Nueva Ley de Libre Acceso a la Información en Guatemala

Guatemala, Guat., 25 septiembre 2008 (CIMAC/Cerigua).- La Ley de Libre Acceso a la Información Pública fue aprobada recientemente por 107 de los 158 diputadas y diputados al Congreso de la República de Guatemala, luego de más de diez años de
espera, y las y los legisladores consideran que este es un paso adelante en el camino de la transparencia.

Algunos parlamentarios calificaron el hecho como un paso adelante en el camino de la transparencia y recordaron que el acceso a la información del Estado es un derecho reconocido en la Constitución, pero que hasta ahora no se ha garantizado, por lo que sólo lo están regulando.

“No hay excusa para que, en tanto esta Ley cobre vigencia, se le niegue información a nadie”, dijo Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, una de las ponentes de la normativa.

Por su parte, Rosa María de Frade, de la Bancada Guatemala, también ponente de la ley, aseguró que “es un paso importante para fortalecer la democracia y combatir la corrupción”.

La bancada del Partido Patriota propuso reducir de seis a tres meses la entrada en vigencia, pero la propuesta fue desestimada; “seamos audaces, agresivos, exijamos a las autoridades, a los alcaldes, a la Corte, al Ejecutivo, para que la Ley de Libre Acceso sea una realidad”, dijo la diputada Roxana Baldetti.

Uno de los delitos que será castigado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50 mil a 100 mil quetzales es la comercialización de datos personales; la revelación de información confidencial o reservada será sancionada con la misma pena.

La nueva normativa obligará a los tres organismos del Estado a revelar todo lo concerniente a viáticos, contratos de asesores, gastos de representación, informes del gasto público y la concentración y ejecución de obras.

EVITARÁ SECRETO EN ASUNTOS DE ESTADO

El diario Prensa libre, en su editorial, manifestó que la nueva Ley constituye un paso adelante para permitir que en el ordenamiento jurídico del país existan mecanismos que eviten la secretividad en el manejo de la administración pública.

El hecho de que se haya determinado que entre en vigor hasta dentro de seis meses debe ser explicado a la población, para que ésta comprenda las razones de tal medida, señaló el matutino, que al mismo tiempo consideró aceptable este lapso, por ser técnicamente correcto.

En su opinión oficial, Prensa Libre enfatizó que la existencia de una ley no significa que el país resuelva en un abrir y cerrar de ojos la lacerante realidad de la corrupción, pero constituye un serio valladar para las pretensiones de quienes han confiado en que el secreto de los asuntos de Estado es el pretexto perfecto para impedir que la ciudadanía pueda conocer los motivos de la inversión pública.

Una ley como ésta contribuye a la gobernabilidad, a la transparencia y a la confianza de los ciudadanos, ya que afecta a los corruptos; por eso no puede caber duda de que permite que la democracia como sistema de gobierno sea capaz de empezar su camino de regreso a la confianza popular.

El editorial hace ver que la población, por medio de las organizaciones sociales y la prensa, debe prepararse para utilizar de manera correcta y provechosa las posibilidades abiertas como consecuencia de la ley.

Queda ahora la tarea de explicar cuáles son sus efectos y cómo se puede utilizar; el reto de hoy en adelante es hacer que la Ley de libre acceso a la información pública sea eficiente y efectiva, a fin de que no se convierta en uno de los instrumentos legales que tienen poca o ninguna utilidad.

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