Uruguay: Campaña por Internet Cosecha Apoyo para el Aborto
Montevideo, Uruguay., 14 de junio 2007 (CIMAC/SEMlac).- "El día 16 de mayo de 2007,
una mujer uruguaya fue procesada por 'delito de aborto'. Los y las abajo firmantes hemos infringido la ley 9.763 de 1938 haciéndonos un aborto o financiándolo, acompañando a una mujer a practicárselo, conociendo la identidad de muchas y callándonos. Todas y todos somos la mujer de 20 años procesada. O todas y todos somos delincuentes o esa ley esa injusta".
Con esta convocatoria, impulsada por representantes de diferentesorganizaciones sociales, de mujeres y personalidades de diferentes ámbitos del acontecer nacional, se lanzó en la madrugada del viernes primero de junio una campaña a favor de la despenalización del aborto a través de Internet (www.despenalizar.blogspot.com) que, hasta ahora ha logrado la adhesión de más de 3 mil 490 firmas.
Entre los signatarios - hombres y mujeres de todas las edades y todos los partidos políticos- figuran personalidades como las ministras de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y del Interior, Daisy Tournier; la directora del Instituto de la Mujer y la Familia, Carmen Beramendi; el ex y el actual rector de la Universidad, Rafael Guarga y Rodrigo Arocena, respectivamente.
También suscribieron el texto decanos de diferentes facultades universitarias; el escritor Eduardo Galeano, periodistas, parlamentarios, economistas músicos y cantantes; diferentes representantes de la vida social y cultural del país y centenas de personas que simplemente se sintieron convocadas por esta iniciativa inédita.
El procesamiento sin prisión de la joven de 20 años que recurrió a un aborto en una clínica clandestina de Montevideo -por el cual pagó 700 dólares y a consecuencia del que contrajo una infección severa- reavivó el debate nacional sobre la despenalización de tal práctica.
Actualmente, existe un proyecto de ley, detenido desde hace un año en el Senado, que prevé la legalización del aborto cuando este se realiza en el transcurso de las primeras 12 semanas de gravidez. El presidente de la República y jefe del primer gobierno de izquierda del país, Tabaré Vázquez, ya anunció su intención de vetar esta normativa en caso de ser aprobada.
La mujer fue denunciada a la policía por un médico que la atendió cuando ella lo consultó por fiebre alta, indicio de una infección en curso tras practicarse un aborto mediante legrado. Con su proceder, el galeno violó una normativa del Ministerio de Salud Pública, aprobada hace tres años, que les exige confidencialidad ante los casos que acuden a los centros de salud con complicaciones por esta causa.
Iniciado el trámite judicial, el juez penal Luis Charles le tipificó a la joven el delito de aborto "con consentimiento de la mujer". El Código Penal condena con penas que van de tres a 25 meses de prisión a "la mujer que causare su aborto o lo consintiera". El magistrado eximió a la joven de la cárcel. En tanto, procesó con prisión a la ginecóloga propietaria de la clínica y a su hermana que también participó en la intervención por "delito de aborto con la colaboración de un tercero, en calidad de cómplice, con consentimiento de la mujer".
El Código Penal uruguayo de 1938 exime de pena de prisión a los abortos realizados en casos de "angustia económica" (aborto miserable), "lesión a su honor" (aborto honorífico), violación (aborto sentimental) o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre (aborto terapéutico).Para ello, la mujer debe dar su consentimiento y la intervención debe ser realizada por un médico en los tres primeros meses de la gestación.
No obstante, esas excepciones rara vez se utilizan debido principalmente a que el artículo 328 del Código que las incluye nunca fue reglamentado y no existen mecanismos que faciliten a quien desea interrumpir un embarazo por alguna de esas causales lograr su objetivo amparada en la ley.
"Cada vez que hay un debate público sobre una nueva legislación para despenalizar el aborto, se retrae el circuito de clínicas clandestinas porque hay mayores riesgos de allanamientos, control policial, denuncias.
