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Nuevos ataques a legendaria guerrillera Dora María Téllez

Mercedes Peralta.-LEON, Nicaragua

La ciudad de León, ciudad universitaria, declarada “Primera Capital de la Revolución Sandinista ”, ubicada a 90 kilómetros de Managua, ha sido convertida, por el sector otodoxo y radical del FSLN, en un puntal de la violencia, y violación a los derechos constitucionales, como lo demostraron el 19 de Agosto reciente, cuando quisieron boicotear un ayuno en el que estaría Dora María Téllez, lideresa política de Nicaragua, reconocida internacionalmente.

El ayuno de mujeres, previsto para el 19 de Agosto en el parque central de León, como un método de resistencia pacífica, para demandar al Gobierno de Daniel Ortega, abra los espacios a la democracia, justicia social y paz, fue cancelado días antes por sus organizadores, ya que habían priorizado otras actividades.

Sin embargo, un grupo de Danielistas, encabezados por el ex Secretario del FSLN en León Carlos Fonseca Terán, que desconocían la cancelación del ayuno, incitados por los discursos de Daniel Ortega y las orientaciones trasladadas desde Managua, y armados de palos y piedras, disparando morteros, lanzando epítetos contra los ciudadanos que adversan la política de Ortega, ese día se tomaron la plaza central, con la decisión de agredir físicamente a Dora María Téllez.

La Ex Comandante Dora María Téllez, en el período insurreccional participó activamente en la victoria contra Somoza, fue Jefa del Frente Occidental Rigoberto López Pérez que liberó a León, y miembro número Dos del Comando armado, que el 22 de Agosto de 1978 asaltó el Palacio Nacional, acción que abrió las cárceles a Daniel Ortega y mas de un centenar de presos políticos.

El liderazgo de Dora María Téllez, fundadora del Movimiento renovador Sandinista MRS, cuya personería jurídica fue cancelada el 11 de Junio de este año para evitar su participación en las elecciones municipales de Noviembre 2008, va a en ascenso vertiginoso por su estatura moral, su visión democrática, y capacidad de convocatoria a los actos y formas de lucha que plantea (huelga de hambre, movilizaciones ciudadanas por el país, foros políticos, entre otras).

Odio Político contra Dora

El 26 de Junio, Dora María Téllez fue agredida física y moralmente, bañada de tierra, lodo y agua sucia, por un grupo de estudiantes universitarios en su mayoría becarios de la UNAN León , liderados por el Presidente del Centro Universitario de la Universidad Nacional CUUN, que cumplían orientaciones desde Managua, de las estructuras superiores del FSLN.

Ese día Dora María Téllez, invitada por organizaciones de la sociedad civil, participaría en un Foro sobre la Democracia , en un edifico de la UNAN , junto a Alejandro Bolaños Davis, a quien la Asamblea Nacional le despojó su escaño en el Parlamento, y que igual que al MRS, le canceló la personería jurídica a su organización política, el Partido Conservador.

El FSLN se vale de combatientes históricos, desempleaos y muchos de ellos sumidos en el alcoholismo, convirtiendo a este tipo de gente en ejecutores de actos violatorios de derechos humanos, del derecho constitucional, de la libertad de expresión y movilización; “pintan” casas y edificios privados de opositores conocidos con amenazas de muerte, ofensas verbales directas, amenazas telefónicas, que se convierten en un acoso político sistemático y persecución violatoria a la dignidad humana.

Rafael Mairena, funcionario de las estructuras del FSLN en León, advirtió amenazante que no permitirán a Dora María Téllez espacio en ninguna ciudad del país y menos en León, lo que indica que los Derechos Políticos, consignados en el Capítulo II de la Constitución Política de Nicaragua, no merecen respeto de parte de los dirigentes del partido de gobierno.

AMENAZAS E IRRESPETO A MUJERES

El segundo período de gobierno de Daniel Ortega, iniciado en el año 2006, ha estado signado por persecución política a mujeres, cierre de espacios democráticos, irrespeto a mujeres diplomáticas y amenazas a los Derechos Humanos de las y los nicaragüenses.

La arrogancia del Presidente Daniel Ortega y de algunos de sus Ministros y Funcionarios, podría poner en apuros a Nicaragua ante gobiernos extranjeros.

El reciente ataque verbal y descalificación, contra la Embajadora de Suecia Eva Zetterberg, y anteriormente contra la Diplomática de la Unión Europea Francesca Mosca, son ejemplos de la política errática de Daniel Ortega, que persigue mujeres no sólo de su país, sino de los países que han sido solidarios con Nicaragua.

A Daniel Ortega no le ha bastado la agresión sexual que ejerció por años en contra de su hijastra Zoila América Narváez, quien hace diez años introdujo una acusación en los tribunales nicaragüenses, que lo eximieron de responsabilidad penal, pero que se encuentra abierta ante la CIDH. Ahora , Daniel persigue a las y los defensoras de los derechos humanos

La reiterada violación a Zoila América y la impunidad del delito, la persecución política desatada contra nueve lideresas de diferentes organizaciones no gubernamentales que promueven el respeto y defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, y el cierre de espacios políticos en Nicaragua, ha promovido un ola gigantesca de solidaridad internacional con las mujeres de Nicaragua.

En los últimos días, Daniel Ortega no pudo viajar a Paraguay, República Dominicana y Honduras, porque los movimientos feministas generaron grandes protestas callejeras de rechazo a su presencia en esos países, aunque su esposa alegó desperfectos en el avión que viajarían.

“La reacción de este gobierno ha sido muy lamentable, muy triste, hay persecución política del cual yo misma soy víctima”, expresó Mayra Sirias, miembro de la coordinación Nacional de la red de Mujeres contra la Violencia , de Nicaragua.

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Hoy se reconoció a las mujeres como sujetos de derechos: feministas

México DF, 28 agosto 2008 (CIMAC, Lourdes Godínez Leal).- Al reconocer que la ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las primeras doce semanas de
gestación no contradice la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió hoy una resolución "histórica y una de las más importantes en materia de derechos humanos a nivel de toda la historia de la Corte", pues por vez primera se hicieron pronunciamientos fuertes y expresos a favor de los derechos de las mujeres.

Así lo señaló a Cimacnoticias el abogado Pedro Morales Aché, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), al término de la sesión de la SCJN en donde, con 8 votos a favor de la constitucionalidad de la ILE, se dio fin al proceso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.

La Corte, explicó el abogado experto en bioética, no sólo decidió que la ley que permite la ILE es constitucional en la Ciudad de México sino también decidió que las legislaciones estatales restrictivas son inconstitucionales.

Aunque dijo que no se sienta jurisprudencia con esta resolución ya que ésta sólo es obligatoria ante los tribunales, sí hay una "obligación moral de los congresos estatales" para legislar en el mismo sentido.

En tanto, feministas e integrantes de organizaciones civiles que por más de tres
décadas han luchado porque los derechos humanos, los sexuales y reproductivos de las mujeres sean reconocidos, la resolución de la máxima instancia de justicia del país salda una de las tantas deudas que la justicia tiene para con las mujeres.

Entrevistadas al término de la sesión de este día y a la que acudieron puntualmente a lo largo de esta semana, las feministas reconocieron el trabajo de las y los ministros ya que actuaron dejando a un lado convicciones religiosas, morales o personales.

LOGRO DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

Para la antropóloga y feminista Pilar Muriedas, ex directora de Salud Integral para la Mujer (SIPAM), en la discusión que hizo la Corte sobre el tema se vieron otros argumentos y otra voluntad política de avanzar en el ejercicio y vigencia de los derechos humanos de las mujeres.

Se congratuló con que las y los ministros hayan "retomado" el sentir del movimiento feminista y lo llevaran hasta las últimas consecuencias, pero también por la unidad de las feministas que con sus diferencias y estrategias han impulsado desde hace décadas el tema. "Fue un gran regalo para las mujeres de México y de Latinoamérica", dijo.

En el mismo sentido, Martha Juárez, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, dijo que la resolución de la Corte ha sido de muy alto nivel por la calidad de los argumentos vertidos por las y los ministros y del reconocimiento de los derechos de las mujeres, de su libertad y autonomía reproductiva, de su derecho a la intimidad, a la salud, que "han sido demandas que los grupos feministas han pugnado por décadas" y que finalmente encontraron eco en términos jurídicos en los máximos jueces de nuestro país.

Axela Romero, directora de SIPAM, señaló que siempre tuvieron confianza en que la Corte tomaría todos los argumentos que se habían vertido desde la ciencia, ética, los estudios demográficos y desde el avance que las mujeres han tenido en la sociedad.

Enfatizó que a las feministas "no les alegra el aborto" pero sí que la resolución abone a crear las condiciones para que las mujeres no continúen muriendo por esta causa y "para que las mujeres que así lo decidan, y solamente cuando así lo decidan", puedan tener servicios públicos garantizados gratuitos y respetuosos de sus decisiones.

Aseveró que aún falta mucho por hacer, como garantizar que efectivamente los hombres se involucren y cumplan sus responsabilidades ante la gestación, que se garanticen los servicios de salud con suficiente consejería y al alcance de todas y todos.

En este sentido, la directora de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC, María Eugenia Romero, coincidió en que ha habido avances para reconocer y disminuir la discriminación y la desigualdad y en que los
argumentos manejados por las y los ministros dieron cuenta de cómo ha avanzado la sociedad y de cómo ya no se pueden desconocer los derechos de las mujeres.

HACIA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Consideró que con la resolución de la Corte de este día se posibilita un avance más rápido y da la posibilidad de mirar hacia el resto de las entidades federativas en donde la práctica del aborto, aún en condiciones que permite la ley, se penaliza.

Las mujeres de los estados de la República, dijo, siguen arriesgando su vida por hacerse abortos inseguros y clandestinos "ya no tienen que estar pasando por esto cuando ahora se ha declarado constitucional la despenalización del aborto".

Mientras que la directora de GIRE, María Luisa Sánchez, aseveró que lo sucedido en la Corte este día "es un signo de democracia" y de que el país está cambiando al escuchar de las y los ministros que las mujeres son sujetos de derechos con plena
capacidad para tomar decisiones libres e informadas, "eso es inédito en nuestro país", dijo.

Al igual que Romero, observó que el hecho de que la mayoría de las y los ministros de la Corte, hayan declarado la constitucionalidad de la ley, "da certeza jurídica a los legisladores locales" y en ese sentido advirtió, vamos por más.

Al respecto, se pronunció porque los partidos políticos, por lo menos los que se dicen democráticos como el PRD que aprobó la legislación en la ALDF y la coalición de izquierdas, "tendrán que impulsar en los estados en donde sean mayoría estos cambios".

"Sabemos que tenemos un largo camino por recorrer, esto es el inicio, un parteaguas y nos servirá como puente para pasar al resto de los estados", aseguró.

LA SOCIEDAD CIVIL

Al cerrar la sesión de este día y declarar constitucional la ley que permite la ILE, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz
Mayagoitia, hizo un reconocimiento a la sociedad civil que, con sus aportaciones serias, científicas y académicas, contribuyeron en el ejercicio democrático de transparentar esta discusión "polémica y apasionante".

