ILE es constitucional, afirman seis ministros de la SCJN
México DF, 27 agosto 2008 (CIMAC, Lourdes Godínez Leal).- Con posturas a favor de la ley que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en el DF hasta las 12 semanas de gestación, seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han pronunciado por la constitucionalidad de la norma, impugnada ante esta instancia por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
De continuar en el mismo sentido el pronunciamiento de las y los ministros en lo que resta de la discusión, se declararía la constitucionalidad de la ILE, como lo había previsto la consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, quien explicó a Cimacnoticias (12 junio 08) que con seis votos a favor y cinco en contra se mantendría la norma y sentaría un precedente para la legislación en el resto de las entidades federativas.
Hasta el momento, de los seis ministros que han fijado su postura, solo Mariano Azuela Güitrón se manifestó en contra de la norma, en apoyo del proyecto del ministro Aguirre Anguiano, al señalar que la vida está protegida por la Constitución desde el momento de la concepción.
Los cinco ministros que han participado hasta este día en la discusión, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Ramón Cossío Díaz, Juan Silva Meza y Fernando González Franco Salas, se han pronunciado por la constitucionalidad de la ley y han rechazado que la Constitución proteja la vida desde el momento de la concepción.
ESTADO FRACASA EN EDUCACIÓN SEXUAL
Durante su exposición, el ministro penalista Juan Silva Meza, quien en otro momento estuvo a cargo de la investigación de las violaciones graves a las garantías fundamentales de la periodista Lydia Cacho, señaló que pese a que el Estado ha emprendido acciones de planificación familiar, hasta ahora éstas no han sido suficientes, ni amplias, ni eficaces para que las parejas puedan decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos.
Responsabilizó al Estado de incumplir con su obligación constitucional de educar en materia sexual y reproductiva y de no hacer los esfuerzos suficientes para garantizar un acceso pleno a métodos anticonceptivos.
En este sentido, enfatizó que no existe ningún método que sea cien por ciento efectivo, por lo que el Estado “no puede reprochar a la sociedad un ejercicio irresponsable de la libertad reproductiva mediante la penalización absoluta de la conducta emitida”.
Por tanto, dijo, las normas emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) “son razonables y constitucionalmente democráticas”, ya que reconocen “que el Estado ha sido incapaz de mitigar las situaciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad reflejadas en la pobreza, marginación e ignorancia en la que todavía se encuentran inmersas un gran número de mujeres”. Y reconoció asimismo que la muerte materna es consecuencia de ello.
Silva Meza destacó que las reformas de la ALDF son una medida idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, ya que al no penalizar la interrupción voluntaria del embarazo “se libera a las mujeres” para que puedan decidir respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso de su vida.
Además, al establecer la temporalidad (de la edad gestacional) se toma en cuenta el incipiente desarrollo del embrión y la seguridad y facilidad de la ILE sin graves consecuencias para la salud de las mujeres.
Señaló que, contrario a ello, si la interrupción se realiza clandestinamente y fuera de estos parámetros dados por el legislador no se puede asegurar la salud de las mujeres.
Penalizar la ILE en su etapa primaria, dijo el ministro, no resulta idóneo para salvaguardar la continuación del proceso de gestación, porque nuestra realidad social es otra y las mujeres que no quieren ser madres recurren al aborto clandestino con el consiguiente detrimento para su salud y con la posibilidad de perder la vida.
Señaló que no por prohibir la práctica del aborto y penalizarlo significa que las mujeres se abstendrán de realizarlos, y ello no asegura la vida de la mujer en condiciones mínimas de salubridad para estos procedimientos y menos aún que el proceso de gestación llegue a su fin.
“La no penalización de la interrupción del embarazo en sus primeras 12 semanas salvaguarda indiscutiblemente los derechos de las mujeres de gran importancia tutelados por la Constitución, dentro de los que se encuentran el derecho a la vida”, afirmó.
El ministro penalista aseguró que la penalización del aborto ha resultado ineficaz y lejos de impedir que las mujeres recurran a la ILE de manera segura, las obliga a someterse a procedimientos insalubres e inseguros, que ponen en riesgo su vida.
