Gobierno mexicano guarda silencio sobre Atenco y Texcoco
México DF, 13 de mayo 2008 (CIMAC).- El magistrado Fernando Grande Marlaska, del
juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional Española, dictó desde hace dos meses un auto para solicitar información a autoridades mexicanas sobre los procesos judiciales abiertos por los operativos policíacos de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, donde 26 mujeres fueron violadas, incluida Cristina Valls ciudadana española, sin que a la fecha haya tenido respuesta.
El magistrado Grande Malaska solicitó la información antes de aceptar la querella interpuesta el pasado 25 de enero por Cristina Valls, a través de la organización civil Women's Link Worldwide, en la Audiencia Nacional Española contra el Estado mexicano, debido a que se encuentra en proceso de examinarla.
La denuncia de Valls se dirige concretamente contra 140 funcionarios por el delito de tortura sexual y violación a derechos humanos y, de ser aceptada, podría convertirse en el primero donde España condene a funcionarios públicos.
En un comunicado, la organización --conformada por Viviana Waisman, abogada y directora ejecutiva; Paloma Soria, abogada querellante del caso; Jacqueline Sáenz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), y Bárbara Italia, que fungirá como testigo de Valls en la audiencia, y que estarán de visita en México esta semana-- denunció la falta respuesta del Gobierno mexicano a la petición del magistrado hecha desde el 3 de marzo pasado.
Por ello, Women's Link, organización que representa legalmente a la ciudadana española Cristina Valls, detenida durante los operativos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco y Texcoco, quien fue presuntamente violada por los policías federales durante el trayecto al penal de Santiaguito y expulsada de nuestro país por un periodo de cinco años, está de visita en México para denunciar lo anterior y para sostener diversas reuniones con autoridades mexicanas.
MÁS DE ATENCO
En tanto, en un comunicado dirigido a los medios de comunicación, Bárbara Italia Méndez, una de las 26 mujeres violadas por policías durante los operativos de San Salvador Atenco y Texcoco, que también estuvo presa y que ahora será testigo en la audiencia de Valls contra el Estado mexicano, denunció el hostigamiento que autoridades del penal Molino de las Flores, a cargo del director del penal Irineo Monroy, realiza contra Patricia Romero Hernández, la única mujer de las 47 detenidas, que continúa presa.
Según el testimonio de Romero Hernández, quien desde mayo de 2006 se encuentra presa junto con su padre Raúl Romero Macías y su hijo Arturo Sánchez Romero, por los delitos de portación de arma prohibida y de "ultrajes" a la autoridad, el acoso inició desde que le negaron su libertad bajo caución al ser clasificada, junto con sus familiares, de representar "peligro social".
Patricia, al igual que otras 10 mujeres, decidió denunciar ante la Fiscalía Especial para Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y fue la única mujer que pudo reconocer a sus agresores. Aunque los 7 policías identificados por Patricia fueron "sentenciados" por abuso de autoridad y uno más por "actos libidinosos", todos ellos sí obtuvieron su libertad bajo caución, quedando los delitos de tortura sexual (violación) impunes.
En una carta fechada el 2 de mayo en el penal Molino de las Flores, Patricia denuncia que en constantes ocasiones ha sido mandada a llamar por el Subdirector del penal, quien como advertencia le ha dicho que está en espera de su sentencia, por lo que "se cuidara de andar o juntarse con alguien porque ya sabía lo que me esperaba".
Igualmente, dice Patricia en su misiva, ha recibido amenazas de ser golpeada por una interna psiquiátrica, bajo el argumento de que, por su enfermedad, es violenta.
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juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional Española, dictó desde hace dos meses un auto para solicitar información a autoridades mexicanas sobre los procesos judiciales abiertos por los operativos policíacos de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, donde 26 mujeres fueron violadas, incluida Cristina Valls ciudadana española, sin que a la fecha haya tenido respuesta.
El magistrado Grande Malaska solicitó la información antes de aceptar la querella interpuesta el pasado 25 de enero por Cristina Valls, a través de la organización civil Women's Link Worldwide, en la Audiencia Nacional Española contra el Estado mexicano, debido a que se encuentra en proceso de examinarla.
La denuncia de Valls se dirige concretamente contra 140 funcionarios por el delito de tortura sexual y violación a derechos humanos y, de ser aceptada, podría convertirse en el primero donde España condene a funcionarios públicos.
En un comunicado, la organización --conformada por Viviana Waisman, abogada y directora ejecutiva; Paloma Soria, abogada querellante del caso; Jacqueline Sáenz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), y Bárbara Italia, que fungirá como testigo de Valls en la audiencia, y que estarán de visita en México esta semana-- denunció la falta respuesta del Gobierno mexicano a la petición del magistrado hecha desde el 3 de marzo pasado.
Por ello, Women's Link, organización que representa legalmente a la ciudadana española Cristina Valls, detenida durante los operativos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco y Texcoco, quien fue presuntamente violada por los policías federales durante el trayecto al penal de Santiaguito y expulsada de nuestro país por un periodo de cinco años, está de visita en México para denunciar lo anterior y para sostener diversas reuniones con autoridades mexicanas.
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En tanto, en un comunicado dirigido a los medios de comunicación, Bárbara Italia Méndez, una de las 26 mujeres violadas por policías durante los operativos de San Salvador Atenco y Texcoco, que también estuvo presa y que ahora será testigo en la audiencia de Valls contra el Estado mexicano, denunció el hostigamiento que autoridades del penal Molino de las Flores, a cargo del director del penal Irineo Monroy, realiza contra Patricia Romero Hernández, la única mujer de las 47 detenidas, que continúa presa.
Según el testimonio de Romero Hernández, quien desde mayo de 2006 se encuentra presa junto con su padre Raúl Romero Macías y su hijo Arturo Sánchez Romero, por los delitos de portación de arma prohibida y de "ultrajes" a la autoridad, el acoso inició desde que le negaron su libertad bajo caución al ser clasificada, junto con sus familiares, de representar "peligro social".
Patricia, al igual que otras 10 mujeres, decidió denunciar ante la Fiscalía Especial para Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y fue la única mujer que pudo reconocer a sus agresores. Aunque los 7 policías identificados por Patricia fueron "sentenciados" por abuso de autoridad y uno más por "actos libidinosos", todos ellos sí obtuvieron su libertad bajo caución, quedando los delitos de tortura sexual (violación) impunes.
En una carta fechada el 2 de mayo en el penal Molino de las Flores, Patricia denuncia que en constantes ocasiones ha sido mandada a llamar por el Subdirector del penal, quien como advertencia le ha dicho que está en espera de su sentencia, por lo que "se cuidara de andar o juntarse con alguien porque ya sabía lo que me esperaba".
Igualmente, dice Patricia en su misiva, ha recibido amenazas de ser golpeada por una interna psiquiátrica, bajo el argumento de que, por su enfermedad, es violenta.
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Etiquetas: Violencia
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