El Ministro presidente, quien apoyó el proyecto de su colega Salvador Aguirre Anguiano en contra de la constitucionalidad de la legislación, dijo que con este resolutivo "la Suprema Corte no penaliza ni despenaliza el aborto ya que no es
facultad de este tribunal establecer los delitos ni las penas", lo que se determinó dijo fue la constitucionalidad de una norma aprobada por el órgano respectivo (ALDF).

Consideró, además, que con esta resolución hay un antes y un después, ya que a partir de la decisión tomada el día de hoy comienza el después en el caso mexicano y que, como las feministas puntualizaron, se comienza a escribir a partir de este día.

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Aprueba la ALDF divorcio unilateral en la Ciudad de México

México DF, 28 agosto 08 (CIMAC).- El divorcio unilateral, para el que basta que uno de los integrantes de la pareja decida disolver el vínculo matrimonial, fue aprobado ayer por la tarde en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) con 36 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, informa la Agencia NotieSe.

De esta manera, cualquiera de los cónyuges podrá pedir la separación legal ante un juez; los trámites de divorcio serán más ágiles y se evitará un “proceso tortuoso”, tanto para los solicitantes como para las y los hijos que éstos pudiesen tener, destacaron las y los legisladores.

Al darle el sí a la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal --la cual fue avalada el lunes pasado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia--, las y los diputados locales eliminaron las 21 causales de divorcio que contemplaba la ley.

Durante la acalorada discusión en la ALDF, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) mostró su oposición al divorcio unilateral. En este contexto el diputado blanquiazul José Antonio Zepeda lo calificó como una “aberración jurídica”, toda vez que deja en estado de indefensión al cónyuge demandado, sobre todo si es mujer, dijo.

Además, advirtió que los amparos contra esta nueva disposición “van a llover a cántaros”. La convivencia puede ser insostenible, pero eso no nos da derecho a que eliminemos de un golpe y de un solo plumazo las causales que están establecidas para protección de una de las dos partes. Te garantizo que hoy te casas y mañana amaneces divorciado. Ojalá que al final del día no nos vayamos a quedar con nuestras cosas afuera de la casa”, ironizó.

Para el diputado Daniel Ordóñez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tanto el divorcio como el matrimonio “institución del derecho civil” constituyen ejercicios de la libertad y la voluntad de los ciudadanos.

Señaló que con estas modificaciones a la legislación, los abogados ya no inventarán pruebas para justificar cualquier causal de divorcio, y además, las y los hijos del matrimonio ya no serán usados como “rehenes o moneda de cambio”.

Asimismo, explicó que los bienes patrimoniales, la guardia y custodia de las y los hijos, así como las pensiones alimenticias serán temas que no se soslayarán con las reformas.

El divorcio unilateral entrará en vigor un día después de que se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de manera que la Ciudad de México será la primera entidad en adoptar este modelo de disolución del matrimonio en el país.

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Ministras y ministros declararon constitucionalidad de la ILE

México DF, 28 agosto 2008 (CIMAC, Lourdes Godínez Leal).- En un hecho histórico para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el día de hoy el pleno de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por mayoría, con 8 de 11 votos a favor, la constitucionalidad de la ley que permite a las mujeres del Distrito Federal interrumpir legalmente un embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación.

Al considerar que la ILE no viola la Constitución, se sienta un precedente, que no jurisprudencia, para que en el resto de las entidades federativas los congresos estatales legislen en la materia, explicó en entrevista con Cimacnoticias el abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Pedro Morales Aché.

A un año y tres meses de que la ley que permite la ILE fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), las y los ministros de la SCJN, después de cuatro días de intenso análisis iniciado el pasado lunes, determinaron que la Constitución Mexicana no protege la vida desde el momento de la concepción, tal y como sostuvo la demanda de inconstitucionalidad.

Afirmaron que no se puede sostener que el producto de la concepción es un ser humano y persona, ya que no existe unanimidad sobre cuándo inicia la vida de un ser como humano o persona, posturas que el ministro Salvador Aguirre Anguiano fijó en su proyecto de sentencia, el cual fue distribuido entre el pleno de la Corte el pasado fin de semana y que se pronunciaba contra la constitucionalidad de dicha norma.

A lo largo de la discusión, las y los ministros abordaron el tema del aborto como un problema de justicia social y de desigualdad al coincidir que son las mujeres más pobres las que mueren como consecuencia de abortos clandestinos, por lo que reconocieron que la ley impugnada por el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes, y por Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, ha otorgado a estas mujeres este derecho a la salud.

Sostuvieron que la ILE es un derecho a la salud y ha contribuido a educar e informar a las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que debe realizarse en el menor tiempo posible.

“Se trata de un tema que implica los derechos de las mujeres y de su salud sexual y reproductiva, lo que se necesita para lograr una verdadera igualdad de género”, sostuvo el ministro Genaro Góngora Pimentel en su exposición, la más larga de todas, de casi una hora.

Las y los ministros incorporaron por vez primera en su discurso conceptos como igualdad de género, perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, el derecho de la mujer a la libre autodeterminación y al ejercicio libre de su vida sexual y reproductiva.

Asimismo, no dejaron de lado que el tema de la muerte materna está estrechamente ligado con el aborto, al constituir la cuarta causa de muerte materna en mujeres en edad reproductiva, por lo cual con la entrada en vigor de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en abril de 2007, “ya no se orilla a las mujeres a la clandestinidad”.

Reconocieron que penalizar la práctica del aborto no terminará con él y no es una medida eficaz para hacerle frente a una realidad que impera en el país, pero que se ha insistido en ocultar.

Para la ministra Olga Sánchez Cordero, en el país faltan políticas públicas integrales y educar en salud sexual y reproductiva, por lo que la ley debe adecuarse a la realidad que se vive.

Las y los 8 ministros refutaron todos y cada uno de los argumentos del proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en contra de la ley, coincidiendo en que éste “soslayó” los derechos de la mujer reconocidos en la Constitución Política Mexicana, al hacer un análisis constitucional sesgado.

Finalmente, la mayoría se impuso y se determinó constitucional la ley.

Los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela Güitrón y Salvador Aguirre Anguiano votaron por la inconstitucionalidad de la norma, mientras que se determinó que el engrose será realizado por el ministro penalista José Ramón Cossío Díaz.

LA ILE, UNA REALIDAD EN PRÁCTICA

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud capitalina, desde que entró en vigor la ley, en abril de 2007, las mujeres que han solicitado información sobre la ILE en los 14 hospitales capitalinos hasta el 15 de agosto de este año, suman 26 mil 251.

De éstas 12 mil 262 la llevaron a cabo, de las cuales 9 mil 949 son del Distrito Federal (81.13 por ciento), el 16.5 por ciento (2 mil 31) proviene del Estado de México y el resto de las entidades federativas.

El 5.1 por ciento correspondió a menores de edad.

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ILE es constitucional, afirman seis ministros de la SCJN

México DF, 27 agosto 2008 (CIMAC, Lourdes Godínez Leal).- Con posturas a favor de la ley que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en el DF hasta las 12 semanas de gestación, seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han pronunciado por la constitucionalidad de la norma, impugnada ante esta instancia por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).

De continuar en el mismo sentido el pronunciamiento de las y los ministros en lo que resta de la discusión, se declararía la constitucionalidad de la ILE, como lo había previsto la consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, quien explicó a Cimacnoticias (12 junio 08) que con seis votos a favor y cinco en contra se mantendría la norma y sentaría un precedente para la legislación en el resto de las entidades federativas.

Hasta el momento, de los seis ministros que han fijado su postura, solo Mariano Azuela Güitrón se manifestó en contra de la norma, en apoyo del proyecto del ministro Aguirre Anguiano, al señalar que la vida está protegida por la Constitución desde el momento de la concepción.

Los cinco ministros que han participado hasta este día en la discusión, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Ramón Cossío Díaz, Juan Silva Meza y Fernando González Franco Salas, se han pronunciado por la constitucionalidad de la ley y han rechazado que la Constitución proteja la vida desde el momento de la concepción.

ESTADO FRACASA EN EDUCACIÓN SEXUAL

Durante su exposición, el ministro penalista Juan Silva Meza, quien en otro momento estuvo a cargo de la investigación de las violaciones graves a las garantías fundamentales de la periodista Lydia Cacho, señaló que pese a que el Estado ha emprendido acciones de planificación familiar, hasta ahora éstas no han sido suficientes, ni amplias, ni eficaces para que las parejas puedan decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos.

Responsabilizó al Estado de incumplir con su obligación constitucional de educar en materia sexual y reproductiva y de no hacer los esfuerzos suficientes para garantizar un acceso pleno a métodos anticonceptivos.

En este sentido, enfatizó que no existe ningún método que sea cien por ciento efectivo, por lo que el Estado “no puede reprochar a la sociedad un ejercicio irresponsable de la libertad reproductiva mediante la penalización absoluta de la conducta emitida”.

Por tanto, dijo, las normas emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) “son razonables y constitucionalmente democráticas”, ya que reconocen “que el Estado ha sido incapaz de mitigar las situaciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad reflejadas en la pobreza, marginación e ignorancia en la que todavía se encuentran inmersas un gran número de mujeres”. Y reconoció asimismo que la muerte materna es consecuencia de ello.

Silva Meza destacó que las reformas de la ALDF son una medida idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, ya que al no penalizar la interrupción voluntaria del embarazo “se libera a las mujeres” para que puedan decidir respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso de su vida.

Además, al establecer la temporalidad (de la edad gestacional) se toma en cuenta el incipiente desarrollo del embrión y la seguridad y facilidad de la ILE sin graves consecuencias para la salud de las mujeres.

Señaló que, contrario a ello, si la interrupción se realiza clandestinamente y fuera de estos parámetros dados por el legislador no se puede asegurar la salud de las mujeres.

Penalizar la ILE en su etapa primaria, dijo el ministro, no resulta idóneo para salvaguardar la continuación del proceso de gestación, porque nuestra realidad social es otra y las mujeres que no quieren ser madres recurren al aborto clandestino con el consiguiente detrimento para su salud y con la posibilidad de perder la vida.

Señaló que no por prohibir la práctica del aborto y penalizarlo significa que las mujeres se abstendrán de realizarlos, y ello no asegura la vida de la mujer en condiciones mínimas de salubridad para estos procedimientos y menos aún que el proceso de gestación llegue a su fin.

“La no penalización de la interrupción del embarazo en sus primeras 12 semanas salvaguarda indiscutiblemente los derechos de las mujeres de gran importancia tutelados por la Constitución, dentro de los que se encuentran el derecho a la vida”, afirmó.

El ministro penalista aseguró que la penalización del aborto ha resultado ineficaz y lejos de impedir que las mujeres recurran a la ILE de manera segura, las obliga a someterse a procedimientos insalubres e inseguros, que ponen en riesgo su vida.

