, además es necesario contar con el marco internacional pues el panorama mundial de leyes que penalizan o despenalizan la práctica del aborto pone en evidencia dos cuestiones: que ningún código penal equipara jurídicamente aborto con asesinato, ni siquiera el derecho canónico, y que la tendencia mundial va en sentido de la despenalización y de abrir oportunidades para que las mujeres no tengan que abortar.

Para Lamas es menester dilucidar si nos sirve una ley que actualmente nadie cumple, porque si se cumpliera "no cabrían las mujeres en las cárceles que tenemos". La condición principal para interrumpir o no un embarazo tiene que ver con la libertad de conciencia y mientras no cambien estructuralmente las condiciones de miseria sexual, de ignorancia y de pobreza económica en que viven la mayoría de nuestra población nadie podrá impedir los abortos.

"Hay que analizar las condiciones en que las mujeres llevan a cabo la interrupción del embarazo y si era o no su deseo abortar o tuvo otras razones; las mujeres que sí lo querían lo viven como una liberación y las que no viven el síndrome pos aborto". Este tema, explicó, nos hace ver que somos una sociedad que conduce a las mujeres a que aborten cuando no lo desean, sobre todo aquellas que siendo obreras, cajeras y/o meseras corren el riesgo de ser despedidas por lo que se ven obligadas a interrumpir su embarazo.

El verdadero debate se centra en el acceso a los buenos servicios del aborto, toda vez que existe un problema de justicia social y una fractura impresionante al respecto que es imperante resolver lo cual sería uno de los tantos pasos que se tienen que dar para llegar a la despenalización.

Respecto a las justicia social, debemos proponerle al gobierno que mantenga hasta su mayoría de edad a las y los hijos no deseados de las mujeres a quienes se impide abortar legalmente y que a las que sí desean finalizar su embarazo y tienen dificultades económicas se les otorgue un seguro que les permita mantenerlas a ellas y a sus hijos.

De nada sirve la ley si no hay también apoyos económicos para aquellas mujeres que sí quieren tener hijas e hijos y si no se abren mejores canales de adopción para quienes quieren prescindir de los cuidados de un infante.(Por Hypatia Velasco Ramírez, CIMAC)

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Beatriz Paredes, Presidenta del PRI

México DF, 19 de febrero 207 (CIMAC).- Beatriz Paredes Rangel asumirá la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el próximo 4 de marzo, luego de ganar la e0lección que se llevó a cabo este fin de semana para dirigir este partido.

Al obtener el 68.53 por ciento de los 9 mil 410 votos emitidos por el Consejo Político Nacional, la ex diputada se convirtió en la nueva dirigente nacional del PRI, ganando con amplio margen a Enrique Jackson, quien fue su más cercano competidor al obtener 4 mil 173 votos.

La ex candidata a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, en 2006, aun cuando ha señalado su compromiso con las políticas públicas con equidad de género y por dotar de mayores recursos a la atención materno infantil, no sólo a nivel federal sino local, no hizo ninguna alusión a ello en su discurso durante el anuncio de su triunfo.

Paredes ha formado al interior de su partido un "grupo compacto" de mujeres, entre las que destacan, María de los Ángeles Moreno, las ex diputadas federales Hilda Anderson, Laura Pavón y la ex secretaria general del tricolor Gloria Brasdefer, entre otras, quienes forman parte de una corriente con "una marcada conciencia de género", que pretende establecer políticas públicas desde esa perspectiva.

Dentro de su quehacer a favor de las mujeres, destaca su impulso para que en el presupuesto 2002 se autorizaran 50 millones de pesos para apoyar a las mujeres campesinas, la participación en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la promulgación en 1998 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar.

DEMOCRÁTICA DE IZQUIERDA, DICE

Como ella misma se define, Beatriz Paredes es una mujer "polifónica", excéntrica, reformista, "democrática de izquierda", aficionada a la poesía y de "espíritu emprendedor".

Nació en una familia de origen rural el 18 de agosto de 1953, en Tizatlán, Tlaxcala. Fue dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y cuenta con una carrera política meteórica que, a sus 53 años de edad, la distingue de otras líderes priistas contemporáneas.

