SCJN no Recomendará Castigo a quien viole Garantías Individuales
-- En casos como el de Lydia Cacho, Oaxaca y Atenco
México DF, 14 de agosto 2007 (CIMAC, Guadalupe Gómez Quintana).- "Yo digo que me doblo, pero no me quiebro; todavía nos queda la Suprema Corte", escribió Lydia Cacho en
El Chamuco hace apenas un mes, pero se equivocó: la mayoría de los Ministros decidió hoy que, de acuerdo con el Artículo 97 de la Constitución, no recomendará castigo para funcionarios, como Mario Marín, que hubieran incurrido en violaciones graves a las garantías individuales.
Así, tanto en caso de Lydia Cacho, secuestrada "legalmente" por instrucciones de Mario Marín, gobernador del Puebla, como estrategia de protección para su también poderoso amigo pederasta Succar Kuri, como el caso de las mujeres y hombres de Atenco y Oaxaca, a quienes fuerzas policiacas violentaron sus garantías individuales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo describirá los hechos.
La única facultad que se atribuye la SCNJ es la de describir los hechos y señalar a los responsables, sin hacer ninguna recomendación de castigo, señaló hoy ante la prensa el ministro Sergio Valls Hernández.
Y explicó que en aquellos casos en que la SCJN haya comprobado la existencia de violaciones graves a las garantías individuales, emitirá un informe señalándolo y podrá señalar a las autoridades involucradas, pero no sus nombres ni si son responsables en los hechos.
Los responsables de proceder penal, civil, política o administrativamente contra funcionarios responsables de violar las garantías individuales de las y los mexicanos serán otras autoridades, como el Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal o la Procuraduría General de la República.
Como consecuencia, la propuesta del ministro Juan Silva Meza de realizar un juicio político contra Marín, apodado por su amigo Succar como el "gober precioso" quedó en mera propuesta, pues las sesiones privadas que realizaron el grueso de ministros benefician directamente al funcionario poblano.
No importa que Silva Meza haya confirmado hace dos meses que el gobernador Marín y otros funcionarios y funcionarias de su gabinete se confabularon para detener ilegalmente a Cacho en diciembre de 2005, como un "coscorrón" por la publicación de su libro Los demonios del Edén, en donde describe las redes de pederastas que operan en México.
La periodista Cacho tenía esperanza en que las y los ministros, como lo habían anunciado, redactaran las reglas conforme a las cuales tenían que realizar las investigaciones en esos casos. Pero en vez de eso, la SCJN se impuso límites que la dejan casi como espectadora ante la violación de las garantías individuales de la población.
No podrá emitir tampoco recomendaciones, porque ésas las hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo Valls. Por tanto, la historia vuelve sobre sus pasos, a la misma escena que describió hace 30 días Cacho: "Marín demuestra que tiene secuestrado al poder judicial y al legislativo de su estado… es intocable".
La decisión de la Corte abre también otras interrogantes en otros casos, como el destino de la comisión investigadora, anunciada el pasado 6 de febrero, para "determinar si hubo violaciones graves a las garantías individuales en San Salvador Atenco, Estado de México, en los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006".
Esta comisión, integrada por los magistrados federales Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, partió del hecho de que sí hubo violaciones a las garantías individuales, dijo en su momento la SCJN, y respondería a las preguntas: ¿Por qué se dieron esas violaciones? ¿Alguien las ordenó? ¿Obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?, etcétera.
Sin embargo, dijo hoy Valls, la comisión investigadora tendrá la responsabilidad de determinar hasta qué grado se mencionará a una autoridad, esto es, podría señalarse sólo a una institución o podrían darse sólo detalles sobre el cargo del servidor público presuntamente implicado.
LAS NUEVAS REGLAS
Las nuevas reglas que seguirá la Corte en los casos de violación grave a las garantías individuales surgieron, informó Valls, de un Acuerdo General al que llegaron "durante las sesiones privadas realizadas los pasados días jueves y lunes, así como el día de hoy".