Señaló asimismo que los datos estadísticos permiten demostrar la nula eficacia que ha tenido esta penalización en el Distrito Federal. De 2006 a 2007, recordó, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició 28 averiguaciones previas por el delito de aborto, dos por mes, una cada quince días, muy poco, consideró el Ministro, si se toma en cuenta que las cifras oficiales también demuestran que se practicaron aproximadamente 14 mil abortos al año.

De acuerdo con el Ministro, los derechos fundamentales son todos de la misma jerarquía, pero pueden ser desplazados por otros, lo que provoca que habiendo conflicto entre dos o más, se debe determinar cuál de ellos debe prevalecer, caso por caso y conforme a las circunstancias específicas.

En tal circunstancia, dijo, “el reconocimiento que hizo la SCJN del derecho a la vida no significa que éste sea absoluto y que no sea susceptible de ser balanceado con otros derechos o limitado en atención a ciertos intereses estatales”.

Hasta el momento han participado, además de los ministros anteriores, el ministro Sergio Valls Hernández quien señaló que la norma impugnada es constitucional y que avalar la impugnación de la CNDH y PGR a la ley sería “subyugar u obstaculizar el derecho de las mujeres a no poder decidir interrumpir su embarazo”, por lo que también se pronunció en contra del proyecto de Aguirre Anguiano y a favor de la constitucionalidad de la ley.

Asimismo, la mayoría de los ministros han coincidido en que no existe unanimidad sobre el inicio de la vida humana y han rechazado categóricamente que la Constitución Política Mexicana proteja la vida desde el momento de la concepción, como lo asegura la CNDH y PGR en su recurso de anticonstitucionalidad.

La sesión continuará, como ha ocurrido en días anteriores, a las cinco de la tarde de este mismo día, con la participación de las ministras Olga Sánchez Cordero, quien ha hecho una primera exposición, y posteriormente fijarán su posición la ministra Margarita Luna Ramos; el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia y quien realizó el proyecto de sentencia, Salvador Aguirre Anguiano.

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En discusión sobre ILE apareció ya visión de género: feministas

México DF, 27 agosto 2008 (CIMAC, Lourdes Godìnez Leal).- Contra lo que preveían organizaciones civiles y feministas, la discusión de ayer en la Corte sobre la
despenalización del aborto en el Distrito Federal y las posiciones de los ministros Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo, giraron en torno a los derechos de las mujeres reconocidos en tratados internacionales y sobre la afirmación de la constitucionalidad de la ley que permite la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación en el DF.

Luego de la exposición del ministro Góngora Pimentel, quien pidió debatir el tema desde una perspectiva de género y reconocer los derechos humanos de las mujeres, María Luisa Sánchez, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), se congratuló de la exposición del ministro, pues "enriqueció la discusión" en términos de lo que significa tratar este tema a fondo.

En entrevista con Cimacnoticias, la también abogada feminista manifestó que haber incorporado en la discusión de ayer conceptos como la igualdad de género "en toda su amplitud", reconociendo los derechos fundamentales de las mujeres, ponderando ambos derechos de la vida en gestación, así como el derecho de las mujeres a decidir plenamente con libertad en función de sus condiciones sociales, económicas, de salud, fueron argumentos que favorecieron, enriquecieron y nutrieron la discusión.

María Luisa Sánchez hizo un reconocimiento al ministro Góngora Pimentel pues reconoció que "no esperaba un planteamiento tan fuerte" en lo que respecta a los derechos humanos de las mujeres pero, sobre todo, porque después de una larga
lucha de más de 30 años de las feministas, tal vez por vez primera en la Corte un ministro retoma todos estos conceptos y los tratados internacionales como la CEDAW o la Belém Do Pará, y los incorpora a la discusión respetando el marco de la ley.

Aunque dijo que "no están confiadas" porque faltan 10 ministros para fijar su postura, la abogada feminista advirtió que estarán "muy atentas" a la discusión que se dé en los próximos días. "Estamos optimistas, en un sentido cauteloso, moderado, no queremos ser triunfalistas en este momento pero estamos muy concientes de que todavía falta una discusión".

Para Raffaela Schiavon, directora de IPAS México, organización especializada en derechos sexuales y reproductivos, la postura del ministro Góngora Pimentel es de reconocerse, al tener claramente una visión de género que había estado ausente del
proyecto de sentencia, lo que generó temor en algún momento de la discusión del pleno de ministras y ministros.

Entrevistada por Cimacnoticias sobre la exposición del ministro Góngora Pimentel, la feminista destacó: "Creo que un punto nodal de la postura del ministro Góngora es que en el proyecto de sentencia no queda sentado ni demostrado el punto constitucional a discusión: que el embrión antes de las 12 semanas sea una persona y por ende deba de gozar de los derechos constitucionales de protección a la salud, a la vida, por encima de los derechos de una persona como es la mujer", dijo.

Coincidió con María Luisa Sánchez, de GIRE, en mantenerse cautelosas y no hacer previsiones, sino más bien reconocer los elementos que se están aportando."No hacemos presiones pero estamos totalmente confiadas que la solidez de los argumentos puedan finalmente aportar en un sentido favorable de los derechos humanos de las mujeres", dijo.

En este sentido, destacó las aportaciones hechas durante las audiencias públicas convocadas por la Corte para escuchar posturas a favor y en contra de la ley, que se realizaron de abril a mayo de este año, e hizo un reconocimiento a la Corte por
este ejercicio de "transparencia y de democracia muy loable en sí".

"Que el proceso haya sido tan público y tan democrático en sí mismo es un reconocimiento que tenemos, que hacemos todos a la Corte", concluyó.

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México balbucea aún sus primeras palabras de igualdad: Teresa Incháustegui Romero

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 26 agosto 2008 (CIMAC, Candelaria Rodríguez/corresponsal).- Con el tema “Fondos para la transversalidad de la perspectiva de género”, la investigadora Teresa Incháustegui Romero, ex directora del Centro de Estudios de Género para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de la Cámara de Diputados, expuso el pasado día 22 ante representantes de diversas instituciones la necesidad de aplicar políticas publicas con visión de género.

La doctora Incháustegui se refirió en el auditorio de Palacio de Gobierno a la necesidad de capacitar a las y los responsables de diseñar políticas públicas para cerrar las brechas abismales entre hombres y mujeres.

En un auditorio lleno, con la presencia mayoritaria de mujeres de diversas agrupaciones y de representantes de los responsables del diseño de los programas, quienes no asistieron aunque la propuesta era capacitarlos, la doctora Incháustegui hizo una amplia explicación para la instrumentación de políticas públicas ante la invisibilización de programas que impacten en mejorar las concisiones sociales de las mujeres.

Se trata que los gobiernos sean conscientes y no apliquen recursos de manera deliberada, pensando que “las carreteras” son para todas y todos, dijo, al mismo tiempo que se referiría a las grandes desigualdades que existen en México, donde apenas “estamos balbuceando las palabras de igualdad”, sostendría en entrevista radiofónica.

Los fondos asignados para este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación para programas destinados a las mujeres y la igualdad de género son de 7 mil 24 millones de pesos, explicó la ponente. Y estos recursos pasan por el Instituto Nacional de las Mujeres, como eje rector de la políticas de igualdad, para ser destinados al fortalecimiento los programas con perspectiva de género en las entidades federativas como Chiapas.

Pero, para ello, se "requiere del conocimiento de los responsables de programas estatales y municipales para llegar a la población femenina, invisibilizada hasta hoy a pesar de los avances que se puedan tener”, dijo la especialista.

Señaló la necesidad de realizar acciones afirmativas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y establecer así las condiciones y bases para la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas y administración pública.

Incháustegui recordó que este es el primer año en que se instrumenta el fondo para la transversalidad con perspectiva de género, aunque en años anteriores se han realizado acciones y trabajo a favor de las mujeres, en coordinación interinstitucional. La diferencia hoy, dijo la ponente, es que ahora hay un recurso específico para este quehacer, por eso el interés que existe en que los diseñadores de políticas públicas visibilicen a las mujeres.

Explicó también por qué hay que aplicar políticas con perspectiva de género y destacó los esfuerzos de las legisladores federales por obtener mayores recursos, no obstante, dijo que “escasamente representamos el 1.7 por ciento del gasto total programable, gasto libre de la deuda”.

En México dijo, aun hay mucha desigualdad, y con esto “apenas estamos balbuceando las primeras palabras de igualdad” hay una desigualdad de género que es bastante notable.

Se trata que los gobiernos apliquen programas transversales con perspectiva de género, para cerrar las brechas en capacidades, oportunidades, patrimonio, poder y participación entre hombres y mujeres, así como impulsar el adelanto y fortalecer la capacidad de las mujeres de ser o hacer, de acuerdo a su propia elección, y redistribuir recursos, responsabilidad, méritos y recompensas entre hombres y mujeres.

A la conferencia asistieron también Claudia Trujillo, secretaria Técnica del gobierno de Chiapas, en representación del gobernador Juan Sabines, y la directora del Instituto de la Mujer en Chiapas, Aminta Natarén Córdova.

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Gobiernos supuestamente democráticos atoran despenalización de aborto

México 26 agosto 2008 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- En América Latina, cada año se practican 3 millones 800 mil abortos en condiciones de riesgo. Más de 5 mil mujeres
mueren al año por complicaciones relacionadas con abortos inseguros, cifra que corresponde al 21 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial, según información de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés).

Así, en la región durante varias décadas el movimiento feminista y numerosas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) realizan diversas acciones para demostrar y hacer visibles las consecuencias del aborto en la salud de las mujeres, para que los Estados, a decir de éstas, tomen conciencia de que la penalización de ese hecho, no disminuye la práctica.

Al respecto, Marta Lamas señala que en América Latina el aborto es un problema de justicia social, ya que las mujeres con recursos económicos abortan sin peligro en los consultorios de sus ginecólogos, mientras las demás arriesgan su salud y sus vidas.

“No obstante la gravedad de la situación, la decisión de despenalizar esta práctica continúa atorada, soterrada o negada, por gobiernos supuestamente democráticos”, sostiene la antropóloga y feminista, en un artículo publicado en la revista Nexos, número 349.

Afirma que pese a contar con el apoyo de un amplio sector de la ciudadanía, la alianza del fundamentalismo eclesiástico con el conservadurismo norteamericano obstaculizan un tratamiento jurídicamente adecuado al problema.

BATALLA INTERNACIONAL

El movimiento feminista emprendió la batalla para que todas las mujeres puedan decidir si son o no madres. En los años noventa, indica Lamas, las conferencias de Población y Desarrollo (El Cairo 1994) y de la Mujer (Beijing 1995) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) representaron un escenario decisivo en la lucha por la definición de la mujer:”¿madre o ciudadana?, ¿receptáculo de una nueva vida o sujeta de derechos?”.

En América Latina el episodio tuvo una dimensión cardinal, pues el Vaticano operó a través de varios representantes oficiales de los países latinoamericanos, muchos de ellos integrantes del Opus Dei. La Santa Sede acudió a las Conferencias, con delegaciones de obispos, curas y profesionistas, con la firme intención de imponer su agenda teológica en asuntos de población, sexualidad y reproducción.

