Pierde Kamel Nacif juicio contra Lydia Cacho
México, DF, 3 de enero 2007 (CIMAC).- La periodista Lydia Cacho fue exonerada del delito de difamación, por el que la acusó el año pasado Kamel Nacif Borge, luego de la publicación del libro Los demonios del Edén, en donde se vincula al empresario con parte de una red de pederastas que opera en el sureste mexicano, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
La definitiva abolición del juicio por el presunto delito de difamación, dictada por juez Cuarto de Paz Penal del Distrito Federal, Lorenzo Medina Garzón, fue dictaminada desde el 22 de diciembre, bajo el argumento de que el delito fue derogado del Código Penal del Distrito Federal el año pasado.
Kamel Nacif no impugnó el fallo, es decir no apeló en los cinco días posteriores a la resolución, razón por la cual la resolución del juez causó ejecutoria. Además, el Ministerio Público de Quintana Roo también dejó vencer los tres días que tenía para interponer el recurso de apelación de dicha resolución.
Y aunque el sobreseimiento de la causa no constituye una absolución, en los hechos sí tiene alcances de sentencia absolutoria, pues la periodista no puede volver a ser acusada por el mismo delito, como indica la ley mexicana. Le restituye, además, el ejercicio de sus derechos políticos.
Nacif contra Cacho
La publicación del libro de la también activista por los derechos humanos impactó el medio político y empresarial no sólo de Quintana Roo, sino también del centro del país, pues describe la forma en que opera una red internacional de pederastia, en la que estarían involucrados tanto Nacif, como Jean Succar Kuri, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México.
En el libro se hace mención de otras figuras públicas, como el actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunez Linares. Ofendido por las imputaciones que se le hacen en el libro, Nacif decidió demandar, en Puebla, a Lydia Cacho por los delitos de calumnia y difamación.
Cacho fue por ese motivo detenida en Cancún, su lugar de residencia, y trasladada a la prisión de Puebla, en donde -luego de permanecer en el Ministerio Público 30 horas- una juez penal absolvió a la periodista del delito de calumnia, aunque se declaró incompetente en el de difamación y turnó el caso al juzgado Primero Penal de Cancún, a cargo de Gilberto Herrera Solís.
Además, como los delitos de difamación y calumnia no están tipificados como graves, la comunicadora obtuvo su libertad provisional, pagando una fianza de 70 mil pesos. Sin embargo, la manera en que se realizó el traslado, de Cancún a Puebla, descrito por la periodista como un virtual secuestro, en el que recibió amenazas y humillaciones múltiples, fue denunciado a través de diversos medios de comunicación y organismos defensores de los derechos humanos.
De Puebla, la juez encargada turnó el caso a un juzgado de Quintana Roo, pues se declaró incompetente. Y ahí, el juez primero penal de Cancún, Gilberto Herrera Solís, admitió el caso bajo la presunción de que Puebla había un clima de hostilidad hacia la procesada.
Pero hacia octubre, luego de dos audiencias, el juez de Cancún también se declaró incompetente y envió el juicio al juzgado cuarto de paz penal del Distrito Federal, pus los hechos imputados a Cacho sucedieron en esta ciudad, lugar donde se imprimió el libro que dio origen a la denuncia contra la escritora.
Y fue en la ciudad de México en donde concluyó el juicio por difamación contra la comunicadora Lydia Cacho. Sin embargo, en este conflicto, generado por las revelaciones que Cacho hace en su libro, falta aún la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la denuncia que la comunicadora hizo contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, quien se habría confabulado con Nacif para "darle un escarmiento" por relacionarlo con Surcar Kuri, procesado y preso por pederastia.
La publicación de una llamada telefónica entre Kamel Nacif y el Gobernador de Puebla Mario Marín, en la que hablan despectivamente de Cacho y donde se infiere su acuerdo o complicidad para la aprehensión de la reportera pueden influir en otra resolución favorable para la periodista.
La definitiva abolición del juicio por el presunto delito de difamación, dictada por juez Cuarto de Paz Penal del Distrito Federal, Lorenzo Medina Garzón, fue dictaminada desde el 22 de diciembre, bajo el argumento de que el delito fue derogado del Código Penal del Distrito Federal el año pasado.
Kamel Nacif no impugnó el fallo, es decir no apeló en los cinco días posteriores a la resolución, razón por la cual la resolución del juez causó ejecutoria. Además, el Ministerio Público de Quintana Roo también dejó vencer los tres días que tenía para interponer el recurso de apelación de dicha resolución.
Y aunque el sobreseimiento de la causa no constituye una absolución, en los hechos sí tiene alcances de sentencia absolutoria, pues la periodista no puede volver a ser acusada por el mismo delito, como indica la ley mexicana. Le restituye, además, el ejercicio de sus derechos políticos.
Nacif contra Cacho
La publicación del libro de la también activista por los derechos humanos impactó el medio político y empresarial no sólo de Quintana Roo, sino también del centro del país, pues describe la forma en que opera una red internacional de pederastia, en la que estarían involucrados tanto Nacif, como Jean Succar Kuri, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México.
En el libro se hace mención de otras figuras públicas, como el actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunez Linares. Ofendido por las imputaciones que se le hacen en el libro, Nacif decidió demandar, en Puebla, a Lydia Cacho por los delitos de calumnia y difamación.
Cacho fue por ese motivo detenida en Cancún, su lugar de residencia, y trasladada a la prisión de Puebla, en donde -luego de permanecer en el Ministerio Público 30 horas- una juez penal absolvió a la periodista del delito de calumnia, aunque se declaró incompetente en el de difamación y turnó el caso al juzgado Primero Penal de Cancún, a cargo de Gilberto Herrera Solís.
Además, como los delitos de difamación y calumnia no están tipificados como graves, la comunicadora obtuvo su libertad provisional, pagando una fianza de 70 mil pesos. Sin embargo, la manera en que se realizó el traslado, de Cancún a Puebla, descrito por la periodista como un virtual secuestro, en el que recibió amenazas y humillaciones múltiples, fue denunciado a través de diversos medios de comunicación y organismos defensores de los derechos humanos.
De Puebla, la juez encargada turnó el caso a un juzgado de Quintana Roo, pues se declaró incompetente. Y ahí, el juez primero penal de Cancún, Gilberto Herrera Solís, admitió el caso bajo la presunción de que Puebla había un clima de hostilidad hacia la procesada.
Pero hacia octubre, luego de dos audiencias, el juez de Cancún también se declaró incompetente y envió el juicio al juzgado cuarto de paz penal del Distrito Federal, pus los hechos imputados a Cacho sucedieron en esta ciudad, lugar donde se imprimió el libro que dio origen a la denuncia contra la escritora.
Y fue en la ciudad de México en donde concluyó el juicio por difamación contra la comunicadora Lydia Cacho. Sin embargo, en este conflicto, generado por las revelaciones que Cacho hace en su libro, falta aún la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la denuncia que la comunicadora hizo contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, quien se habría confabulado con Nacif para "darle un escarmiento" por relacionarlo con Surcar Kuri, procesado y preso por pederastia.
La publicación de una llamada telefónica entre Kamel Nacif y el Gobernador de Puebla Mario Marín, en la que hablan despectivamente de Cacho y donde se infiere su acuerdo o complicidad para la aprehensión de la reportera pueden influir en otra resolución favorable para la periodista.
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