Madres de víctimas de feminicidio testimoniaron ante la CoIDH

-- El fallo, hasta noviembre

México DF, 29 abril 2009 (CIMAC, Nancy Betán).- Con los testimonios de las madres de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, asesinadas en Ciudad, Chihuahua, y cuyos restos aparecieron en un terreno conocido como Campo Algodonero en noviembre de 2001, se desarrolló en Santiago de Chile ayer y hoy el primer juicio contra el Estado mexicano por los crímenes contra mujeres en la entidad, que suman ya más de 400 casos.

Este que es el primer caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoID) sobre feminicidio y es también la primera vez que las autoridades del Estado mexicano se ven obligadas a responder por su actuación judicial ante el fenómeno del feminicidio que ha hecho tristemente célebre a Chihuahua.

El caso llegó a la Corte luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandara a México ante esta instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), por su "responsabilidad internacional por la presunta falta de medidas de protección a las víctimas" y por su "falta de prevención de los delitos".

En las oficinas del ex Congreso chileno, lugar donde sesiona estos días la CoIDH, rindieron su testimonio las señoras Irma Monreal Jaime, madre de Esmeralda; Josefina González Rodríguez, madre de Claudia Ivette, y Benita Monárrez, madre de Laura Berenice, mientras afuera del recinto había decenas de personas que pretendían asistir a la histórica sesión.

Monárrez, al rendir su testimonio, acusó (ante medios nacionales e internacionales) a funcionarios de ejecutar esos crímenes y al Estado mexicano de encubrir a los culpables. Pensamos, dijo que los responsables de estos hechos son “personas que están dentro del Gobierno", que sobornan a las autoridades para que los encubran. a cambio de que estas encubran sus hechos.

Por su parte, Josefina González dijo: “Este juicio nos debe dar la razón. El Estado nunca se ha acercado, siempre ha actuado con mucha hipocresía y no ha cambiado nada. Creo que nunca va a cambiar nada si la Corte no nos ayuda en nombre de todas las mujeres de México".

RAZONES DEL ESTADO

Por parte del Estado mexicano, la fiscal Patricia González refutó cada uno de los cargos y declaró a los medios que se iba de la Corte “con una decisión de satisfacción por haber representado al Estado mexicano y su incansable trabajo por cambiar la lógica sobre los temas de género y asesinato de mujeres en mi país".
Aseguró también que estaban dispuestos a resarcir el daño a los familiares de las mujeres asesinadas y negó lo dicho por ellas de que no se les dio ayuda y apoyo.

Se escuchó también la voz de Rodrigo Caballero Rodríguez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Investigación de Homicidios de Chihuahua, y de la especialista en genética forense Silvia Sepúlveda, de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esa entidad. Y asistió también como invitada del Estado mexicano la magistrada Rosa Jurado Contreras, del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.

Caballero Rodríguez aseguró a la Corte alegó desde 2005 las investigaciones se diferenciaron de las realizadas en años anteriores, pero reconoció que todavía no se dictan acciones penales contra presuntos responsables y mencionó a dos hombres que seguramente están involucrados en estos casos de feminicidio.

De acuerdo con algunas agencias, la exposición del funcionario mexicano “fue débil y cayó en continuas inconsistencias y contradicciones”, mientras que Sepúlveda se limitó a aspectos “estrictamente metodológicos y no entró en el fondo del asunto”.

Por su parte, de acuerdo con Notimex, la agencia del Estado mexicano, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Negrín, negó hoy aquí que exista impunidad en el caso del asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, ocurrido en 2001.

"Desde la posición del Estado lo más importante es mostrar que no existe impunidad en este caso", subrayó el funcionario. "El Estado presentó en la audiencia todos las medidas institucionales, de políticas públicas, y legislativas que viene realizando para prevenir la violencia contra la mujer", dijo.

Sin embargo, para el abogado Ariel Dulitzky, quien asesora a la defensa de las víctimas, los argumentos del Estado son inválidos. “El Estado mexicano volvió a entregar palabras y promesas vacías", dijo. Y afirmó, como lo han denunciado las madres de las víctimas, que "el gobierno mexicano ha estado tras las constantes amenazas a las valientes madres de estas víctimas".

Agregó que esperan que la Corte aproveche esta "oportunidad histórica" para reparar el daño moral y material que se ha causado a las víctimas y "siente un precedente de cómo debe tratarse la violencia contra las mujeres en Latinoamérica".

Por su parte, Sonia Torres, portavoz del equipo de abogados que defiende a los familiares de las víctimas, dijo a EFE que el testimonio de las madres "es parte de la reparación, porque en México no han tenido la oportunidad de expresarse ante un tribunal".

Según la agencia Apro, la señora Monárrez afirmó al término de la audiencia que nada ha cambiado en los últimos tiempos en relación con establecer la verdad y la justicia respecto de lo sucedido con su hija. "Sigue siendo lo mismo, siguen perdiéndose jóvenes… forman grupos de trabajo que dicen que trabajan pero no hacen nada".

La CoIDH abrirá un plazo de 20 días para que las partes presenten nuevos alegatos y posteriormente emitirá su sentencia final en noviembre próximo.

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