Pese a todos los esfuerzos del Vaticano, en el orden internacional se han hecho algunos avances. Así, en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo 1994, párrafo 8.25), el aborto inseguro es reconocido como un grave problema de salud pública.

En 1995, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) reafirmó el contenido de El Cairo y agregó la recomendación que los países revisaran las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales (párrafo 106 K). Tres años más tarde, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1998) reconoció que la morbimortalidad materna se vincula con el aborto realizado en condiciones inseguras.

Posteriormente, en el texto aprobado en el proceso de revisión del Cairo +5 (1999), se recomienda el entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en los casos en que el aborto sea legal, ese mismo año los países integrantes de la CEPAL se comprometieron a formular programas específicos para la salud de las mujeres, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y de acuerdo con los documentos adoptados de Cairo y Beijing.

En tanto que en el documento final de Beijing +5 (2000), se incorpora el texto del párrafo 106 K de la Plataforma de Acción de Beijing, en el que se señala la necesidad de revisar las leyes que penalizan la práctica del aborto inseguro y se
recomienda que los gobiernos implementen la indicación acordada en Cairo +5 sobre el
entrenamiento de profesionales y el equipamiento adecuado de servicios.

Marta Lamas refiere que en la actualidad hay una cantidad de iniciativas y acciones que los grupos feministas impulsan en sus diferentes países. Además existe una Coordinación regional de la “Campaña 28 de septiembre por la despenalización
del aborto en América Latina y el Caribe”, que se impulsa en 21 naciones y que trabaja bajo los lemas: “Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir” y “Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza, y la iglesia no interviene”. Una de sus principales tareas, afirma Lamas, es la reconceptualización discursiva del aborto como un derecho humano de las mujeres.

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ILE satisface parámetros constitucionales: Morales Aché

México DF, 25 agosto 2008 (CIMAC).- En países donde el reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres ha permitido el paso de un régimen que prohíbe a otro que despenaliza el aborto, y donde además existe control sobre la constitucionalidad o no de las leyes, los mecanismos de la democracia han sido
insuficientes para resolver el conflicto en la regulación legal del aborto, por lo que han sido los Tribunales quienes han decidido.

Así explica el abogado especialista en el tema Pedro Morales Aché, integrante y fundador del Colegio de Bioética, AC en México y litigante especializado en temas de salud y derechos humanos, el proceso que enfrentaron varios países, como Alemania, España, Francia, Italia y Estados Unidos, que actualmente permiten la interrupción legal del embarazo -en varios casos con una regulación similar a la que está vigente
en el Distrito Federal-- al legislar sobre el tema.

Se dio en todos esos países el "choque de absolutos", es decir, una corriente que proclama el derecho absoluto a la vida del no nacido, y otra que sostiene el derecho absoluto de las mujeres sobre su propio cuerpo.

"Ante la imposibilidad de alcanzar consensos básicos sobre el tema en el ámbito legislativo, que estén a salvo de las mayorías parlamentarias contingentes -señala Morales Aché en un texto publicado en la Revista de análisis político Nexos, en diciembre pasado- ha sido necesario utilizar los esquemas de democracia constitucional para dirimir el conflicto ideológico existente.

Así que ha correspondido a los jueces, mediante la aplicación de principios abstractos derivados de la interpretación constitucional, delimitar el marco dentro del cual las y los legisladores deben regular el aborto. Se da, entonces, un proceso de "juridificación" del aborto.

No ocurre así con otros temas, pero en el caso del aborto resulta problemático por las connotaciones ideológicas y "los posibles costos electorales que suelen atribuirse a una toma de posición sobre el tema", señala Morales Aché, quien obtuvo el reconocimiento de SCJN, por primera vez en México, de la exigibilidad judicial del derecho a la protección a la salud.

Por eso el tema deber dirimirse sobre una base de argumentación jurídica. Así ocurrió en el Tribunal Constitucional de Alemania, en 1975 y 1993; en el Tribunal
Constitucional de España, en 1985; en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en dos casos en 1973 y en 1992; en el Consejo Constitucional de Francia, a través de la decisión 75-54, y en el Tribunal Constitucional de Italia, en 1975, 1981 y 1997.

En todos estos países, dice Morales Aché, fueron procesos y contextos políticos diferentes, pero hubo consideraciones comunes, como la consideración de la importancia tanto de los derechos fundamentales de las mujeres como de la protección de la vida en gestación. Por tanto, no puede prevalecer uno sobre otro, ya que sería
inconstitucional tanto la penalización absoluta como la despenalización absoluta.

En el caso de que exista un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, no existe un límite temporal alguno para considerar constitucional el aborto sin ningún límite temporal (de gestación).

Pero en todos los demás casos se le ha otorgado un papel relevante a la temporalidad de la gestación, de tal forma que existe un plazo, generalmente hasta la décima segunda semana del embarazo -como en el caso de la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México aprobado en abril de 2007- dentro del cual prevalecen los derechos constitucionales de las mujeres.

Pero existe otro plazo diverso, que usualmente corresponde al último trimestre del embarazo, dentro del cual se fortalece la protección del concebido y no nacido, restringiendo los derechos de las mujeres.

En los países citados también se han determinado las condiciones bajo las cuales se debe realizar la interrupción legal del embarazo y se ha procurado garantizar el acceso de las mujeres a servicios médicos necesarios para tal fin, incluyendo consejería previa a la interrupción.

Se ha excluido la posibilidad de que la mujer que accede a la interrupción legal sea calificada como delincuente, "y se ha rechazado la caracterización de la mujer como un mero instrumento cuyo destino fatal es la reproducción", dice el experto, quien documentó la práctica de implantación de dispositivos intrauterinos sin conocimiento informado de las mujeres.

La legislación de los países señalados también ha establecido salvaguarda para los objetores de conciencia.Y "se ha reconocido la legitimidad del legislador democrático, para que en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, defina las regulaciones de carácter específico dentro de los cánones constitucionales".

EL RESULTADO

Luego de los procesos de "juridificación", explica Morales Aché, en Alemania el aborto es permitido cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro y cuando el feto presenta malformaciones, en cuyos casos la interrupción legal se realiza dentro de las primeras 22 semanas de gestación. Está también permitido por la ley cuando el embarazo representa una carga desproporcionada para las mujeres, cuyo plazo para realizarlo es dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

En España, es permitido para salvar la vida o la salud física o psíquica de la mujer embarazada; cuando es producto de una violación, cuyo plazo para realizarlo es dentro de las primeras 12 semanas. Y también por graves afectaciones físicas o psíquicas de la mujer, cuyo plazo es de 22 semanas.

En Estados Unidos, se permite durante el primer trimestre de manera irrestricta. Durante el segundo trimestre, las legislaturas de los estados pueden imponer regulaciones y limitaciones a su práctica, priorizando la salud y vida de las mujeres embarazadas mientras que en el último trimestre, se pondera la vida del concebido y no nacido.

En Italia, el aborto es permitido dentro de los primeros noventa días de embarazo, cuando lo solicita la mujer por razones de carácter económico, social o familiar y cuando representa un serio problema para la vida o la salud física o psíquica de la mujer y también por malformaciones o anomalías del feto.

En Francia, además del aborto por indicaciones terapéuticas, se permite el aborto durante las 12 primeras semanas, siempre y que la mujer lo solicite a un médico e invoque que su embarazo le provoca una situación de angustia.

En México, en abril de 2007 se despenalizó el aborto dentro de las primeras 12 semanas en el Distrito Federal, medida que permite a las mujeres interrumpir voluntariamente un embarazo por las razones que sean y señala la obligación
de los servicios de salud de atender a las mujeres que soliciten la interrupción de su embarazo.

Esta reforma al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal admite también, como las legislaciones comentadas por Morales Aché, la objeción de conciencia, la consejería y el servicio médico gratuito.

"Si al resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la
reforma, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte se pronuncia por su validez, con una mayoría suficiente para el establecimiento de parámetros constitucionales, se consolidará la juridificación del aborto en México mediante el fortalecimiento y plena garantía de los derechos fundamentales de las mujeres, lo que deberá repercutir en la
despenalización del aborto en los Códigos Penales estatales", concluye Morales Aché.

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Urge marco jurídico que garantice presupuesto para mujeres

México, DF. 25 agosto 08 (CIMAC, Sandra Torres Pastrana).- La Mesa Interinstitucional de Presupuesto Pro Igualdad de Género 2009 se instaló el pasado 19 de agosto, con el objetivo de continuar los trabajos para la elaboración de presupuestos con enfoque de género, como parte de las políticas de gobierno que buscan igualdad entre mujeres y hombres en México, impulsada por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

Se trata de una acción que marca el compromiso y disposición para contar con mayores recursos a favor de las mujeres y que, en voz de la diputada federal Maricela Conteras, presidenta de la Comisión, “refleja la voluntad de diálogo y cooperación para lograr propuestas de consenso”.

A partir del retroceso que significó la etiquetación de sólo 2000 millones de pesos en 2007 para las instancias de mujeres en el país, la Comisión de Equidad y Género de San Lázaro elaboró estrategias para que lo logrado por las Comisiones de anteriores legislaturas no se perdiera.

La instalación de la Mesa Interinstitucional dio como resultado un “presupuesto histórico” etiquetado a favor de las mujeres para 2008: siete mil 281 millones de pesos, distribuidos en 76 programas y actividades, en un total de 23 ramos.

CONQUISTAS

La obtención de presupuesto con perspectiva de género inició en 2004 cuando diputadas del Partido de la Revolución Democrática, de la Comisión de Equidad y Género, revisaron el Presupuesto de Egresos de la Federación, notando la ausencia de recursos en programas como: prevención y control de cáncer cérvico uterino y mamario, proyecto de discriminación y la no violencia contra las mujeres, programa de salud reproductiva, atención a enfermos de VIH/SIDA, entre otros.

El informe de actividades de la Cámara de Diputados 2004 indica que el presupuesto para mujeres fue de mil 334.7 millones de pesos, mientras al año siguiente el total ascendió a dos mil 173 millones de pesos, 68 por ciento más.

En 2006, el pleno de la Cámara baja asignó recursos por más de 32 millones de pesos a la Comisión de Equidad y Género. El mismo año se etiquetaron gastos para atender problemas prioritarios como la violencia hacia las mujeres, destinando el uno por ciento del presupuesto total a la Procuraduría para Prevenir y Combatir la Violencia de Género por mandato legislativo.

“Ni un peso atrás” fue el lema de la Comisión, presidida por Diva Gastélum, que en tres años 2003-2006 logró un incremento del 500 por ciento y la perspectiva de género empezó a incluirse en todos los ámbitos.

Sin embargo, el 29 de agosto de 2006, con la LX Legislatura, la nueva Comisión heredó pendientes relacionados con el avance de las mujeres: violencia, trata, salud y trabajo. Entre los desafíos y tareas inmediatas estuvo el presupuesto y orientarlo de tal manera que incidieran en avances reales para las mujeres.