Por eso, el precio que se cobra allí no es garantía de buena atención, explicó Lilián Abracinskas, coordinadora de la Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía y de la ONG Mujer y Salud en Uruguay.
"Los profesionales que quedan son, quizás, los que tienen menos escrúpulos y menos experiencia", dijo a SEMlac esta especialista. En Uruguay, el número de abortos está cerca de igualar a los nacimientos. De hecho, a nivel nacional se registran 47 mil nacimientos por año y se efectúan en el mismo período 33 mil abortos.
Una encuesta posterior al procesamiento de la joven efectuada por la empresa consultora local "Factum" reveló que 61 por ciento de la población se pronuncia a favor de la despenalización del aborto. Según el director de "Factum", Eduardo Bottinelli, los resultados de ese sondeo muestran "una clara disociación entre la opinión de la sociedad y la actuación del sistema político".
La periodista Lucy Garrido, militante feminista y una de las impulsoras de la declaración "Nosotras y nosotros también" que circula por Internet, se pregunta en una nota publicada en el semanario Brecha por qué en el Parlamento uruguayo no existe esa misma relación de seis a tres entre los legisladores que se pronuncien a favor y en contra de la despenalización del aborto.
"En nuestra región, los legisladores son amenazados de excomunión si votan leyes que defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su reproducción (...) Esta mayoría silenciosa ha decidido, modestamente, firmar para que nuestros representantes no permitan que la jerarquía de la Iglesia católica los deslegitime y les impida hacer su trabajo", precisó Garrido.
"Soy una abajo firmante porque quiero que el Poder Legislativo que hemos elegido se sienta apoyado y pueda debatir y votar el proyecto de ley de defensa de la salud reproductiva. Tabaré Vázquez tiene todo el derecho a pensar como se le dé la gana, pero el presidente no tiene derecho, antes que una ley sea votada, a esgrimir su poder de veto: es presidente, no tutor (...) Firmamos por indignación ante algo que es absolutamente injusto. Pero también firmamos porque ya es hora de abrir puertas y
ventanas, hora de airear la casa", concluyó. (Cristina Canoura, Cimac)
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una mujer uruguaya fue procesada por 'delito de aborto'. Los y las abajo firmantes hemos infringido la ley 9.763 de 1938 haciéndonos un aborto o financiándolo, acompañando a una mujer a practicárselo, conociendo la identidad de muchas y callándonos. Todas y todos somos la mujer de 20 años procesada. O todas y todos somos delincuentes o esa ley esa injusta".
Con esta convocatoria, impulsada por representantes de diferentesorganizaciones sociales, de mujeres y personalidades de diferentes ámbitos del acontecer nacional, se lanzó en la madrugada del viernes primero de junio una campaña a favor de la despenalización del aborto a través de Internet (www.despenalizar.blogspot.com) que, hasta ahora ha logrado la adhesión de más de 3 mil 490 firmas.
Entre los signatarios - hombres y mujeres de todas las edades y todos los partidos políticos- figuran personalidades como las ministras de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y del Interior, Daisy Tournier; la directora del Instituto de la Mujer y la Familia, Carmen Beramendi; el ex y el actual rector de la Universidad, Rafael Guarga y Rodrigo Arocena, respectivamente.
También suscribieron el texto decanos de diferentes facultades universitarias; el escritor Eduardo Galeano, periodistas, parlamentarios, economistas músicos y cantantes; diferentes representantes de la vida social y cultural del país y centenas de personas que simplemente se sintieron convocadas por esta iniciativa inédita.
El procesamiento sin prisión de la joven de 20 años que recurrió a un aborto en una clínica clandestina de Montevideo -por el cual pagó 700 dólares y a consecuencia del que contrajo una infección severa- reavivó el debate nacional sobre la despenalización de tal práctica.
Actualmente, existe un proyecto de ley, detenido desde hace un año en el Senado, que prevé la legalización del aborto cuando este se realiza en el transcurso de las primeras 12 semanas de gravidez. El presidente de la República y jefe del primer gobierno de izquierda del país, Tabaré Vázquez, ya anunció su intención de vetar esta normativa en caso de ser aprobada.