A dichas reglas deberá sujetarse el ejercicio de la facultad de investigación, en todos los casos, para "dar certeza y uniformidad" a las investigaciones, "siendo necesario, por tanto, que consten por escrito y se les dé publicidad".
El proyecto para dichas reglas fue elaborado por los ministros Valls y Sergio Aguirre Anguiano, y el pleno del tribunal redactó "las reglas que deben regular las acciones que conlleva una investigación de este tipo considerando para ello, en todo momento, que el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal, faculta a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente, para averiguar algún hecho o hechos que constituyan graves violaciones de garantías individuales, es decir, sin que conlleve una función jurisdiccional o procesal".
NO MÁS CONVERSACIONES TELEFÓNICAS
Las nuevas reglas implican también la prohibición para que la Corte solicite a la Procuraduría General de la República (PGR) la intervención de conversaciones telefónicas, como sucedió en el caso de Mario Marín, a quien le intervinieron llamadas durante la investigación sobre la detención de Lydia Cacho.
El acuerdo a que llegaron hoy las y los ministros será votado la próxima semana, cuando la comisión redactora integre el proyecto, cuyo reglamento -adelantaron en la conferencia de prensa- incluirá tres artículos transitorios que se refieren a las investigaciones que tiene pendientes la SCJN, como los casos de Lydia Cacho, Oaxaca y Atenco.
El ministro Silva Meza continuará con el caso de la periodista, pero deberá otorgar a Marín la posibilidad de aportar nuevos elementos que contribuyan a desmentir los resultados que hicieron el ministro y su equipo (donde confirmaron la violación a las garantías de Cacho y la necesidad de investigar las redes de pederastas), pues según las nuevas reglas, se trata de proteger "y los derechos fundamentales de todos aquellos sujetos que pudieran estar involucrados" en la investigación, como explicaron hoy.
"Así empezó todo -escribió hace un mes Lydia Cacho--, cuando unas niñas creyeron que la autoridad podría defenderlas del pederasta y sus amigos políticos; cuando una periodista creyó que la Constitución tendía valor alguno…"
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México DF, 14 de agosto 2007 (CIMAC, Guadalupe Gómez Quintana).- "Yo digo que me doblo, pero no me quiebro; todavía nos queda la Suprema Corte", escribió Lydia Cacho en
El Chamuco hace apenas un mes, pero se equivocó: la mayoría de los Ministros decidió hoy que, de acuerdo con el Artículo 97 de la Constitución, no recomendará castigo para funcionarios, como Mario Marín, que hubieran incurrido en violaciones graves a las garantías individuales.
Así, tanto en caso de Lydia Cacho, secuestrada "legalmente" por instrucciones de Mario Marín, gobernador del Puebla, como estrategia de protección para su también poderoso amigo pederasta Succar Kuri, como el caso de las mujeres y hombres de Atenco y Oaxaca, a quienes fuerzas policiacas violentaron sus garantías individuales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo describirá los hechos.
La única facultad que se atribuye la SCNJ es la de describir los hechos y señalar a los responsables, sin hacer ninguna recomendación de castigo, señaló hoy ante la prensa el ministro Sergio Valls Hernández.
Y explicó que en aquellos casos en que la SCJN haya comprobado la existencia de violaciones graves a las garantías individuales, emitirá un informe señalándolo y podrá señalar a las autoridades involucradas, pero no sus nombres ni si son responsables en los hechos.
Los responsables de proceder penal, civil, política o administrativamente contra funcionarios responsables de violar las garantías individuales de las y los mexicanos serán otras autoridades, como el Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal o la Procuraduría General de la República.
Como consecuencia, la propuesta del ministro Juan Silva Meza de realizar un juicio político contra Marín, apodado por su amigo Succar como el "gober precioso" quedó en mera propuesta, pues las sesiones privadas que realizaron el grueso de ministros benefician directamente al funcionario poblano.
