Decisión de SCJN, Incentivo a la Impunidad: Periodistas y OSC
México DF, 30 nov 07 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro
vulnera los derechos humanos y la libertad de expresión en México, por lo que
representantes de medios de comunicación, nacionales e internacionales, rechazaron esta decisión.
"Es un incentivo para mantener los altos índices de impunidad en el país", informaron en comunicado de prensa, luego de que ayer la máxima instancia del poder judicial rechazó señalar la responsabilidad que, en las violaciones graves a los derechos humanos de Lydia Cacho, tuvieron el gobernador de Puebla, Mario Marín y otras autoridades de esa entidad, así como del estado de Quintana Roo, tal como había quedado establecido en el dictamen del ministro Juan Silva Meza.
El pleno de la SCJN concluyó que no se demostró la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de Lydia Cacho, autora del libro Los Demonios del Edén, en el que denuncia la existencia de redes de pederastia internacional y en la que aparecen involucrados gobernantes, funcionarios públicos y empresarios.
Es una decisión "preocupante porque es una muestra de las condiciones de
vulnerabilidad que, para el ejercicio de la libertad de expresión, existen
hoy en México".
En el marco del Seminario Internacional Sistema de Alertas y Metodologías para el Registro, Documentación y Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, y frente a las conclusiones de la SCJN, las organizaciones de comunicadores y comunicadoras nacionales e internacionales allí reunidas, se pronunciaron porque el Estado asuma la responsabilidad de garantizar condiciones amplias para la libertad de expresión, que en el caso de Lydia Cacho han quedado vulneradas.
Además, objetaron la decisión de la SCJN, ya que es un incentivo para mantener los altos índices de impunidad en el país. "Existen suficientes elementos que demuestran el nivel de involucramiento que tuvieron funcionarios públicos de los gobiernos de Puebla y Quintana Roo en las violaciones de los derechos de la periodista", enfatizaron.
Y manifestaron su rechazo por la decisión de la SCJN que, en su opinión, obstaculiza la procuración de justicia y crea un ámbito propicio para garantizar la impunidad en México.
Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento se encuentra: Aleida Calleja, Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC); Brisa Maya Solís, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Carlos Cortés, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP); Darío Ramírez, Article XIX; Carlos Lauría, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ); Jacinto Rodríguez Munguia, Fundación Prensa y Democracia (PRENDE);
Lucía Lagunes, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC); Francisco Ezequiel, Libertad de Información- México (LIMAC); José Buendía, Fundación Manuel Buendía; José Luis Garay, Bloque Nacional de Periodistas AA; Julián Vázquez, Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo; Eréndira Cruzvillegas, Relatoría de Libertad de Expresión del DF; Daniel Rosas, El Mañana, Nuevo Laredo; Martín Serrano, Diario Tribuna, Veracruz.
ASÍ EMPEZÓ LA HISTORIA
El 16 de diciembre del 2005, Lydia Cacho Ribeiro fue detenida en Cancún, alrededor de la una de la tarde, por varios elementos pertenecientes a la Policía Judicial del estado, a las puertas del Centro Integral de Apoyo para las Mujeres (CIAM), institución fundada por ella para proteger y refugiar a las mujeres víctimas de violencia.
Los elementos policíacos dieron cumplimiento a una orden de aprehensión girada en contra de la periodista por el Juzgado Quinto de lo Penal ubicado en la ciudad de Puebla, por lo que, de acuerdo con el convenio de colaboración vigente entre ambas instituciones, de inmediato fue entregada a los elementos de la entidad poblana para su traslado a esa ciudad.
Con inusual celeridad, en menos de una hora se dieron por concluidos los trámites y Lydia Cacho fue trasladada por los policías, vía terrestre, a la ciudad de Puebla, en un viaje por carretera que duró 10 horas.
Estuvo detenida durante 30 horas, y después la hicieron comparecer ante la jueza, que la puso en libertad bajo fianza que se le fijó de primera instancia en 170 mil pesos y que, al ser renegociada, se estableció en 30 mil pesos.