En entrevista con Cimacnoticias, Maricela Contreras recordó que el primer presupuesto que elaboró la actual Legislatura no consideró el trabajo de la Comisión y se etiquetaron 200 millones de pesos para instancias de mujeres, todo lo demás se aprobó en paquetes de trabajo, “un retroceso dramático”, afirma.

A partir de entonces se armaron nuevas estrategias. El presupuesto con equidad y género fue uno de los puntos fundamentales, se inició con la firma de un pacto, al que se sumaron el Instituto Nacional de las Mujeres, Senado, Hacienda, Comisiones, coordinadores de grupos parlamentarios, diputadas locales e instancias de mujeres estatales.

Así se creó la Mesa Interinstitucional de Presupuesto Pro Igualdad de Género, impulsada por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, con lo que se logró un presupuesto de siete mil 281 millones de pesos etiquetado a favor de las mujeres.

PENDIENTES

En el análisis del 2º Reporte trimestral sobre la adecuada aplicación del presupuesto 2008, Contreras informó que hasta ahora se han encontrado casos de sub-ejercicio en el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusac), destinado a mujeres campesinas e indígenas, donde sólo se reporta el uso del 68 por ciento.

También, hay subejercicio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 10 millones de pesos no aplicados en computadoras con Internet para facilitar a las mujeres la comunicación con sus esposos que trabajan fuera del país.

Otro de los programa con dificultades es el de Apoyo a los refugios para mujeres víctimas de violencia, que debería recibir 200 millones de pesos a través de la Secretaria de Salud (SS), pero que ha recibido sólo 48 millones.

Además, aunque la Cámara ordenó asignar estos recursos de forma directa, se ha hecho a través de la SS estatales, lo que ha puesto en crisis a varios refugios de mujeres en entidades donde son operados por ONG.

Contreras consideró que hay cosas puntuales que dan respuesta a la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, aprobada en 2007, como la elaboración del modelo de atención psicológica en hospitales, pero aún no hay información sobre estos recursos, asignados también a la SS.

Otros recursos ya se aplican, como los destinados a la Vacuna del Papiloma Humano y al Sistema de registro de los actos violentos contra las mujeres que mandata la Ley General.

También los 200 millones asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional para la igualdad de género y la cultura de la paz, que promueve diplomados en coordinación con la UNAM, así como recursos que se han aplicado para la prevención del VIH/SIDA, aunque “en realidad no vemos ninguna campaña consistente para prevenirlo”, señaló.

VOLUNTAD POLÍTICA

El Congreso debe construir un marco jurídico que evite retrocesos, para que las diputadas no tengan que luchar cada año con el fin de que no disminuyan los recursos destinados a las mujeres, dice Contreras

Sin voluntad política no podemos avanzar, “se requieren acciones afirmativas y positivas para disminuir la inequidad y la desigualdad que, por razones culturales y de género, afectan de manera prioritaria a las mexicanas”, afirma Contreras.

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Iglesia católica viola DH de mujeres al prohibir minifaldas

Tuxtla Gtz., Chiapas, 22 agosto 2008 (CIMAC, Candelaria Rodríguez/corresponsal).-Con
la advertencia que hace la Arquidiócesis de México de que las jóvenes católicas no usen minifaldas para evitar provocar a los hombres, la responsabilidad de las agresiones sexuales se la están dejando a las mujeres, señaló Elena Kramsky, coordinadora en Chiapas de Mujeres y Punto, quien condenó dichas afirmaciones, pues
violentan los derechos humanos de las mujeres.

La feminista dijo que todos los tipos de prohibiciones tienen que ver con la violencia de género, son violencias contra las mujeres, y la Iglesia de nuevo carga culpas a sus feligresas, porque es a ellas a quien va dirigido ese llamado, “que las mexicanas reprobamos y rechazamos”.

Las minifaldas, los mallones, las blusas ombligueras, los escotes y ropas apretadas tienen que ver con el derecho que tenemos de decidir cómo queremos vestirnos y prohibir ese derecho es violatorio de los derechos humanos de las mujeres.

Kramsky cuestiona a la grey católica: ¿y entonces qué ha pasado con las mujeres de las maquiladoras, con las niñas vestidas “normalmente”, que pasa con las ancianas, si todas ellas no usan minifaldas y han sido violentadas?

LEYES CONTRA LAS MUJERES

Recuerda la feminista que en 1995 en Jalisco se prohibió el uso de la minifalda por parte del Gobierno local. En 2000 en Baja California y en 2006 en San Luis Potosí, se prohibido a personas transgénero y transexuales vestirse de mujeres. En 2007, en Nuevo León el Congreso prohibió a las trabajadoras usar minifaldas porque “provocaban” a los legisladores.

Lo cierto, dice, es que tanto la derecha como la izquierda --claro, más la derecha-- reforman y modifican leyes que no benefician en nada a las mujeres. Tanto la izquierda como la derecha, reitera la feminista, porque la semana pasada la
Asamblea Legislativa del DF, donde el PRD es mayoría, promovió reformas al Código Penal para reducir los castigos para quienes “toquen” a las mujeres en el transporte público, y eso es un retroceso en la ley.

Las leyes, dice Kramsky, tienen que evolucionar hacia adelante, como la misma sociedad, y lo que hizo la Asamblea Legislativa es un claro retroceso, porque tiene que ver con el machismo.

Kramsky comentó que los legisladores, en su afán por reducir la sobrepoblación que tienen las cárceles en el DF, donde se estima hay hombres detenidos por acosar a las mujeres en los metros y autobuses, y evitar presuntas extorsiones de quienes han sido atacadas sexualmente, decidieron que no haya penas por ese tipo de acciones agresivas contra las mujeres.

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México: 70 años de lucha por despenalizar el aborto

México DF, 22 agosto 2008 (CIMAC).- El debate sobre la despenalización del aborto en México no es nuevo. Fue en 1936 cuando, por primera vez, la doctora Ofelia Domínguez Navarro propuso el aborto no punible por causas económicas y sociales.

Ya desde la época prehispánica se hablaba del tema, pues entre algunos pueblos guerreros, como el mexica, el aborto era penalizado como un delito contra la vida, al igual que los homicidios y las lesiones. La mujer que lo practicaba, al igual que quien la ayudara, eran condenados a muerte, pues mermaban su capacidad bélica contra otros pueblos. Sin embargo, se consideraba delito contra la sociedad, más no contra la religión.

Durante la época de la Colonia, en el siglo XVII, para cuidar el honor de las familias y evitar el aborto, se creó en 1774 el Departamento de partos ocultos, cuya función era recibir al producto de las mujeres españolas que concebían fuera del
matrimonio. Las mujeres embarazadas llegaban solas al asilo para pobres, con el rostro cubierto y permanencia en celdas aisladas, aun en el momento del parto, con la anuencia de la Iglesia.

Desde el Código de 1871 ya se contemplaban las atenuantes para el caso de aborto por móviles de honor, con una pena de dos años de prisión, regla seguida por el Código de 1929. En cuanto a la legislación penal federal, desde dicho código se sanciona el aborto consentido, procurado y sufrido.

En su Artículo 569 definía: "llámese aborto en derecho penal a la extracción del producto de la concepción y a su expulsión provocada por cualquier medio, sea cual fuere la época de la preñez, siempre que esto se haga sin necesidad. Cuando ha comenzado ya el octavo mes del embarazo, se le da también el nombre de parto
prematuro artificial, pero se castiga con las mismas penas”.

Cabe mencionar que en dicha legislación de 1871, la conducta incriminada se definía a través de la maniobra abortiva, esto es, el acto de la extracción o expulsión provocada del producto. En tanto que en el Código federal vigente, lo que se incrimina es la consecuencia final, es decir, la muerte del producto, de donde se deriva la protección de la vida.

SIGLO XX

El texto vigente corresponde al Código federal promulgado en 1931, donde establece que: “Aborto es la muerte del producto de la concepción, en cualquier momento de la preñez". “Al que hiciera abortar a una mujer se le aplicaran de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre y cuando lo haga con el
consentimiento de ella...” (…) “Se impondrá de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias”, (artículos 329, 330 y 332, respectivamente).

Hay que mencionar que aun cuando dicho Código ha influido en forma decreciente en las legislaciones estatales del país, en la actualidad hay textos penales estatales que establecen excepciones de no punibilidad más amplias.Fue hasta 1972, durante la primera convivencia feminista, cuando más de 100 mujeres examinaron la legislación relacionada con el tema y discutieron sobre el control de la natalidad y los métodos anticonceptivos.

Un año después, el Gobierno presentó un proyecto para una nueva Ley General de Población, en el que se reconoce al aborto como un problema social. También reforma y adiciona varios artículos constitucionales, particularmente el Cuarto que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que "toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos".

En 1974, con las reformas de Luis Echeverría, se incluye como garantía individual y con el fin de asegurar y reconocer la integración de la mujer al proceso político. De igual forma se insertan los dos párrafos de su pronunciamiento, en los que se dispone que toda persona tiene derecho a decidir, de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

Asimismo, se aprobó una nueva política demográfica en la que se tomó en consideración el importante papel de las mujeres en el desenvolvimiento colectivo del Estado moderno, consignando en un párrafo particular el derecho a la libre procreación como garantía personal.

MOVIMIENTO DE MUJERES

El Movimiento Nacional de Mujeres (MNM) inicia, en 1976, la primera Jornada Nacional sobre la Liberalización del Aborto, en la que sugirió que la interrupción del embarazo fuera libre y gratuita, con la voluntad y decisión de la mujer, y practicable en todas las instituciones de salud pública.

Además, exigió ampliar la información sobre el uso de anticonceptivos, así como subsidios gubernamentales para la investigación científica de los mismos, a fin de no perjudicar la salud de las mujeres y evitar esterilizaciones forzosas.

En su momento, la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo), constituyó el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto (GIEA), cuyos integrantes concluyeron quitar de la legislación mexicana actual toda sanción penal a las mujeres que por cualquier razón o circunstancia decidan abortar, así como a los médicos que lo practiquen (el aborto), cuando exista la voluntad expresa de la mujer.

En 1977, luego de la segunda Jornada Nacional sobre la Liberalización del Aborto, convocada por la Coalición de Mujeres Feministas (CMF), las feministas presentaron a la Gran Comisión de la Cámara de Diputados el texto final de los trabajos, en el que rechazan el aborto como un medio de control natal y defendieron la maternidad voluntaria.

Al año siguiente, diputadas de PRI denunciaron la existencia de "la industria negra clandestina de abortos", estimando las ganancias en 9 mil millones de pesos libres de impuestos; en tanto que los registros oficiales establecían que al año se efectuaban un millón de abortos.

Es en este mismo año de 1978 cuando nace como asociación civil el Comité Nacional Provida enarbolando “la defensa de la vida”. Ante la imposibilidad de diálogo con las autoridades gubernamentales, las feministas intensificaron entonces sus actividades con protestas públicas, marchas y mítines.

En protesta y como señal de luto, en 1979 las feministas marcharon vestidas de negro por todas las mujeres muertas al practicarse abortos clandestinos. El 10 de mayo de dicho año se instituyó el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria.

