Voz y Voto de las Mujeres en México
México 17 de octubre 2006 (CIMAC).- La lucha comenzó a cocinarse desde mediados del
siglo XIX, antes de que las primeras sufragistas mexicanas hicieran escuchar su voz por primera vez en pos de sus derechos a salud, educación, trabajo y participación política.
Fue un largo recorrido que tuvo su primer bastión de batalla en Mérida, Yucatán, el 28 de octubre de 1915, ya iniciada la Revolución, cuando se convocó al Primer Congreso Feminista al que asistieron 617 delegadas.
El 5 de febrero de 1917, dos años después, se promulgó una nueva Constitución mexicana que aún nos rige y, aunque no negaba la ciudadanía a las mujeres, tampoco se las otorgaba expresamente: "Son ciudadanos de la república los mexicanos..."
Así, con base en esta indefinición, en el curso de los debates del Congreso
Constituyente no se hizo referencia alguna al sufragio femenino, lo que en los hechos se interpretó como una negativa de hecho.
A pesar de todo, aunque mínimos, hubo avances. En abril de 1917 se expidió la Ley de Relaciones Familiares, según la cual las mujeres y los hombres tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar, pero el mandato no bastaba para erradicar siglos de pensamiento discriminatorio.
Todavía pasaron 36 años antes de que las mujeres pudieran ejercer el voto por primera vez.
DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN
A través de la creación de las ligas feministas, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán (1922-1924), fue cuando las mujeres lograron algunos de los más importantes avances en la lucha por sus derechos.
Las ligas tenían como objetivo ser autogestoras del mejoramiento de las mujeres en todas las esferas, lejos del paternalismo gubernamental, mediante ellas las mujeres difundieron las ideas de las feministas que en varios puntos del mundo pugnaban por el reconocimiento de sus derechos civiles.
En medio de la efervescencia, del 20 al 30 de mayo de 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la ciudad de México con la asistencia de 100 delegadas.
Entre sus resoluciones figuraba la igualdad civil para poder reelegirse en cargos administrativos, como los ayuntamientos; el decreto de igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales; la igualdad en el trabajo y la protección a las trabajadoras domésticas.
Como consecuencia de este Congreso y gracias a la firmeza de las mujeres que durante tantos años habían insistido en obtener la igualdad de derechos, el 13 de julio de ese mismo año el entonces gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto mediante el cual "se concedía" a las mujeres del estado el derecho a votar y a presentarse como candidatas en las elecciones municipales.
Dos años después, las chiapanecas obtuvieron legalmente los mismos derechos políticos que los hombres. Con base en estas luchas, en 1928, siendo presidente Plutarco Elías Calles, se redactó un Código Civil en el que se dispuso: "...la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y el ejercicio de sus derechos; y que al llegar a la mayoría de edad tiene la libre disposición de su persona y sus bienes, estando capacitada para celebrar toda clase de contratos". Un logro que, sin embargo, para las mujeres aún no era suficiente.
LA BATALLA FINAL
Entre las décadas de 1930 y 1940, desde diversas trincheras, las feministas que luchaban por el sufragio hicieron visible su intención de ejercerlo plenamente. Las más tozudas, aunque sabían que no se les permitía, se formaban en las filas de las casillas e incluso votaban aún cuando anulaban sus boletas.
No se rindieron. En 1935, comunistas y militantes del Partido Nacional Revolucionario (hoy PRI) fundaron el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y dieron batallas históricas.
Dos años después, Lázaro Cárdenas presentó una iniciativa para otorgarles el voto sin que prosperara en el Senado. Mientras esto sucedía, mueres campesinas se organizaron en ligas femeninas dirigidas por Refugio Rangel Olmedo, Lucina Villareal y Aurora Fernández, quienes presionaron a la Cámara de Diputados solicitando la modificación del artículo 37 de la Ley Electoral de Poderes Federales que señalaba como ciudadanos sólo a los varones.
En 1940 existían al menos dos organizaciones femeninas con suficiente fuerza para ejercer presión política: Comité Nacional Femenil y Alianza Nacional Femenina, integrada por las mujeres de las secretarías femeniles de las grandes organizaciones corporativas forjadas por Cárdenas, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y Confederación Nacional Campesina (CNC).
Entre sus demandas, además del goce a plenitud de sus derechos políticos, las mujeres exigían mayores oportunidades de trabajo y educación, entre otros puntos. En la década del 40 del siglo pasado, las mexicanas fueron más combativas. Desde intelectuales como Rosario Castellanos hasta luchadoras sociales como Benita Galeana, salieron a las calles tomándolas como tribunas.
No fue hasta 16 años después, el 24 de diciembre de 1946, cuando la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del entonces presidente Miguel Alemán para que las mujeres pudieran participar en las contiendas municipales en todo el país.
Seis años más tarde Adolfo Ruiz Cortines ofreció -el 6 de abril de 1952- a 20 mil mujeres reunidas en un mitin de campaña, la ciudadanía sin restricciones, misma que se hizo efectiva el 17 de octubre de 1953 mediante reforma al artículo 34 constitucional.
Un año antes, había llegado la primera mujer, Aurora Jiménez de Palacios, a la Cámara de Diputados federal y fue hasta 1963 cuando dos mexicanas ocuparon un lugar en la Cámara Alta. Luego de dos siglos de lucha, las mujeres consiguieron al fin el
derecho a votar y ser votadas en todos los ámbitos de poder político; una larga
batalla salpicada de solidaridades, muertes y voces que se alzaron para que las mexicanas del siglo XXI pudiéramos influir en las decisiones de la política en México. (Yolanda de la Torre, CIMAC)
siglo XIX, antes de que las primeras sufragistas mexicanas hicieran escuchar su voz por primera vez en pos de sus derechos a salud, educación, trabajo y participación política.
