Necesario considerar a mujeres indígenas como sujeto de derecho

México DF, 11 agosto 2008 (CIMAC,Susana Trejo de Jesús).- Es necesario tomar a la población indígena como sujetos de derecho y no como objetos, en el sentido de crear leyes adecuadas para sus integrantes, incluidas las mujeres, dijeron expertas y expertos durante la presentación del libro Compilación de instrumentos de protección a los derechos indígenas, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

La maestra Magdalena Gómez Rivera, quien participó en la presentación del texto, realizada ayer en el ex-templo de San Jerónimo de la Universidad del Claustro de Sor Juana, dijo a Cimacnoticias que actualmente se trabaja en una reforma para la posesión de tierras, pero no se contempla a las mujeres como dueñas de los terrenos que ellas trabajan, aunque cada día más mujeres se encargan de la producción debido a que los hombres de la comunidad migran a la ciudad o hacia Estados Unidos.

Sin embargo, señaló la profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, al enfrentarse a estas problemáticas, las mujeres de las organizaciones campesinas ya no sólo exigen los derechos inexistentes de la población indígena femenina sino que ahora luchan por los derechos de la comunidad a la que pertenecen.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, hizo énfasis en la necesidad de trabajar en políticas públicas para corregir las diferencias estructurales que padece la población indígena, sobre todo niñas y mujeres, quienes de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de la población de 6 a 14 años de edad sólo el 73 por ciento acude a la escuela, mientras que la población indígena masculina de la misma edad se eleva al 84 por ciento.

Respecto a la población indígena que radica en el Distrito Federal, Icaza aseveró que al carecer de una vivienda digna, sin los servicios básicos y donde conviven numerosas familias en espacios reducidos, niñas y mujeres viven en riesgo de padecer violencia familiar.

De esta manera, Álvarez Icaza llamó a realizar leyes con la previa consulta de las comunidades indígenas para que el modelo de desarrollo en México, en vez de visualizar a estas personas como obstáculos del mismo, sean vistas como sujetos de derechos.

COMPILACIÓN

La Compilación de instrumentos de protección a los derechos indígenas reúne en 604 páginas la normativa relevante y útil para la defensa y promoción de las prerrogativas fundamentales de este sector de la sociedad.

Incluye leyes nacionales e internacionales que favorecen la protección de los derechos de los pueblos indígenas, tales como los lingüísticos, los referentes a la tierra y el territorio, el acceso a la justicia, la autonomía, la no discriminación y la participación política, entre otros.

Complementariamente, incluye jurisprudencia favorable a estos derechos de estas colectividades ya que hoy se vive una gran actividad de reconocimiento jurídico al respecto, no solo por parte de organismos internacionales, sino también en el ámbito nacional.

Están compiladas desde las convenciones y programas originados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra de la discriminación racial y el Convenio 169 sobre las poblaciones indígenas, tratados internacionales ratificados por México, hasta leyes específicas, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Magdalena Gómez lamentó que la edición únicamente sea una compilación de las leyes para la protección de las y los indígenas, donde algunos conceptos y términos promueven su exclusión, por lo que espera que la publicación sea el inicio de otras actividades para la orientación sobre estos derechos tanto a servidores públicos como a la población indígena.

El Consejero de la CDHDF, doctor Daniel Cazés Menache, destacó en su intervención que ningún documento jurídico en México hace mención de las lenguas, ni de la autonomía de las y los indígenas, contexto en el cual espera que la Compilación sirva para estimular los derechos de esta población indígena.

Participó también el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, quien aseguró que la compilación servirá para orientar las gestiones de los pueblos indígenas.

A pesar de ello, señaló que el Poder Legislativo tiene una deuda pendiente con la población indígena, pues se les tiene que reconocer constitucionalmente su derecho a la consulta previa, libre e informada sobre los temas que le afecten, como la construcción de hidroeléctricas, carreteras y presas.

También el derecho a autogobernarse, ya sea para la creación de nuevos municipios indígenas ó la asociación entre ellos, hecho que, dijo, temen los gobernadores por el impacto que traerían estos cambios económicamente. Matías Alonso concluyó que si bien se les reconoce a los pueblos indígenas su derecho a la multiculturalidad no se les respeta sus derechos políticos.

Finalmente la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal, María Rosa Márquez Cabrera, mencionó que el trabajo hecho por el GDF enfocado a las y los migrantes indígenas en cooperación con otras instancias gubernamentales se hace tomando en cuenta los tratados internacionales para encaminar las iniciativas que sean presentadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

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