Niñez indígena jornalera: etnocidio creciente y silencioso
México, DF, 16 febrero 2009 (CIMAC).- La muerte de las y los niños indígenas fuera de su comunidad y de su lugares de origen es un etnocidio silencioso, del que no se responsabiliza ninguna autoridad municipal, estatal o federal y, por el contrario, cada año se multiplican graves casos de violaciones a los derechos humanos relacionados con muertes violentas de niñas y niños que trabajan o juegan dentro de los campos agrícolas a donde migraron su madres y padres en busca de trabajo.
El caso más reciente ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando murió arrollado por un camión torton de ocho toneladas el niño indígena me´phaa (tlapaneco), Ismael de los Santos Barrera, originario de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa Guerrero, quien se encontraba acompañando a su madre y padre que trabajaban en el corte del ejote en el campo El Sol de la empresa Agrícola Reyes, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Culiacán, Sinaloa. Esta tragedia es producto de los tratos crueles y
discriminatorios que acostumbran dar los patrones, que siguen asumiendo roles de hacendados de la época colonial.
Así lo expresaron organismos defensores de los derechos humanos, quienes demandaron al "Estado mexicano reconocer que la migración de jornaleros indígenas es una realidad creciente y una consecuencia de las políticas económicas etnocidas que desarraigan y fragmentan a los pueblos indígenas y los hace víctimas de la explotación de empresas, las cuales se deslindan de la responsabilidad social y legal que tienen frente a los trabajadores".
Manifestamos nuestra profunda indignación por el trato cruel e inhumano que los empresarios le dan a la población jornalera indígena en los campos agrícolas del norte del país y denunciamos la complicidad y encubrimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que incumplen las normas internacionales de los derechos de los trabajadores y de la niñez, señalan organismos en una carta firmada.
Signan el comunicado: Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"; Sin Fronteras, IAP; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria OP" AC; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC; Thais Desarrollo Social SC, y Enlace, Comunicación y Capacitación AC.
Asimismo, Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me´phaa-Bátháá;
Consejo Ciudadano de Chilapa; Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM); Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota; y Egresados y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Luego de señalar los casos de las y los menores de edad Estrella Santos Nava, David Salgado Aranda, Timoteo Ventura Pastrana, Marcial Solano González, Mario Félix Martínez, quienes sufrieron accidentes mortales o perdieron alguna extremidad en algún accidente, los organismos firmantes demandaron una revisión integral y a fondo de la política migratoria desde la perspectiva de los derechos humanos y de las obligaciones que tiene el Estado de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes, en particular de los jornaleros agrícolas indígenas.
Es inaceptable que las y los niños indígenas que se encuentran desplazados por causa de la migración no tengan derecho a vivir dentro de una guardería o albergue, señala el texto, mientras sus madres y padres trabajan.
Todos son condenados a no tener infancia y a aprender a caminar dentro del surco, a sufrir desde que nacen y a comer la tortilla fría que comparten con sus padres con el sol a plomo, señala el documento.
En relación con el niño indígena me´phaa (tlapaneco), Ismael de los Santos Barrera,
originario de Santa María Tonaya, quien murió arrollado por un camión torton de ocho toneladas, los organismos demandan que se realice una investigación exhaustiva, diligente e imparcial y se garantice la sanción penal a los responsables del crimen, y que la empresa Agrícola Reyes indemnice a los familiares del niño Ismael, en
términos de lo que establece la ley.
NIÑEZ AUSENTE
Estos son algunos de los casos de accidentes y muertes de niñas y niños que han ocurrido durante los últimos dos años, denunciados en su momento por las organizaciones: Estrella Santos Nava quien tenía 11 meses de edad cuando murió calcinada en un campo agrícola de Hermosillo, Sonora, al incendiarse la galera
rural en donde se encontraba junto con otros 15 menores. Ese hecho ocurrió el 24 de mayo del 2008 y al igual que la mayoría de los casos, el cuerpo de Estrella fue sepultado en aquella entidad.
David Salgado Aranda, era originario de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort y tenía 8 años de edad cuando murió -el 6 de enero de 2007- en un surco, aplastado por un tractor, mientras cortaba tomate en el campo de Santa Lucia que pertenece a la Agrícola Paredes, ubicada en la Sindicatura de Costa Rica en
Culiacán, Sinaloa. Su caso presentó diversas irregularidades e incluso el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) tomó cartas en el asunto.
Timoteo Ventura Pastrana es originario de la comunidad de Colonia de Filadelfia, municipio de Tlapa y a sus tres años de edad perdió su brazo en un accidente que provocó uno de los trabajadores del rancho El Carmen que se ubica en el municipio de Ciudad Jiménez, en el estado de Chihuahua, a donde sus padres migraron y se enrolaron como jornaleros en el corte de chile jalapeño. El accidente ocurrió el lunes 3 de septiembre 2007, actualmente vive en Tlapa de Comonfort.
Marcial Solano González era originario de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa y tenía 11 meses de edad cuando murió de una enfermedad diarreica dentro del campo Isabelitas, que pertenece a Agrícola del Valle, en el municipio de Villa Juárez, Sinaloa. Su muerte se debió a la falta de atención médica de calidad en el Hospital General de esa entidad, en donde se supone que están afiliados por parte de la empresa y deben ser tratados igual que el resto de los derechohabientes de ese estado. El deceso ocurrió el 18 de febrero de 2008.