Ha sido diputada local en Tlaxcala a los 21 años (1974-1977), coordinadora del Congreso Estatal, presidenta de la Comisión de Hacienda, e integrante de las comisiones de Educación y Reforma Agraria. Como diputada federal, a los 26 años (1979-1982), y presidenta del Congreso de la Unión respondió el tercer informe de gobierno del ex presidente José López Portillo.

A los 33 años llegó a la gubernatura de su estado (1987-1992), y se convirtió en la primera mujer gobernadora de Tlaxcala, segunda jefa de un ejecutivo estatal en todo el país, después de Griselda Álvarez, quien gobernó Colima.

Paredes, socióloga por la UNAM, también fue subsecretaria de la Reforma Agraria (1982-1985) durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y subsecretaria de Gobernación en la gestión de Ernesto Zedillo.

Entre otros cargos, ocupó el de Senadora (1997-2000), secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI (abril-diciembre de 1992), embajadora en Cuba (1993-1994), integrante de las delegaciones gubernamentales a las Conferencias Mundiales de la Mujer en Pekín, China (1995), y en Copenhague, Dinamarca (1980). Recibió el premio "Mujer del año" (1989), "por su trabajo sistemático, dedicación, capacidad creativa y aportación femenina al beneficio comunitario de nuestro país".

"La dama del folclórico vestir", como la definió el columnista Julio Hernández López, no sólo ha estado cerca del sector campesino y sus carencias, sino que también ha incursionado en actividades financieras. De 1987 a 1992, más de la mitad del gobierno salinista, fue integrante del Consejo Directivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras); y entre 1982 y 1985 participó en el Consejo Directivo del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural).

Fue Beatriz Paredes quien respondió al primer informe de gobierno del presidente Vicente Fox, en su carácter de presidenta de la mesa directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados. El próximo 4 de marzo iniciará la titánica labor de reorganizar al PRI, su partido, severamente lesionado por las divisiones, escándalos y por las derrotas presidenciales desde el año 2000.

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La Ley de Acceso a una Vida sin Violencia no "Castiga"

México DF, 19 de febrero 2007 (CIMAC).- Desde que Felipe Calderón anunció la publicación en el Diario Oficial de la Federación "de una ley contra la violencia" y los medios electrónicos empezaron a difundir la idea de que era una ley "que castiga a los agresores", se ha generado confusión y controversia en torno a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El resultado de su errónea difusión es que muy pocas personas la conocen y, quienes saben de ella, tienen la idea de que se trata de una ley sólo punitiva. Además, sin que se haya difundido en extenso las características de la citada norma, el Partido Acción Nacional, a través del senador Ricardo García Cervantes, ha sostenido que es discriminatoria, porque no contempla a niños y hombres, contiene errores de redacción y es difícil de aplicar.

Estas pretendidas "imprecisiones" llevaron a García Cervantes a presentar una iniciativa de reformas a la norma. En contra de esta apreciación y de la forma en que la ley se ha difundido en los medios de comunicación, las feministas Marcela Lagarde y Angélica de la Peña, principales impulsoras de esta Ley y diputadas en la LIX legislatura, afirman que lo que falta "es una visión más amplia" de los
derechos humanos de las mujeres "esencia de la Ley".

"La Ley tutela y garantiza, promueve e impulsa el derecho a una vida sin violencia de las mujeres y busca la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre", aclara Lagarde. Angélica de la Peña señala que no es una Ley punible y "es la primera en su
tipo porque tiene una perspectiva de género y antepone a las mujeres como sujetas de derecho, lo que no ocurre con ninguna de las leyes existentes".

Las leyes punibles están en los códigos, aclara, esta "es una Ley general que tiene que desatar una serie de acciones que comienzan desde el nivel federal, creando todo un sistema para atender, prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y define los mecanismos institucionales para que finalmente haya una respuesta del Estado mexicano a este problema".

VIOLENCIA INVISIBLE

Marcela Lagarde, quien presidió la Comisión Especial de Feminicidio, había señalado desde hace tiempo que "los agravios, la violencia social, económica, jurídica, judicial, política, psicológica y cultural contra las mujeres es tolerada y fomentada y ni siquiera es considerada como violencia ni como un problema social, por lo que no se crean mecanismos para erradicarla, mucho menos se documenta en cifras".