Señaló asimismo que los datos estadísticos permiten demostrar la nula eficacia que ha tenido esta penalización en el Distrito Federal. De 2006 a 2007, recordó, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició 28 averiguaciones previas por el delito de aborto, dos por mes, una cada quince días, muy poco, consideró el Ministro, si se toma en cuenta que las cifras oficiales también demuestran que se practicaron aproximadamente 14 mil abortos al año.
De acuerdo con el Ministro, los derechos fundamentales son todos de la misma jerarquía, pero pueden ser desplazados por otros, lo que provoca que habiendo conflicto entre dos o más, se debe determinar cuál de ellos debe prevalecer, caso por caso y conforme a las circunstancias específicas.
En tal circunstancia, dijo, “el reconocimiento que hizo la SCJN del derecho a la vida no significa que éste sea absoluto y que no sea susceptible de ser balanceado con otros derechos o limitado en atención a ciertos intereses estatales”.
Hasta el momento han participado, además de los ministros anteriores, el ministro Sergio Valls Hernández quien señaló que la norma impugnada es constitucional y que avalar la impugnación de la CNDH y PGR a la ley sería “subyugar u obstaculizar el derecho de las mujeres a no poder decidir interrumpir su embarazo”, por lo que también se pronunció en contra del proyecto de Aguirre Anguiano y a favor de la constitucionalidad de la ley.
Asimismo, la mayoría de los ministros han coincidido en que no existe unanimidad sobre el inicio de la vida humana y han rechazado categóricamente que la Constitución Política Mexicana proteja la vida desde el momento de la concepción, como lo asegura la CNDH y PGR en su recurso de anticonstitucionalidad.
La sesión continuará, como ha ocurrido en días anteriores, a las cinco de la tarde de este mismo día, con la participación de las ministras Olga Sánchez Cordero, quien ha hecho una primera exposición, y posteriormente fijarán su posición la ministra Margarita Luna Ramos; el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia y quien realizó el proyecto de sentencia, Salvador Aguirre Anguiano.
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De continuar en el mismo sentido el pronunciamiento de las y los ministros en lo que resta de la discusión, se declararía la constitucionalidad de la ILE, como lo había previsto la consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, quien explicó a Cimacnoticias (12 junio 08) que con seis votos a favor y cinco en contra se mantendría la norma y sentaría un precedente para la legislación en el resto de las entidades federativas.
Hasta el momento, de los seis ministros que han fijado su postura, solo Mariano Azuela Güitrón se manifestó en contra de la norma, en apoyo del proyecto del ministro Aguirre Anguiano, al señalar que la vida está protegida por la Constitución desde el momento de la concepción.
Los cinco ministros que han participado hasta este día en la discusión, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Ramón Cossío Díaz, Juan Silva Meza y Fernando González Franco Salas, se han pronunciado por la constitucionalidad de la ley y han rechazado que la Constitución proteja la vida desde el momento de la concepción.
ESTADO FRACASA EN EDUCACIÓN SEXUAL
Durante su exposición, el ministro penalista Juan Silva Meza, quien en otro momento estuvo a cargo de la investigación de las violaciones graves a las garantías fundamentales de la periodista Lydia Cacho, señaló que pese a que el Estado ha emprendido acciones de planificación familiar, hasta ahora éstas no han sido suficientes, ni amplias, ni eficaces para que las parejas puedan decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos.
Responsabilizó al Estado de incumplir con su obligación constitucional de educar en materia sexual y reproductiva y de no hacer los esfuerzos suficientes para garantizar un acceso pleno a métodos anticonceptivos.
En este sentido, enfatizó que no existe ningún método que sea cien por ciento efectivo, por lo que el Estado “no puede reprochar a la sociedad un ejercicio irresponsable de la libertad reproductiva mediante la penalización absoluta de la conducta emitida”.
