Aborto Legal
BOGOTÁ, 25 de agosto 2006 (El Universal, María Pérez-Plá, corresponsal).— Hace algo más de tres meses que la Corte Constitucional de Colombia legalizó la práctica del aborto en tres casos: violación, peligro para la salud de la madre o graves malformaciones del feto. La decisión levantó una fuerte polémica pues fue producto de una demanda particular y provocó el rechazo frontal tanto de la Iglesia católica como de numerosas organizaciones antiabortistas.
La misma polémica ha suscitado el primer aborto legal que se practicó ayer en Colombia, pues se trata de un caso extremadamente trágico que involucra a una menor de edad y refleja, de alguna manera, la tragedia de muchas otras niñas.
La protagonista de esta historia, cuya identidad permanece oculta, soportó durante cuatro años los abusos sexuales de su padrastro, Pablo Díaz, hasta que quedó embarazada y ante la pasividad de la madre, su propia abuela decidió poner fin a la tragedia. No sólo denunció al atacante sino que exigió la interrupción del embarazo de su nieta amparándose en el reciente fallo de la Corte Constitucional.
A partir de ahí todos se echaron la pelota de un tejado a otro, pues a pesar de que la práctica ya era legal, el tribunal colombiano no había reglamentado la ley y el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, donde se encontraba registrada la niña, se negaba a realizar la intervención aduciendo vacío legal.
“Es una niña y no puede atender a otro niño. El juez ya lo aprobó, ella fue violada y puede abortar, si no se lo hacen aquí buscaremos por otro lado”, explicó la abuela a los medios de comunicación.
Fue necesaria la intervención del fiscal general, Mario Iguarán y del procurador, Edgardo Maya, quienes públicamente se refirieron al caso aclarando que el hospital no incurriría en delito alguno.
El propio procurador le pidió al director del hospital, Héctor Lemus: “Tomar las medidas necesarias para permitir que la decisión de interrupción del embarazo expresada por la menor de 11 años, que fue sujeto pasivo del delito de acceso carnal abusivo, se materialice en el menor tiempo posible”.
Por fin, el miércoles por la noche, la Secretaría General de Salud y el hospital decidieron interrumpir el embarazo de la menor. Desde que se conoció la decisión, manifestantes se apiñaron a la puerta del centro pidiendo que no se practicara el aborto. La propia Iglesia, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Augusto Castro, criticó: “El excesivo afán e interés de las autoridades” para que la niña aborte”, además diversas organizaciones y obispados ofrecieron quedarse con el bebé.
Mientras tanto, la niña permanecía en el piso quinto del conocido hospital, ajena a la debacle social que había provocado sin responsabilidad alguna hasta que ayer su abuela, a las dos de la tarde, firmó la última autorización necesaria. Entonces el equipo médico le suministró un medicamento que provocaría una hemorragia controlada, en ésta su octava semana de embarazo.
El director del hospital, doctor Lemus, explicó horas antes que a la paciente se le había practicado todo tipo de exámenes, incluso sicológicos y que era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. La abuela declaró que: “Ella es la que tomó la decisión, no la he tomado yo”.
A pesar de la fuerte presión de organizaciones católicas y de una pública admonición del Episcopado de la Iglesia católica, fueron interrumpidos en las últimas horas los embarazos de dos jóvenes discapacitadas, víctimas de violaciones, que habían sido autorizados por la justicia, se confirmó el jueves.
Las agencias privadas Diarios y Noticias (DYN) y Noticias Argentinas informaron que las mujeres, no identificadas, radicadas en un suburbio de esta capital y en Mendoza, a mil kilómetros al oeste, se encontraban en buen estado, luego de practicárseles los correspondientes abortos.
El caso de las dos muchachas, de algo más de 20 años pero con “edades mentales” de cinco o seis años, cobró notoriedad nacional, cuando recursos judiciales promovidos por organizaciones ligadas con la Iglesia católica lograron interrumpir abortos que iban a ser practicados en hospitales públicos. (Con información de AP)
La misma polémica ha suscitado el primer aborto legal que se practicó ayer en Colombia, pues se trata de un caso extremadamente trágico que involucra a una menor de edad y refleja, de alguna manera, la tragedia de muchas otras niñas.
La protagonista de esta historia, cuya identidad permanece oculta, soportó durante cuatro años los abusos sexuales de su padrastro, Pablo Díaz, hasta que quedó embarazada y ante la pasividad de la madre, su propia abuela decidió poner fin a la tragedia. No sólo denunció al atacante sino que exigió la interrupción del embarazo de su nieta amparándose en el reciente fallo de la Corte Constitucional.
A partir de ahí todos se echaron la pelota de un tejado a otro, pues a pesar de que la práctica ya era legal, el tribunal colombiano no había reglamentado la ley y el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, donde se encontraba registrada la niña, se negaba a realizar la intervención aduciendo vacío legal.
“Es una niña y no puede atender a otro niño. El juez ya lo aprobó, ella fue violada y puede abortar, si no se lo hacen aquí buscaremos por otro lado”, explicó la abuela a los medios de comunicación.
Fue necesaria la intervención del fiscal general, Mario Iguarán y del procurador, Edgardo Maya, quienes públicamente se refirieron al caso aclarando que el hospital no incurriría en delito alguno.
El propio procurador le pidió al director del hospital, Héctor Lemus: “Tomar las medidas necesarias para permitir que la decisión de interrupción del embarazo expresada por la menor de 11 años, que fue sujeto pasivo del delito de acceso carnal abusivo, se materialice en el menor tiempo posible”.
Por fin, el miércoles por la noche, la Secretaría General de Salud y el hospital decidieron interrumpir el embarazo de la menor. Desde que se conoció la decisión, manifestantes se apiñaron a la puerta del centro pidiendo que no se practicara el aborto. La propia Iglesia, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Augusto Castro, criticó: “El excesivo afán e interés de las autoridades” para que la niña aborte”, además diversas organizaciones y obispados ofrecieron quedarse con el bebé.
Mientras tanto, la niña permanecía en el piso quinto del conocido hospital, ajena a la debacle social que había provocado sin responsabilidad alguna hasta que ayer su abuela, a las dos de la tarde, firmó la última autorización necesaria. Entonces el equipo médico le suministró un medicamento que provocaría una hemorragia controlada, en ésta su octava semana de embarazo.
El director del hospital, doctor Lemus, explicó horas antes que a la paciente se le había practicado todo tipo de exámenes, incluso sicológicos y que era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. La abuela declaró que: “Ella es la que tomó la decisión, no la he tomado yo”.
A pesar de la fuerte presión de organizaciones católicas y de una pública admonición del Episcopado de la Iglesia católica, fueron interrumpidos en las últimas horas los embarazos de dos jóvenes discapacitadas, víctimas de violaciones, que habían sido autorizados por la justicia, se confirmó el jueves.
Las agencias privadas Diarios y Noticias (DYN) y Noticias Argentinas informaron que las mujeres, no identificadas, radicadas en un suburbio de esta capital y en Mendoza, a mil kilómetros al oeste, se encontraban en buen estado, luego de practicárseles los correspondientes abortos.
El caso de las dos muchachas, de algo más de 20 años pero con “edades mentales” de cinco o seis años, cobró notoriedad nacional, cuando recursos judiciales promovidos por organizaciones ligadas con la Iglesia católica lograron interrumpir abortos que iban a ser practicados en hospitales públicos. (Con información de AP)
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