Legisladores Presentan Recurso contra el IMSS por negar Interrupción Legal del Embarazo
México DF, 1 junio 2007 (CIMAC).- Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Alternativa
presentaron un recurso administrativo contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por negarse a practicar a derechohabientes interrupciones del embarazo voluntario hasta las 12 semanas de gestación.
También porque es la única institución federal que emitió un oficio circular del director jurídico, en el que prohíbe a los médicos la práctica del aborto.
"No existe ningún impedimento jurídico para que en el IMSS practiquen abortos; una cosa es que el Seguro Social no quiera prestar ese servicio a sus mujeres derechohabientes y, otra que no puedan. Cobardemente encubren sus verdaderas intenciones (bloquear y boicotear) la reforma sobre la interrupción del embarazo, aseguraron los diputados.
Luego de entregar el recurso administrativo al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Tonatiuh González Case y Jorge C. Díaz Cuervo, informaron que en un plazo de tres a cuatro meses esperan que el tribunal dé una resolución favorable a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), para que las mujeres derechohabientes puedan ejercer su derecho que la ley les reconoce, y que ninguna autoridad administrativa tiene facultad para coartarlo.
Los legisladores capitalinos sostuvieron que el director general jurídico del Seguro Social no tiene facultades para instruir al personal médico a negar el servicio de la interrupción del embarazo, porque va en contra de la Constitución, de la Ley de Salud y de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
"Un médico no pude negarse a prestar ese servicio, salvo por la objeción de conciencia, pero no porque se lo ordenen un funcionario administrativo. En el Distrito Federal a ningún doctor se le puede consignar, enjuiciar o meter a la cárcel por practicar abortos, sean estos privados o servidor público federal o local", subrayaron los diputados de la Asamblea Legislativa.
Círigo Vásquez, Díaz Cuervo y González Case enfatizaron que con dicho recurso esperan dar marcha atrás a una decisión administrativa incorrecta, injusta, que viola y desconoce el derecho que ya la Asamblea Legislativa ha reconocido a las mujeres de la Ciudad de México.
Los representantes de las fracciones parlamentarias del PRD, PRI y Alternativa coincidieron en informar que el director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, actúa bajo instrucción del Ejecutivo federal, quien está desconociendo al Estado laico. Aseguraron que nadie en el Distrito Federal está impedido a practicar un aborto, ningún médico sea servidor público federal o privado.
Además asentaron que cualquier mujer derechohabiente del IMSS a quien le sea negado el servicio puede demandar a la dependencia, puede recurrir a la vía del amparo o entablar un juicio contencioso administrativo contra el Seguro Social.
Para concluir, Jorge C. Díaz Cuervo declaró que la normatividad del IMSS y del ISSSTE es muy clara para los asambleístas, como también lo es el que dichas dependencias de salud federales no pueden actuar al margen de las leyes: del Código Penal del Distrito Federal, la Ley de Salud, la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. (María de la Luz Tesoro, Cimac)
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presentaron un recurso administrativo contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por negarse a practicar a derechohabientes interrupciones del embarazo voluntario hasta las 12 semanas de gestación.
También porque es la única institución federal que emitió un oficio circular del director jurídico, en el que prohíbe a los médicos la práctica del aborto.
"No existe ningún impedimento jurídico para que en el IMSS practiquen abortos; una cosa es que el Seguro Social no quiera prestar ese servicio a sus mujeres derechohabientes y, otra que no puedan. Cobardemente encubren sus verdaderas intenciones (bloquear y boicotear) la reforma sobre la interrupción del embarazo, aseguraron los diputados.
Luego de entregar el recurso administrativo al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Tonatiuh González Case y Jorge C. Díaz Cuervo, informaron que en un plazo de tres a cuatro meses esperan que el tribunal dé una resolución favorable a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), para que las mujeres derechohabientes puedan ejercer su derecho que la ley les reconoce, y que ninguna autoridad administrativa tiene facultad para coartarlo.
Los legisladores capitalinos sostuvieron que el director general jurídico del Seguro Social no tiene facultades para instruir al personal médico a negar el servicio de la interrupción del embarazo, porque va en contra de la Constitución, de la Ley de Salud y de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
"Un médico no pude negarse a prestar ese servicio, salvo por la objeción de conciencia, pero no porque se lo ordenen un funcionario administrativo. En el Distrito Federal a ningún doctor se le puede consignar, enjuiciar o meter a la cárcel por practicar abortos, sean estos privados o servidor público federal o local", subrayaron los diputados de la Asamblea Legislativa.
Círigo Vásquez, Díaz Cuervo y González Case enfatizaron que con dicho recurso esperan dar marcha atrás a una decisión administrativa incorrecta, injusta, que viola y desconoce el derecho que ya la Asamblea Legislativa ha reconocido a las mujeres de la Ciudad de México.
Los representantes de las fracciones parlamentarias del PRD, PRI y Alternativa coincidieron en informar que el director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, actúa bajo instrucción del Ejecutivo federal, quien está desconociendo al Estado laico. Aseguraron que nadie en el Distrito Federal está impedido a practicar un aborto, ningún médico sea servidor público federal o privado.
Además asentaron que cualquier mujer derechohabiente del IMSS a quien le sea negado el servicio puede demandar a la dependencia, puede recurrir a la vía del amparo o entablar un juicio contencioso administrativo contra el Seguro Social.
Para concluir, Jorge C. Díaz Cuervo declaró que la normatividad del IMSS y del ISSSTE es muy clara para los asambleístas, como también lo es el que dichas dependencias de salud federales no pueden actuar al margen de las leyes: del Código Penal del Distrito Federal, la Ley de Salud, la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. (María de la Luz Tesoro, Cimac)
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