Fue un largo recorrido que tuvo su primer bastión de batalla en Mérida, Yucatán, el 28 de octubre de 1915, ya iniciada la Revolución, cuando se convocó al Primer Congreso Feminista al que asistieron 617 delegadas.
El 5 de febrero de 1917, dos años después, se promulgó una nueva Constitución mexicana que aún nos rige y, aunque no negaba la ciudadanía a las mujeres, tampoco se las otorgaba expresamente: "Son ciudadanos de la república los mexicanos..."
Así, con base en esta indefinición, en el curso de los debates del Congreso
Constituyente no se hizo referencia alguna al sufragio femenino, lo que en los hechos se interpretó como una negativa de hecho.
A pesar de todo, aunque mínimos, hubo avances. En abril de 1917 se expidió la Ley de Relaciones Familiares, según la cual las mujeres y los hombres tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar, pero el mandato no bastaba para erradicar siglos de pensamiento discriminatorio.
Todavía pasaron 36 años antes de que las mujeres pudieran ejercer el voto por primera vez.
DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN
A través de la creación de las ligas feministas, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán (1922-1924), fue cuando las mujeres lograron algunos de los más importantes avances en la lucha por sus derechos.
Las ligas tenían como objetivo ser autogestoras del mejoramiento de las mujeres en todas las esferas, lejos del paternalismo gubernamental, mediante ellas las mujeres difundieron las ideas de las feministas que en varios puntos del mundo pugnaban por el reconocimiento de sus derechos civiles.
En medio de la efervescencia, del 20 al 30 de mayo de 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la ciudad de México con la asistencia de 100 delegadas.
Entre sus resoluciones figuraba la igualdad civil para poder reelegirse en cargos administrativos, como los ayuntamientos; el decreto de igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales; la igualdad en el trabajo y la protección a las trabajadoras domésticas.
Como consecuencia de este Congreso y gracias a la firmeza de las mujeres que durante tantos años habían insistido en obtener la igualdad de derechos, el 13 de julio de ese mismo año el entonces gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto mediante el cual "se concedía" a las mujeres del estado el derecho a votar y a presentarse como candidatas en las elecciones municipales.
Dos años después, las chiapanecas obtuvieron legalmente los mismos derechos políticos que los hombres. Con base en estas luchas, en 1928, siendo presidente Plutarco Elías Calles, se redactó un Código Civil en el que se dispuso: "...la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y el ejercicio de sus derechos; y que al llegar a la mayoría de edad tiene la libre disposición de su persona y sus bienes, estando capacitada para celebrar toda clase de contratos". Un logro que, sin embargo, para las mujeres aún no era suficiente.
LA BATALLA FINAL
Entre las décadas de 1930 y 1940, desde diversas trincheras, las feministas que luchaban por el sufragio hicieron visible su intención de ejercerlo plenamente. Las más tozudas, aunque sabían que no se les permitía, se formaban en las filas de las casillas e incluso votaban aún cuando anulaban sus boletas.
No se rindieron. En 1935, comunistas y militantes del Partido Nacional Revolucionario (hoy PRI) fundaron el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y dieron batallas históricas.
Dos años después, Lázaro Cárdenas presentó una iniciativa para otorgarles el voto sin que prosperara en el Senado. Mientras esto sucedía, mueres campesinas se organizaron en ligas femeninas dirigidas por Refugio Rangel Olmedo, Lucina Villareal y Aurora Fernández, quienes presionaron a la Cámara de Diputados solicitando la modificación del artículo 37 de la Ley Electoral de Poderes Federales que señalaba como ciudadanos sólo a los varones.
En 1940 existían al menos dos organizaciones femeninas con suficiente fuerza para ejercer presión política: Comité Nacional Femenil y Alianza Nacional Femenina, integrada por las mujeres de las secretarías femeniles de las grandes organizaciones corporativas forjadas por Cárdenas, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y Confederación Nacional Campesina (CNC).
Entre sus demandas, además del goce a plenitud de sus derechos políticos, las mujeres exigían mayores oportunidades de trabajo y educación, entre otros puntos. En la década del 40 del siglo pasado, las mexicanas fueron más combativas. Desde intelectuales como Rosario Castellanos hasta luchadoras sociales como Benita Galeana, salieron a las calles tomándolas como tribunas.
No fue hasta 16 años después, el 24 de diciembre de 1946, cuando la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del entonces presidente Miguel Alemán para que las mujeres pudieran participar en las contiendas municipales en todo el país.
Seis años más tarde Adolfo Ruiz Cortines ofreció -el 6 de abril de 1952- a 20 mil mujeres reunidas en un mitin de campaña, la ciudadanía sin restricciones, misma que se hizo efectiva el 17 de octubre de 1953 mediante reforma al artículo 34 constitucional.
Un año antes, había llegado la primera mujer, Aurora Jiménez de Palacios, a la Cámara de Diputados federal y fue hasta 1963 cuando dos mexicanas ocuparon un lugar en la Cámara Alta. Luego de dos siglos de lucha, las mujeres consiguieron al fin el
derecho a votar y ser votadas en todos los ámbitos de poder político; una larga
batalla salpicada de solidaridades, muertes y voces que se alzaron para que las mexicanas del siglo XXI pudiéramos influir en las decisiones de la política en México. (Yolanda de la Torre, CIMAC)
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