Castaños: Pretende Juez otro Peritaje Psicológico a Víctimas
Monclova, Coah., 28 de mayo 2007 (CIMAC).- La representación legal de las mujeres violadas por militares en el municipio de Castaños rechazó la solicitud del juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, de efectuar un cuarto peritaje psicológico a las afectadas, por considerar que viola sus garantías individuales, por lo que hoy o mañana interpondrá el recurso de amparo.
La decisión del juez Huerta, a solicitud de la defensa de los ocho soldados detenidos en el penal de Monclova, fue calificada como violatoria a las garantías individuales de las mujeres, señalaron en entrevista las abogadas Sandra de Luna y Martha Castillón, quienes afirmaron que se pone en riesgo la salud emocional de las mujeres.
De Luna, coadyuvante del caso, junto con la abogada María Elena Castillo, explicó que hay inconformidad entre las afectadas, "incluso la noticia les ha provocado detrimento emocional", porque el juez ha ordenado que se aplique un nuevo examen psicológico con un perito nombrado por la defensa de los ocho soldados acusados de haber cometido la violación sexual el pasado 11 de julio en la zona de tolerancia de Castaños.
La abogada, también presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Familiar (Coprovi), dijo que ya existen tres dictámenes psicológicos practicados a las mujeres: uno efectuado por el Ministerio Público, un segundo del propio Coprovi y un tercero que ordenó realizar el juez Huerta, "todos coincidentes del daño emocional severo que sufrieron estas mujeres como resultado de la agresión sexual".
De acuerdo con lo ordenado por el juez, las pruebas psicológicas a las denunciantes tendrían que iniciar el próximo 30 de mayo pero, aun cuando el amparo no se nos concediera, no vamos a permitir que esto se repita y sí presentaremos una queja contra el juez por violar las garantías de las afectadas.
De antemano sabemos que al pagar los abogados defensores, "el peritaje no saldría a favor de ellas. Lo que quieren argumentar es que ellas están mintiendo o no están bien de sus facultades mentales, cosas que nosotras no vamos a permitir".
La audiencia final del juicio contra los ocho soldados detenidos inició este lunes y se prevé que concluirá en 10 días más, de acuerdo con las fechas que fijó el juez para desahogar las pruebas pendientes, como la declaración de una de las víctimas, quien dio a luz recientemente a una niña producto de la violación, por lo que sus declaraciones quedaron pendientes de realizar en los anteriores procesos.
Durante la audiencia final, se entregarán al juez documentos firmados "de puño y letra" de las dos víctimas que se retractaron en marzo pasado, entre los que se encuentra un documento presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitando su intervención. Así como la declaración testimonial de la persona que realizó curaciones a otra de las víctimas de violación y quien aseguró en marzo pasado que ella no había sido atacada por militares la madrugada del 11 de julio.
CONFÍAN EN LA JUSTICIA
Sandra de los Santos apuntó que la sentencia podría conocerse en los últimos días de junio próximo y "aún cuando el 11 de julio fue un día negro en la vida de las mujeres afectadas, esperan convertir esa fecha en una fiesta nacional, porque por primera vez en el país serían castigados un grupo de militares acusados de cometer una violación sexual contra mujeres".
Por otra parte, la abogada Martha Castillón aseguró que si las víctimas de violación sexual fueran de nueva cuenta intimidadas o amenazadas en la etapa final de juicio contra los soldados, se interpondrán las denuncias correspondientes cuántas veces sean necesarias.
Lo anterior, añadió, pese a que han pasado por distintos tipo de presión desde que inició el proceso, como la compra de su silencio por parte de familiares de los soldados, ofreciéndoles dinero y ante su negativa las amenazaron en varias ocasiones, incluso en sus propios domicilios.
Otra de las tácticas usadas fue la de enviar personas a los salones El Pérsico y Las Playas, como si fueran clientes, para tratar de intimidarlas. También, algunas otras fueron seguidas por vehículos que se estacionaban por largo rato frente a sus casas.