Por tanto, dijo, las normas emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) “son razonables y constitucionalmente democráticas”, ya que reconocen “que el Estado ha sido incapaz de mitigar las situaciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad reflejadas en la pobreza, marginación e ignorancia en la que todavía se encuentran inmersas un gran número de mujeres”. Y reconoció asimismo que la muerte materna es consecuencia de ello.
Silva Meza destacó que las reformas de la ALDF son una medida idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, ya que al no penalizar la interrupción voluntaria del embarazo “se libera a las mujeres” para que puedan decidir respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso de su vida.
Además, al establecer la temporalidad (de la edad gestacional) se toma en cuenta el incipiente desarrollo del embrión y la seguridad y facilidad de la ILE sin graves consecuencias para la salud de las mujeres.
Señaló que, contrario a ello, si la interrupción se realiza clandestinamente y fuera de estos parámetros dados por el legislador no se puede asegurar la salud de las mujeres.
Penalizar la ILE en su etapa primaria, dijo el ministro, no resulta idóneo para salvaguardar la continuación del proceso de gestación, porque nuestra realidad social es otra y las mujeres que no quieren ser madres recurren al aborto clandestino con el consiguiente detrimento para su salud y con la posibilidad de perder la vida.
Señaló que no por prohibir la práctica del aborto y penalizarlo significa que las mujeres se abstendrán de realizarlos, y ello no asegura la vida de la mujer en condiciones mínimas de salubridad para estos procedimientos y menos aún que el proceso de gestación llegue a su fin.
“La no penalización de la interrupción del embarazo en sus primeras 12 semanas salvaguarda indiscutiblemente los derechos de las mujeres de gran importancia tutelados por la Constitución, dentro de los que se encuentran el derecho a la vida”, afirmó.
El ministro penalista aseguró que la penalización del aborto ha resultado ineficaz y lejos de impedir que las mujeres recurran a la ILE de manera segura, las obliga a someterse a procedimientos insalubres e inseguros, que ponen en riesgo su vida.
Señaló asimismo que los datos estadísticos permiten demostrar la nula eficacia que ha tenido esta penalización en el Distrito Federal. De 2006 a 2007, recordó, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició 28 averiguaciones previas por el delito de aborto, dos por mes, una cada quince días, muy poco, consideró el Ministro, si se toma en cuenta que las cifras oficiales también demuestran que se practicaron aproximadamente 14 mil abortos al año.
De acuerdo con el Ministro, los derechos fundamentales son todos de la misma jerarquía, pero pueden ser desplazados por otros, lo que provoca que habiendo conflicto entre dos o más, se debe determinar cuál de ellos debe prevalecer, caso por caso y conforme a las circunstancias específicas.
En tal circunstancia, dijo, “el reconocimiento que hizo la SCJN del derecho a la vida no significa que éste sea absoluto y que no sea susceptible de ser balanceado con otros derechos o limitado en atención a ciertos intereses estatales”.
Hasta el momento han participado, además de los ministros anteriores, el ministro Sergio Valls Hernández quien señaló que la norma impugnada es constitucional y que avalar la impugnación de la CNDH y PGR a la ley sería “subyugar u obstaculizar el derecho de las mujeres a no poder decidir interrumpir su embarazo”, por lo que también se pronunció en contra del proyecto de Aguirre Anguiano y a favor de la constitucionalidad de la ley.
Asimismo, la mayoría de los ministros han coincidido en que no existe unanimidad sobre el inicio de la vida humana y han rechazado categóricamente que la Constitución Política Mexicana proteja la vida desde el momento de la concepción, como lo asegura la CNDH y PGR en su recurso de anticonstitucionalidad.
La sesión continuará, como ha ocurrido en días anteriores, a las cinco de la tarde de este mismo día, con la participación de las ministras Olga Sánchez Cordero, quien ha hecho una primera exposición, y posteriormente fijarán su posición la ministra Margarita Luna Ramos; el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia y quien realizó el proyecto de sentencia, Salvador Aguirre Anguiano.
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Etiquetas: Derechos Humanos, Iniciativas y legislaciones, Salud
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