La mujer fue denunciada a la policía por un médico que la atendió cuando ella lo consultó por fiebre alta, indicio de una infección en curso tras practicarse un aborto mediante legrado. Con su proceder, el galeno violó una normativa del Ministerio de Salud Pública, aprobada hace tres años, que les exige confidencialidad ante los casos que acuden a los centros de salud con complicaciones por esta causa.
Iniciado el trámite judicial, el juez penal Luis Charles le tipificó a la joven el delito de aborto "con consentimiento de la mujer". El Código Penal condena con penas que van de tres a 25 meses de prisión a "la mujer que causare su aborto o lo consintiera". El magistrado eximió a la joven de la cárcel. En tanto, procesó con prisión a la ginecóloga propietaria de la clínica y a su hermana que también participó en la intervención por "delito de aborto con la colaboración de un tercero, en calidad de cómplice, con consentimiento de la mujer".
El Código Penal uruguayo de 1938 exime de pena de prisión a los abortos realizados en casos de "angustia económica" (aborto miserable), "lesión a su honor" (aborto honorífico), violación (aborto sentimental) o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre (aborto terapéutico).Para ello, la mujer debe dar su consentimiento y la intervención debe ser realizada por un médico en los tres primeros meses de la gestación.
No obstante, esas excepciones rara vez se utilizan debido principalmente a que el artículo 328 del Código que las incluye nunca fue reglamentado y no existen mecanismos que faciliten a quien desea interrumpir un embarazo por alguna de esas causales lograr su objetivo amparada en la ley.
"Cada vez que hay un debate público sobre una nueva legislación para despenalizar el aborto, se retrae el circuito de clínicas clandestinas porque hay mayores riesgos de allanamientos, control policial, denuncias.
Por eso, el precio que se cobra allí no es garantía de buena atención, explicó Lilián Abracinskas, coordinadora de la Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía y de la ONG Mujer y Salud en Uruguay.
"Los profesionales que quedan son, quizás, los que tienen menos escrúpulos y menos experiencia", dijo a SEMlac esta especialista. En Uruguay, el número de abortos está cerca de igualar a los nacimientos. De hecho, a nivel nacional se registran 47 mil nacimientos por año y se efectúan en el mismo período 33 mil abortos.
Una encuesta posterior al procesamiento de la joven efectuada por la empresa consultora local "Factum" reveló que 61 por ciento de la población se pronuncia a favor de la despenalización del aborto. Según el director de "Factum", Eduardo Bottinelli, los resultados de ese sondeo muestran "una clara disociación entre la opinión de la sociedad y la actuación del sistema político".
La periodista Lucy Garrido, militante feminista y una de las impulsoras de la declaración "Nosotras y nosotros también" que circula por Internet, se pregunta en una nota publicada en el semanario Brecha por qué en el Parlamento uruguayo no existe esa misma relación de seis a tres entre los legisladores que se pronuncien a favor y en contra de la despenalización del aborto.
"En nuestra región, los legisladores son amenazados de excomunión si votan leyes que defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su reproducción (...) Esta mayoría silenciosa ha decidido, modestamente, firmar para que nuestros representantes no permitan que la jerarquía de la Iglesia católica los deslegitime y les impida hacer su trabajo", precisó Garrido.
"Soy una abajo firmante porque quiero que el Poder Legislativo que hemos elegido se sienta apoyado y pueda debatir y votar el proyecto de ley de defensa de la salud reproductiva. Tabaré Vázquez tiene todo el derecho a pensar como se le dé la gana, pero el presidente no tiene derecho, antes que una ley sea votada, a esgrimir su poder de veto: es presidente, no tutor (...) Firmamos por indignación ante algo que es absolutamente injusto. Pero también firmamos porque ya es hora de abrir puertas y
ventanas, hora de airear la casa", concluyó. (Cristina Canoura, Cimac)
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