La Comisión detectó la falta de cifras confiables sobre el tema cuando, en la legislatura anterior, realizó una investigación para analizar la incidencia gubernamental en la procuración y administración de justicia, prevención y atención de la violencia de género, en especial la que culmina en homicidios de niñas y mujeres.

"A pesar de haber recabado información oficial, prevalece la confusión y la falta de información básica, no hay correspondencia entre las cifras oficiales de diversas instituciones, de organizaciones civiles y de la prensa", dice Lagarde.

La ONU documentó y reconoció recientemente las diversas formas de violencia contra las mujeres. Uno de los conceptos que ha creado más debate es el relacionado con la violencia psicológica porque, según Angélica de la Peña, "se insiste en hablar de ésta como una violencia moral y no es así".

En México, la única investigación sobre violencia de género es la "Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003", realizada por INEGI, la UNAM e Inmujeres, que reconoce violencia emocional, económica y sexual.

NO CASTIGA POR SÍ SOLA

"Hay que entender el contexto en que se da esta Ley", advierte De la Peña. Las sanciones tienen que estar inscritas en los Códigos Penales, lo cual no ha quedado claro (para algunos legisladores) porque esta materia está conferida al ámbito local (entidades federativas), no es una atribución para legislar que tenga el Congreso de la Unión, como lo establece el Artículo 73 constitucional".

La Ley no castiga por sí sola, enfatiza Lagarde. "Hay que hacer un trabajo coordinado desde la Federación, los estados y municipios, lo cual implica una reforma de Estado, de las instituciones gubernamentales para garantizar que sea aplicable y el derecho que tutela sea exigible por todas las mujeres".

FALTAN JUECES CAPACITADOS

Ahora los jueces tienen que "atender" en función de lo que dice esta Ley, aplicando sus conceptos novedosos, sostiene De la Peña: violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, que ahora no se consideran en México.

"Los jueces no están educados" en el reconocimiento de las acciones afirmativas como preceptos legales, por eso "la capacitación será primordial para que puedan fundamentar sus argumentaciones al momento de dirimir un juicio".

"Ahora se tienen que preparar los reglamentos, como lo establecen los transitorios de la Ley y trabajar para que los conceptos que se proponen tengan viabilidad, no van a tenerla si no se reforma las leyes estatales", insistió.

ALERTA DE GÉNERO

Sobre la alerta de género, uno de los 19 artículos que se reservó, que cuestionó, la fracción panista, De la Peña aclaró que ha generado controversia "porque piensan que está violentando el artículo 29 constitucional, lo cual es un error".

Explicó que ésta se deriva de las acciones de protección civil, es decir, que no se tenga que pedir autorización ni al Congreso ni al Presidente de la República para apoyar una acción ante un desastre natural.

VIOLENCIA FEMINICIDA

La evidencia de que el feminicidio en México no sucede sólo en Ciudad Juárez, documentada por la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de diputados en la LIX legislatura, observó la necesidad de crear una Ley que incluyera todas las formas de violencia contra las mujeres y una política integral marco, de nivel federal, para enfrentar este flagelo que afecta a la mitad de la población del país: las mujeres.

Era una propuesta impulsada también desde décadas atrás por el movimiento feminista y amplio de mujeres, que han pugnado por una legislación sobre violencia feminicida y no sólo familiar.

La propuesta fue cabildeada desde la LIX Legislatura por diputadas de las Comisiones de Equidad y Género y Especial para la niñez, la adolescencia y las familias, lo que culminó en su unánime aceptación en el Poder Legislativo. (Por Lourdes Godínez Leal, CIMAC)

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Designa Presidente a Rocío García en Inmujeres

Foto: Notimex

México, 1 de febrero 2007 (El Universal).- El presidente, Felipe Calderón, designó a Rocío García Gaytán, nueva presidenta del Instituto nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Calderón Hinojosa refrendó su compromiso en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género, de manera transversal, en toda la administración pública federal y trabajar, desde el ámbito de sus facultades, para que la transversalidad sea posible en los ámbitos estatal y municipal.

El Presidente reconoció a María Elena Álvarez Bernal y Laura Gurza Jaidar “otras dos distinguidísimas mujeres que fueron incluidas en la terna”, que se sometió a su consideración, y confió en que seguirán trabajando por el bienestar de las mujeres de México y el bienestar de todos los mexicanos.

