Informe: Ni una Mención de Calderón a las Mujeres Víctimas de Militares

México, DF, 1 septiembre 07 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- A nueve meses del inicio de la cuestionada administración de Felipe Calderón, los derechos humanos de las mujeres son un tema inexistente: lo demuestran nueve meses de gestión y lo reafirma su informe entregado hoy al Poder Legislativo.

Doña Ernestina Ascencio Rosario murió en febrero como consecuencia de una violación tumultuaria a manos presuntamente de militares, en la Sierra Zongolica, Veracruz, donde también fueron asesinadas otras dos mujeres, pero el informe de Calderón, en su apartado Estado de Derecho y Seguridad, nada dice de ello.

Tampoco habla de las agresiones sexuales y la violación a los derechos humanos de las mujeres de Oaxaca que participaron en el movimiento social, que aún no concluye. Y las decenas de mujeres asesinadas por violencia feminicida en esa entidad fueron omitidas en el documento de Calderón.

Igual suerte corren las más recientes víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua y la desaparición de facto de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. Así como la violación a los derechos humanos, incluso ataque sexual, que sufrieron mujeres en Michoacán y Sinaloa.

El primer balance de la administración de Felipe Calderón debía contener todos estos casos, Castaños, Coahuila; San Salvador Atenco, Estado de México; Veracruz, Michoacán y Sinaloa, ya que siguen impunes, y los militares, presuntos responsables, continúan sin sanción.

CALDERÓN Y SU DICTAMEN

Mención especial debería haber tenido el llamado Caso Zongolica, que refiere lo ocurrido a doña Ernestina Ascencio Rosario, porque tanto el gobierno de Fidel Herrera como el Federal, hasta ahora, no han hecho válidas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI).

A pesar de que el Ministerio Público Militar reconoció en un primer momento la existencia de una violación, posteriormente argumentó que la anciana murió a causa de una enfermedad, siendo el titular del Ejecutivo mexicano el primero en declarar (el 4 de marzo) que la muerte de la mujer había sido provocada por una gastritis crónica no atendida y que no se encontraron rastros de violencia sexual.

Esto a casi un mes de que la indígena fuera hallada moribunda por sus hijas e hijos, a quienes en lengua náhuatl les dijo "los militares se me vinieron encima". Ernestina es un claro ejemplo de la violencia institucional, de género que viven las mujeres en nuestro país. Pese a todo ello Calderón no consideró relevante mencionar el estado que guarda este caso, ya que hasta el día de hoy no se ha esclarecido en forma precisa.

OPERATIVOS, ABUSO Y VIOLACIÓN

Lo que sí precisa Calderón en su texto es la existencia de seis operativos conjuntos en nueve estados del país, como estrategia de combate al narcotráfico y narcomenudeo (apartado 1, punto 1.1.3.1). Se trata de operaciones del Gobierno Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Procuraduría General de la República, en Michoacán,
Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California y
Veracruz.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participó con un promedio mensual de 45 mil 723 elementos militares, en esos nueve estados. Pero en la mayoría de estas entidades se han denunciado abusos y violaciones de los derechos humanos de las mujeres por parte de elementos de la institución castrense.

Para las mujeres de los pueblos y comunidades donde están apostados los militares, según el seguimiento y la documentación de organismos de derechos humanos, los militares son fuente de toda clase de abusos, imposiciones y arbitrariedades.

¿Qué dice de eso Calderón?

Según su informe, los conceptos más recurrentes de violación a los derechos humanos fueron: el de legalidad, seguridad jurídica y la protección de la salud (apartado 1, punto 11.1.5.2 Atención y Seguimiento de las Recomendaciones Emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal). Estos "conceptos", según el documento, se encuentran en vías de cumplimiento.

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