En el segundo semestre del 1980, las diputadas María Luisa Oteysa y Adriana Luna Parra enviaron una carta al presidente José López Portillo, en la que solicitaban que "el aborto, aun como último recurso, constituye una solución a la que toda mujer tiene derecho, y que requiere de atención médica reconocida y capacitada... La
penalización del aborto viola a todas luces el espíritu de nuestra Constitución".

Durante la sexta Jornada Nacional sobre la Liberalización del Aborto (o Jornada por el Aborto Libre y Gratuito), realizada en 1981, el Movimiento Nacional de Mujeres exigió a los legisladores respuesta a su propuesta de iniciativa de ley enviada a la Cámara de Diputados para que la interrupción del embarazo fuera libre y gratuita, con la voluntad y decisión de la mujer, y practicable en todas las instituciones de salud pública.

Como candidato a la presidencia de la República, Miguel de la Madrid Hurtado se refirió a la despenalización del aborto. Luego, ya como presidente, en la Reunión Nacional sobre la Mujer efectuada en 1982 en Colima, autorizó al Conapo para promover leyes más severas contra los violadores, así como la creación de un organismo que defendiera los derechos de las mujeres.

Fue hasta el 3 de febrero de 1983 cuando se reformó el Artículo 4o. constitucional en México, quedando de la siguiente manera: "El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Un año después, en 1988, Comunicación Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL) y la Red Internacional por los Derechos Reproductivos de la Mujeres lanzaron una campaña de denuncia de los altos índices de mortalidad materna, ocasionados, fundamentalmente, por los abortos clandestinos. El 28 de mayo, se instituye el Día Mundial contra la Mortalidad Materna.

Los grupos feministas discutieron en 1989 un nuevo anteproyecto de Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, sobre la despenalización del aborto, sin que prosperara.

En Chiapas, el gobernador Patrocinio González Garrido promovió en octubre de 1990 la reforma al Artículo 136 del Código Penal para despenalizar el aborto por razones económicas, de planificación familiar, de común acuerdo con la pareja o en el caso de madres solteras, pero fue "suspendida" por las presiones de la Iglesia católica, Provida y el PAN.

La Coordinadora Feminista del Distrito acordó el 6 de enero de 1991 la formación de un frente amplio nacional por la maternidad libre y voluntaria, para pugnar por la despenalización del aborto.

Para 1997, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reveló que en 21 de las 32 entidades federativas se ha legislado sobre el aborto. En general, las causales por las que no es punible el aborto son: cuando es producto de una violación, por peligro de muerte, razones eugenésicas, grave daño a la salud de la
madre, económicas e inseminación no deseada. Sin embargo, no hay homogeneidad en los códigos penales, que incorporan solamente algunas de ellas.

HOY

En abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas a la Ley de Salud y al Código Penal del DF que permiten a las mujeres decidir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Sin embargo, las modificaciones a la ley que garantiza que las mujeres del Distrito Federal su derecho a decidir, fue motivo en mayo de ese mismo año de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovido por el Ombudsman nacional José Luis Soberanes y por Eduardo Medina Mora, titular de
la Procuraduría General de la República.

Hasta mayo de 2008, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud capitalina, se registraron en los 14 hospitales del Gobierno del DF 20 mil 607 solicitudes de información sobre la ILE. De éstas, solicitaron la ILE 12 mil 755, de las cuales 590 fueron menores de edad (4.62 por ciento). Del total de ILE solicitadas se
realizaron 8 mil 755, de las cuales 400 correspondieron a menores de edad (4.56 por ciento).

El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Salvador Aguirre Anguiano en tan sólo tres días y que afirma la inconstitucionalidad de la ILE, fue dado a conocer hace unos días.

Y el próximo lunes 25 de agosto, la SCJN iniciará la discusión para que el pleno de ministras y ministros decida si la ley seguirá permitiendo a las mujeres ejercer su derecho a decidir en el Distrito Federal.

Con información de Claudia Barrón, Minerva Nájera, Isabel Barranco, Lourdes Godínez y Cladem-México.

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Más mujeres en EU deciden aplazar o no optar por la maternidad

Nueva York, EU, 20 agosto 2008 (CIMAC, Leticia Puente Beresford/corresponsal).- Las mujeres están esperando más tiempo para decidirse a tener hijas o hijos. Y una cantidad mayor de mujeres, más que nunca, están escogiendo no tenerlos, de acuerdo con el nuevo reporte del Census Bureau.

El 20 por ciento de mujeres en edades de entre 40 y 44 no tienen descendencia, el doble que hace 30 años, dice el reporte. Y mujeres en ese periodo de edad que decide tener hijas o hijos tiene menos que nunca: un promedio de 1.9, comparado con la media de 3.1, en 1976.

El New York Times informa lo anterior y señala que la investigadora autora del reporte, Jane Lawler Dye, del Census Bureau dice que “muchas mujeres no están teniendo ni un solo hijo”.

Mirando a las mujeres en edad fértil en 2006, “hubo un cierto momento en el que había una fase en la vida para tener hijos, y muchas mujeres no lo están haciendo ahora”, dice Dye.

Mujeres con grados académicos avanzados son quienes al parecer optan por no tener descendencia, mostró el estudio. De las graduadas profesionales de entre 40 a 44 años de edad, el 27 por ciento están sin hijos, comparado con el 18 por ciento de las que no continúan su educación preparatoria, demuestran los datos.

Los números son consistentes con el reporte del 2006, dice Dye en el mismo tema. Mientras año por año cambian poco, los datos muestran que las mujeres de la generación madura son quienes están continuamente transformando la familia estadounidense.

Las mujeres hispanoamericanas constituyen el único grupo que va contra corriente de esta tendencia que reporta el estudio, con 2.3 hijas o hijos cuando ellas tienen 40 años. El número de descendientes que tienen, no obstante, ha decrecido, pero ello depende de cuántas generaciones han pasado desde que su familia llegó a Estados Unidos.

Una en cinco nuevas madres en 2006 nació fuera de este país. Y en California se halló el número más alto de nuevas madres que son extranjeras.

De todas las mujeres que tuvieron descendientes en el 2006, el 60 por ciento trabajaba, el número mas alto de mujeres trabajando en el mediano Oeste. Eso puede explicar lo que otro estudio censal encontró: que por cada menor de cinco años, en el mediano oeste hay más centros de cuidado infantil disponibles que en ninguna otra región.

Otra tendencia, dice Suzanne Bianchi, directora del Departamento de Sociología de la Universidad de Maryland, es que “claramente las mujeres tienen alternativas de competencia para utilizar su tiempo con el mercado laboral y el empleo, por lo que retrasan el casamiento. Y se pregunta si éstos se han detenido o existe un número mayor de mujeres que optan por no ser madres.

De las mujeres que dieron a luz en el 2006, 36 por ciento eran separadas, viudas, divorciadas, o nunca casadas. Cinco por ciento vivía con su pareja.

El estudio muestra también una geografía con diferencia grande: más niñas y niños en el sur del país que nacieron en la pobreza en el 2006, concluye el rotativo neoyorquino.

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Las mega millonarias más jóvenes del mundo

México DF, 19 agosto 2008 (CIMAC).- Uno de los grupos de élite, el de las y los millonarios de miles de millones, se multiplicó por tres este año y su edad promedio bajó de 62.5 a 51.5 años. Se habla de jóvenes millonarias, menores de 40 años, entre las cuales las turcas son las más ricas, dice Laurie Burkit, en un texto publicado por Gazeta Wyborcza el 6 de agosto de 2008, traducido del polaco por Bárbara Gill para la Red Informativa de Mujeres de Argentina (RIMA).

La más joven de todas es Hind Hariri, 24 años, la segunda persona más rica en miles de millones de dólares después de Mark Zeckerberg, el creador de Facebook. Es la hija del fallecido Primer Ministro del Líbano, Rafik Al-Hariri y hace poco terminó de cursar en la Lebanese American University en Beirut.

Se considera que es uno de los mejores partidos, pero inaccesible, parecería que está comprometida. La segunda es Yang Hulan, 26, nacida en China y a quien su padre transfirió el 58 por ciento de las acciones de la empresa inmobiliaria Country Garden.

Yang terminó la Qinghua University de Beijing y estudia marketing en la universidad estatal de Ohio. El video de su casamiento puede verse en YouTube. Cuatro de las cinco mega millonarias son turcas. Tres de ellas son las magníficas hijas del magnate de los medios Aydin Dogan y su esposa Sema Isil Dogan, quienes también integran la lista de megamillonarios.

La más joven es Beguman Dogan Faralyali, 31 años. Terminó la Universidad de Stanford, trabajó como consultora en Arthur Andersen, y ahora preside el holding familiar Dogan. Su hermana Hanzade Dogan Boyner tiene 36 años, trabajó en Goldman Sachs y esparte del consejo administrativo del holding Dogan, también cumple funciones como presidenta del consejo de Dogan Gazetecilik, la empresa madre de los cuatro diarios turcos.

Vuslat Dogan Sabanci tiene 37 años, trabajó como redactora en The New York Times y en The Wall Street Journal, actualmente es la presidenta de The Hurriyet, un diario de gran tirada. Vuslat se casó con un heredero de megamillonarios, Aleg Ismail Sabanci, hijo de Sevket Sabanci. La mayor de las hermanas, Arzuhan Dogan Yalcindag, quien preside un influyente lobby financiero, tiene más de 40.

Seis de las siete mega millonarias de entre 20 y 40 años, y 9 de 12 que tienen entre 40 y 50, heredaron sus fortunas. Las excepciones son cuatro jóvenes empresarias. Independientemente de la edad, en el mundo hay 10 megamillonarias que labraron su propia fortuna.

¿Quiénes están libres?, se pregunta Laurie Burkit. La más joven del cuarteto es Chu Lam Yiu, de 38 años, ciudadana de Hong Kong y presidenta de Huabao International, empresa productora de fragancias y sabores que se utilizan en cigarrillos, detergentes, bebidas, productos lácteos y cosméticos.

Chu sigue dirigiendo una empresa que fundó y que hace diez años entró a la cotización en bolsa comprando otras empresas (backdoorlisting).La mega millonaria china Zhang Xin tiene 43 años, pero antes de obtener el título de magister en la
Universidad de Cambridge, a los 14 años trabajaba como costurera en Hong Kong. Hpy, junto con su marido Pan Shiyi, dirige una de las mejores empresas inmobiliarias chinas, SOHO China, conocida por sus modernos edificios de estilo, presentes en toda China.

Elena Baturina es rusa, también trabajó en una fábrica y aunque no es la socia de su marido, el cargo que éste ejerce --intendente de Moscú-- más bien no la perjudica. Fundó Inteko en 1991, que creció hasta convertirse en una de las empresas constructoras más importantes de Moscú. En 2006 Inteko demandó al editor de la edición rusa de Forbes a causa de una nota que describía a la empresa. La justicia le dio la razón a la empresa.

La más conocida de las mega millonarias independientes es la escritora británica JK
Rowling, de 42 años; quien hasta no hace tanto era una madre que vivía de la asistencia social. Todo cambió cuando escribió la increíblemente popular serie de Harry Potter, el niño mago. Gracias a ello se convirtió en la única persona
escritora mega millonaria en el mundo.