La nueva presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, nació en Jalisco y es técnica en turismo. Es panista y fue diputada federal en la 58 Legislatura, durante la cual impulsó la Ley que crea el Inmujeres. Formó parte de la Comisión Bicameral del Parlamento de Mujeres en México a través de la cual se presentaron puntos de acuerdo en torno a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En Jalisco, fue diputada local y dictaminó la primera iniciativa de Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar en Jalisco, así como la Ley que crea el Instituto Jaliscience de las Mujeres. Fue regidora y directora de Desarrollo Social en Puerto Vallarta. Hasta este miércoles, García Gaytán se desempeñaba como directora del Instituto Jaliscience de las Mujeres (IJM).

De acuerdo con la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), a la recién nombrada presidenta del Inmujeres se le atribuye cercanía con el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, debido a que cuando éste fue gobernador en Jalisco, la apoyó para impulsar los temas de mujeres en la entidad. Lee más de su perfil AQUI

(Con información de Formato 21)
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Mujeres se Unen en Matrimonio en Coahuila

Saltillo, Coah., México, 31 de enero de 2007 (Milenio).- Karina Almaguer y Karla López, dos jóvenes originarias de Tamaulipas, se convirtieron en la primer pareja en el país en formalizar una relación similar a la de un matrimonio, pero bajo la figura del Pacto Civil de Solidaridad.

En un hotel de la localidad, al norte de Saltillo, se llevó a cabo la ceremonia sancionada por la titular de la Oficialía Tercera del Registro Civil, Alicia Rivera. La pareja tuvo como testigos a los legisladores del PRI que promovieron las reformas al Código Civil para establecer esta nueva figura jurídica como estado civil, Julieta López Fuentes y Demetrio Zúñiga, así como al subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Armando Luna Canales y a su asistente, Tania Castillón.

“Se trata de la primera unión legalizada de personas del mismo sexo, no sólo en el país, sino en Latinoamérica”, manifestó Alberto Villarreal, director del Registro Civil en el estado.

Las jóvenes, quienes residen en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, formalizaron su relación de varios años y con lo cual ahora están obligadas a proporcionarse alimentación, seguridad social, y otros derechos similares a los de un matrimonio. Sin embargo, a diferencia de una relación conyugal, el “Pacto Civil de Solidaridad”, podrá culminar cuando una de ellas así lo determine y será nuevamente un oficial del Registro Civil quien lo haga válido.

De acuerdo con el director estatal del Registro Civil, existen cerca de 15 solicitudes de personas del mismo o diferente sexo, interesadas en firmar el pacto, de las cuales dos de ellas formalmente ya empezaron los trámites para legalizar su unión en el municipio de Piedras Negras.

“¿Qué representa esto?, pues que Coahuila es un estado de vanguardia, que los legisladores se pusieron a trabajar en iniciativas que satisfacen una realidad como es en este caso”, manifestó el funcionario, quien destacó que esperan más personas de otros estados que realicen este trámite en Coahuila.

En tanto, el gobierno del estado continúa con la capacitación de los oficiales del Registro Civil, para llevar a cabo las ceremonias en donde se formalicen las uniones mediante el “pacto civil de solidaridad” y al menos en cada municipio hay una oficialía con la documentación necesaria para proceder a la legalización de dichas relaciones.

Desde finales del año pasado, la diputada López Fuentes, presentó la iniciativa de reforma al Código Civil, con lo que se inició el debate por la legalización de la unión de parejas del mismo sexo, sin embargo, días después, ésta fue modificada y presentada de nueva cuenta por toda la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso Estatal.

El debate continuó debido a que el análisis y dictaminación fue turnado a las comisiones unidas de Gobernación y Justicia, lo que provocó que la fracción panista no sólo votara en contra, al igual que los partidos de la Revolución Democrática, Unidad Democrática de Coahuila y Verde Ecologista, sino que se anunciara un recurso ante los tribunales para dejarla sin efecto.

Finalmente, la tarde de este miércoles, no hubo inconvenientes para que Karla y Karina se unieran legalmente, alejadas de toda la discusión que ha motivado la figura bajo la cual vivirán jurídicamente.
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