Bolivia: se Oponen a que Nueva Constitución prohíba la Iinterrupción Legal del Embarazo
México DF, 21 de junio 2007 (CIMAC).- Ante la propuesta de que la Constitución de Bolivia incluya en su texto el derecho a la vida desde la concepción, con lo cual se excluye la posibilidad de que cualquier interrupción del embarazo sea legal, aún en casos actualmente previstos por la ley, "las mujeres defendemos el derecho a la vida, no promovemos el aborto, ni creemos que éste deba ser un método anticonceptivo", dice la organización no gubernamental Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, a través de un comunicado.
Y explican en detalle las razones por las cuales se oponen al derecho a la vida desde la concepción. Nos oponemos, dicen, porque en Bolivia cada día ocurren situaciones que afectan la vida y la integridad de mujeres y niñas de toda edad, clase social, condición étnica, económica, cultural.
Por ejemplo, niñas que son violadas por sus padres, padrastros, parientes, desconocidos y que producto de esa violación quedan embarazadas. Mujeres que luego de ser agredidas con brutalidad, utilizando la fuerza, son violadas, y producto de esa violación quedan embarazadas. Y adolescentes que son engañadas por hombres que aprovechan su inocencia y las violan o prostituyen.
De aprobarse en la nueva Constitución el derecho a la vida desde la concepción, la opción de recurrir a la interrupción del embarazo, en los casos descritos sería imposible, imposibilitando el derecho a una vida digna de mujeres y niñas que han enfrentado situaciones tan aterradoras, dice la ONG.
Además, continúa el comunicado, existen también situaciones relacionadas con la salud de la madre en la que el embarazo coloca su vida en alto riesgo, viéndose obligada a interrumpir el proceso ante la posibilidad de perder su vida. Una vida con identidad, con nombre, apellido, familia, derechos materializados, frente a otra que incluso puede ser inviable.
RAZONES DE LEY
"Los jueces con competencia para autorizar una interrupción de embarazo, en los casos de excepción, así como los médicos que realizan interrupciones en casos de grave peligro de la vida de la madre, no podrán hacerlo, pese a que esto está normado por ley (Código Penal. Aborto impune: embarazo resultado de violación e incesto y riesgo de vida de la madre), ya que estarían violando la Constitución. Una ley no puede superponerse a la Constitución Política del Estado".
Si bien el Pacto de San José, en su artículo 4o. establece el derecho a la vida desde la concepción, este instrumento internacional, pese a su ratificación, en Bolivia no tiene un rango constitucional, por lo tanto en la actualidad, tiene aplicación preferente nuestro marco legal, el cual está respaldado por la Constitución Política del Estado en vigencia.
Todas las Convenciones, incluida la de los Derechos de la Niñez, y Pactos suscritos por Bolivia, con excepción del de San José de Costa Rica, protegen el derecho a la vida de manera general, dejando a cada país miembro normarla a través de leyes y políticas de Estado.
"No se puede supeditar el derecho a decidir de las mujeres en situaciones límite (embarazo fruto de violación, riesgo de vida de la madre) por motivos ideológicos y posiciones conservadoras y fundamentalistas religiosas.
"No se trata sólo de un problema médico, de especialistas y de ética profesional sino fundamentalmente es un tema de derechos humanos, el primero de los cuales es el derecho a la vida, en este caso, de las mujeres".
¿Por qué apoyamos que la Constitución reconozca simplemente el derecho a la vida?, se pregunta la organización. "Porque reconocer ello, sería reconocer la vigencia de un Estado verdaderamente soberano, libre de influencias religiosas en temas de
competencia pública que afectan los derechos de las mujeres y niñas.
"El Estado no estaría promoviendo la legalización del aborto, ni dejando de resguardar el derecho a la vida como un bien constitucionalmente protegido.
"Se estaría asumiendo una posición justa y coherente con los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho a la salud y la integridad de miles de mujeres que sufren e incluso llegan hasta la muerte en situaciones límite".