Muchos varones pueden pensar: ¿cuántas de estas mujeres están solas? Con seguridad, sólo dos, dice Laurie Burkit: Serra Sabanci y Filiz Sahenk, de Turquía. No se sabe nada acerca de la vida personal de Chu Lam Yiu.

Independientemente de si están casadas o están solas, de si hicieron fortuna solas o la heredaron, estas mujeres de entre 24 y 49 años tienen un potencial de ingresos infinito y un decenio por delante para que sus empresas e inversiones florezcan. Proceden de los países que tienen los mayores mercados del mundo y se encarnan en roles que sus abuelas, e incluso sus madres, no podían ni soñar.

Jóvenes y lejos de jubilarse, estas señoras, con seguridad, son dignas de ser observadas, concluye Laurie Burkit.

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México: contra periodistas, escalofriante cultura de impunidad

México DF, 19 agosto 2008 (CIMAC).- Una coalición de organizaciones internacionales defensoras de las libertades de expresión y prensa denunciaron hoy que los últimos tres años han sido tremendamente peligrosos para las y los periodistas y medios de comunicación en México.

El informe elaborado por la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación titulado "Libertad de prensa: la sombra de la impunidad y la violencia", destaca -como lo reportó Cimacnoticias el pasado 14 de agosto-- los distintos tipos de riesgo a los que se enfrentan las y los periodistas, siendo que los ataques son cada vez más recurrentes hasta alcanzar niveles alarmantes.

"México ha sido uno de los países más peligrosos para las y los periodistas en años recientes debido a la escalofriante cultura de la impunidad que prevalece, la cual se ha traducido en un incremento considerable en el número de asesinatos. De manera inversa, esos crímenes contra el personal de los medios desciende en otros países latinoamericanos", afirma dicha Misión Internacional.

"El Gobierno mexicano debe convertir la protección del ejercicio periodístico en una
prioridad, modernizándose para garantizar la efectividad de las autoridades federales y estatales, al investigar estos casos y al consignar a los asesinos antes un Juez".

Durante los últimos 8 años, al menos 24 periodistas y trabajadores de medios de
comunicación fueron asesinados, 8 han desaparecido y docenas han sido amenazados o
atacados en represalia directa por su trabajo. La mayoría de esos casos permanecen impunes, situación que ha promovido un estado general de autocensura.

Ante esta situación y en una iniciativa sin precedentes, 13 organizaciones internacionales defensoras de las libertades de expresión y prensa formaron la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación que viajó a México, del 20 al 25 de abril del año en curso.

La intención fue la de analizar la situación de los periodistas y del sector de los medios de comunicación en el país de manera conjunta con las organizaciones mexicanas, para buscar líneas de acción encaminadas a mejorar las condiciones a
las que se enfrentan los periodistas y los medios en general.

El informe de la citada Misión Internacional muestra que los principales obstáculos para el libre ejercicio del periodismo en México son: el crimen organizado, que ha generado un clima de miedo; la corrupción; la impunidad; los ataques directos de la policía y de la fuerza militar; y, finalmente la falta de voluntad política de parte
de los gobiernos federal y de los estados para resolver estos casos de ataques contra los periodistas y para garantizar su seguridad.

Enfrentados a esas condiciones y dado que la seguridad de las personas en esta situación de vulnerabilidad es responsabilidad total del Gobierno, el informe detalla la necesidad de presionar para crear y fortalecer los mecanismos de prevención de esos ataques y de protección de la prensa. Incluyendo la formación de
funcionarios que deben combatir el delito, mientras sigan los ataques contra los comunicadores.

Mientras el informe reconoce signos positivos del Gobierno federal al pronunciarse a favor de una eventual federalización de los crímenes contra periodistas, se necesita hacer más para acabar con lo que la Misión Internacional ha identificado como uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el Gobierno mexicano: la impunidad en los casos de asesinato, las "desapariciones" y los ataques a periodistas, que representan una de las formas extremas de la censura y que se intensifican cuando no hay castigo a los culpables.

A pesar de que las conclusiones de la Misión resultan preocupantes, quedan establecidos los pilares para comprender la situación predominante en México y dejan claro que sería necesario que la misión regresara al país a principios de 2009, como parte del mandato a desarrollar en una acción futura.

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Necesario tipificar el feminicidio, coinciden especialistas

México DF, 19 agosto 2008 (CIMAC, Susana Trejo de Jesús).- Tipificar el feminicidio como un delito en el Código Penal federal es necesario para terminar con la
impunidad de estos crímenes en México, aseveraron juristas dentro de su intervención en la Mesa de análisis "Feminicidio: dimensiones políticas, filosóficas y sociales", celebrada hace unos días en el Auditorio "Mario de la Cueva" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La abogada Bárbara Illán, integrante de Consejería y Consultoría Psicojurídica SC, y el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete, expusieron argumentos a favor de esta acción, misma que ha sido objeto de debate desde que se discutió la aprobación de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Illán, quien también participó en la elaboración de dicha Ley, aclaró que el feminicidio se estableció en la presentación de la Ley General, sin embargo, fue como consecuencia de las negociaciones para su aprobación que se acordó únicamente la definición de "Violencia Feminicida" en el Artículo 21, Capítulo V como:

"... la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres".

Illán criticó que más del 70 u 80 por ciento de las Leyes Generales no se aplican a favor de las mujeres y reconoció que con el feminicidio como tipo penal sería verdaderamente sancionado y seguido por las leyes y además se revelarían cifras alarmantes de estos crímenes por género en todo el país.

Uno de los pasos importantes con la Ley General de Acceso, mencionó Illán, fue que se reconocieron los Derechos Humanos de las mujeres, aunque lamentó que en México no lo estén a nivel constitucional, sino que se perciben como recurso ante la violación de derechos humanos ejercida por el Estado.

Aclaró que este no fue el concepto global con el que fueron creados estos derechos. En el caso de las mujeres, dijo, deberían atender a las prácticas realizadas en el ámbito comunitario y privado, como la violencia familiar. La abogada urgió un tipo penal, no por el hecho de que se asesinen a las mujeres por su condición de género, sino por el cómo se perpetran estos crímenes.

De ahí que su propuesta presentada en la pasada legislatura del Congreso de Chihuahua, junto con la diputada del Partido Acción Nacional, Victoria Esperanza Chavira Rodríguez, cuya aprobación no se dio, define al feminicidio como: "aquel
homicidio contra una mujer que invariablemente se acompañe de una escena del crimen infamante, de misoginia u odio de género, de lesiones infamantes en los genitales, de intención de delito sexual o la consumación de dicho ilícito, así como de pruebas de violencia intrafamiliar".

Lo más importante, explicó, es hacer énfasis en la post-victimización de la persona y que las y los investigadores del feminicidio atiendan al diseño de la escena del crimen, pues es ahí donde se verificarán los indicios de estas muertes. Con ello, aseguró, el antídoto para la impunidad en los feminicidios de México, "más allá de la prevención o penas más severas, es el imperio de la ley".

PROBLEMA BINACIONAL

En su intervención, Pablo Navarrete destacó que el feminicidio en Ciudad Juárez es un problema binacional, al tener cercanía con El Paso, Texas, en Estados Unidos. En esa ciudad se encuentra un Centro de atención psicológica para alrededor de
14 mil soldados estadounidenses que fueron a la guerra y una Casa de medio camino para mil 200 agresores en recuperación, por lo que es una zona de riesgo para las mujeres.

En esta misma línea aclaró que la Comisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, continuará siendo parte de la Secretaría de Gobernación e incluso fue aprobado el presupuesto de 2008 para la dependencia que es de 17 millones 300 mil pesos. Por ahora, agregó, todavía se continúa analizando
la viabilidad para que dicha Comisión sea parte del Inmujeres.

También agregó que Ciudad Juárez, "caso paradigmático" que en lo que va de 2008 ha
cobrado 30 vidas y que ha recibido más de 300 recomendaciones por parte de organismos internacionales para su atención, ha dimensionado el feminicidio en México, ya que las autoridades encargadas de investigar estos casos encontraron
que ni siquiera existían estadísticas desglosadas de los asesinatos en contra de mujeres.

Remarcó que esta población femenina se encuentra en una zona de desventaja, donde actualmente faltan servicios básicos como pavimentación y que se ha visto afectada por las lluvias, por lo que ha sido necesario realizar infraestructura social y urbana. Ahí también confluye el crimen organizado, que ha representado una de las mayores causas de homicidios, que suman ya aproximadamente 700, dijo.

En cuanto a la discusión jurídica sobre la posibilidad de tipificar el feminicidio, explicó que este término, a diferencia de femicidio, usado en algunos países de América Latina, como Guatemala, contempla la impunidad, que ha sido una constante en la región del Norte de la República y que, por tanto, sí debería tipificarse.

Finalmente manifestó que este delito, definido como el asesinato de mujeres por su condición de serlo, representa un grave atentado y un obstáculo para el desarrollo del país, ya que el hecho de considerar inferiores a las mujeres indica un atraso social y cultural.

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Sociedad civil, necesaria para evaluar aplicación de Belem do Pará

México DF, 15 agosto 2008 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a las expertas de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) que sesiona desde el 13 y hasta el 18 de agosto, a incluir a la sociedad civil en los procesos de evaluación del Mecanismo de Seguimiento a la aplicación de dicha convención (Mesecvi) y a transparentar el monitoreo de la misma.

El Mesecvi es el mecanismo encargado de dar seguimiento a la Convención Belem Do Pará, mientras que el Comité de Expertas evalúa periódicamente a los Estados parte a través de un cuestionario que incluye una selección de disposiciones de la Convención cuya aplicación se analiza. A partir de las respuestas de los Estados parte, el Comité elabora un informe con sus respectivas recomendaciones.

La Convención de Belem do Pará es un instrumento jurídico de la más alta relevancia para la defensa de los derechos humanos de las mujeres en toda la región de las Américas. Constituye el marco legal regional más avanzado en lo que se refiere especialmente a la problemática de la violencia contra la mujer.

De los actuales 34 países miembros de la OEA, solamente tres no la han ratificado: Canadá, Estados Unidos y Jamaica. Y los 31 países que la ratificaron, incluido México, han reconocido que la violencia contra la mujer “es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”

Asimismo han reconocido, que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida.

Al ratificar la Convención de Belém do Pará, los Estados han contraído la obligación jurídica de tomar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Actualmente los Estados parte envían informes periódicos al comité de expertas para informar sobre los avances y hacer una evaluación de los progresos logrados en cada país.

CUARTA REUNIÓN DE EXPERTAS

Durante la cuarta reunión del Comité de Expertas que se realiza en Washington DC se abordan temas como la aprobación de indicadores sobre violencia contra las mujeres, así como metodología y criterios generales a partir de lo sucesivo, entre otras cosas, señala un comunicado de AI.