Indicó que 11 mujeres mantienen en pie sus dichos en contra de los ocho soldados del 14 Regimiento Motorizado destacamentado en Múzquiz y confían en que el juez dará una sentencia condenatoria y que haya justicia para ellas. (Soledad Jarquín Edgar/enviada, Cimac)
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La decisión del juez Huerta, a solicitud de la defensa de los ocho soldados detenidos en el penal de Monclova, fue calificada como violatoria a las garantías individuales de las mujeres, señalaron en entrevista las abogadas Sandra de Luna y Martha Castillón, quienes afirmaron que se pone en riesgo la salud emocional de las mujeres.
De Luna, coadyuvante del caso, junto con la abogada María Elena Castillo, explicó que hay inconformidad entre las afectadas, "incluso la noticia les ha provocado detrimento emocional", porque el juez ha ordenado que se aplique un nuevo examen psicológico con un perito nombrado por la defensa de los ocho soldados acusados de haber cometido la violación sexual el pasado 11 de julio en la zona de tolerancia de Castaños.
La abogada, también presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Familiar (Coprovi), dijo que ya existen tres dictámenes psicológicos practicados a las mujeres: uno efectuado por el Ministerio Público, un segundo del propio Coprovi y un tercero que ordenó realizar el juez Huerta, "todos coincidentes del daño emocional severo que sufrieron estas mujeres como resultado de la agresión sexual".
De acuerdo con lo ordenado por el juez, las pruebas psicológicas a las denunciantes tendrían que iniciar el próximo 30 de mayo pero, aun cuando el amparo no se nos concediera, no vamos a permitir que esto se repita y sí presentaremos una queja contra el juez por violar las garantías de las afectadas.
De antemano sabemos que al pagar los abogados defensores, "el peritaje no saldría a favor de ellas. Lo que quieren argumentar es que ellas están mintiendo o no están bien de sus facultades mentales, cosas que nosotras no vamos a permitir".
La audiencia final del juicio contra los ocho soldados detenidos inició este lunes y se prevé que concluirá en 10 días más, de acuerdo con las fechas que fijó el juez para desahogar las pruebas pendientes, como la declaración de una de las víctimas, quien dio a luz recientemente a una niña producto de la violación, por lo que sus declaraciones quedaron pendientes de realizar en los anteriores procesos.
Durante la audiencia final, se entregarán al juez documentos firmados "de puño y letra" de las dos víctimas que se retractaron en marzo pasado, entre los que se encuentra un documento presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitando su intervención. Así como la declaración testimonial de la persona que realizó curaciones a otra de las víctimas de violación y quien aseguró en marzo pasado que ella no había sido atacada por militares la madrugada del 11 de julio.
CONFÍAN EN LA JUSTICIA
Sandra de los Santos apuntó que la sentencia podría conocerse en los últimos días de junio próximo y "aún cuando el 11 de julio fue un día negro en la vida de las mujeres afectadas, esperan convertir esa fecha en una fiesta nacional, porque por primera vez en el país serían castigados un grupo de militares acusados de cometer una violación sexual contra mujeres".
Por otra parte, la abogada Martha Castillón aseguró que si las víctimas de violación sexual fueran de nueva cuenta intimidadas o amenazadas en la etapa final de juicio contra los soldados, se interpondrán las denuncias correspondientes cuántas veces sean necesarias.
Lo anterior, añadió, pese a que han pasado por distintos tipo de presión desde que inició el proceso, como la compra de su silencio por parte de familiares de los soldados, ofreciéndoles dinero y ante su negativa las amenazaron en varias ocasiones, incluso en sus propios domicilios.
Otra de las tácticas usadas fue la de enviar personas a los salones El Pérsico y Las Playas, como si fueran clientes, para tratar de intimidarlas. También, algunas otras fueron seguidas por vehículos que se estacionaban por largo rato frente a sus casas.
Indicó que 11 mujeres mantienen en pie sus dichos en contra de los ocho soldados del 14 Regimiento Motorizado destacamentado en Múzquiz y confían en que el juez dará una sentencia condenatoria y que haya justicia para ellas. (Soledad Jarquín Edgar/enviada, Cimac)
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