Ningún extremo, concluyen, es bueno, y ambas posiciones, derecho a la vida desde la concepción o desde el nacimiento, violan los derechos humanos. Por tanto, exigimos que la nueva Constitución Política del Estado reconozca simplemente el derecho a la vida.
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Y explican en detalle las razones por las cuales se oponen al derecho a la vida desde la concepción. Nos oponemos, dicen, porque en Bolivia cada día ocurren situaciones que afectan la vida y la integridad de mujeres y niñas de toda edad, clase social, condición étnica, económica, cultural.
Por ejemplo, niñas que son violadas por sus padres, padrastros, parientes, desconocidos y que producto de esa violación quedan embarazadas. Mujeres que luego de ser agredidas con brutalidad, utilizando la fuerza, son violadas, y producto de esa violación quedan embarazadas. Y adolescentes que son engañadas por hombres que aprovechan su inocencia y las violan o prostituyen.
De aprobarse en la nueva Constitución el derecho a la vida desde la concepción, la opción de recurrir a la interrupción del embarazo, en los casos descritos sería imposible, imposibilitando el derecho a una vida digna de mujeres y niñas que han enfrentado situaciones tan aterradoras, dice la ONG.
Además, continúa el comunicado, existen también situaciones relacionadas con la salud de la madre en la que el embarazo coloca su vida en alto riesgo, viéndose obligada a interrumpir el proceso ante la posibilidad de perder su vida. Una vida con identidad, con nombre, apellido, familia, derechos materializados, frente a otra que incluso puede ser inviable.
RAZONES DE LEY
"Los jueces con competencia para autorizar una interrupción de embarazo, en los casos de excepción, así como los médicos que realizan interrupciones en casos de grave peligro de la vida de la madre, no podrán hacerlo, pese a que esto está normado por ley (Código Penal. Aborto impune: embarazo resultado de violación e incesto y riesgo de vida de la madre), ya que estarían violando la Constitución. Una ley no puede superponerse a la Constitución Política del Estado".
Si bien el Pacto de San José, en su artículo 4o. establece el derecho a la vida desde la concepción, este instrumento internacional, pese a su ratificación, en Bolivia no tiene un rango constitucional, por lo tanto en la actualidad, tiene aplicación preferente nuestro marco legal, el cual está respaldado por la Constitución Política del Estado en vigencia.
Todas las Convenciones, incluida la de los Derechos de la Niñez, y Pactos suscritos por Bolivia, con excepción del de San José de Costa Rica, protegen el derecho a la vida de manera general, dejando a cada país miembro normarla a través de leyes y políticas de Estado.
"No se puede supeditar el derecho a decidir de las mujeres en situaciones límite (embarazo fruto de violación, riesgo de vida de la madre) por motivos ideológicos y posiciones conservadoras y fundamentalistas religiosas.
"No se trata sólo de un problema médico, de especialistas y de ética profesional sino fundamentalmente es un tema de derechos humanos, el primero de los cuales es el derecho a la vida, en este caso, de las mujeres".
¿Por qué apoyamos que la Constitución reconozca simplemente el derecho a la vida?, se pregunta la organización. "Porque reconocer ello, sería reconocer la vigencia de un Estado verdaderamente soberano, libre de influencias religiosas en temas de
competencia pública que afectan los derechos de las mujeres y niñas.
"El Estado no estaría promoviendo la legalización del aborto, ni dejando de resguardar el derecho a la vida como un bien constitucionalmente protegido.
"Se estaría asumiendo una posición justa y coherente con los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho a la salud y la integridad de miles de mujeres que sufren e incluso llegan hasta la muerte en situaciones límite".
Ningún extremo, concluyen, es bueno, y ambas posiciones, derecho a la vida desde la concepción o desde el nacimiento, violan los derechos humanos. Por tanto, exigimos que la nueva Constitución Política del Estado reconozca simplemente el derecho a la vida.
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