Mario Félix Martínez, era originario de la comunidad de San Mateo, anexo de San Juan Puerto Montaña, municipio de Metlatónoc, él tenía 9 años de edad cuando perdió la vida al ahogarse en un estanque del campo agrícola Patole, de la Agrícola Exportalizas Mexicanas, municipio de San Ignacio, Sinaloa, a donde llegó el 15 de enero del 2008. Murió el 11 de abril de este año.
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El caso más reciente ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando murió arrollado por un camión torton de ocho toneladas el niño indígena me´phaa (tlapaneco), Ismael de los Santos Barrera, originario de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa Guerrero, quien se encontraba acompañando a su madre y padre que trabajaban en el corte del ejote en el campo El Sol de la empresa Agrícola Reyes, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Culiacán, Sinaloa. Esta tragedia es producto de los tratos crueles y
discriminatorios que acostumbran dar los patrones, que siguen asumiendo roles de hacendados de la época colonial.
Así lo expresaron organismos defensores de los derechos humanos, quienes demandaron al "Estado mexicano reconocer que la migración de jornaleros indígenas es una realidad creciente y una consecuencia de las políticas económicas etnocidas que desarraigan y fragmentan a los pueblos indígenas y los hace víctimas de la explotación de empresas, las cuales se deslindan de la responsabilidad social y legal que tienen frente a los trabajadores".
Manifestamos nuestra profunda indignación por el trato cruel e inhumano que los empresarios le dan a la población jornalera indígena en los campos agrícolas del norte del país y denunciamos la complicidad y encubrimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que incumplen las normas internacionales de los derechos de los trabajadores y de la niñez, señalan organismos en una carta firmada.
Signan el comunicado: Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"; Sin Fronteras, IAP; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria OP" AC; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC; Thais Desarrollo Social SC, y Enlace, Comunicación y Capacitación AC.
Asimismo, Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me´phaa-Bátháá;
Consejo Ciudadano de Chilapa; Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM); Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota; y Egresados y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Luego de señalar los casos de las y los menores de edad Estrella Santos Nava, David Salgado Aranda, Timoteo Ventura Pastrana, Marcial Solano González, Mario Félix Martínez, quienes sufrieron accidentes mortales o perdieron alguna extremidad en algún accidente, los organismos firmantes demandaron una revisión integral y a fondo de la política migratoria desde la perspectiva de los derechos humanos y de las obligaciones que tiene el Estado de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes, en particular de los jornaleros agrícolas indígenas.
Es inaceptable que las y los niños indígenas que se encuentran desplazados por causa de la migración no tengan derecho a vivir dentro de una guardería o albergue, señala el texto, mientras sus madres y padres trabajan.
Todos son condenados a no tener infancia y a aprender a caminar dentro del surco, a sufrir desde que nacen y a comer la tortilla fría que comparten con sus padres con el sol a plomo, señala el documento.
En relación con el niño indígena me´phaa (tlapaneco), Ismael de los Santos Barrera,
originario de Santa María Tonaya, quien murió arrollado por un camión torton de ocho toneladas, los organismos demandan que se realice una investigación exhaustiva, diligente e imparcial y se garantice la sanción penal a los responsables del crimen, y que la empresa Agrícola Reyes indemnice a los familiares del niño Ismael, en
términos de lo que establece la ley.
NIÑEZ AUSENTE
Estos son algunos de los casos de accidentes y muertes de niñas y niños que han ocurrido durante los últimos dos años, denunciados en su momento por las organizaciones: Estrella Santos Nava quien tenía 11 meses de edad cuando murió calcinada en un campo agrícola de Hermosillo, Sonora, al incendiarse la galera
rural en donde se encontraba junto con otros 15 menores. Ese hecho ocurrió el 24 de mayo del 2008 y al igual que la mayoría de los casos, el cuerpo de Estrella fue sepultado en aquella entidad.
David Salgado Aranda, era originario de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort y tenía 8 años de edad cuando murió -el 6 de enero de 2007- en un surco, aplastado por un tractor, mientras cortaba tomate en el campo de Santa Lucia que pertenece a la Agrícola Paredes, ubicada en la Sindicatura de Costa Rica en
Culiacán, Sinaloa. Su caso presentó diversas irregularidades e incluso el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) tomó cartas en el asunto.
Timoteo Ventura Pastrana es originario de la comunidad de Colonia de Filadelfia, municipio de Tlapa y a sus tres años de edad perdió su brazo en un accidente que provocó uno de los trabajadores del rancho El Carmen que se ubica en el municipio de Ciudad Jiménez, en el estado de Chihuahua, a donde sus padres migraron y se enrolaron como jornaleros en el corte de chile jalapeño. El accidente ocurrió el lunes 3 de septiembre 2007, actualmente vive en Tlapa de Comonfort.
Marcial Solano González era originario de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa y tenía 11 meses de edad cuando murió de una enfermedad diarreica dentro del campo Isabelitas, que pertenece a Agrícola del Valle, en el municipio de Villa Juárez, Sinaloa. Su muerte se debió a la falta de atención médica de calidad en el Hospital General de esa entidad, en donde se supone que están afiliados por parte de la empresa y deben ser tratados igual que el resto de los derechohabientes de ese estado. El deceso ocurrió el 18 de febrero de 2008.
Mario Félix Martínez, era originario de la comunidad de San Mateo, anexo de San Juan Puerto Montaña, municipio de Metlatónoc, él tenía 9 años de edad cuando perdió la vida al ahogarse en un estanque del campo agrícola Patole, de la Agrícola Exportalizas Mexicanas, municipio de San Ignacio, Sinaloa, a donde llegó el 15 de enero del 2008. Murió el 11 de abril de este año.
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