AI, organismo internacional de defensa de derechos humanos, reitera en su comunicado que es indispensable la participación de la sociedad civil en este mecanismo ya que cuando fue creado, en 2004, no se establecieron “reglas apropiadas” que hicieran posible la participación de la sociedad civil, por lo que se pronunció por la creación de éstas para el proceso de monitoreo de la Convención.

AI “urgió” a las integrantes del comité a que en sus sesiones abran información actualizada sobre el proceso de monitoreo de la Convención así como sus planes y agendas de trabajo.

También, que se efectúen convocatorias abiertas a todas las personas y organizaciones de la sociedad civil en el tema de violencia contra la mujer a través de su portal informático, y a que hagan convocatorias abiertas para invitar a la sociedad civil a las reuniones del Comité y a que los informes finales incluyendo los que se hacen por cada país se difundan y hagan públicos.

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Deporte competitivo aporta independencia y autonomía a mujeres

México DF, 14 agosto 2008 (CIMAC, Gladis Torres Ruiz).- Las mujeres que intervienen en deportes competitivos son más independientes, autónomas y tienen un mejor desarrollo individual y social, además que el deporte puede ser un instrumento importante para el empoderamiento social de las mujeres, asegura la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A pesar de que en los primeros Juegos Olímpicos de Atenas, en 1896, las mujeres estuvieron ausentes, hoy en día forman parte importante de las y los protagonistas de Beijing 2008, señala el organismo.

En el documento: La Mujer en el 2000, editado en diciembre de 2007 por la División para el Adelanto de la Mujer (por sus siglas en inglés DAW), Naciones Unidas indica que el deporte puede ser un instrumento importante para empoderar a las mujeres, mediante las habilidades y valores aprendidos como trabajo en equipo, negociación, liderazgo y respeto a los demás.

Estos beneficios se consideran especialmente importantes para las niñas, agrega, ya que gran parte de ellas, particularmente en la adolescencia, tienen menos oportunidades que los varones de interacción social fuera de casa y más allá de las estructuras de la familia.

“A través del deporte, las mujeres y las niñas adquieren nuevas redes interpersonales, desarrollan el sentido de la identidad y acceden a nuevas oportunidades, lo que les permite participar de manera más activa en la escuela y en la vida de la comunidad”, expone el documento.

La Mujer en el 2000… detalla que la participación en el deporte también permite a las mujeres y niñas disfrutar de la libertad de expresión y de circulación, además de que aumenta su autoestima y autoconfianza.

Asimismo, el deporte y la educación pueden servir de base para crear el sentido de “encarnación positiva”, concepto que implica que las mujeres y las niñas tienen el derecho y la responsabilidad de crear estilos de vida activos y sanos para mantener la vitalidad en sus vidas, requiere un estilo de vida que incorpore la autoasertividad y el cuidado propio.

Este concepto va más allá de la idea de la aptitud física e incorpora beneficios psicológicos de la actividad física fundamentales para tener un sentido positivo de la “encarnación”. Se puede obtener con el disfrute de la actividad física, los niveles de competición elegidos por cada persona y el apoyo social de la familia y la comunidad.

El organismo internacional abunda que este concepto se ha considerado un modelo de cuidado propio que permite a las mujeres alcanzar un equilibrio entre el cuidado de sí mismas y el cuidado de los demás, en el entendido de que muchas mujeres dan prioridad a las necesidades de los demás antes que a las suyas, tendencia que a menudo conduce a su propio abandono.

Por ello, la adopción del enfoque de encarnación física, unido al concepto de cuidado propio activo, necesitaría cambios complejos del estilo de vida de muchas mujeres.

Así, el deporte puede servir de vehículo para mejorar el papel de liderazgo de las mujeres y las niñas, así como su participación en la adopción de decisiones, la adquisición de habilidades valiosas en materia de gestión y negociación.

Asegura que en la medida en que las mujeres vayan ocupando puestos de liderazgo y de adopción de decisiones, su influencia animara a más mujeres a participar en todos los niveles del deporte.

El poder del deporte para contribuir al empoderamiento social, económico y político de las mujeres, está reconocido por lo gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y sistema de las Naciones Unidas. El trabajo pendiente, enfatiza el documento, es actuar sobre la base de este reconocimiento y llevar los beneficios del deporte y la educación física a las mujeres y las niñas del mundo entero.

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Serie de BBC expone eliminación de fetos femeninos en India

Nueva York, EU, 14 agosto 2008 (CIMAC, Leticia Puente Beresford/corresponsal).- En India, 700 mil fetos femeninos no nacieron como resultado de la política de esa nación que favorece al sexo masculino, expone "No country for young girls", un nuevo documental financiado en parte por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

El documental salió al aire esta semana por la British Broadcasting Corporation (BBC) y explora el problema de la ilegal determinación del sexo de productos por nacer y su consecuente eliminación.

Naciones Unidas, por su parte, advierte en un comunicado las consecuencias que tendrá para las naciones asiáticas en los próximos años esta práctica de interrumpir embarazos de productos femeninos para privilegiar el nacimiento de varones. El documental presenta el caso de una mujer en India que tienen que elegir entre continuar viviendo con su esposo, quien no quiere hijas, o tomar la decisión de forjar su propio destino sola.

De acuerdo con la serie de estudios realizados por iniciativa del Fondo de Población (UNFPA), el año pasado, la selección prenatal de hijos en muchos países asiáticos -incluyendo India, China y Vietnam- traerá severas consecuencias sociales en los años venideros.

UNFPA ha estado trabajando en este tema durante varios años. Y el documental es parte de una serie de nueve capítulos intitulados Life on The Ege, donde se examinan las dramáticas decisiones personales que tienen que confrontar mujeres y hombres ordinarios y los problemas que enfrentarán los países para alcanzar las Metas
del Milenio, como el combate a la pobreza, para 2015.

Los programas sobre los países en vías de desarrollo muestran cómo las víctimas de la inequidad confrontan terribles obstáculos. Y cómo la gente está tratando de tomar difíciles decisiones que pueden cambiar sus vidas, dijo Steve Bradshaw, editor de las series.

"Cada programa muestra a gente ordinaria tomando decisiones extraordinarias en temas difíciles de política, economía y dilemas morales. Nunca está claro para ellas y ellos cuál es la decisión correcta, decisiones que en conjunto afectarán la
consecución de los Objetivos del Milenio", concluyó.

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Alerta de Violencia de Género se declarará 1 mes después de la denuncia

México DF, 14 agosto 2008 (CIMAC, Lourdes Godínez Leal).- Esta semana, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, referentes a la Declaratoria de Alerta de violencia género y a la inclusión de 4 dependencias gubernamentales al Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Así lo informó en un comunicado la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de ese órgano legislativo, Marisela Contreras Julián, quien dijo que en el caso de la Alerta de Violencia de Género se hizo la modificación porque actualmente el trámite para decretarla como lo mandata la Ley General es muy "burocrático" y tardado.

Puntualizó que el plazo actual, que va de los 120 a 160 días, se redujo a 30 días hábiles a partir de que se hace la solicitud, y las autoridades decidirán si la emiten o no. Otra modificación fue la inclusión de 4 dependencias en el Sistema Nacional: Secretaría del Trabajo, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

A decir de Contreras Julián, la participación de la SRE es muy importante debido a que México ha sido considerado un lugar de destino y tránsito de la mayoría de las víctimas de trata de personas. Y de la Secretaría del Trabajo, porque en este ámbito, donde de acuerdo con las estadísticas, las mujeres son más violentadas en
sus derechos y donde padecen casi todas las modalidades de violencia: laboral, institucional, sexual y la discriminación.

LEGISLACIONES INCONSISTENTES

Actualmente, de las 32 entidades federativas, únicamente 22 han realizado la "armonización" de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y únicamente tres cuentan con Reglamento.

En distintas ocasiones, feministas, como la ex legisladora Angélica de la Peña Gómez, e integrantes de organizaciones civiles han alertado sobre las inconsistencias en las legislaciones estatales que han aprobado sus propias Leyes de
Acceso a una Vida Libre de Violencia, pues en su mayoría han omitido la violencia feminicida y no incluyen la Alerta de violencia de género.

Aunque cada entidad federativa legisló de acuerdo a sus características, la mayoría ignoró el bien jurídico tutelado en la ley marco: la vida y seguridad de las mujeres, señala Angélica de la Peña, creadora, junto con la antropóloga y ex legisladora Marcela Lagarde y de los Ríos, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Destaca el hecho de que una de las entidades federativas que omitió la modalidad de violencia feminicida y la Alerta de violencia de género es Chihuahua, donde desde 1993 a la fecha se han registrado más de 400 asesinatos contra mujeres y más de 600 desapariciones y que ha sido caracterizado por la violencia extrema con la que se asesina a las mujeres.

Durante años las autoridades estatales han minimizado el feminicidio, fenómeno por el que Ciudad Juárez y Chihuahua se han convertido en un referente en el extranjero y que le han valido varias recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos.

De la Peña Gómez, quien hizo un análisis de las legislaciones en las entidades federativas en un artículo publicado en la revista Equivalencia Parlamentaria, alerta de vacíos "graves" en las legislaciones estatales, lo que en su opinión,
provocará dificultad para su aplicación. Dentro de los vacíos, señala la también consultora de UNICEF, es que algunas legislaciones que pretenden armonizar la Ley General de Acceso no contemplan la creación de su Banco de datos ni el Diagnóstico que mandata esta norma.

Ello, explica de la Peña, dificultará a su vez la etiquetación de los presupuestos y recursos financieros que apoyen las acciones políticas gubernamentales para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. De acuerdo a este recuento legislativo hecho por la feminista, algunas legislaciones están diseñadas en sentido opuesto a la Ley General, incluso, dice, "en la redacción del decreto aprobado en cada entidad federativa, prevalecieron las negociaciones emprendidas en cada Congreso local", es decir, siguieron línea de los partidos políticos.

ALGUNAS IMPRECISIONES

En su análisis, de la Peña observa que pocas legislaciones mencionan el concepto de
especialización, pero no establecen cuáles son las características que distinguen la
especialización de la capacitación o sensibilización y cómo deben asegurarse los
conocimientos que se han construido desde la perspectiva de género en la formación y
actualización a quienes deben de aplicar la ley.

Se señalan las modalidades de violencia, pero no se especifican los modelos como el conjunto de medidas y acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación en cada una de las modalidades de la violencia de género contra las mujeres.

Estos vacíos, señala la ex legisladora, pueden provocar que en la aplicación de la ley impere sólo la visión de la modalidad de violencia familiar, en detrimento de las otras modalidades, como se legisló en los estados de Durango, Nuevo León y San Luis Potosí. Asimismo critica el vacío para comprender la importancia y significado de la prevención que busca eliminar las causas estructurales de las diversas modalidades de violencia contra las mujeres.

De este recuento, Angélica de la Peña destaca que las legislaciones estatales que contemplan la aplicación de la NOM 190 SSA1-99 relativa a los servicios de salud para la atención de la violencia familiar se encuentran en los estados de Baja California Sur, Durango, Hidalgo y San Luis Potosí.

Donde no se establecen la violencia feminicida es en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo y Nuevo León, mientras que las que no establecen la alerta de violencia de género son Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala.

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