El Próximo Fallo del "Lydiagate"
La Jornada de Oriente, 04 de septiembre. EDITORIAL
Los diputados federales priistas de la anterior Legislatura que formaban parte de la subcomisión de examen previo dejaron un dictamen en donde se establecía que no procedía un juicio político contra el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Esa parece que seguirá siendo la postura que tendrán muchos de los actuales legisladores del PRI en torno a este asunto.
Sobre tal postura es necesario señalar que cualquier resolutivo que en este caso –que involucra a Mario Marín, a Lydia Cacho y al empresario Kamel Nacif– emitan la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o la Cámara de Diputados federal, seguramente será resultado de la manipulación política, y difícilmente se impondrá la legalidad.
De hecho, a partir del comportamiento que muestre el máximo tribunal del país y los grupos parlamentarios de San Lázaro sobre el llamado Lydiagate se podrá inducir algunas negociaciones que se hicieron utilizando este asunto para llegar a arreglos de tipo electoral.
En México la justicia está politizada, ya que muchos de los fallos de los ministros de la SCJN están en función de los grupos de poder que son beneficiados o dañados con sus resolutivos, mientras que en el Congreso de la Unión la negociación política en muchos casos ha permitido que no se apliquen las leyes o se emitan dictámenes que violan el orden constitucional.
Por lo que a nadie debe extrañar que el Lydiagate reciba un trato político y no tanto basado en la aplicación del orden legal.
Los diputados federales priistas de la anterior Legislatura que formaban parte de la subcomisión de examen previo dejaron un dictamen en donde se establecía que no procedía un juicio político contra el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Esa parece que seguirá siendo la postura que tendrán muchos de los actuales legisladores del PRI en torno a este asunto.
Sobre tal postura es necesario señalar que cualquier resolutivo que en este caso –que involucra a Mario Marín, a Lydia Cacho y al empresario Kamel Nacif– emitan la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o la Cámara de Diputados federal, seguramente será resultado de la manipulación política, y difícilmente se impondrá la legalidad.
De hecho, a partir del comportamiento que muestre el máximo tribunal del país y los grupos parlamentarios de San Lázaro sobre el llamado Lydiagate se podrá inducir algunas negociaciones que se hicieron utilizando este asunto para llegar a arreglos de tipo electoral.
En México la justicia está politizada, ya que muchos de los fallos de los ministros de la SCJN están en función de los grupos de poder que son beneficiados o dañados con sus resolutivos, mientras que en el Congreso de la Unión la negociación política en muchos casos ha permitido que no se apliquen las leyes o se emitan dictámenes que violan el orden constitucional.
Por lo que a nadie debe extrañar que el Lydiagate reciba un trato político y no tanto basado en la aplicación del orden legal.
<< Página Principal de esta Sección