Cacho Ribeiro es periodista, fundadora y presidenta de la organización Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM). Ha sacado a la luz los abusos sufridos por mujeres y menores de edad y la impunidad de que suelen gozar los responsables.
Desde la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que documenta la existencia de una red internacional de pederastia, Cacho comenzó a ser hostigada y a recibir amenazas de muerte por su trabajo de investigación, en el que apoya la denuncia de pederastia contra Succar Kuri, un millonario empresario hotelero de Cancún al que vincula con Kamel Nacif Borge.
Cacho menciona en el libro cómo en junio de 1975 Kamel Nacif Borge, gracias a sus influencias en los servicios de Migración el aeropuerto mexicano por sus negocios de importación, pudo detener la deportación al Líbano del pederasta Succar Kuri, quien carecía de permiso para trabajar en México.
"Kamel miró a Succar y le preguntó de dónde eran; charlaron u momento y Nacif les dijo: "Suelten al paisano, yo me encargo de arreglarle los papeles".
Cacho asegura que desde entonces, ambos fueron "compadres", y que el pederasta fue socio en varias ocasiones de Kamel Nacif. Apoyándose en las declaraciones del ex administrador de Succar, Cacho menciona que en su sociedad, "Nacif ponía el dinero y Succar el nombre". Según esa fuente, a Kamel la relación le venía bien porque así distraía al fisco.
Cacho también denuncia en su libro que entre las amistades que Succar entabló en Acapulco, gracias a las recomendaciones de Kamel Nacif, se encontraba Joe Rank, dueño del emporio de ropa Aca Joe. Tras la publicación del libro, Lydia Cacho viene denunciando las amenazas vertidas sobre ellas y el equipo de 40 personas del CIAM.
Lydia Cacho trabaja desde hace años como defensora de los derechos de las mujeres, es integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, de la Red Nacional de Periodista y de la Red de Periodistas México, Centro América y El Caribe.
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vulnera los derechos humanos y la libertad de expresión en México, por lo que
representantes de medios de comunicación, nacionales e internacionales, rechazaron esta decisión.
"Es un incentivo para mantener los altos índices de impunidad en el país", informaron en comunicado de prensa, luego de que ayer la máxima instancia del poder judicial rechazó señalar la responsabilidad que, en las violaciones graves a los derechos humanos de Lydia Cacho, tuvieron el gobernador de Puebla, Mario Marín y otras autoridades de esa entidad, así como del estado de Quintana Roo, tal como había quedado establecido en el dictamen del ministro Juan Silva Meza.
El pleno de la SCJN concluyó que no se demostró la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de Lydia Cacho, autora del libro Los Demonios del Edén, en el que denuncia la existencia de redes de pederastia internacional y en la que aparecen involucrados gobernantes, funcionarios públicos y empresarios.
Es una decisión "preocupante porque es una muestra de las condiciones de
vulnerabilidad que, para el ejercicio de la libertad de expresión, existen
hoy en México".
En el marco del Seminario Internacional Sistema de Alertas y Metodologías para el Registro, Documentación y Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, y frente a las conclusiones de la SCJN, las organizaciones de comunicadores y comunicadoras nacionales e internacionales allí reunidas, se pronunciaron porque el Estado asuma la responsabilidad de garantizar condiciones amplias para la libertad de expresión, que en el caso de Lydia Cacho han quedado vulneradas.
Además, objetaron la decisión de la SCJN, ya que es un incentivo para mantener los altos índices de impunidad en el país. "Existen suficientes elementos que demuestran el nivel de involucramiento que tuvieron funcionarios públicos de los gobiernos de Puebla y Quintana Roo en las violaciones de los derechos de la periodista", enfatizaron.
Y manifestaron su rechazo por la decisión de la SCJN que, en su opinión, obstaculiza la procuración de justicia y crea un ámbito propicio para garantizar la impunidad en México.
Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento se encuentra: Aleida Calleja, Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC); Brisa Maya Solís, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Carlos Cortés, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP); Darío Ramírez, Article XIX; Carlos Lauría, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ); Jacinto Rodríguez Munguia, Fundación Prensa y Democracia (PRENDE);
Lucía Lagunes, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC); Francisco Ezequiel, Libertad de Información- México (LIMAC); José Buendía, Fundación Manuel Buendía; José Luis Garay, Bloque Nacional de Periodistas AA; Julián Vázquez, Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo; Eréndira Cruzvillegas, Relatoría de Libertad de Expresión del DF; Daniel Rosas, El Mañana, Nuevo Laredo; Martín Serrano, Diario Tribuna, Veracruz.
ASÍ EMPEZÓ LA HISTORIA
El 16 de diciembre del 2005, Lydia Cacho Ribeiro fue detenida en Cancún, alrededor de la una de la tarde, por varios elementos pertenecientes a la Policía Judicial del estado, a las puertas del Centro Integral de Apoyo para las Mujeres (CIAM), institución fundada por ella para proteger y refugiar a las mujeres víctimas de violencia.
Los elementos policíacos dieron cumplimiento a una orden de aprehensión girada en contra de la periodista por el Juzgado Quinto de lo Penal ubicado en la ciudad de Puebla, por lo que, de acuerdo con el convenio de colaboración vigente entre ambas instituciones, de inmediato fue entregada a los elementos de la entidad poblana para su traslado a esa ciudad.
Con inusual celeridad, en menos de una hora se dieron por concluidos los trámites y Lydia Cacho fue trasladada por los policías, vía terrestre, a la ciudad de Puebla, en un viaje por carretera que duró 10 horas.
Estuvo detenida durante 30 horas, y después la hicieron comparecer ante la jueza, que la puso en libertad bajo fianza que se le fijó de primera instancia en 170 mil pesos y que, al ser renegociada, se estableció en 30 mil pesos.
Cacho Ribeiro es periodista, fundadora y presidenta de la organización Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM). Ha sacado a la luz los abusos sufridos por mujeres y menores de edad y la impunidad de que suelen gozar los responsables.
Desde la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que documenta la existencia de una red internacional de pederastia, Cacho comenzó a ser hostigada y a recibir amenazas de muerte por su trabajo de investigación, en el que apoya la denuncia de pederastia contra Succar Kuri, un millonario empresario hotelero de Cancún al que vincula con Kamel Nacif Borge.
Cacho menciona en el libro cómo en junio de 1975 Kamel Nacif Borge, gracias a sus influencias en los servicios de Migración el aeropuerto mexicano por sus negocios de importación, pudo detener la deportación al Líbano del pederasta Succar Kuri, quien carecía de permiso para trabajar en México.
"Kamel miró a Succar y le preguntó de dónde eran; charlaron u momento y Nacif les dijo: "Suelten al paisano, yo me encargo de arreglarle los papeles".
Cacho asegura que desde entonces, ambos fueron "compadres", y que el pederasta fue socio en varias ocasiones de Kamel Nacif. Apoyándose en las declaraciones del ex administrador de Succar, Cacho menciona que en su sociedad, "Nacif ponía el dinero y Succar el nombre". Según esa fuente, a Kamel la relación le venía bien porque así distraía al fisco.
Cacho también denuncia en su libro que entre las amistades que Succar entabló en Acapulco, gracias a las recomendaciones de Kamel Nacif, se encontraba Joe Rank, dueño del emporio de ropa Aca Joe. Tras la publicación del libro, Lydia Cacho viene denunciando las amenazas vertidas sobre ellas y el equipo de 40 personas del CIAM.
Lydia Cacho trabaja desde hace años como defensora de los derechos de las mujeres, es integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, de la Red Nacional de Periodista y de la Red de Periodistas México, Centro América y El Caribe.
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