No importa que Silva Meza haya confirmado hace dos meses que el gobernador Marín y otros funcionarios y funcionarias de su gabinete se confabularon para detener ilegalmente a Cacho en diciembre de 2005, como un "coscorrón" por la publicación de su libro Los demonios del Edén, en donde describe las redes de pederastas que operan en México.
La periodista Cacho tenía esperanza en que las y los ministros, como lo habían anunciado, redactaran las reglas conforme a las cuales tenían que realizar las investigaciones en esos casos. Pero en vez de eso, la SCJN se impuso límites que la dejan casi como espectadora ante la violación de las garantías individuales de la población.
No podrá emitir tampoco recomendaciones, porque ésas las hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo Valls. Por tanto, la historia vuelve sobre sus pasos, a la misma escena que describió hace 30 días Cacho: "Marín demuestra que tiene secuestrado al poder judicial y al legislativo de su estado… es intocable".
La decisión de la Corte abre también otras interrogantes en otros casos, como el destino de la comisión investigadora, anunciada el pasado 6 de febrero, para "determinar si hubo violaciones graves a las garantías individuales en San Salvador Atenco, Estado de México, en los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006".
Esta comisión, integrada por los magistrados federales Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, partió del hecho de que sí hubo violaciones a las garantías individuales, dijo en su momento la SCJN, y respondería a las preguntas: ¿Por qué se dieron esas violaciones? ¿Alguien las ordenó? ¿Obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?, etcétera.
Sin embargo, dijo hoy Valls, la comisión investigadora tendrá la responsabilidad de determinar hasta qué grado se mencionará a una autoridad, esto es, podría señalarse sólo a una institución o podrían darse sólo detalles sobre el cargo del servidor público presuntamente implicado.
LAS NUEVAS REGLAS
Las nuevas reglas que seguirá la Corte en los casos de violación grave a las garantías individuales surgieron, informó Valls, de un Acuerdo General al que llegaron "durante las sesiones privadas realizadas los pasados días jueves y lunes, así como el día de hoy".
A dichas reglas deberá sujetarse el ejercicio de la facultad de investigación, en todos los casos, para "dar certeza y uniformidad" a las investigaciones, "siendo necesario, por tanto, que consten por escrito y se les dé publicidad".
El proyecto para dichas reglas fue elaborado por los ministros Valls y Sergio Aguirre Anguiano, y el pleno del tribunal redactó "las reglas que deben regular las acciones que conlleva una investigación de este tipo considerando para ello, en todo momento, que el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal, faculta a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente, para averiguar algún hecho o hechos que constituyan graves violaciones de garantías individuales, es decir, sin que conlleve una función jurisdiccional o procesal".
NO MÁS CONVERSACIONES TELEFÓNICAS
Las nuevas reglas implican también la prohibición para que la Corte solicite a la Procuraduría General de la República (PGR) la intervención de conversaciones telefónicas, como sucedió en el caso de Mario Marín, a quien le intervinieron llamadas durante la investigación sobre la detención de Lydia Cacho.
El acuerdo a que llegaron hoy las y los ministros será votado la próxima semana, cuando la comisión redactora integre el proyecto, cuyo reglamento -adelantaron en la conferencia de prensa- incluirá tres artículos transitorios que se refieren a las investigaciones que tiene pendientes la SCJN, como los casos de Lydia Cacho, Oaxaca y Atenco.
El ministro Silva Meza continuará con el caso de la periodista, pero deberá otorgar a Marín la posibilidad de aportar nuevos elementos que contribuyan a desmentir los resultados que hicieron el ministro y su equipo (donde confirmaron la violación a las garantías de Cacho y la necesidad de investigar las redes de pederastas), pues según las nuevas reglas, se trata de proteger "y los derechos fundamentales de todos aquellos sujetos que pudieran estar involucrados" en la investigación, como explicaron hoy.
"Así empezó todo -escribió hace un mes Lydia Cacho--, cuando unas niñas creyeron que la autoridad podría defenderlas del pederasta y sus amigos políticos; cuando una periodista creyó que la Constitución tendía valor alguno…"
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